Sentencia Definitiva N° 1.098/2019

Montevideo, veintinueve de abril de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “ BERRUTTI, HÉCTOR C/ NEGRI, HERMINIO Y OTROS - COBRO DE PESOS - CASACIÓN ” e individualizado con el IUE: 2-2867/2016 , venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud del recurso de casación deducido contra la sentencia definitiva de segunda instancia SEF 0009-000093/2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno. RESULTANDO : I.- Por sentencia definitiva de primera instancia nro. 22/2017, de 2 de junio de 2017, dictada por el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 13º Turno, Doctora Rosario Sapelli, se falló “Ampárase parcialmente la demanda de autos, y en mérito de ello, condénase al Dr. Leis a abonar al actor la suma de U$S 10.000 más IVA, más intereses legales que se devenguen desde la demanda y hasta el efectivo pago. Distribúyase costas y costos del juicio por su orden...” (fojas 157-168). II.- Por sentencia de segunda instancia SEF 0009-000093/2018, de 18 de junio de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, integrado por las Ministras Doctoras Ana Maggi, Graciela Pereyra y Mónica Besio, confirmó el fallo de primer grado, salvo en cuanto: “(...) al monto de la condena, el que se lo establece en U$S 15.000. Sin sanciones procesales en el grado” (fojas 206-212). La sentencia de segundo grado fue aclarada y ampliada por resolución SEF 0009-000083/2018, de 27 de junio de 2018 (fojas 217-223), la cual, a su vez, fue aclarada por resolución de 19 de julio de 2018 (fojas 234). En lo que interesa, se estableció la condena en costas y costos del codemandado Leis, por haber actuado con malicia temeraria. III.- A fojas 238 y siguientes compareció el codemandado Hermann Leis e interpuso el recurso de casación en estudio y expresó, en síntesis, los siguientes agravios: 1) La Sala infringió lo establecido en el artículo 244 del Código General del Proceso. La sentencia impugnada dispuso textualmente en su fallo “sin especiales sanciones procesales en el grado” , por lo cual no omitió pronunciarse sobre ese aspecto. En la primera ampliación (fojas 217-223) la Sala concluyó que la conducta procesal del codemandado merece ser catalogada como temeraria, ya que consideró que actuó con conciencia de su sinrazón. En la segunda “ampliación” (fojas 234), se estableció que efectivamente se condenó al codemandado Leis al pago de las costas y costos de la primera instancia. No se trata de ampliaciones o aclaraciones, sino que la Sala realizó verdaderas modificaciones de la sentencia, por cuanto el fallo expresamente se pronunció sobre las costas y costos. En consecuencia, existe una clara infracción al principio de inmutabilidad de la sentencia (artículo 222 del Código General del Proceso). 2) La Sala vulneró lo establecido en el artículo 1834 del Código Civil. El artículo 1834 del Código Civil establece que no habiendo sido fijado el precio por las partes “...se presumirá que los interesados ajustaron el precio de costumbre para ser determinado judicialmente, si hubiera duda...” . En contraposición a lo dispuesto por la norma, la sentencia efectúa la fijación del monto de modo arbitrario, sin referencia a parámetro alguno. La suma determinada, esto es, U$S 15.000, no solo no es el precio de costumbre, sino que excede, palmariamente, toda lógica y razonabilidad. Tampoco se tuvo en cuenta el artículo 144 de la ley 15.750, plenamente aplicable por analogía. IV.- A fs. 247 y ss. evacuó el traslado la parte actora, abogando por la desestimatoria. V.- Los autos fueron recibidos por la Suprema Corte de Justicia el 9 de octubre de 2018 (fojas 259). VI.- Por auto 3101/2018, de 22 de octubre de 2018, se dispuso el pase a estudio y autos para sentencia (fojas 260 vto.). CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestimará el recurso de casación deducido, en mérito de los siguientes fundamentos. II) Agravios relativos a la vulneración del artículo 222 del Código General del Proceso . Se agravia el recurrente por cuanto entiende que la Sala, al disponer la condena en costas y costos en las respectivas interlocutorias “aclaratorias” y “ampliatorias”, realizó verdaderas modificaciones de la sentencia definitiva de segunda instancia, por cuanto el fallo expresamente se pronunció sobre las costas y costos. En consecuencia, existe una clara infracción al principio de inmutabilidad de la sentencia (artículo 222 del Código General del Proceso). El agravio no resiste el menor análisis. En este sentido, el impugnante parece no comprender lo resuelto en el fallo de segundo grado. A diferencia de lo sostenido por el codemandado, en la sentencia de segunda instancia SEF 0009-000093/2018, de 18 de junio de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno no se pronunció acerca de su conducta procesal, ni sobre la condena en costas y costos peticionada en el grado anterior, aspecto respecto del cual se había agraviado la parte actora al deducir recurso de apelación por la vía adhesiva (fojas 179 vto./180). En efecto, claramente emerge de la sentencia que las sanciones procesales a las que refiere la Sala son las de la segunda instancia y no las del grado anterior, conforme fue peticionado por la actora en su escrito impugnativo. Así, en el Considerando “VI” de fojas 212 se consignó que: “La conducta de las partes, no amerita sanciones especiales, por lo que las costas y costos del grado se asumirán en el orden causado (arts. 688 C.C., 56 y 261 C.G.P.)” . A su vez, en el fallo se estableció: “Confírmase parcialmente la recurrida, salvo en cuanto al monto de la condena, el que se lo establece en U$S 15.000. Sin sanciones procesales en el grado”. Ante el recurso de ampliación interpuesto por la actora, correctamente se pronunció sobre un punto involuntariamente omitido. Por tanto, las intervenciones de la Sala posteriores al dictado de la sentencia de segunda instancia fueron consecuencia de la omisión de pronunciarse sobre un punto litigioso. El artículo 222.1 del Código General del Proceso establece que los recursos de aclaración y ampliación resultan exceptuados de la regla de la imposibilidad de modificar la sentencia notificada. A la recurrente le resulta inexplicable que existan dos resoluciones aclaratorias y ampliatorias de una misma sentencia, tal como lo dispone el artículo 244 del Código General del Proceso. Pero, en el caso, tal como fuera descripto, no han existido dos intervenciones de la parte actora solicitando aclaraciones o ampliaciones respecto de la misma resolución. En consecuencia, la sentencia impugnada no vulneró el principio de inmutabilidad de la sentencia establecido por el artículo 222 del Código General del Proceso. III) Agravios relativos a la errónea aplicación de los artículos 1834 del Código Civil y 144 de la ley 15.750 – Absurda determinación del monto de la condena . Expresa el impugnante que la Sala desconoció lo establecido en los artículos 1834 y 144 de la ley 15.750, lo cual la condujo a fijar el monto de la condena de modo arbitrario. La suma determinada, esto es, U$S 15.000, no solo no se ajusta al precio de costumbre, sino que excede, palmariamente, toda lógica y razonabilidad. Los agravios no son de recibo. A) En primer lugar, el recurso de casación movilizado no cumple con lo establecido en el artículo 273 del Código General del Proceso. Si bien se alega una determinación de la condena arbitraria y no ajustada al precio de costumbre, no se proporciona ni menciona parámetro alguno que permite fundar tal aserto. La impugnación es una mera afirmación carente absolutamente de respaldo jurídico. B) En segundo lugar y, sin perjuicio de lo anterior, existen otras razones para arribar a la solución desestimatoria. 1) A criterio de los Doctores Eduardo Turell y Bernadette Minvielle, teniendo presente la labor cumplida por el actor, el monto determinado por el Tribunal (U$S 15.000), no impresiona como arbitrario o absurdo por excesivo, únicos supuestos que habilitan a revisar en casación los montos establecidos por los tribunales de mérito dentro de su ámbito de discrecionalidad. Como ha sostenido la Corporación en criterio que cabe reiterar, la determinación del precio de costumbre, en la medida en que implica el ejercicio de poderes discrecionales por parte de los órganos de mérito, no puede ser revisada en casación, salvo en hipótesis de absurdo o ilogicidad evidentes (cf. sentencias de la Suprema Corte de Justicia nros. 603/1995, 102/1997, 6/2003, 3.151/2011 entre otras), situaciones que no se comprobaron en el caso de autos. La Corporación en sentencia 603/1995, en términos que corresponde revalidar, ha expresado: “Los recurrentes aducen ciertamente la irrazonabilidad de la determinación efectuada en la especie, según las pautas legales en cuestión; mas sus afirmaciones en cuanto a la importancia económica de la causa, a su complejidad, al resultado obtenido etc. constituyen apreciaciones subjetivas, que pueden llegar a compartirse o no, pero que no alcanzan a configurar un motivo idóneo para casar sustituyendo la apreciación del órgano de mérito por la -también discrecional- de la Corte, a la que no le incumbe esa tarea, sino, exclusivamente, la de control de juridicidad de la decisión. En definitiva, la Sala, en el ejercicio regular de sus facultades discrecionales de apreciación, efectuó la estimación de los honorarios de los peritos ‘a la luz de los elementos obrantes en autos’ (fs. 574 vto. in fine), y en opinión de la Corte no obra en la causa elemento de juicio relevante alguno que abone la alegación de que el honorario fijado es superior al precio de costumbre (antes bien, el hecho de que la cantidad impugnada sea inferior a aquélla aconsejada por el experiente técnico designado por la Corte para la regulación de los honorarios de los Contadores es indicativo de lo contrario). Mantiene así la Corporación, con su actual integración, el criterio expuesto en anterior pronunciamiento (Sent. No. 1/89), en el cual expresara: ‘Se trata ahora de decidir si al aplicar el artículo 1.834 del C. Civil, la Sala ha cometido infracción o errónea aplicación del derecho al caso ocurrente’. ‘La Corte considera que la decisión, en el sentido que aquí se examina, es ajena al ámbito de la casación, porque la Sala ha hecho uso de una prerrogativa discrecional, que empleada en términos adecuados, no puede revisarse por la Corte, porque en modo alguno puede configurar una infracción o errónea aplicación de normas de derecho (Decreto-Ley No. 14.861, art. 15 inc. 1)’. ‘En el ejercicio regular de facultades discrecionales -es decir, si ellas son aplicadas en forma racional, no abusiva o arbitraria-, los jueces de mérito no pueden incurrir en transgresión de la Ley o violación de principios jurídicos. Lo cual elimina todo posible motivo causal de nulidad que pueda amparar el órgano de casación’. ‘Ello significa que aun en el supuesto de admitir, por vía de hipótesis, que el ‘precio de costumbre’ pudo establecerse en el caso de conformidad con parámetros o criterios de estimación distintos a los empleados por el Tribunal, como la casación no constituye una tercera instancia sino un examen de la aplicación correcta del derecho (no mofilaquia), la decisión recurrida no es susceptible de anulación’”. 2) Los Doctores Jorge Chediak, Luis Tosi y la redactora, en cambio, no comparten la limitación a la posibilidad de revisar las sentencias que determinan montos de honorarios. Dicha limitación no surge de disposición normativa alguna, por lo cual no puede ser establecida por el juzgador. Sobre la base de ese entendido fue resuelto el caso en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia nro. 321/2015. Ahora bien; sin perjuicio de la admisibilidad de la impugnación, los agravios no resultan de recibo. En el punto, a criterio de los Doctores Jorge Chediak, Luis Tosi y la redactora, la recurrente se agravia de la valoración de la prueba realizada por el Tribunal para arribar a la determinación del monto de los honorarios generados por la labor realizada. Ahora bien; respecto de la casación fundada en errónea aplicación de las normas de admisibilidad o de valoración de la prueba, la Corporación adhiere a la posición que entiende que dicha causal se reduce a los supuestos en los cuales se violen las tasas legales en supuestos de prueba tasada; o, en el caso de que corresponda aplicar el sistema de la sana crítica, cuando se incurra en absurdo evidente, por lo grosero e infundado de la valoración realizada (criterio sostenido por la mayoría de la Corporación en Sentencias 408/2000, 52/2010, 4248/20, 594/2013, 640/2017, entre otras). En el caso, la parte no cumple con alegar cuál es el concreto motivo de agravio y en qué sentido no comparte la valoración de la prueba realizada por el Tribunal. No imputa a éste ningún proceder arbitrario o absurdo al reflejar el juicio de los hechos, lo que resulta suficiente para desestimar el agravio. La exposición de la recurrente en su escrito de casación no resulta ser más que la manifestación de su discordancia o su desacuerdo con la valoración realizada, la que, en ningún sentido, puede calificarse como absurda o arbitraria. IV) No corresponde interponer especial condena procesal. Por lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN DEDUCIDO. SIN ESPECIAL CONDENA PROCESAL. HONORARIOS FICTOS 20 B.P.C. OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.