Sentencia Definitiva N° 1.077/2019

Montevideo, once de abril de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva en estos autos caratulados: “A.A. Y OTROS C/ C.C. Y OTROS - DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACIÓN”, IUE: 2-15294/2013 , venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud de los recursos de casación interpuestos por la parte actora y la co-demandada U.U., contra la Sentencia Definitiva SEF-0007-000123/2018 DFA-0007-000302/2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3er. Turno, el día 19 de julio de 2018. RESULTANDO : I.- Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia No. 110/2017, de fecha 10 de octubre de 2017, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contenciosos Administrativo de 4to. Turno, falló: “Desestimando la demanda. Sin especial condena ” (fs. 1269-1282). II.- Por Sentencia Definitiva de Segunda Instancia SEF-0007-000123/2018 DFA-0007-000302/2018, de fecha 19 de julio de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3er. Turno, falló: “ Revocase la sentencia impugnada y en su mérito, condénase al Sr. S.S. al pago del 50% de los daños descritos en el numeral 10 del presente pronunciamiento y a la U.U. al pago del 50% de los referidos daños, con más los intereses desde la demanda. Sin especial condenación” (fs. 1332-1346). III.- Contra dicha sentencia, la co-demandada U.U. interpuso recurso de casación (fs. 1355-1370). En tal sentido, expresó, en síntesis, los siguientes agravios: a) Indicó que Sala valoró absurdamente el material probatorio, para adscribirle responsabilidad por la muerte del familiar de los reclamantes. Añadió que la sentencia impugnada le impuso una condena en violación a la Regla de Derecho, luego de haber realizado una valoración errónea y arbitraria del material probatorio, incurriendo en un supuesto de absurdo evidente. Recordó que la condena impuesta a su representada se fundó en dos extremos; a saber: i) en que su ingreso al Centro de Tratamiento Intensivo (C.T.I.) se demoró casi dos días y ii) en que adquirió, en el Hospital de Clínicas, infecciones intrahospitalarias de las que no pudo recuperarse. En cuanto a esto último, la sentencia le endilgó no haber velado adecuadamente por la integridad del paciente, incumpliendo la obligación de seguridad a su cargo. Contrariamente a lo afirmado por el Tribunal, la prueba diligenciada en autos demuestra que las infecciones que padeció el paciente fueron inevitables e irresistibles. Quedó probado que se utilizaron todos los medios para combatirlas, pero resultó imposible. Así fue acreditado por medio de la experticia encargada al Dr. Pedro Amonte, que no fue impugnada por la parte actora ni desvirtuada por otro medio probatorio idóneo. La Sala se apartó el dictamen pericial sin consignar en su pronunciamiento los motivos que tuvo para hacerlo. El Tribunal reconoció que fue el trauma grave (provocado por la caída del camión), lo que debilitó al paciente. Siendo así, no resulta justificada la imputación de responsabilidad a la U.U. por el tratamiento que se le brindó en el Hospital de Clínicas. Insistió en que se tomaron todas las medidas necesarias para combatir las infecciones adquiridas durante los cuatro meses de internación en el C.T.I. La decisión no aparece justificada. El propio Tribunal reconoció que no puede sostener que siempre es posible evitar que las infecciones intrahospitalarias no ocurran. Insistió en que la Sala realizó consideraciones en un campo científico ajeno al Derecho, sin respaldo de un dictamen médico adecuado. Contradijo la pericia realizada por el Dr. Pedro Amonte y estableció una relación de causalidad entre ciertos hechos y los daños reclamados, que carecen de justificación científica alguna. La sentencia hostilizada hizo caudal de una inundación ocurrida en el Hospital de Clínicas a causa de intensas precipitaciones que tuvieron lugar en febrero de 2010, poco después del ingreso del paciente al referido centro asistencial. Sin embargo, no es posible establecer una relación de causalidad jurídica entre ese episodio y la muerte del paciente, porque este estuvo tres meses más internado. En ese período, inclusive, registró mejorías. El Director del Departamento de Medicina Interna del Hospital de Clínicas Dr. Alberto Biestro, declaró que el paciente ingresó traumatizado grave y, por ende, inmunodebilitado. El perito Dr. Amonte señaló en su informe que el paciente tenía casi todos los factores que predecían un mal pronóstico. Añadió que el Hospital de Clínicas tomó las medidas necesarias y conocidas para evitar el riesgo de infecciones en C.T.I., en virtud de la larga internación. Los problemas que surgieron en su estancia en el nosocomio fueron inevitables, dado el grave cuadro con el que ingresó, como consecuencia del accidente que experimentó. Concluyó en su pericia que el manejo del enfermo se ajustó a las prácticas recomendadas internacionalmente y en el país. La mala evolución está dentro del alto porcentaje de mortalidad que tienen estos pacientes. El perito explicó que el paciente murió a causa de una muy grave complicación respiratoria en los lóbulos inferiores de ambos pulmones, producto de la necesidad de ventilación asistida por un traumatismo de cráneo grave. Ello, sumado a la falta de mejoría neurológica (que era imprescindible para intentar una retirada del respirador) y a la disminución orgánica por el cuadro que presentaba, provocó el shock séptico irreversible que causó su muerte. Esas conclusiones del perito, no fueron refutadas por la Sala. Es un valor entendido (de acuerdo al temperamento sostenido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia) que el apartamiento de las conclusiones periciales requiere de una adecuada fundamentación en contrario. En el caso de autos, el Tribunal ad quem no lo hizo. Por tal razón, su razonamiento probatorio debe considerarse arbitrario y violatorio de los arts. 140 y 184 del C.G.P. La Sala se apartó de la pericia médica sin fundamento científico alguno. No consignó en su sentencia las razones que tuvo para apartarse del dictamen pericial, de acuerdo a lo previsto en el art. 184 del C.G.P. El perito fue contundente en sostener que el tratamiento del enfermo se ajustó a las prácticas recomendadas, tanto internacionalmente como en el país. Nadie puede garantizar que en un procedimiento invasivo, como lo es la intubación para la ventilación asistida o la colocación de un tornillo de control de presión intracraneana en un paciente inmunodeprimido por un grave traumatismo de cráneo, no habrá contingencias ni ocurrirán percances. No hay obligación de seguridad en estos casos; solo obligación de medios. Insistió en que no hay elemento alguno que justifique el apartamiento de las conclusiones periciales; máxime sin otra pericia en sentido contrario. La obligación del centro hospitalario de mantener indemne al paciente, es una obligación de medios, que comprende la asistencia médica dentro de ciertos parámetros normales para la época y lugar. Consiste su prestación en atender al paciente con prudencia y diligencia, proporcionándole todos los cuidados conducentes para que obtenga su curación (aunque esta en definitiva no pueda ser lograda). Era carga de la actora demostrar que ese obrar no se ajustó a los parámetros debidos, pero no lo logró. Por otra parte, no puede hablarse de obligación de seguridad cuando el paciente ingresó grave por un traumatismo de cráneo y permaneció cuatro meses en el C.T.I., con necesidad de ventilación asistida, sin mejoría neurológica que permitiera el retiro del respirador. En esas circunstancias son inevitables las infecciones respiratorias originadas por el largo período de uso del respirador, al hallarse el paciente inmunodeprimido por el traumatismo de cráneo. La Administración de antibióticos para la prevención y el combate de las infecciones, es lo que el Hospital de Clínicas podía hacer y es lo que hizo. En suma, la prueba sobre la falta de servicio en que se cimienta la condena fue erróneamente valorada. Los servicios médicos de su representada actuaron conforme a la lex artis . No se incumplió con la obligación de seguridad (ya que se trataba de operación de medios). Las afecciones del paciente que derivaron en su fallecimiento, se debieron a la gravedad del estado en que se encontraba y no a una violación de la obligación de seguridad. b) Afirmó que, sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal incurrió en error en cuanto al porcentaje de responsabilidad que le atribuyó en la causación del evento dañoso. Se agravió porque se le imputó a la U.U. un 50% de la responsabilidad en la pérdida de la “chance” de recuperación del paciente. Considera que dicho porcentaje es excesivo, tratándose de un paciente que ingresó con un traumatismo de cráneo en grave estado, a raíz de la caída de la caja de un camión. Se atendió al paciente de la mejor forma posible dada su gravedad, a tal punto que la actuación de los médicos fue reconocida como inobjetable por la propia actora. Solicitó que para el caso que se mantenga la condena, se abata el porcentaje de responsabilidad atribuida a la U.U. c) Resulta ilegítima la condena por concepto de lucro cesante, daño moral y daño emergente. Indicó que la condena por concepto de lucro cesante, se realizó partiendo de la base de que la víctima habría sobrevivido hasta los 70 años. Tal decisión no ponderó que se trataba de un sujeto portador de una depresión neuropsíquica severa, con tratamiento con antidepresivos. Había sido jubilado anticipadamente por su estado de salud y tenía antecedentes personales de hipertensión arterial crónica, en tratamiento con drogas antihipertensivas. En cuanto a la condena por concepto de daño moral que beneficia a la viuda e hijos de la víctima, indicó que le agravia por resultar excesiva. Finalmente, expresó que el daño emergente no se probó debidamente, cuando debía acreditarse. IV.- Habiéndose sustanciado el medio impugnativo movilizado, a fs. 1381-1402 compareció la parte actora quien evacuó el traslado y, conjuntamente, dedujo recurso de casación por la vía adhesiva. En síntesis, expresó, los siguientes agravios: a) La sentencia incurre en un error de Derecho por absolver de responsabilidad al M.M.. No parece lógico que se libere de responsabilidad a quien encomendó la prestación de un servicio de transporte que, como quedó probado, funcionó irregularmente. Es decir, nadie puede pensar razonablemente que cualquiera que asista al Parque Nacional Santa Teresa, puede trasladar pasajeros sin permiso de la autoridad. Se libera de responsabilidad a quien no cumplió con sus deberes de control y obstaculizó el esclarecimiento de los hechos. La víctima utilizó un servicio de transporte colectivo, que se le ofrecía como uno más de los que brindaba el Parque Nacional Santa Teresa (el que incluso se ofrecía por la web). Utilizó un servicio ofrecido, sin saber quién era su prestador. Ello, obviamente (y como es de estilo) no obsta a que obtenida la información de que supuestamente se trata de un servicio tercerizado, se demande a todas las partes por los daños causados. Por otra parte, el M.M. no acreditó la existencia de un contrato escrito ni la situación contractual con la supuesta empresa concesionaria. El M.M. no efectuó control alguno y permitió el traslado de personas, no solo en forma antirreglamentaria, sino notoriamente inadecuada. Ello determinó que se produjera el accidente, el que podría haberse evitado si el vehículo hubiese tenido las condiciones reglamentarias y el chofer hubiese estado debidamente habilitado para conducir un rodado de ese porte (que no lo estaba). Con apoyatura en prestigiosa doctrina publicista, planteó que existen causas atribuibles a la Administración, que fue omisa y negligente al no efectuar controles respecto de las condiciones en que se trasladaría a los pasajeros por parte del concesionario. Además, la Administración no puede eludir la responsabilidad por los daños causados por los servicios que concesiona. De lo contrario y, tal como lo sostiene la doctrina, la concesión funcionaría como una vía de escape de la responsabilidad para los casos de incumplimiento. En definitiva, solicitó que se condene al M.M. en forma solidaria con el propietario del vehículo; el conductor del vehículo y el propietario de la empresa concesionaria, al pago del 50% de los daños causados. b) También se agravió porque se liberó de responsabilidad a la propietaria del vehículo, por entender que carece de legitimación pasiva. Indicó que, frente a terceros, la propietaria sigue siendo la titular del vehículo, más allá de que lo haya prometido en venta y que haya transferido la guarda. Tales extremos no le resultan oponibles, en tanto no surge compraventa ni ningún otro documento inscripto, por lo que no puede liberarse de la responsabilidad que le cabe. c) La sentencia también le agravia porque exime de responsabilidad al conductor, estando probado en autos que el vehículo que protagonizó el accidente circulaba a gran velocidad. Además, el conductor no tenía habilitación para manejar ese tipo de vehículos, con esa cantidad de pasajeros. Por otra parte, el vehículo no contaba con los cinturones de seguridad reglamentariamente exigidos. La Sala no valoró adecuadamente la prueba sobre el comportamiento del chofer, que determina su responsabilidad civil por la actuación en el caso. d) Finalmente, se agravió porque la sentencia del Tribunal confirmó el rechazo del daño moral premuerte, estando acreditado que el fallecido tenía episodios de lucidez, como surge de todos los informes médicos, pericias e historia clínica agregada en autos; y así se mantuvo durante los cuatro meses de internación. En ese sentido, corresponde que se haga lugar al reclamo, siendo adecuado el monto que se solicitó en autos. Lo que se ha reclamado es el daño, transmitido iure hereditatis , por el sufrimiento experimentado por la víctima durante el tiempo de internación. V.- Una vez conferidos los restantes traslados de rigor y franqueados los respectivos recursos de casación interpuestos (fs. 1419), los autos fueron recibidos por el Cuerpo el día 24 de octubre de 2018 (fs. 1442). VI.- Por Auto No. 3.247/2018, de fecha 5 de noviembre de 2018 (fs. 1443 vto.), se dispuso el pasaje de los autos a estudio para sentencia, al término del cual se acordó el presente pronunciamiento en forma legal y oportuna. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, amparará el recurso de casación impetrado por la co-accionada U.U. y, en su mérito, anulará la impugnada en cuanto acogió la pretensión deducida en su contra, confirmándose el fallo de primer grado en el punto. Asimismo, por unanimidad de sus integrantes, desestimará el recurso de casación interpuesto por la parte actora, a excepción de los agravios relativos al daño moral premuerte (reclamado iure hereditatis ), los que se repelen por mayoría conformada por los Sres. Ministros Dres. Turell, Tosi y el redactor. Todo sin especial condenación procesal. II) El caso de autos . El día 28 de enero de 2010, L.L. cayó de un camión que prestaba el servicio de transporte colectivo de pasajeros dentro del Parque Nacional de Santa Teresa, en el departamento de Rocha. Como consecuencia del accidente, fue trasladado para recibir asistencia al Hospital de Clínicas (U.U.). Permaneció en observación durante 48 horas y fue derivado al Centro de Cuidados Intensivos (C.T.I.) el día 30 de enero de 2010. Perduró internado en el C.T.I. hasta su fallecimiento, ocurrido el 29 de mayo de 2010, a causa de una sepsis fulminante. Su esposa, A.A. y sus hijos I.I. y F.F., promovieron demanda de daños y perjuicios contra la U.U., por entender que la asistencia prestada durante su internación fue defectuosa. También demandaron al M.M., porque el Parque Nacional de Santa Teresa está bajo su dependencia y a los titulares de la empresa prestadora del servicio de transporte (E.E. y S.S.). Asimismo, dirigieron su demanda contra el conductor del camión (C.C.) y contra el propietario del vehículo de transporte que protagonizó el accidente (P.P.). Reclamaron el resarcimiento de los rubros: i) lucro cesante; ii) daño emergente; iii) daño moral por derecho propio y; iv) daño moral premuerte, que reclamaron por derecho hereditario ( iure herditatis ). La pretensión reparatoria fue desestimada íntegramente en primera instancia. En segunda instancia, por la sentencia hostilizada mediante los recursos en examen, se amparó parcialmente la demanda. En su mérito, se condenó por mitades al Sr. S.S. (titular de la empresa explotadora del servicio de transporte que protagonizó el accidente) y a la U.U., a pagar a los reclamantes los rubros daño emergente; lucro cesante y daño moral, en los términos establecidos en el Considerando No. 10 de la sentencia (fs. 1343-1345). III) Admisibilidad formal del recurso de casación interpuesto por la co-demandada U.U. Con carácter liminar, corresponde despejar el punto concerniente a la admisibilidad del recurso interpuesto por vía principal, que fue cuestionada por la actora al evacuar el recurso (fs. 1381-1381 vto.). A juicio de la Corporación, la objeción que plantea la parte actora a la admisibilidad del recurso de casación planteado por vía principal, por la U.U., no puede ser atendida. En efecto, lo que se discute es la admisibilidad en razón de cuantía (arts. 268 inciso 2º y 289 numeral 3º del C.G.P.). Empero, dicho cuestionamiento no resulta procedente, porque se toma el valor de la Unidad Reajustable al momento de interposición del recurso, en lugar de tomar el valor de dicha unidad al momento de la demanda (como por Derecho corresponde). La Corporación ha señalado reiteradamente que los requisitos de admisibilidad del recurso de casación deben configurarse al momento de promoverse la acción respectiva (Cf. Sentencias Nos. 2.208/2018, 117/2014, 674/1994, 796/1996, entre otras). Si se toma en consideración que el monto del asunto está dado por la suma reclamada en la demanda, la que asciende a $4.294.256 (pesos uruguayos cuatro millones doscientos cincuenta mil doscientos cincuenta y seis), el recurso supera el monto mínimo admisible. La demanda fue interpuesta el 3 de mayo de 2013. A esa fecha, el valor de la Unidad Reajustable era de $650,66 (pesos uruguayos seiscientos cincuenta con sesenta y seis centésimos). Por ende, el monto del asunto era, al momento de la demanda, mayor a 6.000 (seis mil) Unidades Reajustables. En definitiva, no hay objeciones formales que realizar al recurso movilizado por vía principal, lo cual determina, asimismo, la admisibilidad de la casación interpuesta por vía adhesiva. IV) Recurso de casación impetrado por la co-demandada U.U. . a) Agravios relativos a la responsabilidad atribuida a la U.U. en la muerte del Sr. L.L. . La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes, considera que el cuestionamiento formulado por la recurrente sobre la responsabilidad que le fuera atribuida a la U.U., resulta de recibo. En su mérito y, por las razones que seguidamente se expondrán, anulará la impugnada en cuanto adscribió responsabilidad a la U.U., desestimando la demanda a su respecto. A juicio de la Corporación, asiste plena razón a la recurrente en cuanto señaló que: i) La Sala soslayó totalmente la prueba pericial diligenciada en autos, consistente en el dictamen del Dr. Pedro Amonte que corre a fs. 960-966; ii) La prueba disponible no permite concluir que la sepsis que provocó la muerte del paciente tenga su etiología en el incumplimiento de la alegada obligación del Hospital de Clínicas de mantener al paciente indemne. Ya sea que esta se entienda como una obligación de medios o como una obligación de resultado (punto en el cual no resulta necesario en el caso ingresar) , no es posible, establecer una relación de causalidad entre la acción del Hospital de Clínicas y la infección que desembocó en la muerte del Sr. L.L.. Como se verá, la prueba disponible en autos demuestra que no fue el supuesto incumplimiento con la alegada obligación de mantener indemne al paciente, que se le endilga al Hospital de Clínicas, lo que provocó la muerte del paciente. Acto seguido se analizarán por separado los puntos anteriormente aludidos. IV.i) El apartamiento injustificado de los dictámenes periciales es un error de Derecho que invalida las conclusiones probatorias y resulta corregible en casación . En lo sustancial, los agravios articulados por la recurrente principal se ciñen a denunciar que la Sala infringió las reglas de valoración de la prueba (arts. 140 y 184 del C.G.P.). En particular, denunció que la Sala soslayó totalmente las conclusiones del peritaje del Dr. Pedro Amonte, que son favorables a la posición de la U.U.. Dichas conclusiones, establecen que no fue el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Hospital de Clínicas lo que provocó la infección que desembocó en la muerte del paciente. Asiste plena razón a la impugnante. La Sala quebrantó las reglas en materia de la valoración probatoria, llegando a una valoración que (como bien lo postula la recurrente) corresponde calificar como absurda. La ley procesal ordena valorar los dictámenes periciales de acuerdo al estándar de la sana crítica y: “... consignar en el fallo los motivos que tenga para apartarse de ellos cuando así lo haga ” (art. 184 del C.G.P.) Es un valor entendido que el apartamiento injustificado de los dictámenes periciales, constituye un grave vicio en la valoración de la prueba. Como se sostuvo en la Sentencia No. 1.167/2017: “... para apartarse de lo expresado por los dos peritos que se expidieron en la causa, el Tribunal ad quem debió desarrollar una clara, seria y fundada refutación de los argumentos de los expertos, o, en su caso, una igualmente contundente justificación de las razones que la llevaron a desconocer lo expresado por ellos. Sin embargo, esa justificación no se dio, lo que implica que el razonamiento probatorio resulte arbitrario por violatorio de lo dispuesto en los artículos 140 y 184 del C.G.P. y, por ende, corregible en casación” (ver también, en idéntico sentido, las Sentencias Nos. 552/2016 y 10/2007). Si bien el apartamiento de los dictámenes periciales no resulta jurídicamente inadmisible, debe justificarse adecuadamente y, contra la opinión de los expertos, deben presentarse razones de peso, que demuestren acabadamente el error del perito en las conclusiones que presenta al juzgador. Resulta, en estos casos, acrecentada la necesidad de la siempre necesaria motivación de la sentencia (Cf. SOBA BRACESCO, Ignacio: “Relación de causalidad y prueba pericial” , La Ley Uruguay, Montevideo, 2016, págs. 154-159). En este caso, la Sala soslayó totalmente el dictamen del perito. Si bien, como se afirma en la sentencia, la causa de la muerte del paciente fue la sepsis respiratoria, no está justificada la afirmación de que la misma haya sido generada por la alegada violación de la obligación de mantener indemne al paciente a cargo del Hospital de Clínicas. El perito descartó este extremo. Antes bien, sostuvo que el manejo del enfermo se ajustó a las prácticas recomendadas internacionalmente y en el país (fs. 965). De estas conclusiones periciales hizo caudal, in extenso , el Sr. Juez de primera instancia para liberar de responsabilidad a la U.U. (ver en especial las afirmaciones del Considerando No. 7 a fs. 1280-1281). En suma, la valoración del material probatorio corresponde calificarla de absurda, por haber soslayado totalmente la experticia que probaba en contra de las conclusiones sostenidas en la sentencia. La Sala, si pretendía apartarse de la pericia, tenía el deber de fundamentar las razones de su disidencia pero no omitir cualquier mención al dictamen experto. IV.ii) Los elementos probatorios disponibles demuestran que la infección que provocó la muerte del paciente no se debió a un incumplimiento del Hospital de Clínicas con la invocada obligación de mantener indemne al paciente . También acierta la recurrente cuando señala los errores en la valoración de la prueba disponible, realizada por el Tribunal de Apelaciones. Sobre la omisión de refutar las razones esgrimidas en la pericia del Dr. Pedro Amonte Gallo, sobre las que la Sala no hizo ninguna mención, corresponde remitirse a lo dicho en punto precedente. En este apartado, corresponde examinar los fundamentos sostenidos por la Sala, en los que basó su condena, para contrastarlos con la prueba disponible a efectos de demostrar que la valoración del material probatorio (como bien lo denunció la U.U.) puede calificarse como evidentemente absurda o irracional, ya que los elementos probatorios demuestran lo contrario a lo sostenido por el Tribunal. La Sala justificó su condena a la U.U. en tres razones, que surgen del Considerando No. 8 de la sentencia: 1) En que la parte actora probó que la causa del fallecimiento del Sr. L.L. fue la sepsis respiratoria, consistente en una infección intrahospitalaria, todo lo cual surge del testimonio de la partida de defunción y de la historia clínica. La Sala razonó que, ante ese escenario, la demandada no logró acreditar que las infecciones contraídas correspondieran a causas endógenas. 2) En el Hospital de Clínicas se verificaron inundaciones a causa de deficiencias en el sistema de desagüe de aguas pluviales. Ese ambiente favoreció que el paciente, que estaba inmunodeprimido, adquiriera infecciones. La demandada no probó que ese hecho (las inundaciones) fuera irresistible o inevitable. 3) Ninguna incidencia tuvo en la predisposición a la infección la enfermedad psiquiátrica del paciente, sino que la misma se debe al accidente que experimentó y que lo debilitó. A juicio de la Corporación, la premisa fáctica en la que se basa la Sala para adscribir responsabilidad a la U.U., por no haber cumplimentado adecuadamente la alegada obligación de mantener indemne al paciente a su cargo, no está debidamente justificada. Resulta desacreditada, nada menos, que por la prueba pericial diligenciada. La experticia prueba lo contrario a lo sostenido por la sentencia atacada. En efecto, es cierto que la causa del fallecimiento fue la infección (sepsis) que el paciente adquirió durante su internación en el Hospital de Clínicas. Ahora bien, no está probado, como asevera la Sala, que la misma no responda a causas endógenas o que haya sido causada por el ambiente del hospital, como resultado del quebrantamiento de la alegada obligación de mantener indemne al paciente a su cargo. El peritaje prueba exactamente lo que la Sala asevera que no se acreditó: la infección se produjo por la situación del paciente, que desde su inicio debió permanecer intubado. Tal situación, al prolongarse en el tiempo, provoca (casi irremediablemente) infecciones. El perito dijo que desde su ingreso el paciente estuvo intubado, esto es, con la vía aérea conectada por un tubo a otro sistema de tubos que le proporcionan el oxígeno y evacuan el anhídrido carbónico. Explicó que: “ La conexión antedicha, saltea las defensas locales del aparato respiratorio contra la infección, PREDISPONEN a que SALIVA Y OTROS FLUÍDOS SE ACUMULEN ENTRE EL TUBO LA LARINGE Y LA TRAQUEA pudiendo contaminar los bronquios y el parénquima pulmonar. Este sistema impide que el MOCO normal, que asciende como en cinta sin fin para ser tragado y eliminar las partículas extrañas de la vía aérea (incluidas las infecciosas) funcione. También anula el mecanismo de la tos. Siempre la vía aérea de los individuos intubados se contamina, la aparición o no de infección dependerá de la cantidad de gérmenes, de la presencia de moco en exceso en las mismas de su fluidez y de defensas locales y generales. Con el tiempo la chance de que esto suceda aumenta. Por lo tanto; desde el momento que se intuba se empieza a pensar de interrumpir la ventilación mecánica, para evitar la infección; esto se podrá hacer o no de acuerdo al estado neurológico o que aparezca en otra indicación para la ventilación como: PROCESO RESPIRATORIO. Con una disminución de la superficie de intercambio gaseoso efectivo (shunt) documentado en el aumento de la diferencia del PAFI, que obligó a utilizar concentración de O2 mayores a las de aire y presión positiva permanente en el pulmón, esto se infectó desarrollando neumonía. NUNCA se pudo desconectar del respirador, ni disminuir la concentración de oxígeno aumentada o la presión continua. Esta disminución de la superficie de intercambio efectiva se debió a la acumulación de secreciones, y obliteración de los bronquios de la zona. Por razones gravitarías predomina siempre en los lóbulos inferiores y segmentos posteriores, desde el inicio fue en el PULMÓN derecho lóbulo inferior y medio, con el tiempo apareció en el izquierdo. La obstrucción de cualquier conducto del cuerpo, expone irremediablemente a su infección. Aquí al mantenerse en el tiempo ya que el paciente no mejoró en lo neurológico, se complicó con infección primero del pulmón derecho donde se extendió a la pleura (empiema) y además se rompió el pulmón a la pleura también generando una fístula. A ambas complicaciones se les hizo en tratamiento correcto, DRENAJE Quirúrgico y antibióticos. NO se observó mejoría sustancial, es más, el paciente desarrolló engrosamiento anormal de la pleura. Posteriormente se produjo la misma complicación pero en el pulmón izquierdo con la misma evolución, o sea que no mejoró, persistiendo la fístula y no re-expansión. Permanentemente los médicos tratantes buscaron identificar los gérmenes causantes de las infecciones, ya sea por cultivo de las secreciones, en sangre y cuando se produjo la complicación de la pleura, se administraron los antibióticos que fueron encontrados en el laboratorio a los cuales los gérmenes eran sensibles. Pese a esto no hubo buena respuesta. Por lo expuesto anteriormente una vía aérea de un paciente intubado está siempre contaminada. Muchas veces por varios organismos uno adjudica ser el responsable del germen que se encuentre también en el hemocultivo, la pleura o que cumple determinados criterios de números etc. A veces en el foco no entra en contacto con la sangre; que es vínculo en el cual va el antibiótico; o que otras drogas necesarias dar interactúan disminuyendo o anulando ‘en el cuerpo’ al antibiótico; o que el antibiótico mata los gérmenes sensibles y deja los que no lo son y que como no comparten ahora los nutrientes desarrollan una ‘nueva infección’ de resistentes” (fs. 962-964). Y, en sus conclusiones, consignó el perito: “ El Sr. L.L. presentó un Traumatismo de Cráneo grave con una evoluciona hidrocefalia y convulsiones tardías, mala evolución que no depende de ningún tratamiento y sí de elementos naturales a las lesiones y el paciente (...). Otras [infecciones] RESPIRATORIAS que fueron reiteradas, mantenidas con compromiso de la función respiratoria, pasaje a sangre (SEPTICEMIA), que provocó la insuficiencia Renal e hiperdinamia –documentada en los parámetros derivados del uso del catéter de Swan-Ganz; habiendo algunas mejorado sin llegar a curar con los antibióticos apropiados. La Muy Grave complicación RESPIRATORIAS loco-regional BILATERAL en 2 lóbulos inferiores de ambos pulmones, la falta de mejoría neurológica (imprescindible para intentar una retirada del respirador) y la disminución orgánica por un cuadro prolongado e hipercatabólico hicieron que una nueva infección provocara un shock séptico irreversible (...). EL MANEJO DEL ENFERMO EN OPINIÓN DEL SUSCRITO SE AJUSTÓ A LAS PRÁCTICAS RECOMENDADAS INTERNACIONALMENTE Y EN EL PAÍS. La mala evolución está dentro del alto porcentaje de mortalidad que tienen estos pacientes” (fs. 964-965). Lo extenso de la transcripción se justifica, porque el peritaje resulta contundente en el sentido de descartar que la etiología del shock séptico irreversible que provocó la muerte del paciente, esté relacionada con el incumplimiento de la invocada obligación de mantener indemne al paciente a cargo del Hospital de Clínicas. Como surge con toda claridad del peritaje, lo que ocurrió fue que el paciente permaneció intubado durante más de cuatro meses. En la medida que el tiempo transcurre, la experiencia indica que los pacientes intubados son propensos a desarrollar infecciones y, en este caso, esa fue la causa de la infección. La afirmación del perito surge cohonestada, también, por la declaración testimonial del Dr. Walter Olivera García (Grado 4 de la Cátedra de C.T.I. del Hospital de Clínicas), quien atendió al paciente durante su larga internación (ver fs. 1007 y ss.). Estas razones, expuestas con toda claridad en el peritaje, fueron tenidas en cuenta por el Sr. Juez a quo , por cuanto fundamentó en ellas su rechazo a la pretensión de condena a la U.U. En términos que la Corporación comparte enteramente, el Sr. Juez de primera instancia consignó en su sentencia: “ La mala evolución del paciente no dependió del tratamiento y sí de elementos naturales a las lesiones (...). Las infecciones respiratorias fueron reiteradas, con compromiso de función respiratoria, pasaje a sangre, septicemia, que provocó insuficiencia renal e hiperdinamia, habiendo mejorado sin curar con los antibióticos apropiados. La muy grave complicación respiratoria loco regional bilateral en los dos lóbulos inferiores de ambos pulmones, la falta de mejoría neurológica, imprescindible para retirar respirador y la disminución orgánica por cuadro prolongado e hipercatabólico hicieron que una nueva infección provocara un shock séptico irreversible (...). No surge por tanto acreditado daño como consecuencia del accionar negligente, imprudente por parte de los médicos intervinientes, de lo cual inferir culpa profesional que generara el derecho de la parte actora a ser resarcida, en cuanto el diagnóstico y la terapéutica fue acorde a los elementos que se presentaban y en consecuencia de ello, no emerge responsabilidad del Estado, por cuanto no surge acreditado hecho ilícito por falta de servicio conforme al estándar medio que ha de acreditarse en la especie ” (fs. 1281-1282). Corresponde insistir en que el dictamen del perito descartó que la causa de la infección, que provocó la muerte del paciente, fuera imputable a un servicio deficiente por parte del Hospital de Clínicas. El perito no estableció ninguna relación entre la inundación que ocurrió en alguna zona del hospital en febrero de 2010, con la infección que provocó la muerte del paciente. La génesis de la sepsis que provocó la muerte (contrariamente a lo sostenido por la Sala) estuvo dada por causas endógenas, relacionadas con las lesiones que experimentó a causa del traumatismo y, especialmente, a la necesidad de estar intubado durante más de cuatro meses. No hay relación alguna con su enfermedad psiquiátrica, como bien lo dijo la Sala, pero tampoco con la inundación, que se ubica como causa generadora ni con algún incumplimiento por parte del Hospital de Clínicas con la alegada obligación de mantener indemne al paciente a su cargo. V) En definitiva, corresponde anular la condena a la U.U., porque la valoración del material probatorio realizado para condenarla, no resulta acorde a Derecho. La valoración de la prueba realizada ingresa en el supuesto de absurdo evidente, por lo que puede ser corregida en casación. En primer lugar, porque como se señaló, se apartó infundadamente del dictamen pericial del Dr. Pedro Amonte, al que ni siquiera hizo referencia En segundo término, porque el informativo probatorio disponible permite descartar que la sepsis fulminante que provocó el fallecimiento del paciente tenga como causa generatriz, el incumplimiento por parte del Hospital de Clínicas de la invocada obligación de mantener indemne al paciente a su cargo. Antes bien, se debió a causas endógenas, producto de que el Sr. L.L. estuvo durante un largo tiempo intubado. Los pacientes en dicha situación son proclives a desarrollar infecciones por la contaminación de la vía aérea. Por ende, como lo dijo el perito, la sepsis se produjo por “elementos naturales a las lesiones y el paciente” y no por el incumplimiento del hospital con la alegada obligación de mantener indemne al paciente. VI) b) Agravios relativos al porcentaje de responsabilidad que se le atribuyó a la U.U. en la causación del daño y a la ilegitimidad de la condena por concepto de lucro cesante, daño moral y daño emergente . La conclusión de que no corresponde adscribir responsabilidad a la U.U., determina que no sea necesario examinar el resto de los cuestionamientos que su representante formuló en su recurso, los que lógicamente estaban condicionados al mantenimiento de la condena. VII) Recurso de casación interpuesto por la parte actora . Con carácter liminar, corresponde expedirse sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por la accionante, dado que existen distintas posturas entre los integrantes del Cuerpo. VII.1) Los Señores Ministros Dres. Turell, Martínez, Minvielle y Tosi, consideran que el recurso es admisible en su totalidad. Para los Señores Ministros la expresión “juicio seguido contra” señalada en el artículo 268 del C.G.P. refiere a los supuestos en los cuales sea parte demandada una entidad estatal. El caso de autos debe ser considerado como un juicio seguido contra el Estado, pese a la presencia de varios co-demandados que no son una entidad estatal. Si la disposición en cuestión (el inciso 2 del artículo 268 del C.G.P. en la redacción dada por el art. 342 de la Ley No. 18.172), se sancionó para habilitar la revisión en casación de lo decidido (amplificando las hipótesis de regla en las cuales procede el recurso), debe beneficiar a todas las partes que intervienen en el juicio. Como observa Guerra Pérez, el sistema de garantías está dado desde el propio inicio del proceso y para ambas partes en pie de igualdad. En la medida en que inicialmente uno de los integrantes de la parte demandada es el Estado o alguno de los órganos enunciados por la disposición, queda determinado desde el inicio el estatuto de reglas y las garantías que regulará el proceso (GUERRA PÉREZ, Walter: “Normas procesales según la Ley de Rendición de Cuentas No. 18.172. Intimación de pago, competencia de los juzgados letrados de lo contencioso administrativo y recurso de casación” , Revista Estudios Jurídicos, No. 5, UCUDAL, Montevideo, 2008, pág. 126). En este sentido, si bien para establecer las condiciones de admisibilidad del recurso se toma en consideración un aspecto subjetivo (que una de las partes sea la Administración Estatal), la solución legal no atiende sólo a una de las partes, sino que resulta extensible a cualquiera de los sujetos que interviene como parte o co-parte en el proceso, con independencia de si integra el lado activo o pasivo de la relación procesal. En este último caso, la actuación en supuestos de litisconsorcios facultativos debe valorarse a la luz de las reglas del proceso acumulativo, marco en el cual corresponde que se aplique la misma norma de admisibilidad de los recursos a todos los sujetos intervinientes, siendo contrario a los principios propios de la acumulación pretender cualquier fraccionamiento. Los Señores Ministros consideran que una interpretación contraria no encuentra justificación en la letra, ni en el espíritu de la norma, además de contrariar los principios de igualdad y continencia de la causa. Asimismo, no resulta acorde a la comunidad de la acción que debe existir entre los litisconsortes facultativos, referente a la unidad del proceso (artículo 45 in fine del C.G.P.), pues se estaría perjudicando la suerte de uno de los litisconsortes por el obrar de otro, lo cual se encuentra vedado por la norma. Además, las cuestiones debatidas, que tienen origen en una misma causa, deben tener un tratamiento uniforme, para no afectar el principio de continencia de la causa y el de coherencia de las decisiones judiciales (KLETT, Selva “Algunos temas de interés en el área de los medios impugnativos” , RUDP No. 2/05, págs. 394/397). En este sentido ver sentencia 854/2017, entre muchas otras. VII.2) A juicio del redactor, el recurso de casación impetrado por la parte actora resulta solamente admisible en lo que respecta a los agravios relativos a las pretensiones dirigidas contra las entidades estatales (en el caso, el M.M.). Ello, por cuanto, respecto a los particulares, sobre los aspectos en que se fundan los agravios existen dos soluciones coincidentes (art. 268 inc. 2º del C.G.P.). En tal situación, resulta trasladable lo expuesto por la Corporación en Sentencia No. 38/2005 (entre muchísimas otras): “...la ‘ratio legis’ del artículo 268 del C.G.P. -en la redacción dada por el art. 37 de la Ley No. 17.243-, radica en impedir que se revisen en el grado casatorio aspectos de la pretensión sobre los cuales recayeron pronunciamientos jurisdiccionales coincidentes en dos instancias, en razón de lo cual entiende la Corporación que aquellas cuestiones involucradas en el objeto de la litis y a cuyo respecto la decisión de primer grado fue confirmada en segunda instancia, se encuentran exiliadas del control casatorio, (Cfme. Sentencias. Nos. 856/02, 976/02, 980/02, 1089/02, 37/03, 363/03, 420/03, 1373/03, 345/04, 371/04, 442/04 y 578/04, entre otras)”. En opinión del redactor, en la medida de que en autos se demanda a personas de derecho privado y al Estado, en las pretensiones concernientes a las primeras, no es aplicable el régimen de excepción establecido en la parte final del art. 268 del C.G.P. (Cf. Sentencias Nos. 539/2013, 54/2014, 830/2014, 178/2015 y 854/2017). En definitiva, a juicio del redactor, únicamente resultan admisibles los agravios relativos a la responsabilidad del M.M.. No lo son los que refieren a la responsabilidad del propietario del vehículo, a la responsabilidad del conductor del camión que protagonizó el siniestro, ni los relativos a la transmisibilidad iure hereditatis del daño moral premuerte (este último, en la medida de que se anuló la condena a la U.U.). VIII) Despejado el punto de la admisibilidad, se procederá a continuación al estudio de los concretos agravios deducidos. a) Agravios relativos a la responsabilidad del M.M. . La parte actora se agravió por el rechazo de la pretensión de condena al M.M., por entender que debió ser responsabilizado. Planteó que el accidente ocurrió dentro del Parque Nacional Santa Teresa que está bajo su dependencia y, concretamente, postuló que no cumplió con el debido contralor de la firma concesionaria del servicio de transporte, que prestaba el servicio de manera irregular, sin los permisos administrativos correspondientes y sin las condiciones de seguridad adecuadas. La sentencia rechazó la pretensión de condena contra el M.M., por entender que la actora no cumplió con la carga de la debida afirmación (art. 117.4 del C.G.P.). La Sala expresó que, el hecho de que el M.M. Nacional tenga la guarda del Parque Nacional Santa Teresa y autorice el servicio de transporte dentro del predio, no lo responsabiliza por la mala maniobra que le imputó al conductor del camión (que no es funcionario del M.M. sino de una empresa particular) ni tampoco por el contrato de transporte que el pasajero realizó con la empresa contratista y no cumplió (fs. 1338). A juicio de la unanimidad de los Sres. Ministros que integran el Cuerpo, las razones de la Sala son jurídicamente irreprochables. Es especialmente cierto que la parte actora, en su demanda, incumplió con la carga de la debida sustanciación impuesta por el art. 117.4 del C.G.P. Y, sobre todo, debe subrayarse que la accionante modificó radicalmente la causa de pedir plantada en su demanda, al formular su recurso de casación. Ello supone una contradicción inocultable, contraria al principio de buena fe que debe presidir el obrar de los litigantes. En efecto, en su demanda, al fundamentar la responsabilidad que a su juicio le cabe al M.M., indicó que debe responder porque: “... prestaba un servicio de traslado de pasajeros dentro del predio de forma totalmente irregular, sin las condiciones mínimas de seguridad y sin autorización alguna de parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ni de la División Transporte de la Intendencia de Rocha” (fs. 73). Como es evidente, la atribución de responsabilidad pretendida se edificó sobre la base de la condición de prestador del servicio del M.M. Empero, durante el juicio quedó acreditado que quien prestó el servicio de transporte de pasajeros fue una empresa concesionaria (de la que eran titulares los co-demandados S.S. y E.E.). En este caso, por la forma en que se planteó la demanda, no es posible siquiera ingresar a la interesante discusión doctrinaria (que la actora trae a la liza recién ahora al recurrir en casación) sobre la responsabilidad que le puede caber al Estado por los incumplimientos de los concesionarios de los servicios públicos. Véase que la actora no reclamó contra el M.M. endilgándole una falta de servicio, consistente en un defectuoso contralor del concesionario. Reclamó su responsabilidad sobre la base de que era quien prestaba el servicio de transporte directamente, cuando se demostró que no era así. Así las cosas, va de suyo que no puede la Corte ingresar en el terreno que plantea la recurrente. No es posible escudriñar si la concesión fue regularmente realizada o si el M.M. controló adecuadamente al concesionario, porque este extremo no fue planteado en la demanda y, obviamente, el M.M. no pudo articular su defensa sobre esa base. Lo clave y determinante para que la suerte de este agravio esté sellada, es que el extremo fundante del mismo no fue derechamente alegado en la demanda. Ninguna declaración o condena puede disponer un juez en materia civil sino es en función de los hechos alegados por las partes en la oportunidad procesal correspondiente (artículos 117 nral. 4º y 198 del C.G.P.). Nuestra jurisprudencia ha reprobado este tipo de conductas procesales, consistentes en variar (o complementar) la versión de los hechos conforme avanza el proceso, lo que contraría los deberes de buena fe y lealtad procesal (Cf. Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6to. Turno, Sentencia No. 282/2008 con nota de jurisprudencia de Gustavo NICASTRO: “ Contradicción entre los hechos narrados en la demanda y los expuestos en la amplificación de la demanda” , RUDP, 2/2008, págs. 240-245; en la jurisprudencia de la Corte -en el mismo sentido- corresponde recordar la reciente Sentencia No. 1.990/2017). En suma, por las razones adjetivas expuestas, el agravio no puede ser recibido. IX) b) Agravios relativos a la responsabilidad del propietario del vehículo . A juicio de los Sres. Ministros Dres. Turell, Martínez, Minvielle y Tosi, tampoco resulta de recibo el agravio sobre la declaración de falta de legitimación pasiva del titular registral del vehículo P.P.. Si bien el vehículo no se transfirió formalmente mediante la compraventa definitiva, en opinión de los Sres. Ministros, quedó probado que existió transferencia de la guarda y, como bien lo postula la Sala, lo que otorga legitimación pasiva no es la propiedad sino la guarda del vehículo (ver Considerando No. 4 de la sentencia a fs. 1337). Como lo ha sostenido la Corporación: “ La presunción simple de guardián que pesa sobre el propietario no se vincula estrictamente a la titularidad dominial del vehículo, sino que se lo presume guardián porque es generalmente quien ejerce la guarda del rodado. Como enseña el maestro Gamarra: ‘la responsabilidad por el hecho de las cosas no es una carga de la propiedad, y el guardián puede ser otra persona, que no sea el dueño. Vale decir, que no se responde por ser propietario, sino por ser guardián. Porque si el propietario no es quien se sirve de la cosa o la tiene a su cuidado, ya no es guardián, y solo el guardián es el sujeto responsable por el hecho de las cosas según el art. 1324 (norma que no designa al dueño en la definición de la guarda sino a cualquier sujeto que se encuentre en la situación mencionada)... Lo que caracteriza al guardián... no es la titularidad de un derecho sino el ejercicio en los hechos de un poder efectivo de dirección y control sobre la cosa, y si bien éste es ejercido generalmente por el dueño (lo que justifica la presunción...). ...Si el propietario es guardián porque le corresponden los poderes de usar y gozar de la cosa (art. 487) deja automáticamente de serlo cuando los mismos se traspasan... (Gamarra T.D.C.U. T. 21, Vol. 3, 3a. Ed., pág. 249) (...). Corresponde reiterar el criterio postulado por la Corte en Sentencia No. 663/08: ‘En sentencia No. 279/02, La Corte sostuvo con relación al artículo 1324 del Código Civil que 'la norma legal en sí no individualiza al responsable del evento dañoso sino que atribuye responsabilidad al guardián, quien es normalmente el propietario, desde que es el dueño el que, por lo general usa o se sirve de la cosa. En consecuencia, es acertado sostener -como lo hace la jurisprudencia francesa- que media en contra del propietario una presunción simple de guarda o custodia que, como tal, decae ante la prueba de que era otro el sujeto que poseía la guarda al acontecer el ilícito' (Sentencias Nos. 96/91 bis, 75 y 872/96, 140/97 entre otras). La responsabilidad atribuida al guardián por el art. 1324 del C. Civil encuentra su fundamento en la culpa y no en una responsabilidad objetiva como pretende hacer valer el recurrente. Era el conductor co-demandado quien tenía el control pleno y dirigía libremente el automóvil, tomando sus propias decisiones, sin recibir instrucciones de uso y con independencia total de la propietaria, quien además no estaba presente al momento del accidente. Por lo tanto no corresponde responsabilizar al propietario del vehículo embestidor como lo hiciera el órgano de mérito de primera instancia fundado en la norma mencionada” (Sentencia No. 40/2010). Con tales entendimientos, a juicio de los Sres. Ministros, la conclusión de que no se encontraba legitimado el propietario del vehículo de transporte colectivo que había transferido la guarda, resulta jurídicamente irreprochable. X) c) Agravios relativos a la responsabilidad del conductor del camión que protagonizó el accidente . La Sala repelió la pretensión contra el conductor del camión, sobre la base de que fue demandado por el carril de la responsabilidad extracontractual. Entendió que la reclamante no logró acreditar la realización de la maniobra imprudente que habría causado el accidente (Considerando No. 7 a fs. 1340). El cuestionamiento formulado sobre este punto, se dirige a poner en tela de juicio la valoración del material probatorio realizado por la Sala, pero, en opinión de los Sres. Ministros Dres. Turell, Martínez, Minvielle y Tosi (para quienes, en el punto, el recurso de casación resulta admisible) sin demostrar que esta haya incurrido en un razonamiento absurdo, ilógico o irracional. Siendo así, la Corte encuentra las conocidas restricciones para ingresar a efectuar un reexamen en ese terreno. Sabido es que la máxima fundamental de la casación, es que ella solo comprende el punto de Derecho y no tiene intervención en la cuestión de hecho (Cf. BARRIOS DE ANGELIS, Dante: “Cuestiones de hecho y de derecho en la casación” , Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de la República, Año XIII (Nº 3), Montevideo, 1962, pág. 579). Si bien en ciertos casos es posible revisar la valoración del material probatorio, para que la Corte proceda a revalorizar los elementos probatorios debe darse un supuesto de valoración absurda o irracional (Cf. Sentencias Nos. 250/2013 y 593/2017, entre otras). En este caso, sin embargo, ni siquiera se ha alegado que la valoración del material probatorio tenga esas características que admitirían su revisión. La jurisprudencia de esta Corporación ha admitido la posibilidad de revisar las decisiones sobre valoración probatoria, cuando ésta resulta arbitraria, irracional o contraria a las reglas de la lógica. Como señala Colombo, si bien la revalorización de la prueba resulta excepcional, la Corte (en base a la teoría del absurdo evidente) puede hacerlo cuando media error notorio, lo que equivale a manifiesto, patente, evidente, palmario, claro, ostensible. De este modo se abre un nuevo campo para la casación, el cual se admite con un entorno sumamente restrictivo, para realizar y actuar la justicia como último instrumento para evitar la iniquidad del fallo (Cf. COLOMBO, Erik H .: “Casación: Teoría del absurdo evidente” , RUDP, 1/1983, págs. 57/58). Como afirmara DE LA RÚA (con apoyo en jurisprudencia argentina) “la sola apreciación equivocada, discutible, objetable o poco convincente de la prueba no constituye absurdo. No es motivo de recurso la mera discrepancia subjetiva con el criterio de valoración del Tribunal de mérito si no existen conclusiones en abierta contradicción con las constancias de la causa ni se registra la ausencia de un estudio lógico y razonado de los diversos elementos computados, vicios esos que constituyen lo propio del absurdo. Asimismo, tampoco es suficiente exponer un criterio distinto al del sentenciante en cuanto al mérito de la prueba rendida, sino que es menester demostrar absurdo en la conclusión o violación de las leyes que regulan esa tarea” (Cf. DE LA RÚA, Fernando: “El recurso de casación. En el Derecho Positivo Argentino” , Víctor P. ZAVALÍA-Editor, Buenos Aires, 1968, pág. 392). Más aun teniendo presente que el Tribunal casatorio no es un Tribunal de mérito. No existe libertad para profundizar en los hechos y su esquema valorativo. La regla es clara, pues de otro modo se desvirtuaría la finalidad esencial del recurso (Cf. MOLINA SANDOVAL, Carlos A.: “Recurso de casación: aspectos sustanciales, argumentales y procesales” , ADVOCATUS, Córdoba, 2016, pág. 160). En base a estas premisas conceptuales, no se aprecia que el razonamiento probatorio de la Sala resulte ilógico o absurdo y, menos aún, que ello resulte evidente en la sentencia atacada (Cf. Sentencias Nos. 804/2018 y 647/2018, entre muchas otras). Por lo expuesto, a juicio de los Sres. Ministros, corresponde repeler el agravio. XI) Agravios relativos a la transmisibilidad iure hereditatis del daño moral premuerte . La Suprema Corte de Justicia, por mayoría, conformada por los Sres. Ministros Dres. Turell, Tosi y el redactor, aunque por fundamentación disímil, desestimará el recurso de casación impetrado en el punto. XI.1) A juicio de los Sres. Ministros Dres. Turell y Tosi, no es admisible la indemnización del daño moral iure hereditatis en tanto se trata de una acción personalísima. En efecto, al producirse la muerte de la persona se extingue el sujeto de derecho y por tanto no hay titular del crédito resarcitorio emergente del hecho muerte. El Sr. Ministro Dr. Turell ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el tema integrando el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4to. Turno: “...con la lesión nace el derecho de la víctima a reclamar, pero tal derecho se circunscribe al daño provocado por la lesión y presupone que el titular siga con vida, pues al producirse la muerte se extingue el sujeto de derecho y por tanto no hay titular del crédito resarcitorio emergente del hecho muerte. La posición adoptada no implica negar tutela jurídica al valor vida consagrado como derecho por nuestra Constitución (art. 7) ni el derecho a la reparación total emergente del art. 1319 del C. Civil pues la función satisfactiva de la compensación refiere a la víctima y no a terceros. Como lo dice Orgaz ‘El daño resarcible’, Ed. 1967, págs. 217-218) no es legítimo que un tercero pueda invocar el dolor de otra persona para pretender indemnización: quien sufre por la muerte de otra puede reclamar ‘iure propio’ por las consecuencias dañosas del ilícito, pero no duplicar su pretensión solicitando indemnización por el daño del tercero” (Cf. Sentencias Nos. 135/2005, 212/2006; 37, 62/2007 y 92/2015; ver también discordia extendida en Sentencia No. 414/2018 de la Suprema Corte de Justicia). Por su parte, el Sr. Ministro Dr. Tosi, ha hecho lo propio integrando el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 2do. Turno en Sentencia No. 210/2018, ocasión en que la Sala Laboral reprodujo los argumentos vertidos por la Dra. Alicia Castro en discordia extendida en Sentencia No. 143/2013 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er. Turno: “...el derecho de la víctima a ser compensada por un daño de naturaleza no patrimonial es de carácter personalísimo y, en tanto no lo haya ejercitado antes de su fallecimiento, no se trasmite a sus herederos. En sustento del criterio expuesto, que predomina en Derecho Comparado y ha sido recogido en estas latitudes por el Código Civil argentino art. 1078, se han articulado diversos argumentos, siendo de destacar el análisis del tema que hacen ORGAZ (El daño resarcible, pág. 259) BREBBIA (El daño moral, págs. 247/248) y la ponencia de juristas cordobeses citada por MOSSET (Responsabilidad por daños, tomo IV, El daño moral) donde se sostiene ‘la acción tendiente a obtener la reparación del daño moral tiene, en principio, carácter personalísimo y no es susceptible de ser trasmitida a los herederos o ejercida por los acreedores por vía subrogatoria’. En nuestro medio se han inclinado por la misma posición REYES (‘Intrasmisibilidad del daño moral’ en L.J.U. tomo 107, doctrina pág. 47) y ALONSO DE MARCO en memorable y fundada discordia (Sentencia S.C.J. No. 59/993 - A.D.C.U. tomo XXVI nota 278). La discordia se manifiesta también en fallos del T.A.C. 3º con anterior integración, por la adhesión del Ministro Ruibal Pino a la tesis de la intrasmisibilidad (A.D.C.U. tomo XXIX nota 287 y tomo XXVII nota 331). En lo esencial, partiendo de la premisa hasta ahora indiscutida de que los derechos se acuerdan con la finalidad de proteger intereses de los individuos que la comunidad considera dignos de tutela -en palabras de Ihering, el derecho subjetivo se define como un interés jurídicamente tutelado- el derecho a ser indemnizado que se reconoce a quien ha sufrido un daño de índole no patrimonial se justifica por el propósito de ofrecer a la víctima del daño una justa compensación que apunta a mitigar o contrarrestar la situación disvaliosa que el hecho del ofensor le ha irrogado. El hecho de que esa compensación sea, normalmente y por razones prácticas, una suma de dinero no es suficiente para variar la naturaleza del daño -que afecta su integridad psico-física u otros bienes no patrimoniales derivados de la personalidad humana- ni debería llevar a olvidar que el fundamento de la reparación es ofrecer una satisfacción retributiva a la víctima que ha debido soportar el daño. Por tal motivo, el fallecimiento de la víctima hace imposible que se obtenga la finalidad perseguida, extingue el interés que justifica la protección jurídica y, por consiguiente, priva de sentido al derecho subjetivo. De ahí que la doctrina lo considere de carácter ‘personalísimo’ y, por ende, no transmisible a los herederos. Como todo derecho personalísimo, si sobreviene la muerte del titular sin que lo haya ejercitado -asignándole de ese modo un contenido patrimonial del que carece ‘per se’- se extingue. Por otra parte, no tiene sentido postular que la satisfacción moral debida al causante puede y debe ofrecerse a sus herederos. La reparación ‘iure hereditatis’ es innecesaria en la medida en que en nuestro ordenamiento jurídico, por efecto la amplia legitimación activa que admite el Código Civil art. 1319, los herederos de la víctima fallecida -que a su vez experimentan daño por el daño a su causante- tienen derecho a una reparación ‘iure propio’ como víctimas ‘por rebote’ del mismo hecho dañoso. El criterio ampliamente mayoritario, que admite la acumulación de reclamaciones ‘iure hereditatis’ y ‘iure propio’ en cabeza de los sucesores, viabiliza una artificiosa sumatoria de daños que conduce a indemnizar doblemente a las mismas personas. El TAC 3º ha sostenido que el daño moral es intransmisible, en tanto se extingue con la muerte de la víctima, por imposibilidad de la prestación (reparación) y dada la naturaleza reparatoria y carácter personalísimo de la acción por daño no patrimonial. En tal sentido, Dr. Alonso de Marco en discordia de Sentencia S.C.J. No. 59/993 de la S.C.J.)”. En definitiva, por los fundamentos expuestos, a juicio de los Sres. Ministros Dres. Turell y Tosi, este sector de agravios no puede prosperar. XI.2) Para el redactor, como se señaló en el Considerando VII.2), en el punto el recurso de casación impetrado resulta inadmisible al amparo de lo establecido en el art. 268 del C.G.P. XII) La correcta conducta procesal de las partes determina que las costas y los costos de la presente etapa se distribuyan en el orden causado (art. 688 del C. Civil y arts. 56.1 y 279 del C.G.P.). XIII) Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : AMPÁRASE EL RECURSO DE CASACIÓN IMPETRADO POR LA CO-ACCIONADA U.U. Y, EN SU MÉRITO, ANÚLASE LA IMPUGNADA EN CUANTO ACOGIÓ LA PRETENSIÓN DEDUCIDA EN SU CONTRA, CONFIRMÁNDOSE EL FALLO DE PRIMER GRADO EN EL PUNTO. DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA. TODO SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. HONORARIOS FICTOS 30 B.P.C. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO. PUBLÍQUESE Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE. Dra Elena Martínez y Dra Bernardette Minvielle DISCORDES: POR CUANTO ENTENDEMOS QUE CORRESPONDE ANU LAR LA SENTENCIA EN CUANTO RECHAZÓ EL RUBRO DAÑO MORAL PREMUERTE. EN SU LUGAR, CONSIDERAMOS QUE CORRESPONDE AMPARAR LA PRETENSIÓN SOBRE ESE RUBRO. En cuanto al punto concerniente al rechazo del rubro daño moral premuerte, la Sala en lo Civil consideró que no se transmite a los herederos de la víctima. En su última integración, ésta Corporación, en mayoría, ha postulado que el daño moral premuerte resulta transmisible a los herederos de la víctima, siempre que ésta haya estado consciente de los padecimientos sufridos (Cfme. Sentencia Nº 414/2018 ). Revalidando lo dicho en la Sentencia Nº 275/2016 , se expresó por parte del Cuerpo: “... el daño premuerte es trasmisible ‘iure hereditatis’, en tanto ‘(...) existe un daño y corresponde que sea resarcido, ahora, en quienes sucedieron al que sufrió’ (...) La acción pasa los herederos conforme las reglas que regulan la sucesión hereditaria; no corresponde, en consecuencia, la exigencia de que sea el causante quien, en vida, haya iniciado la acción; la promoción de la pretensión no tiene virtualidad de variar la naturaleza del derecho que la originó”. (...) ‘De lo que se trata no es de la trasmisión del dolor, del padecimiento, sino del derecho a obtener su reparación cuando éste es causado por el hecho ilícito de un tercero; y, en ese sentido, no se advierte razón alguna que obste a su transmisibilidad’ (Sentencia de la Suprema Corte de Justicia Sentencia S.C.J. No. 60/004). ‘Como enseña Gamarra, ‘Si bien existe una lesión a un derecho de la personalidad (derecho no patrimonial), el derecho al resarcimiento del daño se configura como un derecho al resarcimiento pecuniario; es un derecho de crédito que tiene por objeto una prestación pecuniaria’, lo que determina que se trasmita a los herederos según las reglas de la sucesión hereditaria y que sean ellos los titulares de la acción (T.D.C.U.; T. XXIII, págs. 88-89), (cf. Sentencia S.C.J. No. 216/997, Sentencia S.C.J. No. 198/005, Sentencia S.C.J. No. 11/008 de la Suprema Corte de Justicia). En otras palabras, la lesión de derechos extrapatrimoniales hace nacer un derecho de crédito (a su reparación) y este derecho, que integraba el patrimonio de la víctima antes de su fallecimiento, es el que se trasmite a sus herederos (Sentencia S.C.J. No. 188/013)” (en idéntico sentido véase la Sentencia Nº 366/2016 , R.D.J.D.C., Año V, Nº 5 (2017), Caso Nº 484, pág. 626). Consideramos que en este caso, el daño moral premuerte resulta transmisible a los herederos, porque la víctima fue consciente de su situación y de sus padecimientos . Tal extremo surge admitido por la U.U. en su contestación de demanda. Concretamente a fs. 702 vto., su representante expresó que: “ Aunque ha permanecido la mayor parte de su estancia en la Unidad bajo infusión continua de sedación y analgesia, en los momentos en que esta se ha suspendido, se evaluó su situación neurológica, evidenciando: paciente despierto, que fija la mirada y en oportunidades ha cumplido alguna orden simple, en la parte espinal: cuadriplesia severa” . Lo mismo emerge de la demanda por la que se solicitó la declaración de incapacidad y la designación de curador ante el fuero de familia (ver acordonado caratulado “L.L. – Curatela – IUE 2-14810/2010). En dicha demanda, se consignó que en algunos momentos se había suspendido la sedación y se había evaluado su situación neurológica, constatándose que sus facultades estaban debilitadas aunque podía cumplir algunas ordenes simples y fijar la mirada (fs. 5 del acordonado). El hecho de que fue consciente de su situación, surge también de varios pasajes de la historia clínica. Apenas modo de ejemplo, a fs. 172 surge que el 6 de marzo de 2010 –a algo más de un mes del accidente- el paciente “... se mantiene vigil, no fija la mirada ni cumple órdenes...”. Al día siguiente, abría los ojos ante el llamado (fs. 174). El 8 de marzo de 2010, luego de 16 horas de suspensión de la sedación, se le interrumpió la analgesia y abría los ojos ante el llamado, sin capacidad de seguir con la mirada y sin guiños a la amenaza; realizaba gestos de dolor (fs. 175). El 10 de marzo de 2010, surge anotado que realizaba apertura ocular espontánea y gestos, pero que no tenía respuesta motora (fs. 176). El 13 de marzo el paciente lograba seguir con la mirada y cumplir órdenes. Por momentos realizaba gestos de dolor (fs. 178). Durante los dos días siguientes la situación era igual pero no lograba cumplir órdenes (fs. 179 y 180). En definitiva, resulta probado que el paciente fue consciente del estado en el que estaba. Durante algunos momentos se le suspendió la sedación y la analgesia para evaluar su estado neurológico y se fue haciendo un seguimiento de su evolución, como emerge de la historia clínica. Por tal motivo, de acuerdo a los antecedentes reseñados más arriba, consideramos que la Corporación debe amparar el agravio y condenar al resarcimiento del rubro daño moral iure hereditatis , por los padecimientos de la víctima durante la agonía que medió entre el momento del accidente y su fallecimiento. Debe subrayarse que el paciente estuvo internado en cuidados intensivos durante más de 120 días, padeciendo severos sufrimientos. Los actores reclamaron por concepto de daño moral premuerte, por los sufrimientos padecidos por su familiar durante la agonía de cuatro meses de internación, la suma de $600.000 (pesos uruguayos seiscientos mil) (ver fs. 72 vto.). En atención a la excepcional situación que debió enfrentar la víctima, el monto reclamado se considera más que razonable. Como se señaló reiteradamente, el Sr. L.L. permaneció durante más de 120 días en cuidados intensivos, intubado y fue sometido a múltiples curaciones (algunas de infecciones intrahospitalarias). Va de suyo que los padecimientos experimentados por la víctima fueron de una severa entidad, lo que justifica un resarcimiento acorde. Por lo tanto, votamos por hacer lugar al reclamo del rubro daño moral premuerte. Corresponde, por ende, ampliar la condena al Sr. S.S., quien deberá resarcir a los reclamantes también por dicho rubro, correspondiendo $300.000 (pesos uruguayos trescientos mil) para la viuda y $150.000 (para cada uno de los hijos), debidamente reajustados y con más el interés legal. Ahora bien, las Ministras discordes no coincidimos en cuanto al dies a quo del cómputo de los intereses. A criterio de la Doctora Bernadette Minvielle los intereses deben correr desde su exigibilidad, que está dada por la fecha del fallecimiento de la víctima. En este caso, la exigibilidad del derecho a la reparación del rubro daño moral experimentado por la víctima (que se transmite iure hereditatis ), se produjo para los reclamantes con el fallecimiento de su familiar. En la medida que los intereses cumplen la función reparadora por la indisponibilidad del capital, es desde la fecha de la exigibilidad de la reparación que deben computarse (Cfme. Sentencia del TAC 7º Nº 92/2015 , Caso Nº 683, publicada en R.D.J.D.C., Año IV, T. IV (2016), págs. 678/679; en igual sentido ver la Sentencia del TAC 1º Nº 64/2017 ). Para la Doctora Elena Martínez, en cambio, los intereses legales se computan desde la fecha de la demanda (cfm. discordia conjunta extendida con el Doctor Felipe Hounie a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia nº 9/2016 y sentencia nº 214/2014 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno, entre otras).