Sentencia Definitiva N° 1.080/2019

Montevideo, veinticinco de abril del dos mil diecinueve VISTOS: Para sentencia definitiva estos autos caratulados “TRACTORAL S.A. C/ PODER LEGISLATIVO Y OTRO - ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ART. 56 INC. 1 DE LA LEY Nº 19.307”, I.U.E. 1-83/2018. CONSIDERANDO: I) De acuerdo con lo dispuesto por el art. 519 del C.G.P., la Suprema Corte de Justicia, en cualquier estado de los procedimientos y con prescindencia de la situación en que se encontrare el trámite respectivo, podrá decidir, mediante resolución anticipada, las cuestiones de inconstitucionalidad que hubiesen sido sometidas a su consideración, siempre que exista jurisprudencia sobre el caso planteado y la Corporación decida mantener su anterior criterio. II) La Suprema Corte de Justicia, por sentencias Nos. 240/2016 y 253/2016, declaró inconstitucional el art. 56 inc. 1 de la ley 19.307 en términos que, por su exacta adecuación al caso en examen, se tendrán por reproducidos y como parte integrante del presente pronunciamiento. III) Por otra parte, la Corporación, por sentencias Nos. 643/2018 y 1604/2018, entre muchas otras, en términos que, por su exacta adecuación al caso en examen, se tendrán por reproducidos y como parte integrante del presente pronunciamiento, ha señalado que el Poder Legislativo carece de legitimación pasiva en los procesos de inconstitucionalidad de la ley cuando se lo demanda por su mera calidad de sancionador de la ley, como acontece en este caso. IV) Cabe consignar que la accionante ya había pretendido la declaración de inconstituciona-lidad del artículo 56 inciso primero de la ley 19.307, junto con otra gran cantidad de disposiciones de esa ley. En efecto, su anterior demanda fue resuelta por sentencia N° 180/2016, del 13 de junio de 2016, por la cual se acogió parcialmente la demanda de inconstitucionalidad, declarándose inconstitucionales 3 de los casi 70 artículos impugnados. Por las razones que señalamos a continuación, consideramos que esta circunstancia no impide el progreso de la acción aquí deducida. En su anterior demanda, la pretensión dirigida contra el artículo 56 inciso primero fue desestimada por ausencia de legitimación de Tractoral S.A., por lo que la Corte en su caso no se expidió sobre la regularidad constitucionalidad de la norma. Únicamente relevó que Tractoral S.A. no podía obtener un pronunciamiento de la Corte sobre la regularidad constitucional de ese artículo, habida cuenta de que no acreditó estar en una situación de hecho que la legitimara para solicitar tal pronunciamiento. Concretamente, la Corporación expresó en su considerando IV, 11: “ En cuanto a los arts. 51, 54, 56, 57, 59 y 189 . La mayoría de la Corte, conformada por los Sres. Ministros, Dres. Ricardo Pérez Manrique, Jorge Larrieux y Elena Martínez, así como también por el redactor, considera que estas normas no son [pasibles de ser declaradas] inconstitucionales. El Dr. Jorge Chediak sólo comparte tal aserto en relación con los arts. 51, 54, 56 inc. 3 y 189. En el caso de los arts. 51, 54, 56 y 189, estando a sus propios términos y a los del accionamiento, estimamos que la accionante carece de un interés que presente la nota de directo. Y ello porque: (…) c) En el caso del art. 56 inc. 1, la accionante tampoco alegó, ni mucho menos acreditó, estar participando o estar pronta para participar en el mercado de los servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos. Como venimos de señalar, la mera existencia de la posibilidad genérica de participar en un mercado, sin ninguna alegación adicional, no determina la existencia del requerido interés legítimo que le permita impugnar la norma como inconstitucional”. Como se advierte de la transcripción que viene de realizarse, la Corte en ese fallo desestimó la impugnación de la regularidad constitucional del artículo 56 inciso primero por la ausencia de legitimación de la accionante, por lo cual no se expidió sobre si la norma era o no constitucional. La falta de legitimación le impedía obtener un pronunciamiento de la Corte sobre la inconstitucionalidad planteada y, al mismo tiempo, la habilitaba para solicitar en un futuro la declaración de inconstitucionalidad, de alegar y acreditar “ estar participando o estar pronta para participar en el mercado de los servicios de telecomunicaciones de telefonía o de transmisión de datos” . Y tal circunstancia es la que surge ahora en esta nueva causa alegada en la demanda (fs. 27) y acreditada a fs 6-18, 94-104, razón suficiente para expedirse sobre la inconstitucionalidad planteada. Por las razones expuestas y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia, por resolución anticipada, FALLA: 1) Declárase la falta de legitimación pasiva del Poder Legislativo. 2) D eclárase inconstitucional e inaplicable a la parte actora el art. 56 inciso 1° de la ley 19.307, sin especial condenación procesal. 3) Honorarios fictos: 20 U.R. 4) Notifíquese a domicilio, comuníquese al Poder Legislativo y, oportunamente, archívese.