Sentencia Definitiva N° 1.092/2019

Montevideo, veinticinco de abril de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ AA C/ BB - RECONOCIMIENTO Y DISOLUCIÓN DE UNIÓN CONCUBINARIA – CASACIÓN ” , IUE: 2-28657/2015. RESULTANDO : I) Por sentencia definitiva nº 3, de fecha 7 de febrero de 2018, dictada por el Juzgado Letrado de Familia de 15º Turno, se falló: “ Declarando la disolución de la unión concubinaria habida entre AA y BB, la que se extendió desde el mes de abril de 2007 hasta el mes de julio de 2014 (art. 8º Lit. A de la Ley 18.246). Reconociendo un crédito a favor de AA por el 30% del valor de la construcción del inmueble Padrón nº 111111 de la Localidad Catastral de la Ciudada de la Costa, Balneario El Pinar (calle Guaná 23), difiriendo su estimación al procedimiento previsto ene l art. 378 del CGP, deses-timándose en lo demás ” (fs. 385/406). II) Por sentencia definitiva, individualizada como DFA-0010-000768/2018, SEF-0010-000141/2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones de Familia de 1º Turno, el día 8 de agosto de 2018, se dispuso: “ Revócase la sentencia im-pugnada. En su mérito desestímase la demanda impetrada. Sin especial condenación procesal en el grado ” (fs. 465/473). III) Contra dicha sentencia, la parte actora interpuso el recurso de casación en estudio (fs. 477 y ss.). En tal sentido, expresó, en síntesis, lo siguiente. a) La Sala infringió los arts. 139, 140 y 141 del C.G.P. El Tribunal se afilia al criterio restrictivo en cuanto a la valoración de la prueba, en razón de la importancia de las consecuencias jurídicas y económicas que la ley nº 18.246 atribuye a la declaración de reconocimiento de la unión concu-binaria. Quiere decir que la Sala opta por la prueba directa, obviando la indirecta, los indicios, las presunciones y su incidencia conjunta en la valoración probatoria. En este sentido, la impug-nada infringió las normas de valoración de la prueba. Una cosa es que la prueba directa tenga mayor valor convictivo para el juzgador que la prueba indirecta (indicios, deducciones, inferencias, presunciones etc.) y, otra muy distinta, es que esta última deba ser marginada en casos como el de autos. b) Resulta claro y evi-dente que se logró probar el periodo quinquenal que la ley requiere en estos casos. Las deposiciones de algu-nos testigos de la contraparte que privilegia el Tribu-nal, fueron vergonzantes, llenas de dudas y vacila-ciones, dejando al descubierto su mendacidad. Si bien ello no surge de las actas escritas, la parte actora solicitó testimonio para realizar denuncia penal. Los testigos CC, DD y EE fueron denunciados en la justicia penal por falso testimonio, siendo la última de las mencionadas íntima amiga de la demandada, por lo que su declaración es sospechosa. La declaración de la tes-tigo EE (quien cuidaba al hijo de la accionada), fue mendaz e inverosímil. Ni siquiera recordaba cuánto ganaba. Del mismo modo, la Sala valoró mal la declaración del testigo GG, quien reconoció que AA lo conoció en la casa que alquilaba antes, por haber hecho algún trabajo menor. Tampoco valoró adecuadamente el testimonio de la escribana FF, quien manifestó que conocía a AA desde hace 10 años (2007), por un contrato de arrendamiento que le hizo a la Sra. BB y cuyo alquiler pagó el actor, abonando la renta en forma conjunta o indistinta. c) La declaración de HH (fs. 225) fue erróneamente valorada, dado que el testigo dijo que sabía que ambos empezaron a convivir desde el año 2007 y se separaron en el 2014. Señaló que emerge agregada prueba documental (factura de UTE) de la cual surge que el servicio eléctrico del inmueble, en el cual vivieron desde el 2007 hasta el 2012, está a nombre del accionante. Este medio probatorio no fue considerado por la Sala. IV) Sustanciado el recurso (fs. 483), la parte demandada evacuó el traslado confe-rido, abogando por la desestimatoria (fs. 490/494 vto.). V) El día 19 de octubre de 2018 los autos fueron recibidos por la Suprema Corte de Justicia (fs. 500). VI) Por auto nº 3133, de fecha 24 de octubre de 2018, se confirió vista al Sr. Fiscal de Corte por el término de 30 días (fs. 501 vto.), quien se pronunció en el sentido de que correspondería de-sestimar la impugnación (fs. 503 y ss.). VII) Por auto nº 3458, de fecha 21 de noviembre de 2018, se dispuso el pasaje a estudio de la presente causa (fs. 506); culminado el estudio se acordó dictar sentencia en el día de hoy. RESULTANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, desestimará el recurso de ca-sación interpuesto en autos, por los fundamentos jurí-dicos que se expresaran pues los agravios articulados como sustento de la casación no resultan eficientes para resolver en sentido contrario a lo decidido en segunda instancia. II) Del caso de autos . El actor AA promovió demanda solicitando la declarato-ria judicial de reconocimiento y disolución de la socie-dad legal de bienes de la unión concubinaria que mantuvo con la demandada BB. Tal como se detalló “supra”, en primera instancia se hizo lugar a la preten-sión declarativa, aunque en alzada recayó decisión revo-catoria; fallo que motivó la interposición del recurso de casación en estudio, cuyos agravios serán objeto de análisis en lo sucesivo. III) Del mérito de la impug-nación . III.1) De los agravios rela-tivos a la errónea aplicación de los arts. 140 y 141 del C.G.P.: infracción de las normas de valoración de la prueba . En lo inicial, cabe seña-lar -como bien señala el Sr. Fiscal de Corte a fs. 503vto.; que casi la totalidad de los agravios articu-lados por el impugnante refieren a que la Sala infringió las reglas de valoración de la prueba, lo cual, en definitiva, la condujo a sostener que no se acreditó que la relación se extendiera por el lapso de 5 años requerido por la ley nº 18.246. Puntualizado lo anterior y, en cuanto al mérito, a juicio de la Corte, el medio impugnativo movilizado no puede prosperar, por cuanto el recurso se sustenta en una crítica a la valoración de la prueba realizada por la Sala que, mayoritariamente, se hace a partir de afirmaciones genéricas y referencias parciales a la prueba diligenciada. En efecto, con relación a la valoración de la prueba realizada por el tribunal “ad-quem”, corresponde reiterar la jurisprudencia de este Colegiado en el sentido de que la revaloración del material fáctico tenido en cuenta por los tribunales de mérito se encuentra vedada en la etapa de casación, salvo en hipótesis de absurdo evidente, arbitrariedad o ilogicidad en la ponderación realizada por dichos ór-ganos. Sobre el particular, la Corte ha sostenido en forma reiterada que a pesar de que el art. 270 del C.G.P. prevé la infracción a las reglas legales de admisibilidad o de valoración de la prueba como causal de casación, el ámbito de la norma queda circunscripto a la denominada prueba legal o tasada y, en el caso de apreciación librada a las reglas de la sana crítica, cuando se incurre en absurdo evidente por lo grosero o infundado del razonamiento y la denuncia de tal error surge, explícita, del memorial de agravios, o se infiere de la forma en que ellos han sido estructu-rados. En esta línea de razona-miento, la Corte ha expresado que tanto la revisión de la plataforma fáctica como la revaloración de la prueba no constituyen motivo casable, por cuanto el ingreso a ese material convertiría a esta etapa de casación o de revisión meramente jurídica en una tercera instancia no querida por el legislador (cf. sentencias Nos. 58/1993, 716/1996, 338/2002, 323/2003, 202/2005, 706/2008, 74/2009, 163/2009, 685/2012, 243/2013, 534/2013, 16/2014, 306/2015, 66/2016, 162/2016, 10/2017, 216/2017, 406/2017, por citar solamente algunas). En el caso de autos, se estima que la valoración del material probatorio realizado por la Sala no supuso un apartamiento del canon legal de valoración establecido en los artículos 140 y 141 del C.G.P. que habilite su revisión en casación. En efecto, basta con leer la recurrida (fs. 470/472) para advertir que la Sala efectuó una valoración probatoria acorde con las reglas de la sana crítica, o al menos, no violatoria de las mismas, y el razonamiento probatorio realizado no parece en forma alguna ilógico o equívoco, ni se aparta del canon legal de valoración establecido en las normas procesales que rigen en la materia, de tal forma que habilite su revisión en casación. La valoración realizada por el Tribunal, conforme lo expresa el propio Fiscal de Corte, sin perjuicio de las meras discordancias reali-zadas por la recurrente y el análisis parcial de la prueba obrante, en forma alguna, puede calificarse como absurda, arbitraria o ilógica. La Sala valoró la prueba testimonial y documental diligenciada en autos y, a partir de ella, concluyó fundadamente que no se encuen-tra probado el plazo de 5 años legalmente requerido para que prospere la acción, ubicando su inicio en el año 2012 y su finalización en el año 2014. Por lo tanto, las conclu-siones probatorias del Tribunal no son el resultado de una valoración ilegal, absurda o ilógica de los elemen-tos de convicción obrante en autos. El Tribunal realizó una adecuada argumentación en el punto, la cual podrá ser o no compartida pero, en ningún sentido, puede ser calificada de absurda o arbitraria. Como afirmara Fernando DE LA RÚA -con apoyo en jurisprudencia argentina- “ la sola apreciación equivocada, discutible, objetable o poco convincente de la prueba no constituye absurdo. No es motivo de recurso la mera discrepancia subjetiva con el criterio de valoración del Tribunal de mérito si no existen conclusiones en abierta contradicción con las constancias de la causa ni se registra la ausencia de un estudio lógico y razonado de los diversos elementos computados, vicios esos que constituyen lo propio del absurdo. Asimismo, tampoco es suficiente exponer un criterio distinto al del sentenciante en cuanto al mérito de la prueba rendida, sino que es menester demostrar absurdo en la conclusión o violación de las leyes que regulan esa tarea ” (cf. “El recurso de casación. En el Derecho Positivo Argentino”, Víctor P. ZAVALÍA-Editor, Buenos Aires, 1968, pág. 392). Más aun teniendo presente que el Tribunal casatorio no es un Tribunal de mérito. No existe libertad para profundizar en los hechos y su esquema valorativo. La regla es clara, pues de otro modo se desvirtuaría la finalidad esencial del recurso (cf. MOLINA SANDOVAL, Carlos.: “Recurso de casación: aspectos sustanciales, argumentales y procesales”, ADVOCATUS, Córdoba, 2016, pág. 160). En base a estas premisas conceptuales, no se aprecia que el razonamiento proba-torio de la Sala resulte censurable y, por ende, corres-ponde desestimar el recurso en examen (cf. sentencias de la Corte nros. 804/2018, 647/2018, entre muchas otras). Lo dicho resulta suficien-te para desestimar este sector de la impugnación. III.2) De los agravios rela-tivos a la errónea aplicación del art. 158 del C.G.P.: existencia de circunstancias de sospecha sobre los testigos en que el Tribunal sustentó su fallo . Finalmente, corresponde desestimar los cuestionamientos a la diversa eficacia probatoria que el Tribunal confirió a lo afirmado por los distintos testigos que depusieron en autos. En lo concerniente a las circunstancias de sospecha sobre algunos de los testigos que depusieron en la causa, la Corte tiene asumido que la ponderación de la circunstancia de sospecha es de resorte de los tribunales de mérito. En tal sentido se ha afirmado recientemente -en términos que corresponde revalidar- que: “ ‘ ...las circunstancias relativas a la fuerza probatoria de la declaración de un testigo por causas de sospecha sobre su credibilidad, conforme al art. 157 C.G.P., son de aplicación discrecional de los órganos de mérito (...) el hecho de la sospecha se ha de considerar por el órgano actuante al evaluar la prueba y determinar las circunstancias que obran en detrimento de la declaración del testigo, según las reglas de la sana crítica, quedando a criterio del juez la fijación de la eficacia probatoria (Sentencias Suprema Corte de Justicia Nos. 427/95, 384/97 83/03, 180/05, etc.)’, (Sentencia N° 476/2014). Asimismo, conforme lo ha expresado la Corporación en Sentencia No. 309/2009 citando a De la Rúa: ‘... los jueces de mérito son libres para optar por una prueba en lugar de otra o para decidir su preferencia acerca del valor de convicción de una prueba con respecto a otra si no se demuestra arbitrariedad o absurdo en su elección (‘El Recurso de Casación...’, pág. 366) (cf. Vescovi, La Casación Civil, pág. 78 y Sents. Nos 662/95, 833/95, 288/96, 240/97, 550/00 y 172/01, entre otras)’. Entonces, la conclusión a la que arribó la Sala en cuanto consideró que existían circunstancias de sospecha que teñían la credibilidad de ciertos testimonios no puede ser modificada en casación ” (cf. sentencia nro. 412/2019; ver además: sentencias nros. 846/2017 y 647/2018). En suma, en mérito a lo expresado, la impugnación no puede recibir el amparo jurídico reclamado por el actor. IV) De las costas y costos . Atento a la correcta con-ducta procesal desplegada por las partes, no se impondrán sanciones causídicas en el grado (arts. 56.1 y 279 del C.G.P. y art. 688 del C.C.). Por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros, FALLA : I) DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA; SIN ESPECIAL SANCIÓN PROCESAL. II) HONORARIOS FICTOS: 20 B.P.C. III) NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.