Sentencia Definitiva N° 924/2019

Montevideo, primero de abril de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “AA - UN DELITO DE HOMICIDIO - CASACIÓN PENAL”, IUE: 89-564/2014 , venidos a conocimiento de esta Corporación en mérito al recurso de casación interpuesto por la defensa del encausado contra la Sentencia Definitiva No. 324/2017, de fecha 7 de diciembre de 2017, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er. Turno. RESULTANDO : I) Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia No. 132/2016 , de fecha 13 de junio de 2016, la titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 16to. Turno, Dra. Julia STARICCO CAMPODÓNICO, falló: “C ondénase (a) AA como autor penalmente responsable de un delito de Homicidio a la pena de ocho (8) años de penitenciaría con descuento del tiempo de detención sufrido y de su cargo los gastos carcelarios previstos en el art. 105 lit e) y d) del Código Penal y art. 249 Código Proceso Penal” (fs. 190/207). II) Por Sentencia Definitiva de Segunda Instancia No. 324/2017 , de fecha 7 de diciembre de 2017, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er. Turno falló: “ Confírmase la sentencia apelada teniendo presente lo consignado en el Considerando I...” (fs. 264/267). III) En tiempo y forma, la defensa del encausado Sr.AA interpuso el recurso de casación en examen (fs. 271/274). En su libelo impugnativo planteó, en concreto, los siguientes cuestionamientos: En primer lugar, sostuvo que existió en el caso errónea aplicación del art. 63 de la Ley No. 18.315, del cual surge que la ratificación en Sede Judicial de los interrogatorios policiales no tiene valor probatorio. Agregó que el interrogatorio en Sede Policial de un individuo que tenía su capacidad de querer y entender disminuida debido a la gran cantidad de droga ingerida, como asimismo la conmoción generada de los hechos acaecidos, nos brinda poco valor a sus declaraciones. En segundo lugar, señaló que la reconstrucción prevista en el art. 182 del C.P.P. presenta en la especie algunas irregularidades, como ser: a) no existe resolución judicial que disponga su realización; b) no existe acta de la misma; c) fue llevada a cabo sin la presencia de la Defensa. En tercer término, adujo que no se dio cumplimiento al art. 177 del C.P.P. (comprobaciones sobre intoxicación); dada la cantidad importante de restos de envoltorios de sustancias alucinógenas, y la propia conducta irracional del encausado, debió procederse a la verificación para determinar el grado de intoxicación. A este respecto, discrepó con la afirmación del Tribunal según la cual los hechos posteriores a la muerte de BB dan la pauta de que el encausado actuó en forma lúcida, pensada. A juicio del recurrente, tales hechos posteriores (pedir una carretilla, tirar un cadáver para el fondo de un vecino) dan la pauta de que el individuo no estaba en sus cabales, pues si hubiera estado lúcido no hubiera hecho tales cosas. Los testigos aportados por la defensa vieron al encausado ese día totalmente fuera de sus cabales. En la especie, faltó una prueba determinante, la prevista en el art. 177 del C.P.P., que hubiera aclarado la situación. En cuarto lugar, se agravió por el cómputo de la agravante prevista en el art. 47 nral. 6º del Código Penal, indicando que los Ministros del Tribunal mencionan una parte de los hechos y se olvidan de la otra mitad. Si efectivamente BB ingresa a la vivienda con un cuchillo dispuesto a agredir a AA, cabe preguntarse en ese momento quién tiene la desventaja. E incluso luego, cuando AA pasa a tener el cuchillo en su poder, huelga preguntarse por qué BB no huyó de la escena. Según la prueba aportada, BB optó por atacar a AA en situación desventajosa. Por último, expresó que los errores de procedimiento en temas esenciales (pruebas esenciales) para este proceso, que no fueron subsanados, generaron una nulidad que no fue subsanada en forma legal. En definitiva, solicitó que se modifique la sentencia en recurso conforme a derecho, ordenando el abatimiento de la pena impuesta por la sentenciante de primera instancia y confirmada por el Tribunal de Apelaciones. IV) Por mandato verbal de fecha 20 de marzo de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er. Turno resolvió elevar los autos a la Suprema Corte de Justicia (fs. 275), los que fueron recibidos por la Corporación el día 4 de abril de 2018 (fs. 277). V) Conferido el traslado de precepto (fs. 279), fue evacuado por la Fiscalía Penal de Montevideo de 4to. Turno, en los términos que surgen del escrito que corre a fs. 286/287, abogando por el rechazo de la impugnación. VI) Los autos pasaron en vista al Sr. Fiscal de Corte, quien en su dictamen concluyó que correspondía desestimar el recurso movilizado (Dictamen No. 533/2018 , a fs. 292/295). VII) Por Decreto No. 1693 de fecha 25 de junio de 2018 (fs. 297), se dispuso el pasaje de los autos a estudio para sentencia, al término del cual se acordó emitir el presente pronunciamiento en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes, desestimará el recurso de casación interpuesto. Como precisión preliminar, la Corporación entiende del caso señalar que la impugnación formulada por la defensa, dada su liviandad y escasa argumentación, apenas contempla las exigencias legales en punto a su fundamentación (arts. 270 y 272 del C.P.P.). No obstante lo cual, en base a una interpretación amplia del recurso movilizado, se entenderá que el mismo resulta admisible (art. 275 C.P.P.) y se ingresará al análisis de los agravios formulados. Ello sin perjuicio de lo que se dirá respecto al último agravio deducido por el recurrente, el cual carece por completo de fundamentación que lo sustente, lo que determinará su rechazo liminar. II) Respecto a la alegada errónea aplicación del art. 63 de la Ley No. 18.315 Sostuvo el recurrente, en primer lugar, que existió en el caso errónea aplicación del art. 63 de la Ley No. 18.315, del cual surge que la ratificación en Sede Judicial de los interrogatorios policiales no tiene valor probatorio. Agregó que el interrogatorio en Sede Policial de un individuo que tenía su capacidad de querer y entender disminuida debido a la gran cantidad de droga ingerida, como asimismo la conmoción generada de los hechos acaecidos, nos brinda poco valor a sus declaraciones. Sobre el punto, estima la Corporación que el agravio carece de objeto, en tanto emerge de la lectura de la sentencia atacada que el ad quem no fundó su fallo en las resultas de los interrogatorios policiales, ni en la ratificación de éstos en Sede Judicial, sino que, antes bien, apuntó expresamente la inadmisibilidad de tales pruebas, pese a lo cual, por diversos fundamentos, entendió que corres-pondía confirmar la sentencia de primera instancia. En tal sentido, en el Considerando I) de su pronunciamiento, señaló el Tribunal: “(...) cabe observar que no es admisible, en los aspectos sustanciales, la simple ratificación en Sede judicial de interrogatorios policiales cuyo resultado ‘no tiene valor probatorio sino que es indicativo de la actividad probatoria’ (art. 63 Ley No. 18.315), tal como ocurrió en la especie” (fs. 264 vto.). Como se ve, la Sala puso de manifiesto la inadmisibilidad de tales probanzas, pese a lo cual, valorando el cúmulo probatorio obrante en autos, entendió finalmente que correspondía confirmar el fallo recaído en el grado anterior. En otros términos, debe entenderse que las actuaciones administrativas referidas no fueron elementos determinantes del fallo de segunda instancia. Por el contrario, expresamente, el Tribunal disintió en el punto con la sentencia de primer grado. El recurrente ataca, entonces, el valor de una prueba que no fue considerada por la Sala para arribar a su fallo. En consecuencia, el agra-vio referido carece de utilidad, por lo que no puede recibir el amparo jurídico que se reclama. III) Respecto a las irregula-ridades señaladas en relación a la reconstrucción prevista en el art. 182 del C.P.P. En segundo lugar, señaló el recurrente que la reconstrucción prevista en el art. 182 del C.P.P. presenta en la especie algunas irregularidades, como ser: a) no existe resolución judicial que disponga su realización; b) no existe acta de la misma; c) fue llevada a cabo sin la presencia de la Defensa. El agravio resulta de rechazo, por iguales consideraciones a las expuestas en el Considerando anterior, puesto que la Sala también relevó la improcedencia de la reconstrucción llevada a cabo en el caso, pese a lo cual confirmó –en base a otros elementos- la sentencia de primera instancia, lo que lleva a concluir que la irregular prueba no fue tenida en consideración por la Sala a la hora de emitir su fallo. En efecto, en la parte final del Considerando I) de la sentencia impugnada, sostuvo el Tribunal: “ También es de señalar como absolutamente improcedente la atípica ‘reconstrucción’ llevada a cabo, sin la presencia de la Defensa, de la cual no existe resolución judicial que disponga su realización y de la que no luce agregada en autos acta alguna solo un relevamiento fotográfico por parte de la Policía (fs. 97-101)” (fs. 264 vto./265). La Sala descartó la prueba sindicada como irregular por el recurrente, lo cual determina la improcedencia del agravio formulado en la presente instancia, en tanto se dirige a rebatir la validez o eficacia de una prueba que, expresamente, fue calificada por la Sala como “ absolutamente improcedente ”, y que, en consecuencia, no formó parte de los elementos determinantes del fallo. Por lo expuesto, entonces, cabe repeler el agravio. IV) Respecto al alegado incum-plimiento de lo dispuesto en el art. 177 del C.P.P. IV.I) En tercer término, adujo el recurrente que no se dio cumplimiento al art. 177 del C.P.P. (comprobaciones sobre intoxicación). Apuntó que, dada la cantidad importante de restos de envoltorios de sustancias alucinógenas, y la propia conducta irracional del encausado, debió procederse a la verificación para determinar el grado de intoxicación. A este respecto, discrepó con la afirmación del Tribunal según la cual los hechos posteriores a la muerte de BB dan la pauta de que el encausado actuó en forma lúcida, pensada. A juicio del recurrente, tales hechos posteriores (pedir una carretilla, tirar un cadáver para el fondo de un vecino) dan la pauta de que el individuo no estaba en sus cabales, pues si hubiera estado lúcido no hubiera hecho tales cosas, a lo que añadió que los testigos aportados por la defensa vieron al encausado ese día totalmente fuera de sus cabales. En criterio de la Corporación, el planteo resulta de rechazo, por los fundamentos que serán reseñados. Más allá de que el recurrente invoca la infracción del art. 177 del C.P.P., de los términos del escrito impugnativo se advierte que lo que en realidad cuestiona, en este pasaje de su escrito, es la valoración probatoria realizada por la Sala respecto a si el encausado tenía o no la conciencia disminuida al momento de realizar la conducta típica imputada. IV.II) Dicho esto, en cuanto a la infracción a las normas de valoración probatoria en materia penal, los Sres. Ministros Dres. MARTÍNEZ y TURELL consideran que bajo ningún supuesto resulta posible discutir los hechos tenidos por probados en segunda instancia. Y ello en función del claro tenor del inciso segundo del artículo 270 del Código del Proceso Penal, el cual establece: “ No podrán discutirse los hechos dados por probados en la sentencia, los que se tendrán por verdaderos ”. Los hechos son intangibles y debe estarse a los dados por probados por el tribunal de mérito, siendo únicamente posible apreciar si medió o no error en la aplicación de las normas jurídicas o en la subsunción de los hechos al derecho que los regula. La función de la Corte es tomar el hecho narrado por el tribunal o tenido por probado como tal para reexaminar, eso sí, si la calificación jurídica es o no apropiada al hecho así narrado, tal como lo sostuvieron los referidos Ministros en las Sentencias Nos. 1985/2017 y 586/2017. Los Sres. Ministros Dres. MARTÍNEZ y TURELL añaden que, a su entender, no es aplicable a las causas penales lo dispuesto por el artículo 270 del C.G.P., en el bien entendido de que no es un supuesto en el cual corresponda recurrir a la norma integradora contenida en el artículo 6º del C.P.P. Ello porque, atento al claro tenor del artículo 270 inciso 2º del C.P.P., no cabe más que concluir que la integración con la norma adjetiva civil resulta expresamente vedada en esta materia. La categórica proclama del texto legal impide toda flexibilidad de interpretación o integración por las que se deslice la posibilidad de invocar la infracción a las reglas de valoración de la prueba prevista como causal de casación en el artículo 270 inciso 1º del C.G.P. Ello, porque parece claro que la solución de la ley procesal civil se opone de manera terminante al precepto de la ley procesal penal (Cfme. Sentencia No. 454/2013). En la misma línea de pensamiento se han expresado calificados estudios específicos sobre el tema. VESCOVI, en su clásica obra sobre el recurso de casación, señaló: “(...) nuestro régimen legal de la casación penal ha excluido el error en la apreciación de la prueba como juzgable en casación, diciendo que no se podrá discutir acerca de los hechos que la sentencia considere comprobados (...)” (Cfme. VESCOVI, Enrique, La casación civil , Idea, Montevideo, 1996, pág. 83). Más recientemente, se pronunció en tal sentido VEIRAS, quien afirmó: “(...) la existencia de una previsión legal específica sobre el punto en el C.P.P. (artículo 270 inciso 2), contraria a la solución genérica establecida en el C.G.P. (artículo 270 inciso 1) –y salvo la excepción que se mencionará–, impide trasladar analógicamente esta última por vía de integración normativa (...)” (Cfme. VEIRAS, Jorge, “Casación Penal. Integración de sus normas con las del Código General del Proceso”, en AA. VV., XIV Jornadas Nacionales de Derecho Procesal , FCU, 2009, pág. 347). La excepción que menciona el Prof. VEIRAS no se aplica al caso de autos, desde que ella refiere a la infracción de las reglas legales de valoración de la prueba cuando no se otorga a un determinado medio probatorio documental el valor que la ley le atribuye o cuando no se asigna eficacia probatoria a un cierto medio de prueba en casos en los que tal eficacia está impuesta legalmente. En función del posicionamiento señalado, concluyen los Sres. Ministros Dres. MARTÍNEZ y TURELL que corresponde desestimar el agravio formulado respecto al estado mental del encausado al momento de los hechos, por cuanto el recurrente intenta una revalorización del material probatorio, lo que se encuentra vedado en esta etapa del proceso. IV.III) Por su parte, para los Sres. Ministros Dres. CHEDIAK, MINVIELLE y el redactor, resulta posible en la etapa de casación (penal) revisar las decisiones sobre valoración probatoria, cuando éstas resultan arbitrarias, irracio-nales o contrarias a las reglas de la lógica. Al respecto, señaló la Corte en Sentencia No. 134/2018: “ A juicio de los Dres. HOUNIE, CHEDIAK y la redactora (Dra. MINVIELLE) corresponde partir de la base de que, en nuestro derecho procesal penal, el recurso de casación únicamente puede fundarse en una errónea aplicación del Derecho, ya sea en el fondo (juzgamiento error in iudicando) o en la forma (procedimiento, error in procedendo) (Cfme. GARDERES, Santiago y VALENTÍN, Gabriel: ‘Código del Proceso Penal Comentado (con la colaboración de Soledad Díaz)’, La Ley Uruguay, Montevideo, 2012, pág. 638). Al decir de BARRIOS DE ANGELIS, la máxima fundamental de la casación, es que ella solo comprende el punto de Derecho y no tiene intervención en la cuestión de hecho (Cfme. BARRIOS DE ANGELIS, Dante: ‘Cuestiones de hecho y de derecho en la casación’, Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de la República, Año XIII (No. 3), Montevideo, 1962, pág. 579). Ahora bien, la jurisprudencia de la Corporación -que se comparte- ha admitido la posibilidad de revisar las decisiones sobre valoración probatoria, cuando estas resultan arbitra-rias, irracionales o contrarias a las reglas de la lógica. Como señala COLOMBO, si bien la revalorización de la prueba resulta excepcional, la Corte –en base a la Teoría del absurdo evidente- puede hacerlo cuando media error notorio, lo que equivale a manifiesto, patente, evidente, palmario, claro, ostensible. De este modo se abre un nuevo campo para la casación, el cual se admite con un entorno sumamente restrictivo, para realizar y actuar la justicia como último instrumento para evitar la iniquidad del fallo (COLOMBO, Erik H.: ‘Casación: Teoría del absurdo evidente’, RUDP 1/1983, págs. 57/58). Como bien postulan VALENTÍN y GARDERES, el C.P.P. no contiene una referencia similar a la del art. 270 del C.G.P., que incluye expresamente como error de Derecho, la infracción a las reglas legales sobre valoración de la prueba. Empero los mismos argumentos que permiten revisar la aplicación de los criterios legales de valoración de la prueba en la casación civil, deben admitirse como fundamento de la casación penal. En esencia, la sana crítica es una regla legal, y si las conclusiones probatorias del fallo resultan claramente absurdas, esa regla legal de valoración probatoria se encuentra afectada (teoría del ‘absurdo evidente’, recogida en la jurisprudencia civil de la Suprema Corte de Justicia). En definitiva, expresan los comentaristas en términos plenamente compartibles, que el art. 270 inc. 2 del C.P.P. no establece algo distinto de lo previsto con carácter general en el art. 270 C.G.P. (‘el recurso sólo podrá fundarse en la existencia de una infracción o errónea aplicación de la norma de derecho...’), y la aclaración referida a la intangibilidad de los hechos debe interpretarse en ese marco conceptual clásico, sustentado en la distinción entre hechos y derecho, que no supone negar el carácter normativo (Derecho) de las reglas legales sobre valoración de la prueba (Cfme. GARDERES, Santiago y VALENTÍN, Gabriel: ‘Código del Proceso Penal Comentado’, LA LEY URUGUAY, 1ª Edición, Montevideo, 2012, pág. 638). Ya BARRIOS DE ANGELIS enseñaba, en su señero trabajo, que hay error de derecho cuando se incurre en error al aplicar las normas en materia de prueba (BARRIOS DE ANGELIS, Dante: ‘Cuestiones...’, cit., pág. 586)” (Cfme. Sentencia No. 134/2018; en igual sentido: Sentencia No. 1.492/2018). Ahora bien. En la especie, no se advierte, en absoluto, que el razonamiento probatorio de la Sala, en lo que respecta a la valoración del estado de conciencia del encausado al momento de cometer el delito, resulte absurdo, irracional, ilógico o arbitrario, únicos supuestos en los que se justificaría su corrección en casación. De la lectura de la fundada sentencia atacada, se desprende que el desarrollo del razonamiento del Tribunal, en relación al punto que es objeto de cuestionamiento ( vide : fs. 266 vto.), no evidencia apartamiento alguno de las reglas de la lógica; muy por el contrario, se trata de un razonamiento coherente, claro y fundado. Al no advertirse un supuesto de absurdo evidente, concluyen los Sres. Ministros Dres. CHEDIAK, MINVIELLE y el redactor, que cabe desestimar el agravio articulado por el recurrente. V) Respecto al cómputo de la agravante prevista en el art. 47 nral. 6º del Código Penal . V.I) El cuarto agravio del recurrente dice relación con el cómputo de la agravante prevista en el art. 47 nral. 6º del Código Penal. Sobre el punto, indica el impugnante que los Ministros del Tribunal mencionan una parte de los hechos y se olvidan de la otra mitad. Alega que si efectivamente BB ingresa a la vivienda con un cuchillo dispuesto a agredir a AA, cabe preguntarse en ese momento quién tiene la desventaja. Concluye que, según la prueba aportada, BB optó por atacar a AA en situación desventajosa. A juicio de la Corte, el planteo resulta de rechazo, por iguales razones a las que condujeron a la desestimatoria del agravio analizado en el Considerando anterior. En efecto, nuevamente se advierte que el recurrente cuestiona la valoración probatoria realizada por la Sala, en este caso, respecto a si el ataque mortal del encausado se dirigió o no contra una víctima inerme. Ello, a efectos de cuestionar la aplicación en el caso de la agravante prevista en el art. 47 nral. 6º del Código Penal. V.II) Como fuera señalado, los Sres. Ministros Dres. MARTÍNEZ y TURELL consideran que, en la etapa de casación penal, bajo ningún supuesto resulta posible discutir los hechos tenidos por probados en segunda instancia. En función de ello, consideran que corresponde desestimar el presente agravio, en el cual se pretende una revalorización probatoria, vedada en casación. V.III) Por su parte, los Sres. Ministros Dres. CHEDIAK, MINVIELLE y el redactor, si bien entienden que es posible, en la etapa de casación, corregir las conclusiones probatorias cuando el Tribunal ad quem haya incurrido en supuestos de “absurdo evidente”, no advierten que, en la especie, se haya configurado tal hipótesis. En tal sentido, el razonamiento probatorio de la Sala, en lo que respecta a la valoración de la situación de la víctima, en concreto, si ésta estaba armada o desarmada, no resulta absurdo, irracional, ilógico o arbitrario, únicos supuestos en los que se justificaría su corrección en casación. Por el contrario, emerge de la lectura de la sentencia impugnada que el desarrollo del razonamiento del ad quem , en relación al punto que es objeto de cuestionamiento ( vide : fs. 266 vto./267), no evidencia apartamiento alguno de las reglas de la sana crítica. En consecuencia, al no advertirse un supuesto de arbitrariedad en la valoración de la prueba, concluyen los Sres. Ministros Dres. CHEDIAK, MINVIELLE y el redactor, que cabe desestimar el agravio articulado por el recurrente. VI) Respecto a los alegados errores de procedimiento, que habrían generado una nulidad que no fue subsanada en forma legal . En la parte final de su libelo, expresó el recurrente que los errores de procedimiento en temas esenciales (pruebas esenciales) para este proceso, que no fueron subsanados, generaron una nulidad que no fue subsanada en forma legal. El agravio no puede prosperar, en virtud de la ausencia de fundamentación suficiente. Véase que el recurrente refiere a la presunta existencia de “ errores de procedimientos en temas esenciales ”, pero no detalla cuáles serían tales errores y de qué modo ellos causarían la “ nulidad que no fue subsanada en forma legal ” (fs. 273). El agravio, apenas esbozado por la defensa, no ha sido debidamente fundado, no habiéndose cumplido a su respecto con la carga de la debida fundamentación. Lo expuesto determina, sin necesidad de ulterior análisis, el rechazo del presente agravio. Por último, si en función de una interpretación contextual del agravio en conjunto con el resto del escrito recursivo, se entendiera que los “errores de procedimiento” a los que alude la recurrente en la parte final de su libelo son los que fueran indicados en otros pasajes de su escrito, esto es, los relativos a la ratificación en sede judicial de los interrogatorios policiales, a la reconstrucción hecha por la policía sin resolución judicial que la determinara, o al no cumplimiento del art. 177 del C.P.P., cabe remitirse a las consideraciones previamente efectuadas en los Considerandos II) a IV) y, en función de lo allí indicado, corresponde desestimar igualmente el agravio. VII) No se impondrán especiales condenaciones en gastos causídicos. Por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO. SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. FÍJENSE LOS HONORARIOS FICTOS DEL LETRADO DEFENSOR DEL ENCAUSADO EN 20 B.P.C. (ART. 71 LITERAL B) DE LA LEY No. 17.738). NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE.