Sentencia Definitiva N° 918/2019

Montevideo, primero de abril de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “HOY BANCO BANDES URUGUAY S.A. C/ PAGANI FERRARI, MILTON LUIS Y OTRO - JUICIO EJECUTIVO - EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD LEY Nº 19.090”, IUE: 305-228/2002. RESULTANDO : I.- En el marco de un proceso de ejecución, con posterioridad a que se decretara el remate del inmueble objeto de la ejecución y que dicha providencia quedara ejecutoriada, compareció el code-mandado Milton Pagani, oportunidad en la que interpuso la excepción de inconstitucionalidad de la Ley No. 19.090 (fs. 647-656 vto.). En su escrito, el excep-cionante planteó que las disposiciones del C.G.P. que ataca son violatorias de la Constitución de la República por razones sustanciales y de fondo. Concretamente, denunció que violentan los artículos 7,8, 12, 32, 36 y 53 de la Carta. Indicó que la Ley No. 19.090, aplicable al caso, es violatoria de derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional. Esto es: el derecho a ser protegido en el libre desarrollo del trabajo y comercio; de brindar seguridad jurídica y proteger el derecho de propiedad. Ello porque el proceso limita las defensas del demandado, vulnera la igualdad de las partes en el proceso, dejando a la accionada en situación de indefensión, lo que colide con el debido proceso legal, por la imposibilidad de apelar resolu-ciones recaídas. Concretamente, especificó que pretende la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 353, 360, 361, 373, 379, 380 y 384 de la Ley No. 19.090 (SIC). Realizó un largo desarrollo de los derechos fundamentales que estarían vulnerados en este caso. En el escueto pasaje dedi-cado a relacionar estos conceptos generales con las disposiciones atacadas, indicó que el art. 360 del C.G.P. desconoce las garantías de defensa en juicio por violación a las normas del debido proceso; limita o niega los derechos del ejecutado a que su sentencia sea revisada por el Tribunal de Apelaciones. También denunció que coli-de con el principio del debido proceso el art. 361 del C.G.P., porque limita los aspectos revisables en el juicio ordinario posterior a aquellas defensas que no se hubieran podido hacer valer en el proceso ejecutivo. II.- Por Providencia No. 3207/2018, de fecha 25 de setiembre de 2018 (fs. 658), se dispuso la suspensión de las actuaciones y la remisión de los autos ante la Corporación. III.- Recibidos los autos por la Corporación el día 2 de octubre de 2018 (fs. 666), por Auto No. 2982/2018, de fecha 8 de octubre de 2018 (fs. 667), confirió traslado a las partes por el término de 10 días y dio vista al Sr. Fiscal de Corte por el término de 20 días (art. 516.1 del C.G.P.). IV.- El Sr. Fiscal de Corte, por las razones que expuso en el Dictamen No. 984/2018, de fecha 27 de noviembre de 2018, consideró que corres-ponde desestimar el excepcionalmente planteado por ser extemporáneo (fs. 674). V.- Por Providencia No. 3561/2018, de fecha 3 de diciembre de 2018, se dispuso el pasaje de los autos a estudio para sentencia (fs. 676), al término del cual se acordó el presente pronun-ciamiento en forma legal y oportuna. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Jus-ticia, por unanimidad de sus integrantes, desestimará la solicitud de inconstitucionalidad impetrada, imponiendo la condena en costas y costos al excepcionante y la pérdida del derecho a percibir honorarios del letrado patrocinante. II) A juicio de la Corpora-ción, en el subexamine resulta evidente que el excepcio-namiento responde a un mero afán dilatorio, cuyo único propósito es el de obstaculizar la realización del remate del bien inmueble ejecutado, que ha sido dis-puesta desde largo tiempo atrás y no ha podido concre-tarse. III) El escrito por el que se introduce el excepcionamiento es de una absoluta genera-lidad. El impugnante cuestiona, genéricamente, la Ley No. 19.090 (modificativa del Código General del Proceso) sin especificar con precisión cuáles disposiciones son las normas concretamente atacadas. En un escueto pasaje de su libelo individualiza como las disposiciones normativas atacadas a los arts. 353, 360, 361, 373, 379, 380 y 384 y, si bien consigna que son artículos de la Ley No. 19.090, es evidente que se refiere a los artículos del C.G.P. Ahora bien, casi en ningún pasaje (salvo en lo que se indicará más abajo) desciende de lo general a lo particular. Es decir, no se encarga de demostrar cómo infringirían estos preceptos a las normas constitucionales, ni cuáles serían las disposi-ciones que cada uno de ellos, en concreto, vulneraría. IV) La única excepción está en lo concerniente a los arts. 360 y 361 del C.G.P., respecto a los cuales postuló que vulnerarían el precepto constitucional consistente en su derecho de defensa en juicio. Indicó que el primero de ellos limita o niega los derechos del ejecutado a que su sentencia sea revisada por el Tribunal de Apelaciones. Añadió que también choca con el principio del debido proceso el art. 361 del C.G.P., porque limita los aspectos revisables en el juicio ordinario posterior a aquellos aspectos no discutidos en el juicio ejecutivo. A criterio de la Corpora-ción, el cuestionamiento de dichos artículos tampoco puede progresar, porque han sido definitivamente aplicados, como bien lo destaca el Sr. Fiscal de Corte en su dictamen. En su mérito, el excepcionante carece de un interés legítimo para promover su declaración de inconstitucionalidad. La sentencia dictada en el marco del proceso ejecutivo No. 1726/2002, de fecha 24 de junio de 2002 (fs. 18), quedó ejecutoriada. También transcurrió el plazo para que operara la caducidad del derecho a promover el juicio ordinario posterior (art. 361.3 del C.G.P.). En consecuencia, las dos dispo-siciones cuya legitimidad pone en tela de juicio le fueron definitivamente aplicadas al recurrente, por lo que carece de legitimación activa para plantear el presente accionamiento, dado que no tiene un interés legítimo potencialmente lesionado por ellas. En efecto, no está en condiciones de recurrir la sentencia recaída en el proceso ejecutivo u otras providencias dictadas en ese proceso que culminó con la ejecutoriedad del pro-veimiento liminar recaído. Tampoco está en condiciones de promover un proceso ordinario posterior, porque su derecho caducó. Como ha señalado la Corpo-ración en Sentencia No. 1577/2018 (entre muchas otras): “‘ ...no le corresponde [al Cuerpo] pronunciarse sobre la regularidad constitucional de un texto legal cuando éste ha sido total e irrevocablemente aplicado. Así, pues, resulta indispensable, para que se analice el mérito del planteo, que la Ley que se impugna esté en vías de ejecución o sea pasible de ejecución, por lo que la acción no procede cuando la norma ya ha sido aplicada. El poder-deber de la Cor-poración se ejercita limitándose a los casos en que corresponde desaplicar la Ley en beneficio de quien promovió el litigio de inconstitucionalidad antes o durante la ejecución de aquélla. Al haberle sido definiti-vamente aplicada a la parte demandada en el principal la norma cuya declaración de inconstitucionalidad peticionó por vía de excepción, un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia sobre el fondo del asunto supondría la emisión de un juicio abstracto, genérico y no relevante para la resolución de un caso concreto, actividad que no está habilitada por el ordenamiento jurídico (art. 508 del C.G.P.). Expresado en otros tér-minos, partiendo de la premisa de que la solicitud de declaración de inconstitucionalidad tiene por finalidad evitar la aplicación de la Ley impugnada a un caso concreto, no es jurídicamente posible alcanzar dicho objetivo cuando la norma ha sido definitivamente aplicada (Cf. Sentencias SCJ: Sentencia S.C.J. No. 119/004, Sentencia S.C.J. No. 31/005, Sentencia S.C.J. No. 78/006, Sentencia S.C.J. No. 263/007, Sentencia S.C.J. No. 3301/008, Sentencia S.C.J. No. 27/009, Sentencia S.C.J. No. 153/010, Sentencia S.C.J. No. 1972/011, entre otras)’ (Sentencia S.C.J. No. 570/017, cf. Sentencia S.C.J. No. 133/018 y Sentencia S.C.J. No. 263/018) ”. Las razones expuestas de-terminan que el excepcionamiento no pueda progresar. V) En lo restante, el libelo introductorio incumple con lo establecido en el art. 512 del C.G.P., que impone que el planteo indique con toda precisión y claridad los preceptos que se reputen inconstitucionales y el principio o norma constitucional que se vulnera. El excepcionante indivi-dualiza algunos artículos cuya constitucionalidad pone en tela de juicio, sin relacionarlos con precisión con las normas constitucionales presuntamente vulneradas. En suma, la suerte del planteo está sellada porque el impugnante no ha obser-vado adecuadamente los requisitos exigidos por el art. 512 del C.G.P., puesto que omitió desarrollar con claridad y precisión las razones en las que funda el cuestionamiento (ver sentencias Nos. 414/1993, 760/1994, 989/1996, 221/1997, 131/1998, 215/2000, 606/2002, 150/2003, 524/2005, 54/2006, 2419/2008, 2076/2009, 899/2010, 4/2015, 1.620/2016, entre otras). VI) Atento a la solución de-sestimatoria la imposición de las costas a la parte promotora resulta de precepto (art. 523 del C.G.P.).. Corresponde asimismo con-signar que, a juicio de la Corporación, resulta evidente que la excepción de inconstitucionalidad a estudio fue promovida con mero afán dilatorio, tal como surge del contexto de la causa y de los términos de la excepción planteada, lo cual resulta contrario al estándar del buen litigante y trae aparejada la especial condena en costos y la pérdida del derecho del letrado patrocinante a percibir honorarios por su actuación profesional (art. 523 del C.G.P.). Por los diversos funda-mentos expuestos y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, FALLA : DESESTÍMASE LA EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA. DISPÓNESE QUE LAS COSTAS Y COSTOS DEL PRESENTE PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD ESTARÁN A CARGO DEL EXCEPCIONANTE Y SANCIÓNASE CON LA PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO DE HONORARIOS AL LETRADO PATROCINANTE. HONORARIOS FICTOS 30 BPC (ART. 71 LITERAL B DE LA LEY Nº 17.738). NOTIFÍQUESE Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVANSE.