Sentencia Interlocutoria N° 531/2019

Montevideo, primero de abril de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia interlocutoria estos autos caratulados: “MORALES BORCHE, ANA C/ ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO Y OTRO - PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY NRO. 18.572) – CONTIENDA DE COMPETENCIA”, IUE: 2-590/2018 , venidos a conocimiento de la Corporación en mérito a la contienda de competencia planteada por el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 4º Turno (fs. 184/187). RESULTANDO : I) A fs. 11/25 vto. compare-ció Ana María MORALES ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 2º Turno y promovió demanda laboral contra tres demandados: una entidad pública no estatal (la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes) y contra dos entidades estatales (la Administración de los Servicios de Salud del Estado -ASSE- y el Ministerio de Salud Pública -MSP-). II) El proceso se tramitó según la estructura del proceso ordinario regulado en el C.G.P. (providencia No. 46/2018, fs. 27). III) En la audiencia preliminar (fs. 124), y en lo que aquí interesa, el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 2º Turno resolvió: (i) Declarar la manifiesta falta de legitimación pasiva del MSP y de la ASSE. (ii) Amparar la excepción de incompetencia opuesta por la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y, en su mérito, remitir la causa al Jugado Letrado del Trabajo que por turno resultare asignado. La parte actora anunció la interposición de recurso de apelación contra lo resuelto, el que se tuvo por anunciado, reservándose por el término legal. IV) A fs. 138/141 vto. compareció la parte actora e interpuso el recurso de apelación anunciado. No expresó ningún agravio respecto al acogimiento de la excepción de incompetencia. Centró su batería argumen-tal, única y exclusivamente, en lo resuelto en relación al relevamiento de la manifiesta falta de legitimación pasiva de la ASSE y del MSP. V) A fs. 159 el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 2º Turno franqueó el recurso de apelación interpuesto, resultando asignada la causa al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno (fs. 164). VI) El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, por sentencia identificada como SEI 0003-000129/2018 de 26 de setiembre de 2018, resolvió declararse incompetente y remitir la causa a la Sede Letrada de Primera Instancia “a sus efectos” (fs. 170). Sostuvo la Sala que, ante la ausencia de agravios de la recurrente en cuanto al acogimiento de la excepción de incompetencia planteada, la declaración de incompetencia quedó firme, lo que la torna incompetente en virtud de lo dispuesto en el art. 64 de la Ley 15.750: “Los Tribunales de Apelaciones en lo Civil conocerán en segunda instancia, de las apelaciones que se interpongan contra las sentencias dictadas en toda materia no penal ni del trabajo, por todos los Juzgados” . VII) La causa resultó asignada al Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 4º Turno, órgano que, por sentencia identificada como SEI 0511-000062/2018 de 7 de noviembre de 2018, resolvió declararse incompetente para conocer en la apelación y planteó contienda negativa de competencia, remitiendo la causa a conocimiento de la Corporación (fs. 184/187). La Sala fundó su incompetencia con base en diversos argumentos. En primer término, sostuvo que si bien la norma del art. 341 de la Ley 18.172 asigna competencia a los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo en preten-siones derivadas de un conflicto individual en el que sea parte una Administración estatal, no derogó el régimen de ampliación de competencia previsto en el art. 120 C.G.P. Y dado que en el caso se acumularon inicialmente pretensiones contra varios demandados, entre los que había administraciones estatales, debe estarse a la elección del actor. En el caso, tal elección fue la del fuero de lo contencioso administrativo, por lo que, es competente la Sala Civil. En segundo término, sos-tuvo que el Juez de primera instancia debió pronunciarse únicamente sobre la excepción de incompetencia, ya que estaba inhabilitado para pronunciarse sobre otras cuestiones, como lo hizo, al declarar la falta mani-fiesta de legitimación del MSP y de la ASSE. En tal sentido, señaló que si en segunda instancia se llegara a concluirse que en realidad la ASSE y el MSP sí están legitimados, caería el fundamento de la incompetencia declarada. En tercer término, la Sala del Trabajo de 4º Turno hizo caudal de que si bien del recurso de apelación surge que únicamente se expresaron agravios en relación al relevamiento de la falta de legitimación del MSP y de la ASSE, se solicitó expre-samente que continuarán las actuaciones en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo actuante. En definitiva, la apelación debería ser resuelta por la Sala con la misma competencia que la Sede de Primera Instancia. VIII) El expediente se recibió en la Corte el 26 de noviembre de 2018 (fs. 193). Por resolución No. 3521/2018 del 28 de noviembre de 2018 la Corporación llamó la causa para resolución (fs. 194). CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, con el número de voluntades legalmente requerido, declarará competente para entender en el asunto al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, con noticia de su contendiente, por los siguientes fundamentos. II) En primer término, debe consignarse que lo dispuesto en el art. 133.2 del C.G.P. no incide en la potestad de los órganos de segunda instancia de relevar su incompetencia. Respecto de esta cuestión, resultan plenamente compartibles las argumentaciones vertidas en la discordia de los Dres. Felipe HOUNIE y Elena MARTINEZ a la Sentencia No. 1.789/2015 al señalar que: “ Además, el hecho de que la ‘a quo’ no hubiera relevado de oficio la incompetencia de la Sede por razón de materia, no inhibe al ‘ad quem’ de analizar su propia competencia para conocer en segunda instancia, pues el art. 133.2 del C.G.P., al referirse a la audiencia preliminar y expresar que ‘(...) el órgano jurisdiccional de primera instancia continuará entendiendo en el asunto hasta su finalización (...)’, alude, inequívocamente, al juez de primer grado y no al de segunda instancia, cuyas potestades de contralor no pueden verse acotadas por la resolución de otro tribunal (principio de independencia jurisdiccional) y, menos aún, si éste es de inferior jerarquía. La preclusión respecto a la competencia opera, únicamente, en primera instancia y no obsta a su replanteo en segunda instancia, donde, naturalmente, se puede adoptar una solución distinta. Cabe recordar que la competencia por razón de materia de un tribunal de alzada no es prorrogable ni puede operar prevención alguna a su respecto”. Dicho criterio, por otra parte, cuenta con el respaldo de prestigiosa doctrina especializada (Cf. PEREIRA CAMPOS, Santiago: “Código General del Proceso. Reformas de la ley 19.090. Comparadas y Comentadas” , Universidad de Montevideo, 2ª edición, Montevideo, 2014, pág. 247). III) A criterio de la Corporación, la Sala del Trabajo de 4º Turno encausó correctamente su resistencia a entender en la apelación de la interlocutoria de marras mediante la presente contienda. Se entiende que la cuestión se resuelve, como bien lo puso de manifiesto la Sala del Trabajo de 4º Turno, en atención al régimen de acumulación de pretensiones regulado en el art. 120 del C.G.P. Régimen que, como lo ha señalado reiteradamente la Corte, no fue derogado ni modificado por la norma especial atributiva de competencia contenida en el art. 341 de la Ley 18.172 (Cf. Sentencias Nos. 439/2013, 121/2014, 102/2015, 39/2016, 173/2017, 61/2018, entre otras). En tal sentido, expresó la Corte en el último de los fallos recién citados: “La Corporación ha soste-nido que es el actor quien elige el fuero competencial en supuestos en que procede la acumulación conforme el art. 120 C.G.P., y que el art. 341 de la Ley No. 18.172 no modificó dicho criterio. La norma mencionada en último término prevé: ‘Los conflictos individuales de trabajo en que sea parte una Administración estatal se ventilarán ante los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo en Montevideo y ante los Juzgados Letrados de Primera Instancia del interior, salvo los casos de competencia especializada’. (...) Como se advierte, la norma del artículo 341 de la Ley No. 18.172 es atributiva de competencia, pero no excluye el régimen general de ampliación competencial contenido en el art. 120 C.G.P. Esta norma procesal admite la acumulación de pretensiones de diferente materia, siempre que exista conexión, como acontece en el subjudice. (...) Sostuvo la Corte en anteriores pronunciamientos (Sentencia No. 506/2010) que: ‘(...) ‘en supuestos en que la acumulación inicial de pretensiones reúna los requisitos del art. 120, es dable al actor optar por la presentación de la demanda en una u otra sede, provocando con este acto procesal la competencia de la escogida’ (cf. Tarigo, E.: Lecciones, T. 1, pág. 388). Al respecto expresaba Teitelbaum: ‘Tal sería el caso de la acumulación de dos pretensiones de diversa materia como sería la civil y la contencioso administrativa, acumulables ante la sede que elija el actor’ (‘La acumulación de pretensiones y el dilema del art. 120.1 C.G.P.’, en R.U.D.P. 1/94, pág. 46). Igual fenómeno se produce en sede de competencia por razón de territorio y en determinados casos cuando son varios los demandados y tienen el domicilio en lugares diferentes (art. 24 L.O.T.)... (Sent. No. 77/02 del 27/5/02, LJU, T. 127, año 2003, c-14.556). (...) La acumulación de pretensiones de diversa materia, habilita a quien las incoa a optar por el tribunal competente en virtud de lo edictado por el principio dispositivo y lo preceptuado por el propio art. 120: ‘El demandante podrá acumular’’. En el caso, el accionante eligió la competencia [ de lo contencioso administrativo ] , razón suficiente para que los tribunales competentes en ambas instancias sean los [ de lo contencioso administrativo ] ” , (el agregado entre corchetes para adecuarlo al caso no pertenece al original). En la especie, entonces, habiendo elegido el actor el fuero competencial de los Juzgado Letrados en lo Contencioso Administrativo, el conocimiento de la apelación de la interlocutoria de autos corresponde a los órganos de segunda instancia de tal fuero, los Tribunales de Apelaciones en lo Civil, conforme lo establece el art. 8 de la Ley 15.750. En el caso, al Tribunal de Apelaciones en lo Civil que por turno corresponda, esto es, el de 1º Turno (fs. 164, art. 9 de la Ley 15.750). IV) Adicionalmente, incidenter tantum, la Corte coincide enteramente con la Sala del Trabajo de 4º Turno en cuanto a que es claro que, con una pobre factura técnica, la parte actora impugnó el acogimiento de la excepción de incompetencia. Es muy claro que la voluntad declarada por la parte, independientemente de la deficiente técnica forense señalada, fue impugnar la declaración de incompetencia del Juez Letrado actuante. Como se consignara más arriba, en primera instancia el Juez actuante dictó despacho saneador estableciendo, en primer término, la manifiesta falta de legitimación pasiva de los co-demandados estatales, para, en segundo término -y fundado únicamente en tal circunstancia-, declarar la incompetencia del fuero no laboral. Por ello, la parte actora cuestionó el fundamento de la falta de la manifiesta falta de legitimación pasiva relevada y solicitó expresa y reveladoramente que: “Resuelto [,] se continúe con estas actuaciones en el Juzgado de lo Contencioso como corresponde a derecho” (fs. 141 vto.). En definitiva, la parte dirigió su embate contra los argumentos determinantes de la declaración de incompetencia y solicitó expresamente que se siguiera interviniendo la Justicia Letrada de lo Contencioso Administrativo. Por tal motivo, no cabe interpretar el acto recursivo de otra manera, ya que es clara la voluntad expresada, tanto por los términos del recurso, como por el análisis contextual de las actua-ciones. V) La conclusión a la que se arriba se ve corroborada por el contenido de la sentencia interlocutoria No. 1038/2018 del Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de 2º Turno recurrida. En tal sentido, véase que el proceder del Juez Letrado actuante, al resolver sobre la manifiesta falta de legitimación pasiva y luego, en función de ello, declararse incompetente, corrobora la solución anunciada, en cuanto a que corresponde conocer de la apelación a la Sala Civil de 1º Turno. En efecto, o bien el Sr. Magistrado asumió tácitamente competencia al expedirse sobre la, en su criterio, manifiesta falta de legiti-mación de dos de los co-demandados, o bien resolvió la cuestión de la alegada falta manifiesta de legitimación incidenter tantum , a los solos efectos de resolver la excepción de incompetencia. Tanto en uno como en otro supuesto, corresponde al órgano de alzada propio de su fuero competencial resolver el recurso de apelación de esa resolución, tal como lo establecen las normas sobre acumulación de pretensiones y la Ley 15.750. VI) En función de lo expuesto, también en esta línea de razonamiento la Corte considera que debe declararse competente a la Sala Civil de 1º Turno, órgano que omitió resolver el agravio esgrimido en el recurso de apelación referido. VII) En definitiva, por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, RESUELVE : DECLÁRASE COMPETENTE PARA SEGUIR ENTENDIENDO EN EL ASUNTO AL TRIBUNAL DE APELA-CIONES EN LO CIVIL DE 1º TURNO, CON NOTICIA DE SU CON-TENDIENTE. Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE CON LAS FORMALIDADES DE ESTILO.