Sentencia Interlocutoria N° 317/2019

Montevideo, once de marzo de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia interlocutoria estos autos caratulados: “FARRO BULLA, JULIA Y OTROS C/ SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - COBRO DE PESOS – EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 2, 8 Y 9 DE LA LEY NRO. 19.310”, IUE: 2-9108/2015. RESULTANDO : 1.- A fs. 2 de obrados, funcionarios judiciales pertenecientes a los Escalafones II al VI y VII del Poder Judicial, promovieron demanda por cobro de pesos por haberes impagos ante el Juzgado Letrado en lo Civil de 16to. Turno, reclamando las sumas que entienden por derecho les corresponden, derivadas de la diferencia salarial resultante de la aplicación del art. 64 de la Ley No. 18.719, cuya deuda alegan se origina a partir del 15 de abril 2011 hasta el momento de su efectivo pago, contra el Estado - Poder Judicial – Suprema Corte de Justicia (en lo sucesivo P.J. y S.C.J.). Expresan que obtuvieron, mediante juicio entablado en su oportunidad, el cobro de las diferencias de haberes desde el mes de enero 2011 hasta el 14 abril 2011; posteriormente solicitaron y obtuvieron la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1 y 2 de la Ley No. 18.738 y art. 16 de la Ley No. 18.996. Reclaman por cada uno de los comparecientes el 26 % de aumento salarial desde el 15 abril 2011 hasta el efectivo pago, más reajuste e interés legal; y condena a futuro. 2.- Conferido traslado de la demanda principal, la Suprema Corte de Justicia comparece ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 16to. Turno, a fs. 20, asumiendo actitud de mera comparecencia y solicitando se noticie del pleito al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (en lo sucesivo M.E.F.). 3.- Cumplido ello (fs. 30), la mencionada Cartera de Estado, comparece a fs. 45 y ss., cuestionando la noticia conferida y promoviendo demanda incidental de recusación contra la Sra. Jueza Actuante (Dra. Cristina Crespo). El incidente de recusación promovido fue tramitado en la pieza mandada formar IUE: 33-20/2015, acordonada a los presentes y culminó con el rechazo de plano de la misma (v. fs. 81/84) por Sentencia Interlocutoria No. 73/2015, emanada de T.A.C. 7mo. Turno, dictada con anterioridad al ingreso de esta redactora a dicho Colegiado. 4.- Luego del diligenciamiento de la audiencia complementaria, celebrada en fecha 19 de julio 2016, a fs. 156, comparece la parte actora y deduce inconstitucionalidad por vía de excepción de los artículos 2, 8 y 9 de la Ley No. 19.310 contra el Estado – Poder Ejecutivo - M.E.F.; Poder Legislativo y P.J. (fs. 158). En su mérito, se suspende el proceso y los autos son elevados a la S.C.J. (fs. 164), conforme a lo dispuesto por el art. 514 C.G.P. 5.- Una vez recibido el expediente en la Suprema Corte de Justicia (v. fs. 168), se procede al sorteo de integración, con fecha 19 de octubre 2016, (v. acta de dicha diligencia agregada a fs. 178 de autos). 6.- Por Decreto No. 198/2018 de fecha 21 febrero 2018, dictado a fs. 302, se confirió traslado a los integrantes de la parte demandada por el término de diez días (art. 516.1 C.G.P.). Asimismo, se ordenó que, una vez verificado, se confiriese vista al Sr. Fiscal de Corte por el término de 20 días (art. 516.1 C.G.P.). 7.- A fs. 312 evacuó el traslado que le fuera conferido el ESTADO – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA; a fs. 379 hizo lo propio el ESTADO – PODER LEGISLATIVO; ambos co-demandados solicitaron el rechazo de la excepción de inconstitucionalidad que tramita infolios. 8.- El Poder Judicial comparece a fs. 370 evacuado el respectivo traslado. Afirma que por Sentencia No. 300/2016 de fecha 5 de setiembre de 2016, en los autos caratulados: “PODER JUDICIAL – S.C.J. C/ PODER LEGISLATIVO Y PODER EJECUTIVO – ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 9 DE LA LEY No. 19.310” IUE: 1-41/2015, se hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad del art. 9 de la Ley No. 19.310 promovida por el Poder Judicial. Desde su dictado, el art. 9 precitado resulta entonces inaplicable en forma definitiva a la Suprema Corte de Justicia – Poder Judicial. Esta inconstitucionalidad tendrá entonces efectos generales, en todos aquellos casos en que pretenda aplicar su vigencia, siendo parte condenada la Suprema Corte de Justicia. Retoma por ello su vigencia el art. 400 C.G.P. en cuanto cesa la exclusión que había sido dispuesta por la norma declarada inconstitucional. El 15.3.2017 se dictó la Ley No. 19.485 (publicada el 20.3.2017) que facultó al Poder Ejecutivo a asignar los créditos para dar cumplimiento a los convenios celebrados ante el M.T.S.S. y entre el P.E. y algunos gremios del P.J. Los referidos convenios fueron efectivamente instrumentados. Sostiene que la inaplica-bilidad del art. 9 de la Ley No. 19.310, respecto del P.J. es definitiva y se hace valer, por tanto, como cosa juzgada en este procedimiento y en “cualesquiera procedimientos administrativos o jurisdiccionales de ejecución de condenas contra el Estado – Poder Judicial, o simplemente en el dictado de actos y normas en el ejercicio de sus competencias”, invocando la Sentencia No. 532/2016 de la Corporación integrada. En el Capítulo VI titulado PRUEBA de su escrito, a fs. 375, la S.C.J. se opone a determinada prueba solicitada por la parte actora excepcionante, en los siguientes términos: a) En lo que refiere a la solicitud de la parte actora a que se le intime la agregación de la información correspondiente a las respectivas fechas de ingreso y egreso de cada uno de los comparecientes, Escalafón y Grado al que pertenecen, que se trataría de una prueba innecesaria por cuanto ya se ha acreditado en autos la calidad de funcionarios judiciales de los actores (audiencia complementaria de fecha 19.7.2016). b) En relación a la solicitud, también formulada por la parte actora, que se intime a la S.C.J. la agregación de copias de sentencias que recogen las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por los reclamantes, entiende que no corresponde dicha intimación. En primer término, no tiene incidencia alguna en la presente excepción. De todos modos, y más allá de que no individualiza los fallos a que alude, se encuentra agregado en autos la Sentencia No. 910/2014, de la S.C.J. integrada, que declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 2 de la Ley No. 18.738 y 14 a 16 de la Ley No. 18.996. 9.- La Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación evacua la vista conferida, representada por la Dra. Brenda Puppo, a fs. 416/417, emitiendo dictamen en el sentido de amparar la excepción de inconstitucionalidad movilizada en autos. 10.- De la referida oposición a la prueba, se confirió traslado a la parte actora, quien no lo evacua (v. fs. 419). Llamados autos para resolución (fs. 422), los obrados pasaron a estudio sucesivo de las Sras. Ministras que integran la S.C.J. para este asunto puntualmente: Dras. Mary Alonso Flumini; Loreley Pera y Beatriz Tommasino (fs. 423-425), de conformidad con las mayorías legales estatuidas por los artículos 56 y 57 de la Ley No. 15.750. 11.- DE LOS DESISTIMIENTOS OPERADOS. A fs. 432 comparecieron las Dras. Virginia Collazo y María Cairoli, en representación ya acreditada en autos del PODER JUDICIAL, quienes comunicaron las adhesiones al convenio realizado oportunamente entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (en lo sucesivo AFJU) en relación con las siguientes personas integrantes del litis-consorcio voluntario activo: Adriana IBARRA FERNÁNDEZ; Serrana ALTAMIRANDA PEDEMONTE; Celia Dolores BESSONART RIZZO; Elizabeth María VIDAL DEL PUP; Raúl Manuel DOVAL BIARDO; y Julio C. TECHERA; y el desistimiento de la pretensión principal deducida en autos así como también, por vía de consecuencia, de la excepción de inconsti-tucionalidad opuesta por su parte. A este respecto corresponde tener por ampliada la Resolución No. 3683/2018 a fs. 437/437 vto., en lo que respecta a Celia Dolores BESSONART RIZZO, según lo que surge de fs. 428. Con posterioridad, compareció a hacer lo propio, emitiendo su desistimiento, Yosely PAYOTTI FERNÁNDEZ. De esta guisa, la parte actora ha quedado circunscripta exclusivamente a los funcionarios o ex funcionarios judiciales, Sres. Julia María FARRO; Sandra Inés IRAURGUI PÉREZ; Isabel BERNAL FERRÉT; y Gabriel Ignacio VIERA. Cumplida la etapa de pasaje a estudio, se procede al dictado de la presente sentencia interlocutoria en el día de la fecha. CONSIDERANDO : I) En autos, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 516 C.G.P., se sustanció la petición con un traslado simultáneo a las demás partes –en el caso Poder Legislativo, Poder Judicial, S.C.J. y Poder Ejecutivo, M.E.F.-, por el término de 10 días, quienes evacuaron los traslados conferidos a fs. 319, 312 y 370 respectivamente; y fue oída la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación (fs. 416/417). II) Luego de ello, por Auto No. 2168, de fecha 20 agosto 2018, a fs. 419 se confirió traslado a la parte actora de la oposición formulada por la S.C.J. en los numerales 2) y 3) de fs. 375/375 vto., respecto del diligenciamiento de la prueba solicitada por la parte actora a fs. 161 vto., por el término de 6 días. Traslado que no fue evacuado. III) En base a la tramitación conferida al presente proceso, la S.C.J. integrada, entiende que la presente decisión, por razones de economía procesal y celeridad, puede comprender, sin menguar garantía alguna de las partes, las dos cuestiones de naturaleza incidental que se perfilan en obrados. Esto es, la oposición a la prueba emanada de la S.C.J. y la incidencia de la Sentencia No. 300/2016 respecto de la misma Corporación. Para ello, se tiene presente que la parte actora fue puesta en conocimiento -mediante el traslado conferido- del único escrito presentado por la S.C.J., en el cual solicitaba, además de la oposición a la prueba, se determinara el alcance a su respecto de la Sentencia No. 300/2016. IV) Las cuestiones a dilucidar en esta etapa, son, pues, las siguientes: IV.1) Oposición a la prueba emanada de la S.C.J.; IV.2) Alcance de la Sentencia No. 300/2016 a las partes del presente proceso. Tópicos que serán tratados a continuación. IV.1) OPOSICIÓN A LA PRUEBA. En su escrito de eva-cuación del traslado de la presente excepción, a fs. 375/375 vto., la S.C.J. se opuso al diligenciamiento de la prueba solicitada por la parte actora a fs. 161 vto., fundando su solicitud. a) Intimación a la S.C.J. a la agregación de la información correspondiente a las respectivas fechas de ingreso y egreso de cada uno de los comparecientes, Escalafón y Grado al que pertenecen, por entender se trataría de una prueba innecesaria por cuanto ya se ha acreditado en autos la calidad de funcionarios judiciales de los actores (audiencia complementaria de fecha 19.7.2016). En este aspecto, las personas que componen hoy el litisconsorcio voluntario activo, merced a los desistimientos de la pretensión operados, resultan ser al día de la fecha, Julia María FARRO BULLA, Sandra Inés IRAURGUI PÉREZ; Isabel BERNAL FERRÉT; y Gabriel Ignacio VIERA, se observa que, efectivamente, se hallan agregados en autos. En efecto, a fs. 138 emerge dicha información respecto de JULIA MARÍA FARRO BULLA, constando que se acogió a los beneficios jubilatorios en fecha 14.04.2015; a fs. 103 información funcional referida a Sandra Inés IRAURGUI PÉREZ; a fs. 105, referida a Isabel BERNAL FERRET y a fs. 150, referida a Gabriel Ignacio VIERA VAROLI. Por lo cual no resulta necesario reiterar dicha información a los efectos de la excepción de inconstitucionalidad que se tramita. b) Intimación a la S.C.J. a la agregación de copias de sentencias que recogen las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por los reclamantes. En primer término, no tiene incidencia alguna en la presente excepción. De todos modos, y más allá de que no individualiza los fallos a que alude, se encuentra agregado en autos la Sentencia No. 910/2014, de la S.C.J. integrada, que declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 2 de la Ley No. 18.738 y 14 a 16 de la Ley No. 18.996. En este punto, la intimación pedida no resulta procedente, en mérito a la indeterminación del petitorio, que no identifica adecua-damente las sentencias a que se refiere. De otro lado, constituye una carga de la parte actora el presentar dicha documentación como parte de su alegación, si así lo entendía de su interés; o al menos individualizar adecuadamente las sentencias cuya agregación pretendía. Todo lo cual conduce a hacer lugar a las oposiciones deducidas por la parte co-demandada S.C.J.; no haciendo lugar a las intimaciones en cuestión. IV.2) SENTENCIA No. 300/2016. Por la referida sentencia, dictada en fecha 5 setiembre 2016, en autos caratulados “SUPREMA CORTE DE JUSTICIA C/ PODER LEGISLATIVO Y OTRO. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD – ART. 9 DE LA LEY No. 19.310”, IUE 1-41/2015, se falló en los siguientes términos: “DECLÁRASE LA INCONSTITU-CIONALIDAD DEL ART. 9 DE LA LEY No. 19.310 ASÍ COMO SU INAPLICABILIDAD A LA PARTE ACTORA. SIN ESPECIAL CONDENA PROCESAL. COMUNÍQUESE A LA ASAMBLEA GENERAL. EJECU-TORIADA ARCHÍVESE”. Corresponde pronunciarse sobre los efectos de este fallo respecto de la S.C.J., y demás sujetos que integran este proceso. El punto resulta delicado, en atención a que de acuerdo al sistema de declaración de inconstitucionalidad que impera en el Estado uruguayo, una de las características principales es que la sentencia que se dicta afecta sólo y únicamente al “caso concreto”; esto es, de los procedimientos en que se hubiere pronunciado (art. 259 Constitución y arts. 520 y 521 C.G.P.). Es arduo entonces determinar, cómo, entonces, puede causar efectos generales, cuando se utiliza la vía principal, denominada “de acción”. Ello porque en estos casos, precisamente, no existe un caso concreto, un proceso en trámite al cual referirse, como sí existe en las dos otras vías (de oficio o de excepción). La respuesta es que la norma de que se trate, una vez declarada inconsti-tucional merced a la pretensión principal desplegada por el actor –en el caso, la S.C.J.– no se aplicará, en ninguna circunstancia, a la parte que solicitó y obtuvo la declaración de inconstitucionalidad. Esta persona –física o jurídica o grupo de personas físicas o jurídicas– adquieren una especie de “escudo protector”, también denominado “Bill de inmunidad” por medio del cual esa norma no puede aplicarse a su respecto. Es lo que sucede, entonces, con el art. 9 de la Ley No. 19.310, respecto del Poder Judicial. La solución no implica un apartamiento de la norma general que rige los límites subjetivos del alcance de la sentencia. El art. 218.1 C.G.P. establece a este respecto que la cosa juzgada al-canza a las partes y a sus sucesores a título universal. Esta norma es respetada. La sentencia dictada en el proceso de incons-titucionalidad por vía de acción en el que la S.C.J. solicitó y obtuvo la declaración de inconstitucionalidad del art. 9 Ley No. 19.310, se extiende a la propia S.C.J., en tanto parte actora en dicho accionamiento, conforme se estableciera en el propio fallo de la referida decisión jurisdiccional. Sostiene Enrique Vescovi sobre el punto, que la cuestión de ilegitimidad constitucional de la norma impugnada resuelta “... adquiere firmeza dentro de los naturales límites objetivos y subjetivos de la cosa juzgada. Es decir que la sentencia se convertirá en inmodificable e inmutable. La ley declarada inconstitucional no podrá ser aplicada al actor en el juicio, con respecto a la relación jurídica en cuestión (caso concreto) y frente al demandado o demandados” (Cf. “El proceso de inconsti-tucionalidad de la ley”, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo, 1967, pág. 224.). Arlas, por su parte, entiende que en los casos de la vía de acción, que este autor denomina “proceso principal por inconstitu-cionalidad de la ley”, el proceso tiene carácter principal y autónomo, pues su objeto exclusivo es, justamente, la pretensión para que se declare inconstitucional una norma legal y su inaplicabilidad en un caso concreto; y admite que de ser demandado en un proceso quien obtuvo la declaración de inconstitucionalidad por vía de acción, podrá oponer la respectiva excepción de cosa juzgada (José A. Arlas, “La declaración -en vía principal -de la inconstitucionalidad de las Leyes en el Derecho Uruguayo”, en Revista Uruguaya de Derecho Procesal No. 3/1975 en Homenaje al Profesor Raúl Moretti, págs. 26/28). Barrios de Angelis, ya durante la vigencia del C.G.P., ha expresado que, a menos de transformar la vía de acción en una institución enteramente inútil, el ámbito (de sus efectos) no comprenderá un caso concreto, sino tantos como se presenten en el futuro, o ya en curso, en los que se pretenda aplicar la ley objeto de la vía de acción. La Constitución, art. 259 y el C.G.P. art. 520, tienen que interpretarse no ya como el caso concreto de “los procedimientos en que haya pronunciado” la sentencia del proceso de inconstitucionalidad, sino, en la vía de acción, como dice el art. 521 “en cualquier proce-dimiento jurisdiccional” en que pueda hacerse valer como excepción (Dante Barrios De Angelis, El proceso civil, Segundo Volumen sobre el Código General del Proceso, Ed. Idea, pág. 56). El citado art. 521, en efecto, reza: “Si hubiere sido soli-citada por vía de acción o principal, la sentencia tendrá eficacia para impedir la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales contra quien hubiere promovido la declaración y obtenido la sentencia, pudiendo hacerla valer como excepción en cualquier procedimiento jurisdiccional, inclusive el anulatorio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”. En el caso ocurrido, el Poder Judicial al comparecer en infolios, no dedujo formalmente la excepción de cosa juzgada, sino que únicamente solicitó se tuvieran presente los efectos de la Sentencia No. 300/2016, sí bien invocó la existencia de este instituto, citando jurisprudencia al respecto. Es dable consignar que, conforme a lo dispuesto por el art. 133 in fine C.G.P., y en mérito a que la existencia de “cosa juzgada” constituye un verdadero presupuesto procesal, es relevable de oficio por el juzgador, en cualquier momento procesal en que se advierta. Norma que perfectamente resulta aplicable al proceso que nos ocupa. En mérito a lo expuesto, entonces, es procedente declarar que ha operado la cosa juzgada emanada de la Sentencia de inconstitucionalidad por vía de acción No. 300/2016, que declaró la inconstitucionalidad del art. 9 de la Ley No. 19.310 respecto del Poder Judicial, quien, amparado en dicha decisión, puede impetrar que no se aplique a su respecto la citada disposición. Como corolario, ello vuelve estéril el pronunciamiento respecto de este co-demandado en los presentes autos, operando la clausura del proceso a su respecto. Sin embargo, atento a la existencia de otros dos co-demandados en autos, es necesario la continuación del proceso respecto de estos últimos; y también respecto de la parte actora, ya que estos sujetos, no fueron parte en el proceso en el cual se dictó la citada Sentencia No. 300/2016; y les asiste derecho a obtener una sentencia que se pronuncie acerca de la inconstitucionalidad o constitucionalidad de las normas invocadas al proponer la excepción referida. V) COSTAS Y COSTOS. Las costas y costos generados en la presente incidencia se soportarán en el orden causado (arts. 57 C.G.P. y 588 Código Civil). Por los fundamentos expuestos; normas jurídicas citadas y disposiciones concordantes y complementarias, la Suprema Corte de Justicia integrada RESUELVE : HA LUGAR A LA OPOSICIÓN FORMULADA POR LA S.C.J. EN RELACIÓN A LOS MEDIOS DE PRUEBA (INTIMACIONES) SOLICITADAS POR LA PARTE ACTORA A FS. 161 VTO. DE AUTOS, NO HACIÉNDOSE LUGAR A LAS MISMAS. DECLÁRASE LA CONCLUSIÓN O CLAUSURA PARCIAL DEL PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VÍA DE EXCEPCIÓN QUE SE TRAMITA EN AUTOS, DEL ART. 9 DE LA LEY No. 19.310, POR FALTA DE OBJETO, EN LO QUE RESPECTA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - PODER JUDICIAL. CONTINÚESE ADELANTE EL PROCESO EN RELACIÓN A LA PARTE ACTORA Y RESTANTES CO-DEMANDADOS. SIN ESPECIAL CONDENA EN COSTAS Y COSTOS. OPORTUNAMENTE, VUELVAN A SU GIRO.