Sentencia Definitiva N° 1.073/2019

Montevideo, ocho de abril de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “BRAUSE, ALBERTO Y OTROS C/ ESTADO PODER EJECUTIVO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS COBRO DE PESOS CASACIÓN”, IUE: 228010/2015, venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en mérito al recurso de casación interpuesto por la parte demandada. RESULTANDO : I) A fs. 5 comparecieron Alberto BRAUSE y otros (todos Ministros del Tribunal de Cuentas y Corte Electoral), a promover demanda de cobro de pesos por diferencia de salarios, contra el Ministerio de Economía y Finanzas. Los actores al amparo de lo establecido en el art. 64 de la Ley 18.719 que consagró la equiparación salarial de los Ministros de Estados con la dotación de los Senadores de la República, es que reclamaron el pago por las diferencias de haberes. Dicha norma, explicaron, les resulta aplicable en función de que de acuerdo al art. 19 de la Ley 15.767 y arts. 561 y 574 de la Ley 15.809, la remuneración de los Ministros de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas será igual a la percibida por los Ministros de Estado. Quiere decir que ese “enganche” o “anclaje” para el cálculo de su salario con el percibido por los Ministros de Estado sigue la suerte de las variaciones que se verifiquen en torno a éstos. Adicionalmente, la Ley 18.738 y los arts. 15 y 16 de la Ley 18.996 pretendieron –sin éxito reducir el impacto del incremento retributivo y que éste no alcanzara a otros funcionarios cuya base de cálculo del salario estaba vinculado al que percibieran los Ministros de Estado. Los actores, a través de accionamientos por inconstitucionalidad (de acuerdo a los expedientes judiciales acordonados) obtuvieron, para el caso concreto, la declaración de inconstitucionalidad y consiguiente inaplicación de la Ley 18.738 y de los arts. 15 y 16 de la Ley 18.996. II) Por sentencia definitiva No. 391/2013 (fs. 537/545 del expediente IUE 129/2012), la Suprema Corte de Justicia, debidamente integrada, declaró inconstitucional los arts. 1 y 2 de la Ley 18.738 con efectos desde la interposición de la demanda (esto es el 27 de abril de 2012, fs. 42/62 vta.). III) Por sentencia definitiva No. 913/2014 (fs. 584/585 del expediente IUE 143/2014), la Suprema Corte de Justicia, debidamente integrada, declaró inconstitucional los arts. 15 y 16 de la Ley 18.996 con efectos desde la fecha de la demanda (esto es el 23 de mayo de 2014). IV) Por sentencia definitiva No. 10/2017 de fecha 23 de febrero de 2017 dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 4° Turno, hizo lugar a la demanda y, en consecuencia, condenó al EstadoPoder Ejecutivo al pago de las diferencias de remuneración generadas por la equiparación salarial establecida por el art. 64 de la Ley 18.719, más las actualizaciones e intereses legales hasta su efectivo pago (fs. 219/221). V) Apelada la sentencia por el demandado, en segunda instancia el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6° Turno, por sentencia definitiva DFA0006000046/2018 SEF0006000015/2018 de fecha 28 de febrero de 2018, confirmó la sentencia apelada (fs. 257/264). VI) Contra la sentencia de segunda instancia, la parte demandada interpuso el recurso de casación en estudio (fs. 270/276). Expresaron, en síntesis, los siguientes agravios: La sentencia de primera instancia le concedió a la parte actora un aumento salarial en contravención con lo dispuesto en el art. 64 de la Ley 18.719, ya que parte de una errónea interpretación del derecho. La norma referida establece en forma taxativa los únicos cargos que serán equiparados a la remuneración de un Senador, dentro de los cuales no se encuentran enunciados los cargos de Ministro del Tribunal de Cuentas, ni de la Corte Electoral. Asimismo, la impugnada estableció que “ estamos ante una cuestión de puro derecho, cual es el determinar la normativa aplicable a las remuneraciones de los pretensores ”, disponiendo que en el caso resultan aplicables el art. 19 de la Ley 15.767 y arts. 561 y 574 de la Ley 15.809: “ aplicándose subsecuentemente el enganche dispuesto por el art. 64 de la Ley Nº 18.719 ”. En tal sentido, existe una errónea interpretación del Derecho, en tanto dentro de los cargos excluidos del art. 9 de la Ley 15.809 y, por ende, equiparados a la remuneración de un Senador, no se encuentran mencionados en forma expresa los cargos de los actores. Si bien es cierto que el art. 64 de la Ley 18.719 no derogó ni en forma expresa ni tácita lo dispuesto en los arts. 19 de la Ley 15.767, 561 y 574 de la Ley 15.809, el Poder Ejecutivo ha manifestado que la armonía de tales normas deben hacerse de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 3° del art. 64 de la Ley 18.719, sin que lo establecido en el primer inciso tenga relación con el salario de los actores. La historia fidedigna de la sanción de la norma resulta ampliamente ilustrativa para entender la voluntad del legislador en el caso. En tal sentido, el art. 64 citado no otorgó a los actores aumento salarial alguno, sino que éstos quedaron equiparados al sueldo de los Ministros de Estado a valores de enero de 2010, los que se deberían actualizar en la misma oportunidad y porcentaje en que se actualicen los salarios de la Administración Central. La impugnada no hizo referencia alguna a la voluntad del legislador, omitiendo directamente que en el caso existe una interpretación que también es acorde a derecho, aunque diferente a la adoptada por la Sala. Entonces, es dable preguntarse bajo qué criterio se adopta deliberadamente una interpretación sin consultar el espíritu del legislador, cuando existe más de una que resulta ajustada a derecho. No es posible argumentar que el tenor literal de la norma veda la posibilidad de recurrir a la intención del legislador, pues no se puede negar que estamos ante un asunto que admite más de una solución. El PE no ha hecho más que recurrir a la interpretación que de la norma en cuestión ha manifestado el propio legislador. Es por ello que resulta poco feliz la expresión de la impugnada al establecer que “ El Ministerio de Economía y Finanzas persiste en pretender desconocer las sentencias por las cuales la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional respecto de los accionantes las Leyes Nros. 18.738 que pretendió ‘interpretar’ los artículos 64 y 68 de la Ley Nº 18.719 y los artículos 14, 15 y 16 de la Ley Nº 18.996 ”. Nada más lejos. Tanto el PE como el PL han tomado en consideración las observaciones formales realizadas por el máximo órgano judicial. Precisamente, porque ante la disímil interpretación del art. 64 de la Ley 18.719 se sanciona la Ley 18.738 la que fuera declarada inconstitucional por la SCJ. Ante ello, los Poderes mencionados, respetando el fallo, procuran ajustar la legislación declarada inconstitucional a la sentencia respectiva mediante los arts. 14 a 16 de la Ley 18.996, respecto de la cual la Corte también la ha declarado inconstitucional para el caso de los reclamantes. Justamente, en virtud de las declaraciones de inconstitucionalidad mencionadas, es que el PE persiste en demostrar cuál fue el espíritu plasmado por el legislador al sancionarse el art. 64 de la Ley 18.719. Así las cosas, el agravio en resumen, radica en que la impugnada establece una interpretación de la disposición que se encuentra en clara contradicción con la interpretación auténtica manifestada por los Poderes, que actuando en representación del soberano, tuvieron iniciativa y que, por ese motivo, no pueden caber dudas, que sea la originaria. VII) Conferido traslado del recurso (fs. 286), fue evacuado por la parte demandada, la que abogó por el rechazo de los agravios articulados (fs. 288/293). VIII) El 15 de mayo de 2018 la causa fue elevada para ante la Suprema Corte de Justicia (fs. 294), la que fue recibida el 23 de mayo de 2018 (fs. 298). IX) Por providencia No. 1399 de 31 de mayo de 2018, se dispuso el pasaje a estudio y autos para sentencia (fs. 299 vta.). CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, debidamente integrada y por unanimidad, desestimará el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, en base a los fundamentos que se explicitarán a continuación. II) En su demanda (fs. 5/10) los actores, Ministros del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, solicitaron que el demandado les abone las diferencias salariales entre las remuneraciones que perciben actualmente y las remuneraciones que deberían percibir en aplicación del art. 64 de la Ley 18.719. Alegaron que dichas diferencias remuneratorias derivan del “enganche” salarial existente entre los Ministros del PE, los Senadores de la República y los reclamantes. Vale decir, atento a que la norma citada equiparó las remuneraciones de los Ministros del PE con la de los Senadores de la República, y siendo que las remuneraciones de los accionantes se encuentran equiparadas a las de tales Ministros, es que reclamaron el ajuste salarial referido, más la condena de futuro. En su contestación (fs. 25/41 vta.), el demandado trajo a colación además de la Ley 18.738, el art. 9 de la Ley 15.809 y arts. 14 a 16 de la Ley 18.996. En tal sentido, afirmó que el art. 64 de la Ley 18.719 dispuso un “desenganche” del cargo de los actores respecto de los Ministros de Estado, “desenganche” que fue interpretado por la derogada Ley 18.738 y la Ley 18.996 declaradas inconstitucionales, en el sentido de que dicha norma dispone un nuevo mecanismo para el cálculo de sus retribuciones, fijando como salario el sueldo del Ministro a enero de 2010, más los aumentos ordinarios pertinentes. III) La controversia suscitada es de pleno Derecho, en lo que se coincide con la recurrida (fs. 261). A efectos de una mejor comprensión de las normas involucradas en el caso en análisis, conviene historiar que: El art. 19 de la Ley 15.767 estableció respecto de las dotaciones de los actores que: “ Hasta tanto se establezcan en la ley de Presupuesto Nacional, fíjense las dotaciones mensuales de los siguientes cargos: b) Ministros del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral y Rector de la Universidad de la República, igual a la del cargo de Ministro Secretario de Estado ”. Asimismo, el art. 561 de la Ley 15.809, dispuso: “ Los Ministros del Tribunal de Cuentas tendrán una dotación mensual igual a la del cargo de Ministro de Estado ”. En el mismo sentido, el art. 574 de la referida Ley, lo estableció respecto a los Ministros de la Corte Electoral: “ Las retribuciones mensuales de los Ministros de la Corte Electoral serán iguales a las que perciben los Ministros de Estado, ajustándose simultáneamente con estos ”. Por su parte, el art. 64 de la Ley 18.719 (modificativo del art. 9 de la Ley 15.809), que es el que actualmente se aplica a los actores, en virtud de las declaraciones de inconstitucionalidad recaídas respecto de las Leyes 18.738 y 18.996, dispuso: “ Exclúyense de la nómina del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, modificativas y concordantes, los siguientes cargos, cuyas retribuciones se determinarán aplicando los porcentajes que se expresa sobre la retribución por todo concepto correspondiente al sueldo nominal de Senador de la República: Ministros 100% (cien por ciento), Secretario de Presidencia 100% (cien por ciento), Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 100% (cien por ciento), Subsecretario de Estado 85% (ochenta y cinco por ciento), Prosecretario de Presidencia 85% (ochenta y cinco por ciento), Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 85% (ochenta y cinco por ciento), Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil 85% (ochenta y cinco por ciento), Director General de Secretaría 70% (setenta por ciento), Director General de Secretaría de Apoyo a la Presidencia 70% (setenta por ciento), Subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil 70% (setenta por ciento), Director de unidad ejecutora 60% (sesenta por ciento), Director de Policía Nacional 60% (sesenta por ciento); pudiendo adicionar a las mismas exclusivamente los beneficios sociales. No regirá para estos cargos lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, en la redacción dada por el artículo 5º de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994 y el artículo 17 de la citada Ley Nº 16.170 . A efectos del cálculo de las retribuciones de los cargos que permanecen incluidos en el artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, modificativas y concordantes, así como del complemento de remuneración previsto en los artículos 8º y 9º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, la retribución del Subsecretario de Estado y la de los titulares de los cargos mencionados en los referidos artículos 8º y 9º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, es la correspondiente al 1º de enero de 2010, la que se actualizará en la oportunidad y sobre los mismos porcentajes en que se actualicen los sueldos de la Administración Central . Todo mecanismo de cálculo retributivo que refiera a los sueldos nominales de los cargos mencionados en el inciso primero del presente artículo, se realizará sobre el valor de aquéllos al 1º de enero de 2010, actualizado en la oportunidad y sobre los mismos porcentajes en que se actualicen los sueldos de la Administración Central . La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes a los efectos de atender las erogaciones resultantes del presente artículo ”. IV) Debe de verse que el recurrente busca convencer que los actores se encuentran incluidos dentro del universo regulado en el inc. 2° de la última norma mencionada. Por su parte, los actores señalaron que se encuentran dentro del ámbito subjetivo previsto en el inc. 1°. Ésta última ha sido la posición seguida en ambas sentencias de mérito. Pues bien, tal como ha señalado, con todo acierto, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7° Turno: “ Es necesario observar que el artículo 64 de la Ley No. 18.719 dispuso con carácter inclusivo a todos los ‘ Ministros ’ equiparando sus retribuciones en un 100 % (cien por ciento) a las de un Senador de la República. Sin distinguir si pertenecen o no a la órbita del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas o Corte Electoral, por tanto no podría distinguir el aplicadorintérprete realizando una suerte de ‘interpretación correctiva’ ” (Sentencia No. 76/2016). En tal sentido, los miembros del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, son tan “Ministros” o “Ministros de Estado” (en la terminología del art. 16 de la Ley 18.996) por lo menos concibiendo al Estado como persona jurídica mayor, como los Secretarios de Cartera del PE, sin perjuicio de sus respectivas competencias. Entonces, compartiendo el criterio postulado en ambas instancias de mérito, en virtud de las normas precitadas, no se suscitan dudas en cuanto a que la remuneración de los Ministros de los órganos a los que pertenecen los reclamantes, está equiparada en un 100% a la de un Ministro del PE, cuya retribución a su vez se equiparó por el art. 64 de la ley nro. 18.719 en un 100% al de un Senador de la República. Al respecto, no están en tela de juicio las facultades que tiene el PL para interpretar en forma auténtica las Leyes, con carácter general y obligatorio (arts. 85 num. 20 de la Constitución de la República y 12 del Código Civil). Dicha atribución no fue puesta en entredicho por la sentencia impugnada. Sin embargo, tal como lo reconoce el Ministerio demandado (fs. 37 in fine ), las Leyes Nos. 18.738 y 18.996, que tuvieron por finalidad aquella interpretación, fueron declaradas inconstitucionales. Tal circunstancia, implica, según el programa constitucional, la inaplicabilidad de las referidas normas a los actores (art. 258 de la Carta y art. 521 del C.G.P.). Para superar tal escollo, el órgano recurrente trae a colación la historia fidedigna que precedió la sanción del art. 64 de la Ley 18.719, buscando ilustrar acerca de su alcance. Dicha estrategia forense no puede recibirse. V) Los Sres. Ministros, Dres. Jorge CHEDIAK, Elena MARTÍNEZ, Beatriz VENTURINI y María Esther GRADÍN, consideran, en particular, que tal como releva la parte actora, el Ministerio impugnante acude al espíritu de la Ley, el que, a su criterio, estaría dado por la voz de un único legislador durante la discusión parlamentaria. La debilidad del planteo aparece de manifiesto, pues, de dicha coyuntura, surge que la intención o espíritu no resultan “claramente manifestados” en “la historia fidedigna de su sanción”, como reclama el art. 17 inc. 2 del Código Civil. Además, el criterio hermenéutico que debe aplicarse en el caso debe apuntar a desentrañar la voluntad objetiva de la Ley, el mandato concreto contenido en la norma y no la opinión que pudo haber llevado a cada legislador a emitir su voto. Por otra parte, no cabe ignorar por lo demás, que la norma que regula legalmente la materia (la citada supra) ubica los antecedentes legislativos lo que se denomina “la historia fidedigna de la sanción de la ley” en el tercer rango de los datos a tomar en cuenta para la tarea interpretativa, luego del elemento gramatical y de la intención o espíritu de la disposición interpretada manifestado en ella misma, esto es, abstracción hecha de la intención de los legisladores (Cf. Sentencia No. 1.003/1996 de la Corte). En la especie, como antes se indicara, los medios de hermenéutica prevalentes excluyen toda interpretación restrictiva del alcance del inc. 1° del art. 64 de la Ley 18.719. En segundo lugar, para acudir a la intención del legislador, previamente, debía haberse individualizado la oscuridad del tener literal de las normas, operación que no fue intentada por el demandado. V.I) Por su parte, la suscrita redactora, desde otra óptica de análisis considera que por efecto reflejo de las normas contenidas en los arts. 561 y 574 de la Ley 15.809, al incrementarse el salario de los Ministros de Estado por la equiparación dispuesta igualmente debía incrementarse el salario o retribución mensual de los Ministros del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral. El PL mediante la sanción de la Ley 18.738 pretendió neutralizar los efectos de la modificación normativa operada, con el dictado de una norma supuestamente interpretativa. El art. 1 de la Ley 18.738 procuró reducir el campo de aplicación del art. 64 de la Ley 18.719 y, con carácter eminentemente innovativo se quiso encorsetar a la nómina de cargos allí previstos la utilización del sueldo nominal de Senador de la República para el cálculo de remuneraciones. La Corte, en lo que refiere a este caso, declaró la inconstitucionalidad de esta ley interpretativa, justamente, por entender que la misma era innovativa y, por tanto, modificaba y derogaba una Ley de Presupuesto alterando las remuneraciones de los funcionarios públicos, en contravención de los arts. 86 y 214 de la Constitución de la República (ver in extenso el CONSIDERANDO III) de la Sentencia No. 391/2013). Luego, la Corte también declaró la inconstitucionalidad de los arts. 15 y 16 de la Ley 18.996 que derogaban el art. 64 de la Ley 18.719 y que, además, establecían que los cargos enumerados en el art. 16 eran los únicos cuyas retribuciones se determinarían aplicando los porcentajes referidos al sueldo nominal de Senador de la República. Dicho esto, es claro que el Poder Ejecutivo al recurrir en casación, bajo el expediente de cuestionar la interpretación jurídica que hizo la Sala acerca del alcance de las disposiciones legales, lo que pretende es soslayar las sentencias declarativas de inconstitucionalidad que benefician a los promotores . En efecto, la Ley 18.738 interpretó que el art. 64 de la Ley 18.719 no les aplicaba a los actores y, a su vez, derogó el art. 68 de esta última, pero fue declarada inaplicable al caso concreto. A lo expuesto, debe agregarse que la Ley 18.996 en sus arts. 15 y 16 supuso una nueva arremetida contra el art. 64 de la Ley 18.719 con análogo propósito de excluir a los actores del incremento salarial resultante por el juego de esa norma con los arts. 561 y 571 de la Ley 15.809, pero también fue declarada inconstitucional. Entonces, ahora en el juicio de cobro de pesos iniciado con posterioridad a los referidos pronunciamientos jurisdiccionales, no es posible que el Poder Ejecutivo desconozca el alcance de la cosa juzgada que se impone en cualquier procedimiento judicial . Vuelve, sin éxito, a pretenderse discutir acerca del alcance de la disposición legal del art. 64 de la Ley 18.719, lo que no resulta de recibo por las razones apuntadas. En adición a lo anterior, esta redactora comparte el enjundioso artículo de la Prof. BARDAZANO quien, en definitiva, derriba el argumento del demandado en punto a que la sentencia impugnada establece una interpretación de la disposición que se encuentra en clara contradicción con la interpretación auténtica manifestada por los Poderes, que actuando en representación del soberano, tuvieron iniciativa y que, por ese motivo, no pueden caber dudas, que sea la originaria. En efecto, la Prof. BARDAZANO señala en términos concluyentes que: “ Sin perjuicio de la falta de ajuste a las exigencias tanto de la concepción tradicional como de la concepción analítica de la interpretación auténtica, el contenido de la ley, y por tanto, el contenido del conflicto institucional generalizado, habilita a introducir algunas consideraciones que requieren poner en juego (tal vez con más claridad que en otras leyes interpretativas) la dimensión política del diferendo y su impacto institucional, teniendo en cuenta la relación entre los Poderes. En ese sentido, podría pensarse el desacuerdo acerca del alcance de la norma presupuestal y su forma de tramitación como un caso de judicialización de un conflicto entre el Judicial y los poderes políticos, que termina por invertir la función de la interpretación auténtica. Es decir: la interpretación legislativa, en tanto acto de autoridad, obliga con carácter general y la interpretación judicial obliga respecto de la causa en la que se realiza. En el caso estamos viendo, la interpretación auténtica pretende redireccionar (desactivando los aumentos salariales) el sentido que el Poder Judicial le atribuyó a las disposiciones presupuestales interpretadas; y la interpretación judicial de las disposiciones presupuestales que surge de las decisiones de la SCJ con distintas integraciones, apoyada por la inconstitucionalidad de la ley interpretativa... (...) Este último argumento es el que nos permite volver a conectar la caracterización de la interpretación auténtica como interpretación decisoria y en abstracto, que requiere como exigencia empírica que las prácticas interpretativas y de aplicación por los tribunales (interpretación en concreto) den cuenta de múltiples casos de atribución de sentidos divergentes a la disposición o ley interpretada por la disposición o ley posterior. En esa sola circunstancia, la sanción de leyes interpretativas implicaría interpretación auténtica genuina. De otro modo, se trataría de una injerencia indebida en el poder jurisdiccional por la vía de la sanción de legislación retroactiva para revocar decisiones judiciales específicas” (BARDAZANO, Gianella: “A propósito de la interpretación auténtica: algunas notas sobre sus funciones técnicas y políticas en el relacionamiento entre poderes ” en AA.VV., “Fuentes del Derecho Administrativo. Mirada actual desde la teoría y la práctica”, coordinadora: Cristina VÁZQUEZ, Instituto de Derecho AdministrativoFacultad de DerechoUniversidad de la República, FCU, Montevideo, 2018, págs. 446 y 448. V.II) En último término, una reflexión adicional me merece la posición de la mayoría en cuanto a las cánones de interpretación de los que hace caudal para fundar la desestimatoria del recurso. A mi juicio el Código Civil (arts. 17 y ss.) al hacer referencia a métodos de interpretación, en puridad, no consagra una regla de precedencia o prevalencia, porque no se establece consecuencia jurídica alguna ante su inobservancia ni se brindan soluciones en los textos normativos específicos a interpretar. Como señala GASCÓN ABELLÁN, los cánones de interpretación hacen referencia a los criterios con los que se formula una determinada interpretación (o más exactamente, un enunciado interpretativo). Son este sentido, directivas que expresan formas de llevar a cabo la actividad intepretativa. Ahora bien, con los cánones de interpretación no sólo se pretende formular una interpretación sino también justificarla. Cumplen, muy brevemente, una función no sólo heurística sino también justificatoria. Por eso, además de directivas que guían la actividad interpretativa, los cánones de interpretación expresan argumentos con los que justificar la interpretación (o el enunciado interpretativo) resultante. Aunque puedan configurarse como directivas sobre la interpretación, los cánones de interpretación no son reglas jurídicas sobre la interpretación, ni indican cómo hay que interpretar en cada caso. Son tan solo la expresión de modos de argumentar que se han decantado doctrinal y jurisprudencialmente a lo largo del tiempo y que se vinculan al postulado metodológico del legislador racional (Cf. GASCÓN ABELLÁN, Martha: “ Los argumentos de la interpretación ” en AA.VV., “Argumentación Jurídica”, coordinadora: M. GASCÓN ABELLÁN, Tirant lo blanch, Valencia, 2014, pág. 256). En segundo lugar, al señalar que lo que cabe es “ desentrañar la voluntad de la Ley ” no se hace otra cosa que adoptar la concepción cognitivista en materia de interpretación, tal como se conoce en la teoría general del Derecho. En tal sentido, siguiendo nuevamente a GASCÓN ABELLÁN, debe verse que en esta concepción, las normas tienen un significado propio u objetivo, previo por tanto a la interpretación, y la actividad interpretativa se concibe entonces como averiguación o conocimiento del significado propio de las normas (ob.cit., pág. 234). En efecto, en la tesis adoptada, se parte de la idea de que el intérprete en este caso el operador judicial lo que realiza es una labor indagatoria para escrudiñar sobre un concepto predefinido y oculto que debe “develarse”, lo que no puede compartirse. Por lo tanto, a criterio de la suscrita redactora los fundamentos para desestimar el recurso de casación son exclusivamente los explicitados en el CONSIDERANDO VI.I). VI) En definitiva, por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO Y, EN SU MÉRITO, CONFÍRMASE LA SENTENCIA IMPUGNADA. SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. A LOS EFECTOS FISCALES, FÍJANSE LOS HONORARIOS PROFESIONALES EN 30 BPC. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVANSE LOS AUTOS A LA SEDE DE ORIGEN CON LAS FORMALIDADES DE ESTILO.