Sentencia Definitiva N° 1.036/2019

Montevideo, ocho de abril de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “CAZABÁN HERNÁNDEZ, VERÓNICA ISABEL C/ INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE SALTO – ACCIÓN DE NULIDAD – EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ART. 1 DEL DECRETO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE SALTO Nº 6818/2015 Y ARTS. 4 LITERAL G E INCISO FINAL, 5 Y 7 DE LA LEY Nº 16.127”, IUE: 1-26/2018. RESULTANDO : I.- En el marco del proceso contencioso anulatorio seguido ante el T.C.A., la Sra. Verónica Isabel Cazabán Hernández planteó, por vía de excepción, la declaración de inconstitucionalidad de las siguientes disposiciones normativas: a) art. 1º del Decreto de la Junta Departamental de Salto No. 6818/2015 y; b) arts. 4 literal g inc. final; 5 y 7 de la Ley No. 16.127 (fs. 488 y ss.). Sostuvo la excepcionante que: a) El art. 1º del Decreto de la Junta Departamental de Salto No. 6818/2015 (en adelante también: la norma departamental impugnada), colide con los arts. 7 y 72 de la Constitución de la República, porque afecta el derecho a la seguridad jurídica. Añadió que el precepto impugnado se presenta como una disposición con valor y fuerza de ley interpretativa de otra, de idéntica jerarquía. Sin embargo, ni es interpretativa ni fue sancionada por razones de interés general. No se daban los presupuestos para la sanción de una norma interpretativa, por lo que el único propósito de su sanción fue modificar retroactivamente la disposición interpretada. Indicó que rebasa el contenido o la materia del precepto que pretende interpretar. El decreto departamental impugnado se trata de una disposición innovativa y no interpretativa del art. 18 del Decreto de la Junta Departamental No. 6.500/2011. b) Adujo que al momento de ser cesada, se encontraba amparada por la estabilidad prevista por el art. 18 del Decreto No. 6500/2011. Dicho precepto consagraba la estabilidad relativa para los funcionarios que, habiendo ingresado por contrato con anterioridad al 1º de enero de 2011, cumplieran un año en la función. Superado dicho período de provisoriato, podían ser cesados únicamente mediante sumario, con las garantías del debido proceso y por resolución fundada del Sr. Intendente. Expresó que se encuentra en dicha situación, porque ingresó antes del 1º de enero de 2011 y estuvo más de un año en el desempeño del cargo. Tenía un grado de estabilidad que fue desconocido por la resolución del Intendente, en consecuencia, resulta afectada por la aplicación retroactiva del precepto interpretativo impugnado. Lo que ocurre con el precepto cuya constitucionalidad es cuestionada es que limita, con efecto retroactivo, el elenco de los funcionarios beneficiados por la referida estabilidad relativa mencionada previamente. La acota únicamente a quienes ingresaron por concurso o sorteo, mientras que el decreto departamental interpretado no hacía ese distingo, comprendiendo a todos quienes fueron contratados con anterioridad al 1º de enero de 2011, sin excepción. Proclama interpretar el Decreto No. 6.500/2011 y, bajo ese expediente, lo circunscribe a aquellos funcionarios que ingresaron por concurso o sorteo. Esto es: a una sola de las tres categorías contempladas en el decreto interpretado, dejando fuera a aquellos funcionarios que ingresaron por contrato antes el 1º de enero de 2011. La disposición cuestionada es innovativa y, como tal, no puede aplicarse retroactivamente. No fue dictada por razones de interés general ni con la finalidad de interpretar el art. 18 del Decreto No. 6.500/2011 sino, por el contrario, con el único propósito de suprimir los derechos adquiridos al amparo del Decreto No. 6.500/2011 de algunos funcionarios municipales (como es su caso). La aplicación retroactiva del art. 1º del Decreto No. 6.818/2015 vulnera la seguridad jurídica reconocida en la Constitución de la República. c) Sobre los preceptos de la Ley No. 16.127 cuya constitucionalidad cuestiona, afirmó que son inconstitucionales por violentar los artículos 62 inciso 1º, 64, 262 inciso 1º, 273 num. 7º y 275 num. 5º de la Carta. Puntualizó que el artículo 64 de la Constitución resulta violentado, porque la Ley No. 16.127 no fue aprobada por la mayoría requerida, de dos tercios de votos del total de componentes de cada cámara. Y, aunque se hubiera cumplido ese aspecto formal, dicho artículo resulta igualmente vulnerado. Los arts. 4 literal g) y 5 de la Ley No. 16.127, en la medida que establecen condiciones de ingreso para los funcionarios municipales coliden con los arts. 62, 262, 273 num. 7 y 275 num. 5 de la Constitución de la República. Además, el art. 4º literal g) comete a la Oficina Nacional del Servicio Civil la actuación preceptiva, lo que contraría lo dispuesto en el art. 60 de la Constitución, que circunscribe la actuación de dicha oficina a la Administración Central, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados. En su conjunto, los artículos de la Ley No. 16.127 vulneran la autonomía departamental. La designación y destitución de los funcionarios municipales es competencia de las autoridades departamentales y, esa competencia, no puede ser alterada por ley nacional. d) En definitiva, solicitó a la Corporación que declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad a su respecto de los arts. 4 literal g) inciso final, 5 y 7 de la Ley No. 16.127, y del art. 1 del Decreto No. 6818/2015 dictado por la Junta Departamental de Salto. En ambos casos, solicitó que la declaración de inconstitucionalidad se retrotraiga a la fecha de la entrada en vigencia de las disposiciones atacadas. II.- Por Providencia No. 2280/2018, de fecha 18 de abril de 2018 (fs. 518-519), el T.C.A. dispuso la suspensión de las actuaciones y la remisión de los autos ante la Corporación. III.- Recibidos los autos por la Corporación el día 15 de mayo de 2018 (fs. 523), por Auto No. 1.276/2018, de fecha 23 de mayo de 2018 (fs. 525), confirió traslado a la demandada por el término de 10 días y dio vista al Sr. Fiscal de Corte por el término de 20 días (art. 516.1 del C.G.P.). IV.- A fs. 535-557 vto. evacuó el traslado la demandada, quien abogó por la desestimatoria de la excepción planteada. V.- El Sr. Fiscal de Corte, por las razones que expuso en el Dictamen No. 594/2018, de fecha 24 de julio de 2018, consideró que corresponde desestimar el excepcionamiento planteado (fs. 561-563). VI.- Luego de los trámites de estilo, por Providencia No. 3731/2018, de fecha 21 de diciembre de 2018, se dispuso el pasaje de los autos a estudio para sentencia (fs. 646), al término del cual se acordó el presente pronunciamiento en forma legal y oportuna. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes, desestimará la solicitud de inconstitucionalidad impetrada, con costas de precepto. II) El caso de autos : La excepcionante, Verónica Isabel Cazabán Hernández, es una profesional universitaria que ingresó a la Intendencia de Salto el 1º de setiembre de 2010. Su ingreso se produjo por decisión directa del Sr. Intendente Sr. Germán Coutinho. El vínculo se formalizó inicialmente mediante un contrato de arrendamiento de servicios. Posteriormente, Cazabán otorgó diversos contratos de trabajo con plazo con la Intendencia (fs. 738-761 de los antecedentes administrativos). Durante los últimos días de gestión del Intendente Germán Coutinho fue contratada sin plazo, al igual que un numeroso grupo de funcionarios. La contratación se materializó por medio de la resolución del referido jerarca No. 109/2014, del 30 de junio de 2014 (fs. 45-55 de los antecedentes administrativos). Días más tarde, el reciente electo Intendente de Salto Dr. Andrés Lima (comicios de mayo de 2015) creó una Comisión Especial durante los primeros días de su gestión. El cometido de dicha Comisión Especial, era la de informar sobre la situación funcional de distintos dependientes de la Administración. El grupo de trabajo fue creado en el marco de una dificilísima coyuntura económico-financiera que, por entonces, atravesaba la Intendencia Departamental de Salto. A la luz de las conclusiones de la Comisión Especial, el Intendente dictó dos resoluciones administrativas; a saber: i) La Resolución No. 178/2015, del 10 de agosto de 2015, por la que dispuso la suspensión del vínculo funcional de un grupo de funcionarios (entre ellos de la excepcionante) en el entendido de que se trataba de funcionarios que no gozaban de estabilidad laboral (ver resolución a fs. 1 del principal). ii) La Resolución No. 199/2015, del 21 de setiembre de 2015, por la que se decidió el cese de un conjunto de funcionarios (entre ellos de la excepcionante) que habían ingresado por designación directa. En lo medular de su fundamentación, la resolución se basó en que el ingreso por designación directa: “... de manera alguna otorga el derecho estatuido por las normas mencionadas, sea cual fuere el nombre dado a esta vinculación. De la misma forma que el Intendente está constitucional y legalmente habilitado, por su exclusiva voluntad, a efectuar designaciones directas, no se requiere otro formalismo que el dictado de una resolución contraria o decretar el cese del funcionario así ingresado. El punto medular es la forma de ingreso, con independencia de la denominación contractual que cada Intendente le otorgue, si es contraria a lo establecido en el Estatuto es notoriamente ilegal. La mayoría de los funcionarios ingresados por designación directa en el anterior período de gobierno, originariamente fueron contratados con plazo o por zafra, pero luego se redactó y suscribió un nuevo contrato que les pretendió dar una categoría estatutaria a la que no tenían derecho por su forma de ingreso a la Administración ” (ver Considerando XIV de la resolución a fs. 5). Sobre la base de que la excepcionante y otros funcionarios, por su forma de ingreso a la Administración carecían de estabilidad en el cargo, el Sr. Intendente cesó sus vínculos funcionales. Contra estas resoluciones, la aquí excepcionante Verónica Isabel Cazabán, interpuso el correspondiente recurso administrativo de reposición y, posteriormente, demandó su declaración de nulidad ante el T.C.A. III) Sobre la pretensión de declaración de inconstitucionalidad de los arts. 4 literal g) inc. final; 5 y 7 de la Ley No. 16.127. La defensa de la Intendencia Departamental de Salto en su contestación al excepcionamiento, manifestó que la ley impugnada no fue invocada en ningún acto o procedimiento vinculado al cese de la Sra. Cazabán, ni en la defensa en el proceso contencioso de anulación de los referidos actos, lo cual, a su juicio, determinaría la ausencia de legitimación de la excepcionante (fs. 552 vto.). A criterio del Cuerpo, no le asiste razón en su planteo, por cuanto considera que resulta irrelevante que la disposición impugnada no haya sido invocada en las actuaciones administrativas que culminaron en el cese de la actora o en las resoluciones que dispusieron tal cese. La ausencia de invocación de la norma tachada por inconstitucionalidad en el proceso en el cual se plantea una excepción de inconstitucionalidad no determina, per se , la ausencia de legitimación de quien promueve tal vía del proceso de inconstitucionalidad. En tal sentido, la Corte ha sostenido reiteradamente que: “Lo relevante a efectos de determinar la legitimación es si la ley que se considera inconstitucional es o no aplicable al caso concreto. Ahora bien: en qué circunstancias una ley debe aplicarse no depende, de regla, de la voluntad de sus destinatarios, si no de que éstos se encuentren en el supuesto de hecho previsto por la regla legal de que se trate. Por ello, mal podría la Corte considerar que la mera afirmación de la parte tiene la virtualidad de hacer inaplicable una ley. Si una parte comparece ante la Suprema Corte solicitando la declaración de inconstitucionalidad de una ley, es porque considera que esa ley puede serle aplicada y tiene interés en impedir esa aplicación, independientemente de que considere que no correspondería su aplicación (cuestión que puede resistir mediante los recursos correspondientes y que, en todo caso, será objeto de contralor por los órganos de mérito). Señalan los Sres. Ministros que, al presentarse una solicitud de declaración de inconstitucionalidad, la Corte, actuando como Tribunal Constitucional, tiene el poder-deber de determinar si efectivamente la ley cuya declaración de inconstitucionalidad se pretende es o no aplicable al caso planteado y tal extremo de regla no depende de la voluntad del sujeto involucrado, sino de la voluntad del legislador” (Sentencias Nos. 651/2017, 835/2017, 1173/2017, 1733/2017, 1793/2017, 1916/2017, 1641/2018). Sin perjuicio de lo anterior, igualmente, a juicio de la Suprema Corte de Justicia, la excepcionante en el punto carece de legitimación activa, esto es, no es titular de un interés que pueda calificarse como directo, personal y legítimo. En efecto, la Sra. Cazabán afirmó, únicamente, que las disposiciones legales cuestionadas son inconstitucionales por violar la autonomía departamental y haber sido aprobadas sin la mayoría constitucionalmente requerida. En cuanto al primer punto, ese planteo de la demanda de inconstitucionalidad, en todo caso, afectaría el interés de los titulares de esa autonomía departamental o de aquel sujeto de derecho que viera su situación jurídica afectada por esas disposiciones, supuestos en los cuales no está comprendida la Sra. Cazabán, ya que ella no es titular de la autonomía departamental salteña ni se vio regulada su situación jurídica. En cuanto al segundo aspecto, esto es, en lo que respecta a la alegada ausencia de la mayoría constitucionalmente requeridas a los efectos de la aprobación de la Ley impugnada, en el caso, a juicio del Cuerpo, la excepcionante no alegó ni acreditó en lo más mínimo que la citada disposición le sea aplicable, lo cual sella, sin más, la suerte del excepcionamiento. En consecuencia, lo que determina la ausencia de legitimación de Verónica Cazabán para pretender la declaración de inconstitucionalidad de estas disposiciones legales, es la falta de un interés que tenga la nota de “personal” y “directo”. Basta este extremo para demostrar que no se encuentra en la situación jurídica subjetiva que le legitime a solicitar la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones normativas cuestionadas (arts. 258 de la Constitución de la República inc. primero y 509 num. 1º del C.G.P.). IV) Sobre la regularidad constitucional del art. 1º del Decreto de la Junta Departamental de Salto No. 6818/2015 del 11 de junio de 2015. Esta disposición, cuya constitucionalidad se cuestionada, establece: “ Declárese con carácter de decreto interpretativo del Art. 18 del Decreto No. 6.500/2011 de 16 de mayo de 2011, que el mismo se aplica exclusivamente a los funcionarios que hubieran ingresado o ingresaren por concurso o sorteo público, de acuerdo a las normas del Estatuto del Funcionario, artículos 20, 21 y concordantes, en la redacción dada por el Decreto No. 3.438/1955 y Decreto No. 3.714/1957. El funcionario contratado, permanente, zafral o con plazo determinado, que no haya ingresado por el procedimiento establecido en dichas normas, no goza de estabilidad laboral, y podrá ser cesado en cualquier momento por resolución del Sr. Intendente ” (ver fs. 609). Corresponde transcribir también la disposición que el precepto impugnado interpreta. El art. 18 del Decreto No. 6.500/2011 de fecha 16 de mayo de 2011, establece: “ Modificase el artículo 23 del Decreto Nº 5629/86, él que quedará redactado de la siguiente manera: ‘Art. 23 – Los ingresos efectuados de acuerdo al Estatuto del Funcionario se considerarán provisionales por el término de un año desde la fecha de la designación. Si dentro de ese plazo no se adoptare resolución en contrario, el nombramiento se considerará definitivo, sin necesidad de nueva resolución del Intendente. Toda designación que pase a ser definitiva supone el derecho a estabilidad laboral, por lo cual el funcionario estará sujeto a las disposiciones disciplinarias vigentes en la materia, pero su cese solo podrá disponerse por resolución fundada del Intendente, previo sumario con las garantías del debido proceso (Artículo 66 de la Constitución de la República). Lo dispuesto precedentemente se aplica a todos los funcionarios que ingresaron a la Administración Departamental con anterioridad al 1º de enero de 2011; todo lo cual quien no haya cumplido el año en la función adquirirán estabilidad laboral cuando se cumpla dicho requisito temporal. La presente norma no se aplica a los funcionarios zafrales ni a lo que hayan sido contratados por un plazo determinado. En ese último caso y si no se dictare resolución en contrario una vez finalizado el contrato, el plazo del provisoriato de un año se contará a partir del vencimiento de cada contrato. Los funcionarios presupuestados gozarán de la estabilidad laboral dispuesta por el art. 275 (numeral 5) y 66 de la Constitución de la República’ ”. V) Por las razones que se expondrán seguidamente, a juicio de la Corporación, la excepcionante carece de legitimación activa para plantear la pretensión de inconstitucionalidad que ha introducido por vía de excepción, porque no se encontraba comprendida dentro del ámbito de referencia subjetivo del precepto interpretado. Al fundamentar su legitimación activa, la Sra. Cazabán planteó que al amparo de lo establecido en el art. 18 del Decreto No. 6.500/2011 del 16 de mayo de 2011, adquirió una estabilidad relativa en su cargo. Por lo tanto, solamente podía ser destituida previo sumario, con las garantías del debido proceso y por resolución fundada del Sr. Intendente. Adujo que estaba comprendida en el presupuesto de hecho de dicha disposición, porque ingresó a la Administración con anterioridad al 1º de enero de 2011 y cumplió el año de provisoriato previsto. De resultas, concluyó que había adquirido la estabilidad relativa mencionada. Se agravió porque la disposición impugnada por inconstitucional, al limitar el elenco de los funcionarios beneficiados por dicha estabilidad relativa a aquellos que hubiesen ingresado por concurso o sorteo público, resulta contraria a la Carta al arrebatarle, retroactivamente, un derecho adquirido y violentar, en definitiva, su derecho a la seguridad jurídica. Como se adelantó, en opinión de la Suprema Corte de Justicia, contrariamente a lo que postula en su acto de proposición, la excepcionante no se encuentra comprendida en el presupuesto de hecho del precepto departamental interpretado. Por lo tanto, cae por la base la premisa de su razonamiento, porque nunca adquirió la estabilidad relativa que, según adujo, la disposición normativa impugnada por inconstitucional le arrebató. En efecto, el art. 18 del Decreto Departamental No. 6.500/2011, del 16 de mayo de 2011, establece que los ingresos efectuados de acuerdo al Estatuto del Funcionario se considerarán provisionales por el término de un año desde la fecha de la designación. Si dentro de ese plazo no se adoptare resolución en contrario, el nombramiento se considerará definitivo y el funcionario únicamente podrá ser cesado por resolución fundada del Intendente, previo sumario con las garantías del debido proceso. El punto fundamental en el que corresponde detenerse, es en el concepto de: “inglesos efectuados de acuerdo al Estatuto del Funcionario” . Conforme a las disposiciones estatutarias, los ingresos al escalafón profesional (tal es el caso de Cazabán) únicamente pueden realizarse por concurso. Según lo que prevén los arts. 18, 19 y 20 del Estatuto del Funcionario de Salto, la forma de ingreso al escalafón profesional es el concurso. El art. 20 inc. 2º del Estatuto establece: “ La designación del personal Profesional y Técnico deberá hacerlo la Administración mediante concursos de oposición y méritos, u oposición y méritos libre o restringidos, entre aquellos que ya tengan el carácter de funcionarios municipales o cuando no existieran estos, entre profesionales y técnicos ajenos a la Administración municipal ” (fs. 39 de los antecedentes administrativos). Como se advierte, los funcionarios que adquieren el derecho a la estabilidad relativa superado el año de provisoriato, son aquellos que hayan ingresado de acuerdo al Estatuto. Y, tratándose del escalafón profesional, si el ingreso no se produjo por concurso, resulta forzoso concluir que no fue realizado conforme al Estatuto del Funcionario de Salto. La excepcionante no ignora esta dificultad; pero pretende superarla haciendo caudal del tercer inciso del precepto interpretado que establece: “ Lo dispuesto precedentemente se aplica a todos los funcionarios que ingresaron a la Administración Departamental con anterioridad al 1º de enero de 2011; todo lo cual quien no haya cumplido el año en la función adquirirán estabilidad laboral cuando se cumpla dicho requisito temporal ”. En base a una lectura aislada de este sector del artículo, considera que también adquirió el derecho a la estabilidad relativa porque, pese a que no ingresó por concurso conforme al Estatuto del Funcionario de Salto, su ingreso se produjo con anterioridad al 1º de enero de 2011. Ahora bien, este inciso del artículo no puede leerse aisladamente. La excepcionante concluye, en base a una lectura aislada de la norma, que un ingreso directo como el suyo, como se verificó antes del 1º de enero de 2011, está igualmente alcanzado por el beneficio de la estabilidad relativa por haber superado el año de duración. Empero, parece claro que el sentido de dicha regulación no fue la de eliminar el requisito del ingreso conforme al Estatuto del Funcionario de Salto, para aquellos funcionarios cuyo ingreso se verificó antes del 1º de enero de 2011. VI) A juicio de la Corporación, la lectura contextual del texto indica que la referencia del artículo a los ingresos anteriores al 1º de enero de 2011, fue hecha para aclarar la situación de aquellos funcionarios que, habiendo ingresado conforme a los requisitos estatutarios, al momento de entrada en vigencia de la norma no habían cumplido aún el año de provisoriato. El sentido de la disposición es interpretar que aquellos que (habiendo ingresado conforme al Estatuto) aún no habían cumplido un año, adquirirían la estabilidad relativa cuando ese plazo de provisoriato se cumpliera. Como bien lo señala el Dr. Martín Risso Ferrand en la consulta que obra agregada a fs. 450-464, los funcionarios como la excepcionante, que no ingresaron “de acuerdo al Estatuto” no están comprendidos en el precepto que consagra el derecho a la estabilidad relativa (art. 23 del Decreto Departamental No. 5629/86, en la redacción dada por el art. 18 del Decreto Departamental No. 6.500/2011 del 16 de mayo de 2011). No puede ignorarse que las tendencias más avanzadas en materia de interpretación normativa, desaconsejan emplear la técnica utilizada por la excepcionante, para concluir que se encuentra situada en el presupuesto de hecho de la disposición interpretada. Siguiendo a Prieto Sanchís podemos aseverar que el intérprete (y en particular el intérprete judicial) no aplica nunca normas aisladas, sino más bien conjuntos normativos en los que se tienen en cuenta una pluralidad de normas y, en último término, el ordenamiento jurídico entero (Cf. PRIETO SANCHÍS, L.: “Apuntes de Teoría del Derecho” , Trotta, Madrid, 2007, pág. 258; véase también GUASTINI, R.: “Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del derecho” , Gedisa, Barcelona, 1999, pág. 227 y siguientes y HABA, E.: “El espejismo de la interpretación literal. Encrucijadas del lenguaje jurídico” , T. I, Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Vlamarán, San José de Costa Rica, 2003, págs. 200-201). Se plantea en este caso, como en tantos otros, la puja por una interpretación contextual, por sobre una interpretación literal (y aislada) de un inciso de una disposición normativa. Como señala Bardazano (reseñando la opinión de prestigiosos autores) una concepción contextualista de la interpretación, supone sostener que las expresiones lingüísticas carecen de significado literal establecido de conformidad con las reglas de la lengua y que, el significado, es en función del contexto en el que las expresiones son usadas, revitalizando con ello la dimensión pragmática del análisis lingüístico. Por oposición, una interpretación literal es aquella que repite o reproduce determinadas fórmulas verbales; que atiende al sentido de las expresiones independientemente del contexto (lingüístico o extralingüístico), excluyendo la dimensión pragmática del análisis; que atribuye a las palabras su sentido ordinario (no técnico); y, que lo asocia a una atribución prima facie de significado suficientemente claro y unívoco, lo cual se vincula con la interpretación tradicional que hace del brocardo latino in claris non fit interpretatio y a las distinciones entre textos claros y oscuros, casos fáciles y difíciles (Cf. BARDAZANO, G.: “Literalidad y decisión” , Carlos Álvarez, CSIC, Universidad de la República, Montevideo, 2009, pág. 52). Gerardo Caffera y Andrés Mariño por su parte, enseñan que la semiótica, que comenzó como el estudio de los signos (es decir de entidades con significación) pasó, con los modernos desarrollos, a centrarse en el estudio de los discursos. Es ahora el discurso, más que los signos el objeto de la disciplina. Así señalan que el discurso fue visto en un primer momento como mera secuencia de signos productora de significado, pero no mucho tiempo después tal visión fue abandonada, dejándose de lado la concepción del discurso como la sumatoria de signos comprobándose que lo que produce sentido no es tal unión de signos sino su funcionamiento textual o discursivo. El discurso pasa a ser el verdadero punto de partida y el signo se convierte en una disección casi arbitraria del mismo, no representativa de fenómeno real alguno. Esto tiene fuertes implicancias en la moderna interpretación de los materiales normativos, lo que constituye una tarea medular en la actividad de los juristas. Así, aparecen las preocupaciones por la coherencia del discurso jurídico. Que un texto sea coherente, implica en general que sus partes se encuentren ligadas o concretadas entre sí de modo de lograr un todo organizado. En esto es importante la tarea del intérprete que debe procurar respetar la cohesión del discurso, la coherencia del texto a interpretar, ello conlleva un proceso de “develación de la estructura profunda del discurso” . Ello es tarea de la dogmática como señalan los autores, o de la jurisprudencia como en este caso al aplicar las normas, guardar la coherencia del discurso normativo (Cf. CAFFERA, G. y MARIÑO, A.: “Elementos básicos de semiótica jurídica. Aplicación práctica a algunas cuestiones de Derecho Civil” Revista de la AEU, vol. 81, No 1 a 6, págs. 121 y 122; en el mismo sentido CAUMONT, A.: “Interpretación de los contratos: de la semiosis del signo a la semiosis del discurso” , Revista Crítica de Derecho Privado, No. 1-2004, pág. 65 y CÁRCOVA, C.: ¿Hay una traducción correcta de las normas? en AA. VV.: “Interpretación y argumentación jurídica. Problemas y perspectivas actuales” (Carlos Alarcón Cabrera y Rodolfo Luis Vigo: Coordinadores), Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política – Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, Marcial Pons, Buenos Aires – Madrid – Barcelona, 2011, págs. 155 y ss.). VII) Con tales entendimientos, parece claro que la excepcionante partió de una lectura aislada de la tercera oración del art. 18 del Decreto Departamental No. 6.500/2011, del 16 de mayo de 2011. Esa lectura aislada le hizo concluir, equivocadamente, que como su ingreso se produjo con anterioridad al 1º de enero de 2011, pese a que no se produjo con arreglo a las disposiciones estatutarias (o sea: por concurso), igualmente adquirió el derecho a la estabilidad relativa. Sobre esa premisa, impugna la disposición interpretativa del art. 18 del Decreto Departamental No. 6.500/2011, del 16 de mayo de 2011, por entender que le arrebata una estabilidad relativa que, como vimos, nunca adquirió. En otras palabras, la Sra. Cazabán nunca estuvo situada en el supuesto normativo del art. 18 del Decreto Departamental No. 6.500/2011, del 16 de mayo de 2011. Por tal motivo, el Decreto Departamental que lo interpretó le resulta indiferente. Su esfera jurídica no se vio lacerada. No le quitó ningún derecho porque no puede quitársele algo que nunca tuvo. En suma, a criterio de la Suprema Corte de Justicia, la excepcionante no es titular de ningún interés legítimo afectado por la disposición atacada, por lo que carece de legitimación activa para cuestionarla por inconstitucional (arts. 258 de la Constitución de la República inc. primero y 509 num. 1º del C.G.P.). VIII) La condena en costas resulta de precepto para la excepcionante en función del rechazo de su pretensión, y no existe mérito para imponer especial condenación en costos (art. 523 del C.G.P.). Por los diversos fundamentos expuestos y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, FALLA : DESESTÍMASE LA EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA. COSTAS A CARGO DE LA EXCEPCIONANTE. HONORARIOS FICTOS 20 BPC (ART. 71 LITERAL B DE LA LEY Nº 17.738). NOTIFÍQUESE Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVANSE.