Sentencia Definitiva N° 710/2019

Montevideo, primero de abril del dos mil diecinueve VISTOS: Estos autos caratulados: “C.C. PRESUNTA INFRACCIÓN ADUANERA - EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD - ART. 232 DE LA LEY No. 19.276” - IUE 580-297/2017. RESULTANDO: 1.- En el marco de un proceso por presunta infracción aduanera de contrabando, tramitado ante el Juzgado de Paz Departamental de Salto de 4° Turno, el Fiscal Letrado Departamental de Salto de 2° Turno, Dr. Carlos RODRÍGUEZ CARRETE, presentó demanda de acusación contra el indagado, Sr. C.C, solicitando que se dicte sentencia declarando configurada la infracción aduanera de contrabando y, en su mérito, se impongan al infractor las sanciones previstas en los literales A) a E) del art. 211 del Código Aduanero (CAROU) (fs. 48/49). De la demanda acusación, se dio traslado al presunto infractor (fs. 50). Al evacuar el traslado de la acusación fiscal, el indagado opuso excepción de inconstitucionalidad del art. 232 de la Ley 19.276 (CAROU) (fs. 51/52 vto.). Señaló el excepcionante que el proceso infraccional aduanero, tal como está regulado por la Ley 19.276, vulnera el derecho al debido proceso legal establecido en el art. 12 de la Constitución, dado que, conforme al art. 232 del Código Aduanero (CAROU), cuando la cuantía del asunto es inferior a 40.000 UI, no es pasible una segunda instancia, violando de manera flagrante el principio del debido proceso legal preceptuado en nuestra Constitución. Sostuvo que la Ley 19.276 vulnera la Constitución de la República en los arts. 7, 10, 12, 72 y 332, ya que el art. 232 de aquélla colide con las garantías constitucionales protectoras de los derechos de los justiciables que se ven francamente menoscabadas. Se afecta en definitiva el derecho de defensa, violentando de esa forma la Constitución y los pactos internacionales ratificados por Uruguay. Concluyó al respecto que la imposibilidad de recurrir sentencias definitivas dictadas por un tribunal unipersonal constituye una flagrante e inconstitucional limitación a ejercer el legítimo derecho de defensa y doble instancia. Por otro lado, manifestó que la imposibilidad de revisión en segunda instancia vulnera también en forma indirecta el principio de igualdad, preceptuado en el art. 8 de la Constitución de la República, dado que por tratarse de una infracción que para el Estado resulta insignificante (hasta 40.000 U.I.), se vulnera el principio de igualdad, quitando derechos al sujeto de menores ingresos, que, como en el presente caso, compró algunos artículos para poder subsistir, generando de alguna forma una distinción que pone en pie de desigualdad al compareciente frente a un ciudadano que comete un verdadero daño económico (superior a 40.000 U.I.) al Estado. Adujo que, al legislar, se ha tenido en cuenta una sola cara de la moneda, la del Estado, al desarrollar al menor costo posible el proceso, con la mayor celeridad y quitando garantías fundamentalmente a los justiciables de escasos recursos, sin considerar el principio de igualdad al otorgar a los sujetos que realizan verdaderas y cuantiosas operaciones que socavan la economía nacional, el derecho a una segunda instancia. 2.- Atento a la excepción opuesta, la Sede de Paz Departamental de 4° Turno dispuso la suspensión de las actuaciones y su elevación para ante la Suprema Corte de Justicia (fs. 54). 3.- Recibidos los autos por la Corporación, se confirió traslado al Sr. Fiscal Letrado Departamental de Salto de 2° Turno (providencia N° 2619/2018 de fecha 17 de setiembre de 2018, a fs. 58), el que, notificado al efecto (fs. 65), no evacuó el traslado (fs. 67). 4.- Se dio vista al Sr. Fiscal de Corte (fs. 68), quien produjo el dictamen N° 1020/2018, glosado a fs. 69/70, aconsejando rechazar la excepción de inconstitucionalidad opuesta. 5.- Por Decreto N° 3612/2018 se dispuso el pasaje a estudio y se llamaron los autos para sentencia, citadas las partes (fs. 72). CONSIDERANDO : 1.- La Suprema Corte de Justicia desestimará la excepción de inconstitucionalidad planteada. 2.- La norma impugnada el art. 232 de la Ley 19.276 (Código Aduanero) “ Art. 232. (Única instancia).- Los asuntos jurisdiccionales cuya cuantía no exceda la suma de 40.000 UI (cuarenta mil unidades indexadas) se sustanciarán en instancia única ante los Juzgados de Paz Departamentales competentes en el interior de la República y el Juzgado Letrado de Aduana en los departamentos de Canelones y de Montevideo ”. 3.- El cumplimiento de la carga de la debida argumentación (art. 512 del C.G.P.). En autos se impugna la regularidad constitucional del art. 232 del Código Aduanero, Ley 19.276. La inconstitucionalidad denunciada ha sido articulada en términos que cumplen con la carga de la debida argumentación, lo que permite ingresar al análisis del planteo de inconstitucionalidad. En efecto, se han identificado los preceptos constitucionales que se reputan infringidos y se han dado razones precisas acerca de la infracción normativa denunciada. 4.- Legitimación activa. La legitimación del excepcionante es clara y no genera dificultades en el análisis. El Sr. C.C. es titular de un interés directo, personal y legítimo en tanto tiene la calidad de sumariado en un proceso infraccional aduanero de menor cuantía. En tal calidad, se encuentra sometido a una estructura procesal en la cual el legislador excluyó la posibilidad de acceder a una segunda instancia, exclusión cuya regularidad constitucional cuestiona. El hecho de impugnar la regularidad constitucional de normas procesales no hace necesario aguardar el advenimiento de la concreta etapa procesal a la que refiere la impugnación, si ese interés es futuro e inequívoco. Tal como lo señaló la Corte al resolver diversos planteos de inconstitucionalidad relativos al proceso laboral regulado por la Ley 18.572: “(...) no resulta razonable sostener que el demandado deba interponer múltiples excepciones respecto de las normas que entiende inconstitucionales, a medida que el proceso arriba a la etapa que hace aplicable cada una de las reglas que se cuestiona. Un proceder semejante, contrario a un elemental criterio de razonabilidad, supondría la admisión de planteamientos de inconstitucionalidad sucesivos, que distorsionarían por completo el principio de celeridad que inspiró la reforma. Otras razones coadyuvan, asimismo, para llegar a la conclusión de la legitimación. En efecto, el demandado –no voluntariamente- ingresó en el presente proceso laboral y, por ende, se le aplicarán todas las normas de procedimiento que contiene, incluidas las atacadas. De modo que, desde el momento que se le notificó la demanda, la única posibilidad que las normas impugnadas no lo perjudiquen (porque ya son pasibles de aplicación) es la hipótesis de comparecencia a la audiencia de ambas partes y de resultado ganancioso en el juicio” (Cfme. Sentencia N° 137/2010). 5.- Respecto a la pretendida inconstitucionalidad del art. 232 del CAROU por violación al derecho de defensa y al principio del debido proceso legal. En primer lugar, en lo que respecta al cuestionamiento al art. 232 del CAROU por presunta violación al derecho de defensa y al principio del debido proceso legal preceptuados en nuestra Constitución (7, 10, 12, 72 y 332), fundado en que los asuntos cuya cuantía es inferior a 40.000 U.I. no son pasibles de una segunda instancia, cabe remitirse a la fundamentación ensayada recientemente por la Corporación (Sentencia N° 1.625/2018) ante análoga impugnación de la misma disposición legal, en la que se sostuviera: “ El excepcionante sostuvo que de los arts. 12 y 72 de la Constitución de la República se desprende que el derecho a la segunda instancia abarca el proceso infraccional aduanero, por constituir un elemento del debido proceso. No puede compartirse este criterio. En tal sentido, son enteramente trasladables los fundamentos expresados por la Corte en Sentencias Nos. 15/2008, 133/2015 y múltiples fallos allí citados, sin perjuicio de los argumentos que se expondrán a continuación. En particular, cabe reiterar lo expresado en la primera de las sentencias nombradas, en la cual se expresó: “El régimen de la doble instancia jurisdiccional, amparado por nuestra Constitución, refiere a las garantías del ‘debido proceso’ que deben existir para arribar a un fallo en lo relativo a la condena y a la imposición de una pena. A mayor abundamiento, cabe recordar en este sentido lo sostenido por la Corporación en anteriores pronunciamientos en cuanto a que la circunstancia de que el legislador -en ejercicio de sus facultades, artículo 18 de la Constitución Nacional- haya previsto que determinados asuntos se tramiten por instancia única no implica que se vulnere el debido proceso legal. La garantía prevista en el artículo 12 de la Constitución refiere al derecho de las partes a tener su día ante el tribunal, en relación al cual el principio de la doble instancia tiene carácter legal y no constitucional. Al respecto se ha afirmado: ‘En cuanto a la garantía del debido proceso que se invoca, ésta impone como requisito esencial, la oportunidad de audiencia y defensa de aquél contra quien se formula una pretensión en el orden jurisdiccional. Y basta para la estricta observancia de tal garantía el otorgamiento de dicha oportunidad de audiencia, sin que la misma deba asumir una forma o ritualidad determinada, siendo suficiente la posibilidad efectiva de hacer valer sus defensas. Es irrelevante al respecto (...) la supresión de etapas, recursos o instancias y aun de oportunidades procesales (...)’. Sintetizando: ‘Lo que la Carta quiere es que todo habitante de la república tenga derecho a su día ante el tribunal’. Para concluir: ‘De modo que no se vulnera el ‘derecho a la jurisdicción’ siempre que el justiciable haya tenido oportunidad de que su asunto fuera examinado por un Tribunal imparcial’ (Cf. Sent. N° 128/06, citada en pronunciamiento N° 178/07)” . Más recientemente, la Corporación ha señalado en términos trasladables que: “La no previsión del contralor por parte de un superior procesal en procesos no penales no constituye una violación del mentado principio, ya que la limitación de los recursos ingresa dentro del marco de las opciones legislativas válidas. No existe un derecho subjetivo perfecto a que, en todo asunto litigioso, exista una doble instancia como parece postular la excepcionante. El legislador cuenta con cierta discrecionalidad para programar la posibilidad de revisión de las decisiones jurisdiccionales. Esto, incluso, ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como precisa IBÁÑEZ RIVAS al anotar que aquélla en el caso ‘López Mendoza con Venezuela’ ha dicho que: ‘no es per se contrario a la Convención Americana que se establezca en el derecho interno de los Estados que en determinados procedimientos, ciertos actos de trámite no son objeto de impugnación’ (Cf. IBÁÑEZ RIVAS, Juana María: ‘Artículo 8. Garantías Judiciales’ en AA.VV.: ‘Convención Americana de Derechos Humanos. Comentario’, Christian STEINER-Patricia URIBE (Editores), Konrad Adenauer Stiftung, Buenos Aires, 2014, pág. 242, véase de nuestra Corte Sentencia No. 193/2005) ” (Sentencia No. 1.977/2017). Debe tenerse presente, además, la naturaleza “no penal” de los procesos infraccionales aduaneros ha sido señalada por especialistas de la talla de Luis TORELLO y Erik COLOMBO, quienes en su obra “Procesos jurisdiccionales aduaneros” categorizan a estos procesos como “civiles” (COLOMBO, Erik H. y TORELLO, Luis: “Procesos jurisdiccionales aduaneros”, Ediciones Idea, Montevideo, 1980, pág. 55). Este criterio es incluso compartido por un especialista en materia aduanera, como el Dr. Pablo LABANDERA, en su estudio sobre el Código Aduanero vigente (Ley 19.276), (LABANDERA, Pablo: “Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay - Anotado y concordado”, La Ley Uruguay, Montevideo, 2015, pág. 499). En la misma línea de la total autonomía entre el proceso infraccional aduanero y el proceso penal, cabe tener presente la expresa independencia y diferenciación entre la “acción fiscal” y la “acción penal” regulada en el art. 263 del reciente Código Aduanero, conforme al cual: “La acción penal relativa a los delitos aduaneros, tanto en su promoción como en su ejercicio, es independiente de la acción fiscal. El conocimiento por el mismo juez en las acciones penal y fiscal, no produce causa de impedimento, recusación o excusación” ” (Cfme. Sentencia N° 1.625/2018). Por los fundamentos expuestos en la sentencia citada, los cuales resultan plenamente trasladables al sub causa , corresponde desestimar el presente excepcionamiento de inconstitucionalidad fundado en la supuesta violación del principio del debido proceso legal y del derecho de defensa. 6.- Respecto a la pretendida inconstitucionalidad del art. 232 del CAROU por presunta violación al principio de igualdad. Por su parte, en lo que atañe a la alegada inconstitucionalidad del art. 232 del CAROU por presunta vulneración del principio de igualdad (preceptuado en el art. 8 de la Constitución de la República), el planteo también resulta de rechazo. El excepcionante se funda en la diferencia pautada por el legislador entre los procesos infraccionales aduaneros cuya cuantía es inferior a 40.000 U.I., y aquellos procesos de igual materia cuya cuantía es superior a dicho monto. Entiende que tal diferenciación vulnera en forma indirecta el principio de igualdad, quitando derechos al sujeto de menores ingresos, que, como en el presente caso, compró algunos artículos para poder subsistir, generando de alguna forma una distinción que pone en pie de desigualdad al compareciente frente a un ciudadano que comete un verdadero daño económico (superior a 40.000 U.I.) al Estado. En primer lugar, corresponde señalar que los mayores o menores ingresos del justiciable en nada inciden en la cuestión, pues la diferenciación que efectúa el legislador atañe a la cuantía del asunto, la cual está sujeta al valor de aduana de los bienes que presuntamente fueron objeto de contrabando, y no a la capacidad económica del justiciable. Despejado dicho extremo, y en lo que respecta estrictamente a la regulación de dos regímenes procesales distintos según la diversa cuantía que tenga el asunto, no se advierte que ello suponga una violación al principio de igualdad consagrado en la Constitución. En tal sentido, no puede afirmarse que la estructuración de la categoría de asuntos alcanzada por la restricción a la apelación sea arbitraria o responda a una finalidad ilegítima e injusta, ya que es un parámetro razonable que los asuntos aduaneros menores a determinada cuantía, esto es, aquellos que involucren mercaderías de menor valor económico, reciban diverso tratamiento adjetivo que otros que involucren mercaderías de mayor valor económico. La categoría ha sido conformada justa y racionalmente, por lo que la regulación no resulta contradictoria con el programa constitucional. Como ha dicho la Corporación en Sentencia N° 1.977/2017, relativa a la impugnación del artículo 74 de la Ley 15.750, norma que –al igual que la atacada en el casus - también consagra un proceso de instancia única: “ El legislador cuenta con cierta discrecionalidad para programar la posibilidad de revisión de las decisiones jurisdiccionales. Es así que en asuntos de menor cuantía resulta posible –y es absolutamente razonable y previsible– que no se disponga del derecho a impugnar la decisión jurisdiccional definitiva ante un órgano superior, de modo de no recargar la labor de otros órganos jurisdiccionales frente a asuntos de poca valuación económica. (…) Tampoco se violenta el principio de igualdad ante la ley mediante la limitación a la apelación que consagra el artículo 74 de la ley 15.750. La parte demandada cuestiona que aquellos individuos que tengan bienes de menor valor reciban diferente protección de la ley que quienes cuentan con bienes de mayor valor. En el presente no puede concluirse que la estructuración de la categoría de sujetos alcanzada por la restricción a la apelación sea arbitraria o responda a una finalidad ilegítima e injusta, ya que es un parámetro razonable que sujetos que tengan bienes de escaso valor o menor trascendencia económica reciban diverso tratamiento adjetivo que otros que tengan bienes de mayor valor económico. La categoría ha sido conformada justa y racionalmente, por lo que la regulación no resulta contradictoria con el programa constitucional. Al analizar la regularidad constitucional de una norma presuntamente violatoria del derecho de igualdad, “es necesario, en primer lugar, que todos los miembros de la clase sean alcanzados igualmente por la Ley que para la clase se dicte (...). Pero, además, es necesario que cuando la Ley define un grupo de personas para hacerla objeto de una legislación especial, la constitución de ese grupo sea razonable y no arbitraria (...). Naturalmente, la razonabilidad de la formación de los grupos o clases no puede ser juzgada independientemente del objeto mismo perseguido por la Ley ” (cf. JIMÉNEZ DE ARECHAGA, Justino, La Constitución Nacional, T. I, edición de la Cámara de Senadores, págs. 36 y 368). Como expresa Martín RISSO FERRAND, el principio aludido “(...) no impide una legislación para grupos o categorías de personas especiales, sino que esta diferenciación puede ser admitida siempre que cumpla con algunos requisitos específicos” (RISSO FERRAND, Martín, Derecho Constitucional, FCU, 2006, págs. 504 y ss.). Este autor distingue dentro de lo que se denomina “el juicio de razonabilidad”, como parámetro valorativo de las causas de distinción en clases o grupos efectuada por el legislador, otros niveles. Así, expresa que existen hipótesis en las cuales no surge de la Constitución, en forma explícita o implícita, la causa de ciertas distinciones. En estos casos, la razonabilidad de una determinada disposición legal se establece tomando en cuenta si ella plasma arbitrariedad o capricho y si resulta contraria a lo dispuesto por la Constitución. Al juicio de razonabilidad, en el sentido expresado en primer término, se adiciona, con carácter esencial para el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una disposición, a la luz del principio de igualdad, el reclamo de que exista una finalidad consagrada por la norma que en concreto se analice. Ello se enmarca, enseña Martín RISSO FERRAND, en un concepto que se suele denominar racionalidad, que es habitual que se presente en forma indiferenciada, formando parte del referido juicio de razonabilidad. El concepto de racionalidad, así estructurado, ya sea que se lo considere autónomo o comprendido en el de razonabilidad, implica, asimismo, que exista una relación positiva entre los medios utilizados y los fines perseguidos en la norma cuya constitucionalidad se analiza (ob. cit. págs. 500 a 506). Y trasladando tales conceptos al caso de autos, surge, en forma palmaria, la relación positiva aludida entre los medios utilizados (establecer un límite a la posibilidad de recurrir atendiendo al valor del asunto) y los fines perseguidos (la celeridad, la certeza jurídica y la pronta y eficiente administración de justicia). En efecto. Tal como señalara TARIGO con apoyo en CARNELUTTI, existe una clara relación entre la importancia del litigio y el esfuerzo necesario para obtener su composición o su solución mediante el proceso (cf. TARIGO, Enrique: “Lecciones de Derecho Procesal Civil”, Tomo I, FCU, 6ª Edición, Montevideo, 2010, pág. 111). En consecuencia, esa correlación de trascendencia alcanza al sistema de revisión de lo decidido en la instancia. El legislador ha resuelto limitar la posibilidad de apelación con el fin de evitar saturar los otros órganos jurisdiccionales de asuntos de menor valuación dineraria ” (Cfme. Sentencia N° 1.977/2017). En atención a los conceptos vertidos en la sentencia citada, que a juicio de la Corte resultan aplicables, en lo pertinente, al sub lite , cabe desestimar el planteo de inconstitucionalidad del art. 232 del CAROU fundado en la presunta vulneración al principio de igualdad. En el casus , las categorías han sido elaboradas en base a parámetros razonables, de forma justa y racional, por lo que la regulación efectuada por el legislador no resulta contradictoria con el programa constitucional. Por lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia FALLA: DESESTIMANDO LA EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA; CON COSTAS DE PRECEPTO (ART. 523 DEL C.G.P.). HONORARIOS FICTOS: 20 B.P.C. Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVANSE.