Sentencia Definitiva N° 922/2019

Montevideo, primero de abril de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “ AA Y BB C/ CC Y DD - DIFAMACIÓN E INJURIAS - EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ART. 271 INC. 2 DEL C.P.P. Y CASACIÓN PENAL”, IUE: 523-77/2016 , venidos a conocimiento de esta Corporación en mérito al recurso de casación interpuesto por los acusadores privados contra la sentencia definitiva N° 122/2016, de fecha 29 de junio de 2016, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º Turno. RESULTANDO : I) Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia N° 65/2016 , de fecha 27 de abril de 2016, el titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 10° Turno, Dr. Marcelo SOUTO ETCHAMENDI, falló: “ Condénase a CC como autora penalmente responsable de un delito de difamación en reiteración real con un delito de injurias, a la pena de quince (15) meses de prisión, sin descuento de la preventiva sufrida por no corresponder. Debiendo asumir la publicación y difusión de la presente sentencia de condena en el semanario donde fue publicada la nota que diera origen a las presentes en las mismas condiciones sin comentario alguno, en un plazo de cinco días y poniendo de su cargo los gastos previstos en el literal E) artículo 105 del Código Penal. Absuélvase al acusado SDD , de la imputación delictual peticionada y en su mérito dispónese con respecto al mismo exclusivamente la clausura de estas actuaciones. Suspendiéndosele AA condicionalmente la ejecución de la pena de conformidad a lo establecido por el artículo 11 de la Ley N° 17.726 ( ... )” (fs. 297/325 vto.). II) Por Sentencia Definitiva de Segunda Instancia N° 122/2016 , de fecha 29 de junio de 2016, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1° Turno falló: “ Confírmase la recurrida, salvo en cuanto condenó a CC , a quien también se absuelve. Costas y costos por su orden (...)” (fs. 369/384 vto.). III) En tiempo y forma, los acusadores privados Sres. AA y BB opusieron excepción de inconstitucionalidad respecto del art. 271 inc. 2 del C.P.P., conjuntamente con el recurso de casación en examen (fs. 389/403). En lo que respecta estrictamente al recurso de casación, plantearon, en concreto, los siguientes cuestionamientos: Afirmaron que existe error en la calificación de la información difundida como de interés público. En este ámbito, los impug-nantes expresaron que resulta errónea la calificación jurídica de los hechos formulada por el T.A.P., no advirtiéndose la necesidad de la publicación, que sería requisito de la norma a efectos de servir como eximente de responsabilidad. Señalaron que no son funcionarios públicos, que la información publicada no salvaguarda un interés público, y que no existió voluntario involucramiento en cuestiones de interés público. La información difundida en la noticia cuestionada no tiene ninguna relevancia para la sociedad en su conjunto, ni resulta útil para formar opinión pública, ni tampoco contribuye al debate democrático de ideas (características y finalidades propias de la información de “interés público” según estándares internacionales). Adujeron que la Sra. CC persiguió un interés egoísta. El hecho de individualizar a los comparecientes con nombres y apellidos no tuvo otra intención más que provocar el desprecio social hacia ellos, adjudicándoles la autoría de un hecho de extrema gravedad. Consideraron que los problemas que la Sra. CC alegó tener con el accionar de las autoridades (demoras del Poder Judicial), no pueden extenderse a los insultos y la exposición de la vida privada. Finalmente, en su defensa, citaron sentencias, de fuente internacional (dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “ Mémoli vs. Argentina ”) y nacional (Sentencia Nº 113/2012 del T.A.P. 3º); asimismo, refirieron a lo expresado en el “Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008”. En segundo lugar, expresaron que ninguno de los comparecientes se puso voluntariamente en una situación sujeta al escrutinio público. Sostuvieron que la postura de la Sala implica entender que los hechos narrados por la Sra. CC fueron verdad, lo que viola el principio de inocencia. El Tribunal deja la situación en manos de la denunciada, lo que resulta preocupante. La autocolo-cación en dicha situación suele ser atribuida a sujetos que participan voluntariamente en contrataciones con el Estado, participan en las elecciones de cargos políticos, exponen públicamente datos de su vida privada, etc. En su caso, se trata de personas comunes, que no desempeñan ni detentan cargos públicos, y tampoco están relacionados de forma alguna con la función pública, ni directa ni indirectamente. En tercer lugar, señalaron que existe error en la aplicación del concepto de real malicia. A este respecto, anotaron que, en el supuesto que la S.C.J. entendiera que los datos expuestos en la noticia responden al concepto de interés público, la conducta de la Sra. CC ingresa holgadamente dentro del concepto de real malicia. Citaron la Sentencia de la S.C.J. N° 2.336/2010, luego de lo cual afirmaron que de los hechos que se tuvieron por probados en autos resulta que la intención de CC era perjudicar a los comparecientes, sin perjuicio de que se pudiera ubicar alguna otra intención. En cuarto término, afirmaron que existe error en la calificación de los hechos como verosímiles. Señalaron al respecto que la calificación de los hechos expuestos en la denuncia como verosímiles resulta vulneratoria del ordenamiento jurídico. La justicia aún no se ha pronunciado sobre la denuncia (falsa) presentada por la Sra. CC contra los comparecientes. El principio de inocencia impone calificar a los hechos denunciados por CC como falsos o no probados. Apuntaron que la Sala entiende que los hechos resultan verosímiles por el mero hecho de haber sido denunciados por la propia CC, soslayando que los comparecientes no han sido condenados, ni aún procesados, por delito alguno. La mera denuncia no puede tener trascendencia jurídica alguna para calificar un hecho como verosímil. En quinto lugar, denun-ciaron la vulneración del principio de inocencia y debido proceso, consagrados en los arts. 12 y 15 de la Constitución, por haberse entendido verosímiles los hechos denunciados por la Sra. CC. Anotaron al respecto que el Tribunal parte de la base de que las afirmaciones de la Sra. CC son veraces. Esto vulnera el principio de inocencia que ampara a los comparecientes. Si existiera verosimilitud en los hechos denunciados, los comparecientes hubieran sido procesados. La verosimilitud coincide con la semiplena prueba de los hechos, la existencia de elementos de convicción suficientes. No pueden derivarse conclusiones referidas a la verosimilitud del hecho de la mera circunstancia de que una denuncia aún no fue archivada. En sexto término, sostuvieron que existe error al tomar en consideración prueba ilícita (grabación recabada extrajudicialmente). Adujeron que resulta sorprendente que la Sala califique a los hechos a los que la publicación hizo referencia como verosímiles basándose en elementos que no pueden ser calificados como prueba, dada la ilicitud que los informa. Si bien la Sala expresa que “ Por ende no pudo escucharse y menos aún establecerse quiénes eran los autores de las mismas ”, igualmente, justifica la calificación de los hechos como verosímiles en base a una grabación que, como el mismo Tribunal reconoce, no se reprodujo en autos y, mucho menos, se le atribuyó autoría. Por último, afirmaron que la interpretación del Tribunal resulta abrogatoria del Derecho vigente. Sobre el punto, expresaron que la errónea interpretación del art. 336 propiciada por la Sala resulta ser abrogatoria de los delitos de difamación e injurias, que se encuentran consagrados en los artículos 333 y 334 del Código Penal. Concluyeron al respecto que ninguna recomendación de organismo internacional alguno puede ser base de la derogación de una norma legal. En definitiva, solicitaron que se tenga por interpuesta la excepción de inconstitucionalidad contra el art. 271 inc. 2° del C.P.P. y que se haga lugar al recurso de casación, condenándose a la Sra. CC de acuerdo a lo fallado en primera instancia, disponiéndose la publicación del fallo judicial en el mismo medio que se realizaron la difamación e injuria, con cargo de la denunciada. IV) Por Decreto N° 331/2016, de fecha 9 de agosto de 2016, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1° Turno resolvió elevar los autos a la Suprema Corte de Justicia (fs. 404), los que fueron recibidos por la Corporación el día 26 de agosto de 2016 (fs. 409). V) Previo trámite y resolución de la excepción de inconstitucionalidad relacionada (Sentencia N° 572/2017, de fecha 8 de mayo de 2017, obrante a fs. 440/446), por Decreto Nº 974/2017, de fecha 12 de junio de 2017, se ordenó dar ingreso al recurso de casación, a la par que se dispuso el traslado por el término legal (fs. 453). VI) Por Decreto Nº 1190/2017, de fecha 24 de julio de 2017, se confirió traslado al Sr. Fiscal Letrado Departamental de Maldonado de 3º Turno (fs. 462), quien no evacuó el traslado conferido ( vide : fs. 468/470). VII) Por Auto Nº 1577/2017, de fecha 4 de setiembre de 2017, se confirió vista al Sr. Fiscal de Corte (fs. 470), quien produjo su informe, aconsejando desestimar el recurso de casación interpuesto (fs. 472/483 vto.). VIII) Por Decreto Nº 1855/2017, de fecha 9 de octubre de 2017, se ordenó el pasaje a estudio de la presente causa (fs. 486). IX) Advertido que no se había conferido traslado del recurso de casación a la parte acusada, se revocó por contrario imperio lo dispuesto por Decreto Nº 1855/2017, y en su lugar se dispuso conferir traslado a los acusados Sra. CC y Sr. DD (Decreto Nº 148/2018, de fecha 19 de febrero de 2018, a fs. 496). X) Notificado el referido decreto a los acusados (fs. 498 y 500), y transcurrido el plazo del traslado sin que éstos lo hubieran evacuado, se ordenó por Auto Nº 595/2018, de fecha 2 de abril de 2018, que la causa volviera al giro para su estudio (fs. 502); al término del cual, se acordó emitir el presente pronunciamiento en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes, desestimará el recurso de casación interpuesto. II) Respecto a la legitimación activa de los acusadores privados II.I) En forma liminar, corresponde realizar algunas puntualizaciones en punto a la legitimación de los impugnantes, en su calidad de titulares de la acción penal privada, para plantear el recurso de casación en estudio. Dicha temática fue puesta en consideración por los recurrentes mediante la excepción de inconstitucionalidad acumulada en autos respecto del art. 271 inc. 2° del C.P.P. ( vide : fs. 389/391). En este sentido, tal como surge de la Sentencia Nº 572/2017, que corre a fs. 440/446, la Corte -en su anterior integración- desestimó la defensa relacionada, aunque en esa ocasión solo la Ministra Dra. MARTÍNEZ se pronunció sobre el mérito del debate (fs. 445 y vto.), y lo hizo en el entendido de que la situación jurídica de parte acusadora privada de los denunciantes los legitima para interponer todos los recursos previstos por la ley. En dicha oportunidad, señaló la referida Magistrada que corresponde atender a la “categoría” a la que pertenecen los Sres. AA y BB (“parte en sentido procesal”), más que a la concreta “cualidad” que revisten en el caso (“acusadores privados”). En contraste, el resto de los Sres. Ministros (Dres. CHEDIAK, TURELL, PÉREZ MANRIQUE y HOUNIE) no se pronunciaron sobre el mérito de la legitimación, pues entendieron que el planteo impugnativo había sido deducido en forma condicionada a una determinada interpretación del art. 271 inc. 2° del C.P.P., circunstancia que, a criterio de aquéllos, tornaba inadmisible la inconstitucionalidad denunciada. En este marco, corresponde ahora que los actuales integrantes de la Corporación analicen dicha temática. II.II) Y bien. Los Ministros Dres. CHEDIAK, TURELL, MINVIELLE y el redactor estiman que los recurrentes están legitimados para interponer el presente recurso de casación, en tanto tienen la calidad de parte en el proceso. Cabe revalidar, en tal sentido, la postura adoptada por la Corporación en Sentencia N° 1.195/2005, en la que se sostuviera: “ El art. 271 del CPP establece taxativamente quiénes pueden interponer el recurso de casación. A saber: el Ministerio Público, el Defensor del procesado o éste mismo con asistencia de otro Defensor. De manera que nuestra ley adjetiva otorga legitimación para recurrir en casación a las partes que intervienen en todo proceso penal, y en el caso del Ministerio Público, lo hace en tanto titular de la acción penal. Por ello, debe concluirse que cuando el art. 33 de la Ley 16.099 permite al denunciante constituirse en parte privada -sustituyendo al Ministerio Público en su función de acusador público, en el caso concreto- éste adquiere legitimación parar recurrir en casación, en mérito a la inequívoca inteligencia del art. 271 del CPP, que no es otra que revestirlo de la calidad de parte en el proceso penal ” (Cfme. Sentencia Nº 1.195/2005; véase también la Sentencia N° 348/2004). A lo dicho, cabe también agregar las razones expresadas por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3° Turno, que -en anterior integración- sostuvo: “ La noción de parte es procesal y lo que da tal condición es la respectiva posición en el proceso, independiente de la calidad del derecho o de la acción (cf. Dr. R. Harriague, Aspectos del proceso oral en el Dec. Ley N° 15.672, Ley de Prensa, Judicatura oct. 1986 – 17, págs. 20/21; Véscovi, Derecho Procesal Civil, Tomo II, págs. 148/152) . (...) el Tribunal procederá a transcribir parte de una decisión jurisprudencial prestigiosa, donde se exponen conceptos ente-ramente trasladables para dilucidar el punto cuestionado. En el caso N° 11.548, publicado en el Tomo CI de La Justicia Uruguaya, se señaló: ‘Entiende (la Sala) que en los juicios por delitos de comunicación configurativos de injuria o difamación cometidos por la prensa, el denunciante es una verdadera parte y no un mero titular de la instancia habilitante al ejercicio de la acción pública por parte del Fiscal en lo Penal. Ello, por los peculiares caracteres propios de los delitos contra el honor, cuya valoración pertenece al fuero subjetivo, exquisitamente personal, irreductible e intransferible del espíritu de cada individuo. Por eso, la ley reconoce al agraviado la excepcional potestad de ejercer por si mismo la defensa de su honor mediante la acción privada, toda vez que el representante natural de la sociedad, el Ministerio Público, considere que no ha mediado agravio que reparar’ . (...) Respecto de la legitimidad de la acción penal privada no pueden plantearse dudas que está expresamente prevista en el art. 22 de la Constitución. (...) En suma: el denunciante en los juicios por delito de comunicación, configurativos de injuria o difamación por la prensa es una verdadera parte, habilitada para interponer los recursos que le acuerda la ley ” (Cfme. Sentencia del T.A.P. 3° de fecha 17 de mayo de 1993, publicada en La Justicia Uruguaya , tomo CVIII, c. 12.498, pp. 204 y ss.). Ello, con la necesaria aclaración de que el acusador privado tiene la calidad de parte en este proceso, y por ende puede interponer los correspondientes recursos, en los supuestos en que el Ministerio Público pide el sobreseimiento y aquel se subroga al acusador público. Reconocida la legitimación con que cuentan los recurrentes en el casus , corresponde a continuación analizar el mérito de la impugnación. III) De los hechos que dan mérito a los delitos que se investigan y que sirvieron de base al Tribunal para disponer la absolución de la Sra. CC En este punto, la Sala en lo Penal consideró probados los siguientes hechos: “( ... ) el 21/1/2016, en el Semanario de Maldonado ‘Crónicas del Este’, Nº 22, se realizó una publicación (fs. 1/8 vto.), donde CC denunció que su ex pareja AA (un tapicero de la zona) y un empleado de éste, BB, habían planificado e intentado matarla a ella y a su hijo de 5 años. En la nota, cuyo titular -de gran destaque en primera plana- fue ‘¡HORROR! Mujer denuncia que su ex pareja mandó matarla a ella y a su hijito en común’ y, en la parte izquierda, debajo de la fotografía de la entrevistada, se expresó: ‘Una mujer en forma desesperada solicitó denunciar en Crónicas del Este un intento de homicidio que ya investiga la Justicia para sentirse segura. Aportó en estrados una grabación donde su ex pareja mandata a un empleado suyo a matarla conjuntamente con su hijo en común’; CC denunció -y ello fue recogido en la 3er. hoja- que el día 13/8/2015, minutos después de haber culminado una visita de su hijo con su padre biológico (AA), vivió momentos de ‘desesperación y pánico’, cuando los denunciantes, luego de planificarlo, trataron de atropellarlos, a ella y a la criatura, ‘de una manera cruel en la avenida...camino a casa’, salvándose ambos -dijo- simplemente por la casual incidencia del ‘tránsito y un auto que se interpuso’. Agregó que en ese instante lejos estaba de ‘imaginar que el plan y la orden era: ¡pasarnos por arriba, como si fuera un accidente y matarnos en lo posible!!’, y que ‘lo más triste y cruel de esa situación, es que el niño estaba al tanto, ya que fue programado en su presencia, sin un mínimo de consideración, solo tomando en cuenta cuando manifiesta la pregunta de a quién quieren matar, porque en primera instancia el blanco era yo, pero después este parásito se ve que tomó la decisión de matar dos pájaros de un solo tiro, para callar a un ángel...’. Hizo referencia -asimismo- a la existencia de una grabación que había tomado ese día, de la que surgiría la trama urdida por los denunciantes; para luego extenderse en las peripecias por las que tuvo que atravesar a partir de allí, durante sus sucesivas comparecencias ante la autoridad policial y judicial, dando cuenta del desgano y el destrato del que -dijo- fue objeto por parte de los agentes públicos, como por los denunciantes y sus familiares (quienes se burlaron de ella en la Sede Judicial); y la respuesta que a cinco meses de los hechos recibió su planteo (restricción de acercamiento). Durante la crónica, CC, quien al final fue contundente en asumir la responsabilidad por sus dichos y firmó, luego de brindar algunos detalles de la relación, calificó a su ex pareja de ‘parásito’ y ‘enfermo’ que hace ‘sinvergüenzadas’ ” (fs. 372/373). Cabe recordar que las expresiones de la Sra. CC, previamente transcriptas, fueron publicadas en el semanario “Crónicas del Este”, de Maldonado, cuyo director y redactor responsable es el Sr. DD. Los Sres. AA y BB -ahora recurrentes-, luego de que el Ministerio Público pidiera el sobreseimiento de los denunciados Sra. CC y Sr. DD, formularon acción penal contra éstos. En primera instancia, se condenó a la primera por un delito de difamación en reiteración real con un delito de injuria, absolviéndose al segundo acusado. En segunda instancia, se revocó la condena dispuesta en relación a la Sra. CC, a quien se absolvió, y se confirmó la absolución al Sr. DD. Los impugnantes dedujeron agravios exclusivamente en relación a la absolución de la Sra.CC, dispuesta en segunda instancia. Por lo cual, se encuentra firme la absolución del Sr. DD. En lo sucesivo, se analizarán los diversos agravios introducidos en la causa. IV) Respecto al alegado error en la calificación de los hechos como de interés público IV.I) Los impugnantes expresaron, en primer lugar, que resulta errónea la calificación jurídica de los hechos formulada por el T.A.P., al haberlos calificado como de interés público, verificándose así el requisito de la norma (art. 336 del Código Penal) a efectos de servir como eximente de responsabilidad. Señalaron que no son funcionarios públicos, que la información publicada no salvaguarda un interés público, y que no existió voluntario involucramiento en cuestiones de interés público; la información difundida en la noticia cuestionada no tiene ninguna relevancia para la sociedad en su conjunto, ni resulta útil para formar opinión pública, ni tampoco contribuye al debate democrático de ideas. Adujeron que la Sra. CC persiguió un interés egoísta; el hecho de individualizar a los comparecientes con nombres y ape-llidos no tuvo otra intención más que provocar el desprecio social hacia ellos, adjudicándoles la autoría de un hecho de extrema gravedad. Añadieron que los problemas que la Sra. CC alegó tener con el accionar de las autoridades (demoras del Poder Judicial), no pueden extenderse a los insultos y la exposición de la vida privada. IV.II) Pues bien, a criterio de la Corporación, no le asiste razón en su planteo. En lo inicial, corresponde rememorar que comete delito de difamación el que atri-buye a una persona un hecho determinado que, si fuere cierto, pudiera dar lugar a un procedimiento penal o disciplinario, o exponerla al odio o desprecio público, tal como resulta del texto claro del art. 333 del Código Penal. Por su parte, comete delito de injuria el que, fuera de los casos previstos en el art. 333, ofende de cualquier manera el honor, la rectitud o el decoro de una persona, según emerge de lo dispuesto en el art. 334 del mismo Código. Cuando los referidos delitos se cometen a través de un medio de comunicación, se configura un delito de comunicación, conforme a las hipótesis previstas en el art. 19 de la Ley de Prensa N° 16.099. Pero ello no altera en absoluto la estructura misma de los delitos, cuya acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad permanecen siendo los mismos que los previstos en las figuras de los arts. 333 y 334 del Código Penal. Por su parte, el art. 336 del mismo Código establece: “ Estará exento de responsabilidad el que: A) efectuare o difundiere cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público , referida tanto a funcionarios públicos como a personas que, por su profesión u oficio, tengan una exposición social de relevancia, o a toda persona que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público; (...)” (redacción dada por el art. 4° de la Ley 18.515; los subrayados no pertenecen al original). Fundándose en la citada causal de exención de responsabilidad, el Tribunal absolvió a la acusada Sra. CC, al haber considerado que el contenido de sus expresiones constituían un tema cuya divulgación resultaba de marcado interés para la comunidad, desde que, en el acierto o en el error, aquélla daba cuenta de un supuesto intento de homicidio del que habrían sido objeto ella y su menor hijo en la vía pública, así como del supuesto fracaso del Estado en abordar el caso y brindarles una protección adecuada (fs. 375 vto.). Puntualizó la Sala que “ Una cuestión de interés público o general no deja de serlo porque involucre a particulares y tenga ribetes escandalosos, en tanto, en definitiva, hasta cierto grado y de acuerdo con determinadas circunstancias, todos los ciudadanos pueden ser personas ‘públicas’ en ciertos temas. Cuando eso ocurre el público puede llegar a estar legítimamente interesado en que se ventilen ” (fs. 376 vto.). Los recurrentes discrepa-ron con dicha calificación de los hechos como de interés público, señalando que la información difundida en la noticia cuestionada no tiene ninguna relevancia para la sociedad en su conjunto. IV.III) El “interés público” suele ser considerado como un límite externo al derecho a la información. En este sentido, ha señalado BERDAGUER MOSCA: “ Uno de los criterios más difundidos para detectar la presencia de un abuso del derecho es, precisamente, el criterio de la finalidad social o motivo legítimo en el ejercicio. (...) Al respecto ha dicho la S.C.J. en la citada sentencia 253/99 que ‘la ubicación (del derecho a la información) como derecho preferente surge de la función que cumplen (los medios de comunicación) como contribuyentes a la formación y mantenimiento de una opinión pública libre’; pero aclara que ‘no tendrán tal situación de preferencia cuando no contribuyan a ese objetivo. Es decir, que la prevalencia deriva fundamentalmente del interés público que posea la manifestación realizada (...) ’. Dicha misión es lo que reporta la utilidad social que el derecho de información representa y constituye el alcance de la noción de interés público, tal como lo reconoce la Suprema Corte al decir que ‘esa misión pública se traduce en la importancia pública que tiene la información suministrada a través de la prensa para toda la comunidad social, en virtud del derecho a estar informado’ (...). El interés público funciona como un límite externo al derecho a la información, cuya valoración debe ser apreciada por el magistrado caso a caso, a fin de determinar si la información divulgada responde a la función social a la que sirve el derecho a la información ” (Cfme. BERDAGUER MOSCA, “Doctrina de la ‘real malicia’. En la Responsabilidad Civil de los medios de comunicación masiva”, en Revista Jurídica JUS , tercera época, año 2, N° 2, Comisión de Publicaciones del Centro de Estu-diantes de Derecho, FCU, Montevideo, pp. 75/76). Dentro de la categoría del “interés público”, corresponde incluir, en particular, todos los temas que son necesarios para el desarrollo de una sociedad civilizada, basada en intereses actuales, compartidos y coincidentes de un grupo mayoritario de individuos, que pueden reconocer en él su propio querer y su propia valoración (Cfme. DE CORES, Carlos Andrés y CAL, Juan Manuel, “El concepto de interés público y su incidencia en la contratación pública”, en Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo , Editorial UM, año VI, año 2007, Nº 11, pp. 131/133). En este ámbito, la Corte tiene admitido que lo decisivo para apreciar si realmente existe “interés público” en la información suministrada, es el hecho mismo objeto de la información y no la persona involucrada en la publicación. En tal sentido, ha expresado el Cuerpo que “(...) la noción de interés público debe estar basada en un criterio objetivo útil para la sociedad, por lo que quedan excluidos de ella todos los temas que no se ajusten a ese criterio objetivo, como vr. gr. la curiosidad malsana o morbosa que pueda tener el conocimiento de determinados hechos. Esto no es más que el reconocimiento de una misión pública a cumplir por parte de la prensa (según la denomina el catedrático de la Universidad de Bayreuth, Rudolf Streinz; Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Ed. 1998, Bs. As. pág. 497). Esa misión pública se traduce en la importancia que tiene la información suministrada a través de la prensa para toda la comunidad social, en virtud del derecho a estar informado ” (Cfme. Sentencia N° 13/2001, que remite a la Sentencia N° 253/1999). Hoy en día, decidir si una afirmación presuntamente difamatoria resulta penalmente inocua, no depende exclusivamente de la condición de la persona afectada, sino también y preponderantemente del asunto de que se trate. De ahí que si una cuestión es de “interés público” no puede repentinamente dejar de serlo simplemente porque un particular se vea envuelto en ella, o porque, de algún modo, esa persona no haya querido “voluntariamente” verse envuelta. Puede suceder que, en tales asuntos, el público esté primordialmente interesado en lo sucedido; por eso, la noticia va a estar protegida por el ordenamiento jurídico y, ergo, no podrá ser objeto de reproche penal. Para decirlo de otra manera: lo importante es que la información pueda afectar a intereses sociales, que pueda incidir en la formación de la opinión pública y que esté en unión con ella. Todo esto es lo que justifica su conocimiento, independientemente de que en la información esté involucrada una persona pública o privada (Cfme. Sentencia N° 253/1999 y Sentencia del T.A.P. 1° N° 342/2017; véase además: LANGÓN, Miguel, Curso de Derecho Penal y Procesal Penal , tomo IV, Parte Especial, Delitos contra la persona humana, Ediciones Del Foro, año 2002, p. 156). La misma línea se observa en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A este respecto, dan cuenta REVENGA SÁNCHEZ y VIANA GARCÉS: “ Cuando los órganos de derechos humanos del Sistema Interamericano aluden al interés público no lo hacen refiriéndose a la acepción histórica del concepto, que lo asimilaba a interés estatal y que, consecuentemente, lo entendía como una limitación a los derechos humanos. Dichos órganos lo entienden, en cambio, como el interés de la ciudadanía por tomar parte en el quehacer de los asuntos públicos. Esto implica, entre otros aspectos, el fomento del debate público, de la transparencia en la actividad de los organismos del Estado, del control por parte de la ciudadanía respecto de tal actividad y, en general, de la participación ciudadana ” (Cfme. REVENGA SÁNCHEZ, Miguel y VIANA GARCÉS, Andrée, Tendencias jurisprudenciales de la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos , Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, p. 253). En consonancia con estos conceptos, el TAP 1° recordó en la sentencia impugnada, citando a Franklin HAIMAN, en sabia y compartible reflexión, que: “ En el reino de los asuntos públicos, es mejor que se expresen las sospechas de un mal comportamiento a que se inhiban, aún si a la larga se demuestra que son falsas y entonces, presumiblemente, negadas. Es importante para un ciudadano, que sospecha que el tesorero de la ciudad está robando el dinero de quienes pagan los impuestos, hablar y decirlo. Parecería de igual importancia de que sospechas similares sean difundidas, ya sea que un comerciante esté estafando a sus clientes, que un mecánico de autos esté haciendo reparaciones inseguras, que un doctor esté recetando mal a sus pacientes o que un padre esté hostigando sexualmente a su hija ” (fs. 381 vto.). IV.IV) Sin perjuicio de lo expuesto, estima la Corte que, de un análisis contextual del art. 336 del Código Penal, emerge que la causal de exoneración de responsabilidad prevista en el literal A) exige la comprobación de la verosimilitud de la “manifestación sobre asuntos de interés público” que es objeto de publicación o difusión. De otro modo, se habilitaría bajo cualquier circunstancia la publicación de noticias sobre presuntas conductas cometidas por particulares que podrían llegar a configurar un delito, bajo el pretexto de que dichos comportamientos, si se comprobaran, serían susceptibles de afectar el interés público, aun cuando la imputación fuera indiscutiblemente falsa, o no tuviera el más mínimo grado de verosimilitud; lo que, ciertamente, no parece razonable admitir. En otros términos, la publicación o difusión de manifestaciones sobre asuntos de interés público está legitimada por nuestro sistema de derecho penal, pero siempre que se trate de información que posea visos de verosimilitud. En la especie, el requisito de la verosimilitud de la información ha sido analizado concretamente por parte de la Sala, la que luego de examinar el punto, concluyó que aquélla efectivamente se verificaba en el presente caso. A su vez, los recurrentes cuestionan la calificación como “verosímiles” de los hechos expuestos en la denuncia, aspecto que será analizado más adelante. IV.V) Sentado el marco conceptual, huelga determinar si las manifestaciones expresadas por la Sra. CC en el semanario “Crónicas del Este” pueden ser calificadas como de interés público. En lo que hace al punto, en base a los elementos coyunturales relacionados, entiende la Corporación que resulta por demás claro que las manifestaciones realizadas por la Sra. CC, más allá de que mayoritariamente refieran a hechos que involucran a particulares, fueron publicadas en virtud de que involucran un tema de relevancia pública incuestionable; por lo que, en dicho contexto, la conducta de la enjuiciada encarta en la exención absolutoria disciplinada en el art. 336 lit. A) del Código Penal, en la redacción dada por el art. 4º de la Ley 18.515, en tanto sus expresiones ingresan en el concepto de “ manifestación sobre asuntos de interés público ”. En efecto, el fenómeno de la “violencia doméstica”, en manos de parejas o ex parejas, configura una cuestión grave desde épocas muy remotas, habiendo adquirido en la actualidad una relevancia exponencial. Por lo tanto, cuando se informa que una madre y su pequeño hijo se encontrarían en condiciones de vulnerabilidad física, al punto tal que se habría aparentemente atentado contra su vida, el desconocimiento o no ponderación de la relevancia de tal situación importaría menoscabar, por un lado, al propio individuo, y por el otro, a la familia como base esencial de la comunidad. Evidentemente, por su carácter útil y necesario, tales hechos son calificables como “noticiables”, en el común sentir social; y no por el morbo simplista de escudriñar la vida privada de las personas, sino por la importancia única e irrepetible que cada individuo ocupa en una sociedad civilizada y republicana. Entonces, dentro del encuadre descrito, le asiste plena razón al Sr. Fiscal Adjunto de Corte, Dr. Ariel CANCELA, cuando sostiene en su fundado dictamen que “ Es indiscutible (...) la calificación del tema publicado como de interés público [pues] la violencia de género no puede interesar únicamente el ámbito privado, toda vez que afecta la salud física, psicológica y social de las víctimas, lo que además genera consecuencias en la sociedad entera. Por tanto, existe un amplio consenso en cuanto a la gravedad de este problema, y la necesidad de atención que el mismo reclama. Ello se encuentra recogido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, ratificados por nuestro país, relacionados con la violencia hacia las mujeres, niños, niñas y ado-lescentes: Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW (ratificada por la ley 15.164 de 1981); su protocolo facultativo en 2001 (ratificado por la Ley 17.338 de 2001); la Convención de Belém do Pará (ratificada por la Ley 16.735 de 1996); y la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por la Ley 16.137 de 1990). Además el país forma parte y ha incorporado a su legislación otros tratados y decla-raciones de derechos humanos, tales como: la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana de Derechos Humanos. Su difusión como asunto de interés público, coadyuva a la visibilización y prevención del problema ” (fs. 478 vto./479). Habrá de coincidirse, entonces, en que la temática relacionada abre un ancho camino para aceptarla como de “interés público”, porque además de una dimensión individual, tiene una incuestionable vocación social y colectiva. Es que en el ámbito del derecho de familia, los intereses públicos muchas veces se superponen a los de los particulares, puesto que entran en juego intereses que ya no son únicamente de resorte exclusivo del ámbito privado, de reserva e intimidad personal. En un enfoque básico, pero humanista y liberal, el “interés público” que gravita en la materia, consiste fundamentalmente en la perpetuación de la especie y de la sociedad. De ahí que la publicación de referencia puede catalogarse como útil para la preservación de algunos de los integrantes de la comunidad social -en la que todos estamos interesados-, tal como en confesa admisión fue lo que motivó a la Sra. CC a hacer pública la noticia objetada (fs. 380 vto.). En suma, configura un verdadero paradigma de nuestro sistema social que la protección de la familia es esencialmente de “interés público”, garantizada por nuestra Carta Política (arts. 42, 72 y 332), y que ha de derivar en soluciones de tutela igualitaria y democrática de los derechos y situaciones de aquellos que la integran. Esto significa que, en punto de la protección de las mujeres, niños y adolescentes, la ley ha preferido el “interés del Estado” sobre el interés de la tutela del bien jurídico honor, el interés de conocer por parte del público de determinada situación, aunque ello roce el honor, la rectitud o el decoro de un individuo (Cfme. MALET, Mariana, SALOM, Cecilia, PESCE, Eduardo y PETITO, José, Ley de Prensa , FCU, Montevideo, 2003, p. 277; en el mismo sentido: CATUCCI, Silvina G., Libertad de Prensa. Calumnias e Injurias , Ediar, Buenos Aires, 1995, pp. 190/191). Tal aserto se ve confirmado a partir de la sanción de la Ley 19.580 (“Ley de violencia hacia las mujeres basada en género”), en cuyo art. 2° se estableció que “ Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés general. Declárase como prioritaria la erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, debiendo el Estado actuar con la debida diligencia para dicho fin ”. En definitiva, no se ad-vierte ilegitimidad en el proceder de la Sala, por el hecho de haber calificado a la información difundida como de interés público. V) Respecto a la afirmación de los recurrentes relativa a que ninguno de ellos se puso voluntariamente en situación sujeta al escrutinio público En la sentencia recurrida, el Tribunal entendió que “(...) los presuntos agresores (AA y BB) se habrían puesto voluntariamente en una situación sujeta al escrutinio público cuya ocurrencia no fue descartada por la sede penal; por lo que existía un evidente interés comunitario en que los hechos se hicieran conocidos, más allá de lo atinente a las concesiones referidas a la forma en que se presentó la noticia, su destaque, etc. y las concesiones que el editor dijo haber realizado a la autora, para poder publicarla y/o darle interés ” (fs. 378). En su recurso, los impugnantes expresaron que no han actuado de forma alguna que permita inferir que, voluntariamente, se han colocado en una situación sujeta al escrutinio público. A juicio de la Sede, este agravio relacionado en la recurrencia también debe desestimarse. En lo específico, el art. 336 del Código Penal, en la redacción dada por la Ley 18.515, sienta la siguiente regla: “ Estará exento de responsabilidad el que: A) efectuare o difundiere cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público, referida tanto a funcionarios públicos como a personas que, por su profesión u oficio, tengan una exposición social de relevancia, o a toda persona que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público ” (el subrayado no pertenece al ori-ginal). En este punto, en inapelable razonamiento que la Corte comparte, la Sala afirmó: “ Podría sostenerse que aquí los denunciantes no se involucraron ‘ voluntariamente ’ en el asunto; sino que fueron arrastrados a él por la denunciada, cuando inopinadamente salió a exponer una situación de naturaleza personal que la afectaba a ella y a su hijo. Pero la norma se interpreta comprensiva de casos donde el aludido (que nunca quiere verse envuelto en una polémica pública), desarrolla alguna actividad previa que opera como detonante de la divulgación que cuestiona. En tales supuestos la exposición debe reputarse voluntaria aun cuando, en los hechos, al supuesto agraviado no le interese o le moleste que esas actividades se difundan ” (fs. 376 vto.; los subrayados pertenecen al original). Es de toda evidencia que el detonante, que compromete la noticia discutida, contiene un evidente componente “voluntario” de involu-crarse como sujetos activos del “asunto” de interés colectivo fundante de la denuncia periodística. Que el desenlace ulterior les resulte ajeno (“involuntario”), por lo imprevisto, no quita lo “voluntario” de su origen. Lo que acontece es que la conducta normada está vinculada al “asunto” de interés público cuya participación se imputa al agente, con total independencia de su interés en que la noticia que recoge aquella temática se haga pública o no. En el caso, la conducta generatriz del “asunto”, cuyo contenido convoca el interés público, no puede más que catalogarse de voluntaria. Por lo expuesto, entonces, debe desestimarse el presente agravio. VI) Respecto al alegado error en la aplicación del concepto de real malicia VI.I) Sobre el punto, anotaron los recurrentes que, en el supuesto que la S.C.J. entendiera que los datos expuestos en la noticia responden al concepto de interés público, la conducta de la Sra. CC ingresa holgadamente dentro del concepto de real malicia, pues la intención de aquélla era perjudicar a los comparecientes, por lo que no procede la exención de responsabilidad. Esta fase de la impugnación resulta de rechazo, en mérito a la ausencia de fundamentación suficiente. Véase que el discurso de los recurrentes se limita a extractar una sentencia de la Corte, mediante la cual se buscó delimitar el concepto de “real malicia”, para luego afirmar que “ De los hechos que se tuvieron por probados en autos resulta que la intención de CC era perjudicar a los comparecientes, sin perjuicio de que se pudiera ubicar alguna otra intención ” (fs. 400). Lo que denuncian los impugnantes, entonces, más que un “ Error en la aplicación del concepto de real malicia ” (que es el título de su agravio), es una errónea valoración de la prueba respecto a si se configuró o no un supuesto de “real malicia” en el caso de autos. El planteo de los recu-rrentes no cumple a cabalidad con las exigencias de forma y fundamentación del recurso, en los términos requeridos por los arts. 270 y 272 del C.P.P. Por tal razón, el agravio no puede recibir el amparo pretendido. VI.II) Aun si se entendiera que el agravio satisface, mínimamente, las exigencias formales contenidas en las normas referidas, de todos modos procede su rechazo, por los diversos fundamentos que pasan a exponerse. VI.III) Como fuera señalado, la embestida impugnativa está orientada únicamente a cuestionar la valoración probatoria realizada por el órgano de segundo grado, que lo llevó a descartar la “real malicia” de la autora de la publicación. Siendo así, a criterio de los Ministros Dra. MARTÍNEZ y Dr. TURELL, la pretendida revalorización no resulta posible en el ámbito de la casación penal, ni aun en hipótesis de valoración absurda de la prueba (art. 270 inc. 2 del C.P.P.), lo que conduce a descartar el agravio. En tal sentido, en relación a la infracción a las normas de valoración probatoria en materia penal, los Ministros Dra. MARTÍNEZ y Dr. TURELL consideran que bajo ningún supuesto resulta posible discutir los hechos tenidos por probados en segunda instancia. Y ello en función del claro tenor del inciso segundo del artículo 270 del Código del Proceso Penal, el cual establece: “ No podrán discutirse los hechos dados por probados en la sentencia, los que se tendrán por verdaderos ”. Los hechos son intangibles y debe estarse a los dados por probados por el tribunal de mérito, siendo únicamente posible apreciar si medió o no error en la aplicación de las normas jurídicas o en la subsunción de los hechos al derecho que los regula. La función de la Corte es tomar el hecho narrado por el tribunal o tenido por probado como tal para reexaminar, eso sí, si la calificación jurídica es o no apropiada al hecho así narrado, tal como lo sostuvieron los referidos Ministros en las Sentencias N° 1985/2017 y 586/2017. Los Ministros Dra. MARTÍNEZ y Dr. TURELL añaden que, a su entender, no es aplicable a las causas penales lo dispuesto por el artículo 270 del C.G.P., en el bien entendido de que no es un supuesto en el cual corresponda recurrir a la norma integradora contenida en el artículo 6° del C.P.P. Ello porque, atento al claro tenor del artículo 270 inciso 2° del C.P.P., no cabe más que concluir que la integración con la norma adjetiva civil resulta expresamente vedada en esta materia. La categórica proclama del texto legal impide toda flexibilidad de interpretación o integración por las que se deslice la posibilidad de invocar la infracción a las reglas de valoración de la prueba prevista como causal de casación en el artículo 270 inciso 1º del C.G.P. Ello, porque parece claro que la solución de la ley procesal civil se opone de manera terminante al precepto de la ley procesal penal (Cfme. Sentencia Nº 454/2013). En la misma línea de pensamiento se han expresado calificados estudios específicos sobre el tema. VESCOVI, en su clásica obra sobre el recurso de casación, señaló: “(...) nuestro régimen legal de la casación penal ha excluido el error en la apreciación de la prueba como juzgable en casación, diciendo que no se podrá discutir acerca de los hechos que la sentencia considere comprobados (...)” (Cfme. VESCOVI, Enrique, La casación civil , Idea, Montevideo, 1996, p. 83). Más recientemente, se pro-nunció en tal sentido VEIRAS, quien afirmó: “(...) la existencia de una previsión legal específica sobre el punto en el C.P.P. (artículo 270 inciso 2), contraria a la solución genérica establecida en el C.G.P. (artículo 270 inciso 1) –y salvo la excepción que se mencionará–, impide trasladar analógicamente esta última por vía de integración normativa (...)” (Cfme. VEIRAS, Jorge, “Casación Penal. Integración de sus normas con las del Código General del Proceso”, en AA. VV., XIV Jornadas Nacionales de Derecho Procesal , FCU, 2009, p. 347). La excepción que menciona el Prof. VEIRAS no se aplica al caso de autos, desde que ella refiere a la infracción de las reglas legales de valoración de la prueba cuando no se otorga a un determinado medio probatorio documental el valor que la ley le atribuye o cuando no se asigna eficacia probatoria a un cierto medio de prueba en casos en los que tal eficacia está impuesta legalmente. En función del posicio-namiento señalado, concluyen los Ministros Dra. MARTÍNEZ y Dr. TURELL que corresponde desestimar el agravio formulado respecto a si la conducta de la Sra. CC ingresa o no dentro del concepto de real malicia, por cuanto los recurrentes intentan una revalorización del material probatorio, lo que se encuentra vedado en esta etapa del proceso. VI.IV) Por su parte, para los Ministros Dr. CHEDIAK, Dra. MINVIELLE y el redactor, resulta posible en la etapa de casación (penal) revisar las decisiones sobre valoración probatoria, cuando éstas resultan arbitrarias, irracionales o contrarias a las reglas de la lógica. Al respecto, señaló la Corte en Sentencia N° 134/2018: “ A juicio de los Dres. HOUNIE, CHEDIAK y la redactora (Dra. MINVIELLE) corresponde partir de la base de que, en nuestro derecho procesal penal, el recurso de casación únicamente puede fundarse en una errónea aplicación del Derecho, ya sea en el fondo (juzgamiento error in iudicando) o en la forma (procedimiento, error in procedendo) (Cfme. GARDERES, Santiago y VALENTÍN, Gabriel: ‘Código del Proceso Penal Comentado (con la colaboración de Soledad Díaz)’, La Ley Uruguay, Montevideo, 2012, pág. 638). Al decir de BARRIOS DE ANGELIS, la máxima fundamental de la casación, es que ella solo comprende el punto de Derecho y no tiene intervención en la cuestión de hecho (Cfme. BARRIOS DE ANGELIS, Dante: ‘Cuestiones de hecho y de derecho en la casación’, Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de la República, Año XIII (No. 3), Montevideo, 1962, pág. 579). Ahora bien, la jurisprudencia de la Corporación -que se comparte- ha admitido la posibilidad de revisar las decisiones sobre valoración probatoria, cuando estas resultan arbitrarias, irracionales o contrarias a las reglas de la lógica. Como señala COLOMBO, si bien la revalorización de la prueba resulta excepcional, la Corte –en base a la Teoría del absurdo evidente- puede hacerlo cuando media error notorio, lo que equivale a manifiesto, patente, evidente, palmario, claro, ostensible. De este modo se abre un nuevo campo para la casación, el cual se admite con un entorno sumamente restrictivo, para realizar y actuar la justicia como último instrumento para evitar la iniquidad del fallo (COLOMBO, Erik H.: ‘Casación: Teoría del absurdo evidente’, RUDP 1/1983, págs. 57/58). Como bien postulan VALENTÍN y GARDERES, el C.P.P. no contiene una referencia similar a la del art. 270 del C.G.P., que incluye expresamente como error de Derecho, la infracción a las reglas legales sobre valoración de la prueba. Empero los mismos argumentos que permiten revisar la aplicación de los criterios legales de valoración de la prueba en la casación civil, deben admitirse como fundamento de la casación penal. En esencia, la sana crítica es una regla legal, y si las conclusiones probatorias del fallo resultan claramente absurdas, esa regla legal de valoración probatoria se encuentra afectada (teoría del ‘absurdo evidente’, recogida en la jurisprudencia civil de la Suprema Corte de Justicia). En definitiva, expresan los comentaristas en términos plenamente compartibles, que el art. 270 inc. 2 del C.P.P. no establece algo distinto de lo previsto con carácter general en el art. 270 C.G.P. (‘el recurso sólo podrá fundarse en la existencia de una infracción o errónea aplicación de la norma de derecho...’), y la aclaración referida a la intangibilidad de los hechos debe interpretarse en ese marco conceptual clásico, sustentado en la distinción entre hechos y derecho, que no supone negar el carácter normativo (Derecho) de las reglas legales sobre valoración de la prueba (Cfme. GARDERES, Santiago y VALENTÍN, Gabriel: ‘Código del Proceso Penal Comentado’, LA LEY URUGUAY, 1ª Edición, Montevideo, 2012, pág. 638). Ya BARRIOS DE ANGELIS enseñaba, en su señero trabajo, que hay error de derecho cuando se incurre en error al aplicar las normas en materia de prueba (BARRIOS DE ANGELIS, Dante: ‘Cuestiones...’, cit., pág. 586) ” (Cfme. Sentencia N° 134/2018; en igual sentido: Sentencia N° 1.492/2018). Ahora bien. En la especie, no se advierte, en absoluto, que el razonamiento probatorio de la Sala, en lo que respecta a la valoración de la configuración o no de la real malicia en el proceder de la Sra. CC, resulte absurdo, irracional, ilógico o arbitrario, únicos supuestos en los que se justificaría su corrección en casación. De la lectura de la fundada sentencia atacada, se desprende que el desarrollo del razonamiento del Tribunal, en relación al punto que es objeto de cuestionamiento ( vide : fs. 380 vto./383), no evidencia apartamiento alguno de las reglas de la lógica; muy por el contrario, se trata de un razonamiento coherente, claro y fundado. En tal sentido, la Sala descartó la existencia de “real malicia” al tener por probado que la Sra. CC no realizó las manifes-taciones cuestionadas en conocimiento de que los hechos narrados eran falsos. Sostuvo el Tribunal en su pronunciamiento que la Sra. CC actuó basada en su convicción de que lo que describió efectivamente sucedió, lo que motivó que efectuara la denuncia policial a los efectos de la investigación y determinación de responsabilidad, con el interés de que se la protegiera. Como ha sostenido la Corporación en anterior ocasión, es el denunciante quien debe probar que la denunciada actuó con real malicia al efectuar las declaraciones difamatorias o injuriantes, y si no lo hace, la encausada queda amparada por la causal de exención de responsabilidad prevista en el art. 336 del Código Penal, en la redacción dada por el art. 4° de la Ley 18.515 (Cfme. Sentencia N° 2.065/2014). En efecto, el inc. 5° del referido art. 336 dispone que “ La exención de responsabilidad no procederá cuando resulte probada la real malicia del autor de agraviar a las personas o vulnerar su vida privada ”. En la especie, por ende, eran los denunciantes Sres. AA y BB quienes tenían la carga de probar que la encausada actuó a sabiendas de que el hecho que se imputaba a los actores era falso, y que su accionar estuvo motivado por la finalidad de perjudicarlos. La Sala, como fuera señalado, tras sopesar diversos elementos, entendió que la real malicia no resultó probada; valoración que podrá o no compartirse, pero que claramente no resulta absurda ni arbitraria, lo que impide la posibilidad de revalorización en esta instancia. En suma, al no advertirse un supuesto de absurdo evidente en la valoración de la prueba respecto a la configuración de la real malicia, concluyen los Ministros Dr. CHEDIAK, Dra. MINVIELLE y el redactor, que cabe desestimar el agravio articulado por los recurrentes. VII) Respecto al invocado error en la calificación de los hechos como verosímiles, y a la presunta vulneración del principio de inocencia VII.I) En este ámbito, los impugnantes señalaron que la calificación de los hechos expuestos en la denuncia como “verosímiles” resulta vulneratoria del ordenamiento jurídico, en tanto la justicia aún no se ha pronunciado sobre la denuncia (falsa) presentada por la Sra. CC contra los comparecientes, por lo que el principio de inocencia impone calificar a los hechos denunciados por aquélla como falsos o no probados. CC, , soslayando que los comparecientes no han sido condenados, ni aún procesados, por delito alguno. Ello vulnera, a su juicio, el principio de inocencia y debido proceso, consagrados en los arts. 12 y 15 de la Constitución, en tanto el Tribunal parte de la base de que las afirmaciones de la Sra. CC son veraces. Concluyeron que si existiera verosimilitud en los hechos denunciados, los comparecientes hubieran sido procesados, en tanto la verosimilitud coincide con la semiplena prueba de los hechos, la existencia de elementos de convicción suficientes, por lo que no pueden derivarse conclusiones referidas a la verosimilitud del hecho a partir de la mera circunstancia de que la denuncia aún no fue archivada. VII.II) A juicio de la Corte, el agravio resulta de rechazo. Sobre el particular, con aguda inteligencia, señaló el Sr. Fiscal Adjunto de Corte en su dictamen: “ Como se ha expresado en el análisis del agravio que ocupó el literal precedente, la Sala tuvo por probado que la denunciada no realizó las manifestaciones cuestionadas, en conocimiento de que los hechos narrados eran falsos. Por el contrario, como sostuvo el fallo, CC, actuó basada en su convicción de que lo que describió efectivamente sucedió, lo que motivó que efectuara la denuncia policial, a los efectos de su investigación y determinación de responsabilidades (...) Por tanto, ello nos lleva a concluir, que si no se ha acreditado que los hechos publicados eran falsos, tampoco puede tildárselos de inverosímiles, puesto que el proceso que se iniciara a los fines de la determinación de lo narrado por la denunciada, se encuentra en trámite. En efecto, para la Real Academia Española, es verosímil, aquello que es creíble por no ofrecer carácter alguno de falsedad. (...) Para la denunciada, ello fue así, puesto que sus manifestaciones fueron realizadas, dentro de una situación ocurrida en un contexto que informa de violencia doméstica, en el que existía una prohibición de acercamiento y/o relacionamiento de cualquier tipo con la misma, mientras durara el proceso incoado, que no tornan verdaderos los hechos denunciados, pero sí verosímiles ” (fs. 482). Tal razonamiento -de irreprochable lógica- deja sin sustento el planteo. VII.III) Por otro lado, existe una conexión intrínseca y lógica entre el análisis de si el accionar de la acusada estuvo teñido de ánimo difamatorio o injuriante (actuar con “real malicia”), la “verosimilitud de los hechos” y el “principio de inocencia”, que se aduce vulnerado. En la especie, por las razones expresadas en el Considerando anterior, no se puede revisar la conclusión a la que arribó la Sala en punto a si la Sra. CCactuó o no con real malicia, esto es, si era consciente o no de la falsedad de la noticia, o si, a pesar de no saber realmente si el hecho era falso, igualmente actuó con desprecio de su verdad o falsedad porque realizó los hechos sin hacer ninguna comprobación, ni siquiera la indiciaria. Tal punto tiene decisiva incidencia respecto a la suerte del sector de la impugnación en análisis. VII.IV) Por otra parte, en el caso a estudio, los Sres. AA y BB son quienes, en verdad, revisten la calidad de “parte acusadora”, mientras que la Sra. CC es quien está emplazada como “parte acusada”; razón por la cual, mal pudo el Tribunal vulnerar el principio de inocencia (derivado del principio “ in dubio pro reo ”), por no gravitar a favor de los acusadores, sino, en todo caso, a favor de la enjuiciada. En suma, por los diversos fundamentos señalados, cabe desestimar el agravio en examen. VIII) Respecto al presunto error de la Sala al haber tomado en consideración prueba ilícita Sobre el punto, adujeron los recurrentes que resulta sorprendente que la Sala califique como verosímiles a los hechos a los que la publicación hizo referencia basándose en una grabación de una conversación que no puede ser calificada como prueba, dada la ilicitud que la informa. Anotaron al respecto que si bien el Tribunal expresa que “(...) no pudo escucharse y menos aún establecerse quiénes eran los autores de las mismas ”, igualmente, justifica la calificación de los hechos como verosímiles en base a una grabación que no se reprodujo en autos y, muchos menos, se le atribuyó autoría. A juicio de la Corporación, el agravio tampoco resulta de recibo. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 270 inc. 3° del C.P.P., en ningún caso se tendrán en cuenta los errores de derecho que no determinaren la parte dispositiva de la sentencia. En relación a la referida grabación, el Tribunal señaló, en la parte final de su sentencia: “ En todo caso, incidenter tantum, la conversación atribuida a su ex pareja y el empleado de éste (según transcripción obrante a fs. 146 del testimonio de presumario IUE 288-630/2015, en éste, fs. 42 –acompañado por los denunciantes- fs. 274, num. 11-, de la grabación que la Defensa de AA se opusiera a que fuera oída por éste para su autenticación, en base a su presunta y no declarada ilicitud, es cuando menos inquietante ” (fs. 384). A partir de la lectura de la fundamentación ensayada por el ad quem en su sentencia, se advierte que la decisión impugnada no se edifica -en un grado determinante- sobre la citada grabación, sino -principalmente- en distintos extremos que el fallo relaciona minuciosamente, tales como: el dictamen confeccionado por el Ministerio Público en ocasión de solicitar el sobreseimiento de la Sra. CC; la circunstancia de que la Justicia penal admitió su denuncia e inició una indagatoria presumarial en trámite (adicionando el Tribunal, a modo de reflexión, que si la Sra. CC hubiera denunciado algo absurdo o mendaz, los autos ya se habrían clausurado); la orden de restricción solicitada por el Ministerio Público, consistente en la “ prohibición de acercamiento y/o relacionamiento de cualquier tipo a la denunciante mientras dure el proceso ” (fs. 377 y 381). Finalmente, como bien se-ñala el Sr. Fiscal Adjunto de Corte, el razonamiento lógico al que arriba la Sala encuentra asiento en la convicción de la mujer, dentro del contexto que cursaba, de la ocurrencia de los hechos relatados a la prensa (fs. 483 vto.). Resulta claro, entonces, que la motivación del fallo no encuentra asiento primordial en la grabación multicitada. De hecho, la referencia recién se verifica al final de la sentencia (fs. 384), luego de un extenso despliegue argumentativo independiente y autosuficiente. Dicho de otro modo, de los términos de la sentencia surge que, aun sin la referida grabación, el Tribunal hubiera arribado a igual solución absolutoria. Incluso, tal como lo destaca el Colegiado de mérito, fue la propia parte acusadora quien, con su denuncia, agregó la trans-cripción de la grabación que objeta (fs. 146 y 274); vale decir, que dicho material fue incorporado a la causa a propuesta de los hoy recurrentes. Por lo expuesto, entonces, corresponde desestimar el presente agravio. IX) Respecto a la afirmación de los recurrentes según la cual la interpretación del Tribunal resultaría abrogatoria del derecho vigente Por último, afirmaron los impugnantes que la errónea interpretación del art. 336 del Código Penal propiciada por la Sala resulta ser abrogatoria del derecho vigente, en concreto, de los delitos de difamación e injurias, que se encuentran consagrados en los artículos 333 y 334 del Código Penal. Pues bien. El planteo resulta de franco rechazo. En primer lugar, debe anotarse que el argumento ensayado por los recurrentes, en rigor técnico, no configura un agravio independiente, sino una reflexión final, a modo de cierre de la estra-tegia defensiva, por lo que desestimados los agravios anteriores, la conclusión final de los impugnantes corre con la misma suerte. No obstante lo anterior, aún si se entendiera que configura un agravio autónomo, es claro que carece de fundamentación suficiente, en tanto no se explica de qué manera la interpretación que da el Tribunal al art. 336 del Código Penal implicaría la abrogación de los delitos previstos en los arts. 333 y 334 del mismo Código. En consecuencia, el planteo no satisface los requisitos formales exigidos por la normativa procesal, lo que conduce a su descarte. X) No se impondrán especiales condenaciones en gastos causídicos. Por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO. SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. FÍJENSE LOS HONORARIOS FICTOS DE LOS LETRADOS PATROCINANTES DE LOS ACUSADORES PRIVADOS Y DEFENSORES DE LOS ENCAUSADOS EN 40 B.P.C. (ART. 71 LITERAL B) DE LA LEY 17.738). NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE.