Sentencia Interlocutoria N° 734/2019

Montevideo, veintinueve de abril de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia interlocutoria estos autos caratulados: “ALLOZA BOICHEVICH, ALBERTO C/ BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO - MEDIDA INNOVATIVA - CONTIENDA DE COMPETENCIA”, IUE: 2-36273/2018 , venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia, en mérito a la contienda negativa de competencia planteada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 4° Turno, Dr. Carlos AGUIRRE DANIELE (fs. 168). RESULTANDO : I) Con fecha 29 de agosto de 2018, compareció el actor Alberto Boris ALLOZA BOICHEVICH ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 11° Turno, a promover una medida cautelar de innovar contra el Banco de Seguros del Estado, previo al juicio de cumplimiento de contrato, cobro de pesos y daños que se iniciará contra dicha entidad (fs. 112/128). En el petitorio 4 de su demanda, solicitó: “ 4. Que en definitiva, se haga lugar a la medida y en consecuencia se ordene al BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO el cumplimiento del contrato de corretaje con Alberto Alloza en todos sus términos, y en consecuencia la rehabilitación inmediata de la autorización para operar como corredor, así como también la rehabilitación del software, comunicando al Banco Central a tales efectos, dejando sin efecto las resoluciones 0592/2018 en cuanto rescisión del software y 0659/2018 en cuanto a la cancelación de la autorización para operar como corredor y la notificación al BANCO CENTRAL, y la consecuente prohibición de rescindir unilateralmente el contrato de corretaje con Alberto Alloza sin proceso judicial previo conforme a los arts. 1291 y 1431 y del Código Civil ” (fs. 127 vto.). II) Con fecha 30 de agosto de 2018, la titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 11° Turno dictó la sentencia interlocutoria No. 1590/2018, por la cual se declaró incompetente por razón de materia para entender en el caso planteado, fundándose que se trataba de una cuestión de reparatoria patrimonial y, por tanto, su conocimiento corresponde a los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo”. Y resolvió oficiar a la ORDA para la asignación de turno (fs. 129). III) Contra de dicha sentencia, interpuso el promotor recursos de reposición y apelación en subsidio (fs. 143/146 vto.), adjuntando una consulta evacuada por el Dr. G. Valentín (fs. 130/135 vta.) a fin de reforzar su tesis de competencia de la sede civil. IV) Por sentencia interlocutoria No. 1751/2018 de 24 de setiembre de 2018, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 11° Turno mantuvo la providencia recurrida y franqueó el recurso de apelación interpuesto (fs. 149/152). La Magistrada de la vara civil fundó sintéticamente que si bien existió entre las partes un contrato de corretaje de seguros, que se rige por el derecho privado, lo que se cuestiona en el expediente, sustancialmente, es el hecho de la Administración de cancelar al actor, la autorización para operar como corredor del B.S.E., así como el hecho de haber rescindido el uso del software de la institución . Las resoluciones dictadas lo fueron en el marco de un expediente administrativo. La Magistrada civil consideró que la pretensión deducida es de naturaleza reparatoria, ya que, si bien en el juicio principal se pretende el pago de una suma de dinero emergente de una obligación de origen contractual , lo que se alega es el “ilegítimo accionar del B.S.E. por falta de previsión contractual o legal que lo habilite, en tanto no puede el Estado legítimamente cancelar unilateralmente los derechos del particular, tal como si se tratare de una relación de derecho público”. (...). Entendió que la pretensión se traducía en el incumplimiento “... de obligaciones de hacer y no hacer, así como en omisiones de la parte demandada. Por tanto, lo que se cuestionan son ‘hechos u omisiones de la Administración’, que quedan comprendidos por el art. 1 de la Ley 15.881, en la redacción dada por el art. 319 de la Ley 16.226, cuyo conocimiento corresponde a los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo ” (fs. 151/152). V) Franqueada la apelación, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2° Turno dictó la Sentencia DFA 0005-000625/2018 SEI 0005-000070/2018 de fecha 31 de octubre de 2018, por la cual se declaró mal franqueada la alzada (fs. 160/161). VI) Tras pasar por la ORDA, a efectos de la asignación de turno, el expediente fue enviado al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 4° Turno, cuyo titular, Dr. Carlos AGUIRRE, dictó la sentencia interlocutoria No. 271/2019, de fecha 13/2/2019, por la cual se declaró incompetente para entender en el asunto, remitiéndose a los fundamentos de la consulta del Dr. Valentín y, en consecuencia, dispuso que se eleven los autos a la Suprema Corte de Justicia en contienda de competencia negativa, conforme a lo dispuesto por el art. 331 del C.G.P. (fs. 168). VII) El expediente fue enviado a esta Corporación el 15/2/2019 (fs. 169 vta.), habiéndose recibido por la Corte en esa misma fecha (fs. 170). VIII) Por decreto No. 197 de fecha 20 de febrero de 2019, se llamó para resolución, la que se acordó en legal forma. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por el número de voluntades legalmente exigido, declarará competente para continuar conociendo en el presente proceso al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 11° Turno, en base a los siguientes fundamentos. II) De acuerdo con lo dispuesto en el art. 314.1 del C.G.P.: “ Será competente para entender en la medida cautelar, si la misma fuere solicitada como diligencia preliminar, el tribunal que lo es para entender en el proceso posterior ”. En consecuencia, corresponde determinar qué juzgado será competente en el proceso posterior cuya pronta iniciación anunciara el promotor. III) Para ello, resulta relevante especificar cuál es la pretensión perseguida por el accionante, para lo cual cabe atender a lo solicitado por el actor en su petitorio 4, en el que textualmente se expresa: “ 4. Que en definitiva, se haga lugar a la medida y en consecuencia se ordene al BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO: el cumplimiento del contrato de corretaje con Alberto Alloza en todos sus términos, y en consecuencia la rehabilitación inmediata de la autorización para operar como corredor, así como también la rehabilitación del software, comunicando al Banco Central a tales efectos, dejando sin efecto las resoluciones 0592/2018 en cuanto rescisión del software y 0659/2018 en cuanto a la cancelación de la autorización para operar como corredor y la notificación al BANCO CENTRAL, y la consecuente prohibición de rescindir unilateralmente el contrato de corretaje con Alberto Alloza sin proceso judicial previo conforme a los arts. 1291 y 1431 y del Código Civil ” (fs. 127 vta.). De acuerdo al transcripto petitorio, es claro que lo que habrá de pretender el actor en el proceso principal es que se condene al demandado BSE a que cumpla el contrato de corretaje que vincula a las partes, lo que implica que se rehabilite al accionante la autorización para operar como corredor, así como el software necesario para desarrollar su actividad. Se trata, en puridad, de una acción de ejecución forzada de contrato, habiéndose invocado por el accionante los arts. 1291 y 1431 del Código Civil. IV) La Jueza Letrada en lo Civil entiende que el asunto quedaría comprendido en la materia contencioso administrativa de reparación patrimonial, por lo que, conforme lo dispuesto por la Ley 15.881, correspondería que conozcan los Juzgados Letrados en lo Contencioso Administrativo. La Corporación considera que no le asiste razón, puesto que la pretensión incoada por el actor no ingresa dentro de ninguno de los supuestos previstos en la norma que le atribuye competencia a los Juzgados Letrados en lo Contencioso Administrativo. En tal sentido, el art. 1 de la Ley 15.881 -en la redacción dada por los arts. 319 y 320 de la Ley 16.226, dispone -y en lo que a la decisión del caso interesa- que “ Los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo entenderán, en primera instancia, en toda la materia contencioso-administrativa de reparación patrimonial, en que sea parte demandada una persona pública estatal. Esta materia comprende el contencioso de reparación por: a) Actos administrativos anulados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o respecto de los cuales el Tribunal haya reservado la acción de reparación (artículo 312 de la Constitución); b) Actos administrativos respecto de los cuales no proceda la acción anulatoria (artículo 26 del decreto ley 15.524, 9 de enero de 1984); c) Hechos u omisiones de la administración; d) Actos administrativos revocados en vía administrativa por razón de legitimidad; e) Actos legislativos y jurisdiccionales. También entenderán en el proceso expropiatorio y de la acción de amparo, ya sea por actos, hechos u omisiones de las autoridades estatales. Ahora bien. En el caso, es claro que el actor no pretende la reparación patrimonial de daños derivados de actos administrativos, ni de hechos u omisiones de la Administración, sino la ejecución forzada de un contrato celebrado con la entidad estatal demandada, el cual tiene claramente naturaleza de derecho privado. V) El contrato de corretaje en el cual funda su pretensión el accionante, por el cual éste desarrollaba su actividad como corredor de seguros en relación al demandado BSE, es inequívocamente un contrato de derecho privado, regulado por el derecho comercial, al que le resultan aplicables las disposiciones del Código de Comercio y en subsidio las del Código Civil. No se trata de una materia en la que la Administración ostente prerrogativas exorbitantes, en cuyo caso el asunto estaría regulado por el derecho administrativo, sino que el BSE y el corredor actúan claramente en el campo del Derecho Privado. Por este motivo, no puede compartirse el criterio de la Sra. Juez Civil declinante, cuando afirma que, si bien se trata de un incumplimiento de origen contractual, igualmente, como a la futura demandada se le imputa el incumplimiento de obligaciones de hacer y no hacer, entonces se trata de “hechos u omisiones de la Administración” y, como tal, incluidos en el lit. c) del art. 1 de la Ley 15.881 (en la redacción dada por los arts. 319 y 320 de la Ley 16.226). V.I) Adicionalmente, la Sra. Ministra, Dra. Elena Martínez, entiende del caso agregar que tal afirmación no resiste análisis alguno, puesto que, prácticamente, cualquier incumplimiento que se le adjudique a la Administración (incluso a una persona privada cualquiera), derivará, casi necesariamente, de determinados “hechos u omisiones”. V.II) Por otra parte, como bien señala el consultante Dr. Valentín, debe tenerse presente que: “ La materia contencioso administrativa de reparación patrimonial, como su propio nombre lo indica, sólo refiere a aquellas pretensiones de responsabilidad fundadas en el Derecho Administrativo, sea en todos los supuestos de responsabilidad derivada de actos, hechos u omisiones del Estado, en los distintos supuestos mencionados en el art. 1° de la ley 15.881, en su texto actualmente vigente ” (fs. 134 vta.). En tal sentido, afirma CAL LAGGIARD que, en cuanto a los criterios de clasificación para la determinación de la materia contenciosaadministrativa y comparándolos con la regulación legal, puede afirmarse que para la delimitación de dicha materia, a nivel constitucional y de legislación, se han seguido los siguientes criterios: a) incidencia del factor subjetivo para la determinación de la materia, dado por el carácter de parte de una entidad estatal; b) consideración de la causa de la pretensión , consistente en la ilicitud de un acto administrativo, extremo que aparece determinante, aunque no exclusivo, para definir la materia; y c) como criterio complementario, en coordinación con los criterios anteriores, figuran la utilización de normas concernientes a Derecho Administrativo y, más genéricamente, de normas de Derecho Público (CAL LAGGIARD, M., “ Relaciones entre acción anulatoria y reparatoria patrimonial ” en AA.VV., “Procesos Constitucionales”, coordinador Jorge VEIRAS, FCU, Montevideo, 2018, pág. 907). VII) Resultan trasladables al presente caso y en lo pertinente, las consideraciones efectuadas por la Corte en sentencia No. 514/2007, en la que se sostuviera ante una contienda de competencia de similares características a la presente, “... Interpretando correctamente el contenido de la pretensión ejercitada, se advierte que el sustento del reclamo formulado no permite ser conceptualizado como perteneciente a la materia contencioso administrativa de reparación patrimonial comprendida dentro de la normativa específica que regula su ámbito competencial (art. 1o. de la Ley No. 15.881 en la redacción dada por los arts. 319 y 320 de la Ley No. 16.226) sino que en realidad se trata de una reclamación de daños y perjuicios que se generaron a raíz de una vinculación que la propia accionante califica como contractual”. Y agrega la referida sentencia : “...Existe responsabilidad contractual siempre que se incumplan obligaciones emergentes de un contrato y también toda vez que se incumple una obligación en general cualquiera sea su fuente, incluso cuando se trata de una obligación legal o cuasicontractual” (Gamarra, Tratado de Derecho Civil Uruguayo, Tomo XX, Ed. F.C.U. año 1988 pág. 31). Y ...tratándose de una responsabilidad contractual, los daños irrogados al acreedor están constituidos por las pérdidas que ha sufrido y por el lucro de que se le ha privado (art. 1345 del C.C.) en el caso, consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento del deudor (art. 1346 in fine del C.C.). En consecuencia, no puede entenderse que tal hipótesis se encuentre incluida dentro del alcance de la normativa especial que declara competentes a las Sedes contencioso administrativas en las situaciones de reparatoria patrimonial que indica”. “...No obstante ser cierto ...que de la exposición de la parte actora surgen asimismo conductas de la Administración que vulneran normas reglamentarias al no observar la conducta a la que estaba obligada, examinada contextualmente su pretensión conduce a concluir que los perjuicios sufridos fueron originados en un vínculo de carácter contractual, lo que implica, que resulte de aplicación el criterio de competencia residual de la justicia civil al no verificarse ninguno de los supuestos de aplicación del art. 1o. de la Ley No. 15.881, siendo aplicable el art. 68 nal. 1ro. de la Ley No. 15.750, por cuanto los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil entienden ‘en primera instancia de los asuntos de jurisdicción contenciosa, civil, comercial y de hacienda, cuyo conocimiento no corresponda a otros jueces ’”. VIII) En el presente caso, en tanto no se verifican los supuestos previstos en la Ley 15.881, la competencia para entender en el presente asunto no corresponde a los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, sino a los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 15.750: “ Los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil entenderán: 1) En primera instancia de los asuntos de jurisdicción contenciosa, civil, comercial y de hacienda, cuyo conocimiento no corresponda a otros jueces. (...)”. La materia civil es de carácter residual , y por ende es llamada a actuar en todos aquellos asuntos que no quedan incluidos en ninguna de las específicas materias previstas en la Ley 15.750. IX) En definitiva, por lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia, RESUELVE : DECLÁRASE COMPETENTE PARA SEGUIR ENTENDIENDO EN ESTOS AUTOS AL JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE 11° TURNO, CON NOTICIA DE SU CONTENDIENTE. Y DEVUÉLVANSE LOS AUTOS A LA SEDE DE ORIGEN, SIN MÁS TRÁMITE.