Sentencia Definitiva N° 920/2019

Montevideo, primero de abril de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “K.K. C/ M.M. – LEY 19.580 - EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ART. 46 DE LA LEY Nº 19.580”, individualizados con el IUE: 260-472/2018. RESULTANDO : I) La Sra. K.K. realizó una denuncia de hechos de violencia que contra ella habría ejercido su pareja, M.M.. Ante los hechos relatados, el juzgado interviniente dispuso que se notificara a la víctima que iniciara los procesos por vía civil en el Juzgado de Familia por tenencia y otros trámites referentes a los menores. Asimismo, se dispuso intimar al Sr. M.M. a no incurrir en hechos de similares características. De igual forma, se adoptó como medida la prohibición de mantener contacto por un lapso de 180 días y prohibición de acercamiento en un radio de 200 metros de la víctima (fojas 8 vta. y 15). El 29 de mayo de 2018 se celebró audiencia con denunciante y denunciado sobre los hechos de violencia (fojas 20/21). II) En esa misma audiencia, M.M. interpuso excepción de inconstitucionalidad respecto del artículo 46 de la ley 19.580 (fojas 22-29). Expresó, en síntesis, que el artículo impugnado vulnera lo dispuesto en el artículo 8 (principio de igualdad), 10 (principio de libertad), 72 y 332 de la Constitución de la República. De las normas referidas se deriva la denominada “presunción de inocencia”, principio “inherente a la personalidad humana” y que surge de la forma republicana de gobierno. Asimismo, la norma impugnada retacea las garantías del debido proceso legal. La disposición impugnada establece criterios apriorísticos para la valoración de la prueba, ya que el denunciado siempre quedará en una posición procesal desigual frente a la parte denunciante. La denunciante, en cambio, ante la mera interposición de la denuncia por presuntos hechos de violencia doméstica, va a gozar de una especie de presunción de veracidad de sus dichos. La mera diferencia de edad o condición económica de las partes, será valorada como abuso de poder contra la parte denunciante. El denunciado, en cambio, queda colocado en una posición de culpabilidad desde el inicio del proceso. Lo mismo entiende la recurrente que surge del inciso final del artículo 46 de la ley 19.580, en tanto dispone que “ no será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de los testimonios ”. De ese modo, se establece una credibilidad apriorística de los testimonios que ofrezca la denunciante, por el mero hecho de una presunción legal ilegítima que vulnera la igualdad. Asimismo, el artículo 46 crea una inversión de la carga de la prueba, en tanto dispone que “ debe tenerse especialmente en cuenta que los hechos de violencia constituyen, en general, situaciones vinculadas a la intimidad o que se efectúan sin la presencia de terceros ”. A criterio de la recurrente, el legislador le está diciendo al magistrado que las versiones de la denunciante deben ser consideradas verdaderas (salvo evidente prueba en contrario). La parte denunciada, a priori, se presumirá culpable, dado que la denunciante no deberá acreditar la veracidad de los hechos constitutivos de su denuncia (presunción de veracidad de la denuncia), obligando al denunciado –sobre quien recae el proceso represivo– a realizar una prueba diabólica para acreditar su inocencia. Al vulnerarse el principio de inocencia, se violentarían los artículos 72 y 332 de la Carta Magna, por cuanto el principio del Juez Natural ingresa en los derechos inherentes a la personalidad humana y a la forma republicana de gobierno. La norma impugnada también quebranta la seguridad jurídica, consagrada en el artículos 10, 72 y 332 de la Constitución, modificándose las normas garantistas de los procesos de estructura ordinaria y ello atenta contra el principio de tutela jurisdiccional efectiva, calificada en primer término por la imparcialidad de los órganos judiciales, incurriendo en una violación de la debida seguridad jurídica que un ordenamiento positivo y un Estado de derecho deben asegurar a las personas. III) La denunciante evacua el traslado conferido a fojas 38-40vto., abogando por su rechazo. IV) A fojas 44-45 se expidió el Fiscal de Corte, quien consideró que correspondía desestimar la pretensión deducida. V) Por providencia nro. 2445/2018 se dispuso el pasaje a estudio sucesivo y se llamaron los autos para sentencia (fojas 47). VI) Una vez culminado el estudio por los Señores Ministros, se acordó el dictado de sentencia para el día de la fecha. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestimará la pretensión de declaración de inconstitucionalidad interpuesta por vía de excepción, con costas a cargo de la impugnante, en mérito a los siguientes fundamentos. II) La norma impugnada establece: “(Valoración de la prueba).- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 140 del Código General del Proceso, debe tenerse especialmente en cuenta que los hechos de violencia constituyen, en general, situaciones vinculadas a la intimidad o que se efectúan sin la presencia de terceros. El silencio, la falta de resistencia o la historia sexual previa o posterior de la víctima de una agresión sexual, no deben ser valorados como demostración de aceptación o consentimiento de la conducta. La diferencia de edad, de condición económica, las dádivas, regalos y otras formas de compensación, serán valorados como indicadores de abuso de poder en situaciones de abuso sexual contra niñas, niños o adolescentes. En todos los casos se respetará el derecho y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes a dar su opinión, la cual deberá analizarse aplicando las reglas de la sana crítica. No será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de sus testimonios” . III) La formulación normativa o disposición impugnada contiene 3 normas claramente diferenciables. Por un lado, la primera parte del primer inciso del precepto consagra una primera norma: sin perjuicio de las reglas de la sana crítica, la ley ordena al juez a considerar especialmente la modalidad en que, generalmente, se verifican los episodios de violencia doméstica. La segunda parte del primer inciso, consagra una segunda norma, al establecer una serie de hechos indicadores –indicios– que no deben ser valorados, respecto de la víctima de una agresión sexual, como demostración de aceptación o consentimiento de la violencia. El segunda inciso consagra la exigencia de que se respete el interés superior de los niños, niñas y adolescentes a dar su opinión y la imposibilidad de restar credibilidad a sus testimonios con argumentos técnicos. Como puede visualizarse, la segunda parte del inciso primero y el inciso 2 no resultan aplicables al proceso de protección de la ley 19.580 ventilado en el caso. Precisamente, porque las actuaciones judiciales se dan en el marco de la denuncia por amenazas de muerte proferidas por el Sr. M.M. hacia su ex pareja –mayor de edad– y otros episodios de violencia física y psicológica contra ella (ver fojas 8 y 19/20). La denuncia no versa sobre una agresión sexual, ni involucra una agresión sexual con niños, niñas o adolescentes. Por tanto, la única norma con vocación aplicativa en este proceso es la prevista en el primer inciso del artículo 46 de la ley 19.580, lo cual determina la inexistencia de un interés directo respecto de las restantes. IV) Corresponde desestimar la pretensión respecto de la primera parte del inciso 1 del artículo 46 de la ley 19.580, ya que no existen las alegadas violaciones del principio de igualdad, ni del debido proceso legal. A) A criterio de los Doctores Bernadette Minvielle y Luis Tosi, la impugnación debe ser desestimada en mérito de los siguientes fundamentos. En primer lugar, porque el Sr. M.M. parte de la idea de que merece recibir igual trato de la ley, desconociendo que el legislador puede legislar para grupos o clases con tal de que éstos se conformen en base a parámetros de racionalidad o razonabilidad. El Sr. M.M. no toma en cuenta que la ley 19.580 se inscribe en una política pública “afirmativa” que lo que procura es tutelar con acciones materiales, positivas y concretas a un grupo social vulnerable: “mujeres de todas las edades” y “mujeres trans”. Ante un contexto social de violencia instalada contra las mujeres, el legislador identificó a éstas como grupo social vulnerable y que no se encuentra en pie de igualdad con los hombres a la hora de erradicar la violencia. Para ello es que se han arbitrado una serie de mecanismos institucionales afirmativos para proteger el derecho de las mujeres al goce efectivo de una vida libre de violencia basada en género, esto es, por su mera condición de mujer como tal. No hay, pues, violación del principio de igualdad cuando la paridad de tratamiento se reclama entre sujetos que no se encuentran en análogas condiciones para requerir la misma actividad prestacional del Estado. Por otra parte, la oración con vocación de aplicabilidad en el caso, contiene un principio basado en las reglas de la experiencia extraído de lo que comúnmente acaece (artículo 141 del Código General del Proceso), que el legislador, en el caso, explicitó convenientemente pero –aun cuando no fuera así– cuenta con un fuerte arraigo en nuestra jurisprudencia. La norma únicamente mandata al juzgador a considerar que los hechos de violencia se erigen, generalmente, en la intimidad, sin la presencia de terceros. Lo que hace el legislador no es otra cosa que una generalización empírica, que obviamente admite excepciones, y que a su vez serán valoradas por los principios generales de las reglas de la sana crítica. B) A criterio de los Doctores Jorge Chediak, Eduardo Turell y la redactora, la única impugnación referida a la transgresión del principio de igualdad que puede ser autonomizada, no sin algún esfuerzo de interpretación, es la referida al establecimiento de una norma de valoración de la prueba diferente para las denuncias formuladas por mujeres. Ninguna transgresión al principio de igualdad puede existir entre hombres y mujeres en este aspecto, cuando contamos con normas paralelas para hechos similares en los cuales las víctimas sean mujeres u hombres. El inciso 2 de la ley 17.514, en formulación similar a la de la norma impungada, establece “ Asimismo, se considerará especialmente que los hechos constitutivos de violencia doméstica a probar, constituyen, en general, situaciones vinculadas a la intimidad del hogar, cuyo conocimiento radica en el núcleo de personas afectadas por los actos de violencia ”. Por tanto, aunque se encuentren en cuerpos normativos diferentes, tanto la ley 19.580, como la ley 17.514, tienen la misma norma de valoración de la prueba. Si el denunciante de los hechos fuera el Señor M.M., contaría con una norma de valoración de la prueba similar a la que se aplica a la denuncia de su ex pareja. V) No se transgrede el principio de inocencia. La denunciada violación del principio de presunción de inocencia no resiste el menor análisis. El excepcionante pretende extender el campo de operatividad de la precitada garantía a procesos no penales, como lo es el proceso de protección de la ley (artículo 51, literal “A” de la ley 19.580), cuyo objeto no es otro que proteger la integridad física y emocional de la presunta víctima. En esa perspectiva tutelar y atendiendo al objeto del proceso, la presunción de inocencia del sujeto denunciado por ejercer violencia de género no tiene vinculación con la materia objeto de juzgamiento. Asiste razón, en el caso, a la denunciante en cuanto postula que el proceso de protección de la ley 19.580 no es un proceso penal que pudiera culminar con un juicio de culpabilidad respecto al denunciado por violencia de género. En el proceso de protección, de lo que se trata, no es de movilizar el aparato represivo estatal ni establecer una carga aflictiva sobre el agresor. Las medidas de resguardo o protección que prevé la ley 19.580, aplicables en el marco de este tipo de procesos, se orientan a resguardar a la persona presuntamente agredida, por cuanto el interés prioritario es la protección integral de la dignidad humana, la seguridad de la víctima y el entorno familiar. Ofrecen más que nada una característica tutelar y provisoria, antes que sancionatoria. En nuestro caso, y de acuerdo a las resultancias de autos, se estableció como medidas de protección que el Sr. M.M. no mantuviera contacto con la denunciante y restricciones de acercamiento. Las limitaciones establecidas no constituyen un castigo personal al denunciado, ni se afecta su estado de inocencia, porque no se realiza un juicio de culpabilidad acerca de la comisión de un ilícito penal. Si este tipo de procesos no son sancionatorios –porque no suponen una carga aflictiva sobre la esfera personal del denunciado–, mal puede aducirse la vulneración de una garantía cuyo campo de aplicación es el de los procesos en los que está en juego un castigo por la comisión de una infracción a la ley penal. El legislador, atendiendo a una creciente problemática social –en la que los indicadores de violencia de género son alarmantes– ha dispuesto acciones concretas, erigiendo así un sistema de protección respecto de personas en situación de vulnerabilidad. Ahora bien, no puede extraerse de ello la vulneración del estado de inocencia. No se está consagrando una regla presuncional en contra del denunciado acerca de la autoría del hecho de violencia, sino que meramente se precave ante la eventualidad. VI) Las costas resultan de precepto y no corresponde establecer especial condena en costos. Por estos fundamentos, la Suprema Corte de Justicia, debidamente integrada y por unanimidad, FALLA : DESESTIMAR LA PRETENSIÓN DE DECLARACIÓN DE INCONSTUCIONALIDAD, CON COSTAS. HONORARIOS FICTOS 20 BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. NOTIFÍQUESE. OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE.