Sentencia Definitiva N° 600/2019

Montevideo, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “DD y otro c/ Sentencia N° 342 de fecha 2 de diciembre de 2015, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno. Recurso de revisión” , IUE 1-102/2017, venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud del recurso de revisión interpuesto por DD y AA contra la mencionada sentencia. RESULTANDO : I) A fs. 1-21 comparecieron DD y AA e interpusieron recurso de revisión contra la sentencia N° 342 del 2 de diciembre de 2015, del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno. Invocaron la causal pre-vista en el artículo 283 numeral 3° del C.P.P. (decreto-ley 15.032). En sustento de su recurso, sostuvieron lo siguiente: - Debieron interponer el recurso de revisión porque sus anteriores defensores decidieron, sin consultarles, no interponer recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia. La sentencia se encuentra firme, fue cumplida y ha vencido el plazo de vigilancia en ella dispuesto. - En el expediente en el cual se dictó la sentencia de condena se advierten elementos probatorios contradictorios entre sí, violaciones del principio de congruencia, falsedades de declaraciones testimoniales que no fueron consideradas. Todo lo cual es violatorio de los principios de debida defensa y de inocencia. - No se realizaron careos ante las contradicciones, ni entre los testigos, ni de éstos con los indagados. Se valoró la declaración de testigos sospechosos, se utilizó la figura del testigo de identidad reservada –sin que fuera aplicable al caso– que no fue incorporada en forma al proceso. Las decisiones en tal sentido no fueron oportunamente impugnadas por la anterior defensa. La ausencia de impugnación determinó la convalidación de esas probanzas irregular-mente producidas. También existieron defi-ciencias en la defensa al tiempo de evacuar el traslado de la acusación fiscal, ya que no se solicitó el diligenciamiento de prueba que resultaba necesaria dadas las contradicciones entre los elementos obrantes en autos, así como tampoco se solicitó la suspensión condicional de la pena. La indefensión fáctica en la que estuvieron los indagados, dadas las carencias de la defensa, la que determinó el dictado de una sentencia de condena. - Asimismo, corresponde tener presente que el Juez de mérito no procedió a investigar, indagar, preguntar o informarse sobre los hechos, sino que, por el contrario, se basó en los elementos tendenciosos aportados por la autoridad policial. Por otra parte, la parti-cipación de AA no surge acreditada mediante ninguna prueba, salvo por la declaración de los testigos de identidad protegida. - Los testigos de identi-dad protegida, uno de ellos en particular, cuentan con muchos antecedentes penales que surgieron como resultado de investigaciones llevadas a cabo por DD, quien era de profesión policía. El testigo cuya decla-ración fue la prueba determinante de la sentencia está enemistado con DD, por lo cual resulta insostenible que este último haya ido a su domicilio a ofrecerle dinero para que cometiera un delito. - El expediente se inició ante una denuncia de una persona (testigo reservado Nº 1) a quien DD le habría ofrecido U$S 15.000 para que matara a la amante de su hijo que estaba embarazada. Se realizan escuchas tele-fónicas que son interpretadas por el Tribunal a su antojo, sin considerar las versiones de los indagados. No queda claro en la sentencia cuál habría sido el fin de la supuesta asociación para delinquir (matar, provocar un aborto sin consentimiento o “dar un susto”). Eso resulta demos-trativo de la vaguedad de las probanzas consideradas. El Tribunal interviniente no procedió a la valoración de la prueba producida en su conjunto; por el contrario, tuvo por acreditados hechos respecto de los cuales no existía prueba alguna. No está probado que AA hubiera entregado una foto de la presunta víctima a futuros agresores; tampoco que AA tuviera dinero entregado por DD, ni que DD hubiera consultado por la ubicación de los sicarios. No se tomaron en cuenta las fallas de memoria de DD ante las preguntas sobre las escuchas telefónicas. La afirmación de que AA y DD buscaron contratar personas para que cometieran un delito, realizada por PP y su esposa, derivó en una denuncia por difamación presentada por los primeros, la cual, sin embargo, fue desestimada. En definitiva, solicitaron la anulación de la sentencia Nº 342/2015 y que, en su lugar, se dispusiera su absolución. II) Por sentencia interlocu-toria Nº 2483, del 20 de diciembre de 2017, se resolvió dar ingreso al recurso de revisión (fs. 53). III) Se confirió traslado al Fiscal Letrado Departamental de Rocha de Segundo Turno (fs. 59), quien, por los fundamentos que expuso, solicitó que no se hiciera lugar al recurso de revisión, interpuesto (fs. 65-76). IV) Posteriormente, se confi-rió vista al Fiscal de Corte, quien, igualmente, entendió que correspondía desestimar el recurso de revisión (dictamen N° 734 del 7 de setiembre de 2018, a fs. 95-97 vto.). V) En el día de la fecha se acordó sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad y en coincidencia con lo dictaminado por el Fiscal de Corte, desestimará el recurso de revisión interpuesto. II) En cuanto a la vía impug-nativa promovida . Con carácter liminar, y a efectos de una correcta dilucidación del caso planteado en autos, corresponde reiterar lo afirmado por la Corporación en diversos pronunciamientos, en cuanto a que: “Por la trascendencia del medio impugnativo, que ataca la inmutabilidad o intangibilidad de la cosa juzgada, que ha sido considerada por Carnelutti, llamándola ‘lex especialis’, como de jerarquía superior a la ley, ya que no puede ser derogada como suele acontecer con ésta (cf. Martha Jardí Abella: Los recursos, en Curso sobre el C.P.P., p. 381), la posibilidad de revisión se establece taxativamente y su éxito depende de la certeza irrefragable acerca de la verificación de alguno de los supuestos legales (...)”, (sentencia N° 564/2008). También cabe tener pre-sente las siguientes consideraciones formuladas en la sentencia N° 125/1999: “Es valor entendido que el recurso de revisión parte de un supuesto esencial donde radica su misma razón de ser: la inocencia de la persona que ha sido condenada injustamente por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Pero tal inocencia -en el recurso de revisión- no deriva de consideraciones jurídicas por errónea aplicación del derecho, como sucede con el recurso de casación, sino que se trata de corregir la injusticia de una sentencia basada en error de hecho. Es cuestión, pues, de restablecer la verdad real o histórica frente a la ‘verdad’ resultante de un proceso penal sustentado en pruebas que luego se demostró que eran falsas. Todos los autores, al tratar la cuestión de los requisitos de admisibilidad de la revisión (ya se le considere un recurso o un nuevo proceso contra la sentencia que se impugna), destacan esa condicionante esencial. Así, Miguel Fenech expresa que la revisión ‘se encamina a remediar una injusticia material’ luego explica que la sentencia constituye la expresión de verdad definida en el proceso, ‘pero cuando, con posterioridad, se llega al conocimiento de datos suficientes para demostrar que la verdad era otra distinta a la declarada en la sentencia, siendo ésta, por tanto, injusta, no debe prevalecer la verdad procesal sobre la verdad real’. Y reafirma el concepto referido a la naturaleza fáctica de la revisión en estos términos: En la revisión los vicios que pueden dar lugar a la anulación de la sentencia han de ponerse de relieve en relación a situaciones fácticas producidas o conocidas con posterioridad a la resolución que se pretende anular, mientras que jamás pueden producirse por vicios o errores de tipo jurídico (Derecho Procesal Penal, Barcelona 1952, vol. II pg. 557 y 560), (...). Finalmente, nuestro C.P.P. -que en el punto recoge la solución unánime en el derecho comparado- estipula las condiciones taxati-vamente enumeradas en las que procede el recurso de revisión en el a. 283. En los numerales 1º, 3º y 4º establece lo que podría denominarse ‘requisitos formales de procedencia’ cuya verificación resulta obvia pues se impone por sí misma, sin perjuicio de la decisión que recaiga en cuanto al mérito del asunto, esto es, si se demostró o no la inocencia del condenado. Tales requisitos son: 1º) la existencia de una sentencia penal ejecutoriada inconciliable con la que se impugna; 2º) existencia de una sentencia penal ejecutoriada que condene por la falsificación de las pruebas tenidas en cuenta por la sentencia que se recurre; y 3º) la sanción posterior de una ley más benigna” . III) En cuanto a la causal de revisión invocada . En el caso, la causal alegada es la prevista por el artículo 283, numeral 3 del Código General del Proceso: “ Si se demuestra que la condena fue pronunciada como consecuencia de una falsedad o de otro hecho previsto por la ley penal como delito. En tal supuesto, la prueba consistirá en la sentencia condenatoria por esa falsedad o ese delito, salvo que la acción penal se halle extinguida o no pueda proseguir, en cuyos casos se podrán emplear otros medios probatorios ”. La causal es clara y su aplicación no debería requerir mayores desarrollos. Sin embargo, atento al tenor del recurso de revisión interpuesto, es necesario resaltar que el progreso de un recurso como el presentado requiere, ineludiblemente, la alegación y acreditación de dos circunstancias: (1ª) Que la condena que se pretende revisar sea consecuencia de “una falsedad o de otro hecho previsto en la ley penal como delito”. (2ª) Que tal falsedad o delito, determinantes de la condena que se pretende revisar, estén establecidos en una sentencia de condena. Como se verá, en el presente caso no se verifica ninguna de las dos circunstancias requeridas, lo cual impondrá desestimar el recurso, tal como fuera anunciado. IV) El recurso planteado . A) La condena que se pre-tende revisar . Los recurrentes, DD y AA, fueron condenados como autores penalmente responsables por el delito de asociación para delinquir a las penas de 24 y 16 meses de prisión, respectivamente, por sentencia Nº 4/2015, de 4 de mayo de 2015, dictada por la Juez Letrado de Primera Instancia de Rocha de 2° Turno, Dra. Silvia Urioste. La condena de primera instancia fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno, integrado por los Dres. José Balcaldi, William Corujo y Daniel Tapié, por la sentencia impugnada, la Nº 342/2015, de 2 de diciembre de 2015. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno tuvo por probados los siguientes hechos: El hijo del encausado DD, estaba sentimentalmente relacionado con NN, quien se encontraba embarazada. De Léon, motivado por razones económicas, mantuvo una conversación con NN a efectos de que ésta interrumpiera el embarazo. Ello no se produjo, por lo que el encausado DD le propuso a su empleado AA procurar una persona para que matara a NN, para lo cual concertaron una suma que recibiría por la intermediación. El 8 de diciembre de 2012 se contactaron con el testigo reservado Nº 1, persona con antecedentes penales, a quien le ofreció la suma de U$S 15.000 por cometer el homicidio, propuesta que dicho testigo no aceptó. Transcurridos dos meses, el 8 de febrero de 2013, el encausado AA le ofertó a otra persona, el testigo reservado Nº 2, U$S 12.000 para dar muerte a una mujer o terminar con su embarazo. A través de intercepta-ciones telefónicas efectuadas surge acreditada la premura de DD por dar muerte a NN, lo que derivó en que de inmediato se instaurara una férrea vigilancia con la finalidad de ubicar a los potenciales sicarios. A la hora 21:51 del 5 de febrero de 2013, surge de una interceptación telefónica que se le explica a DD que los sicarios estarían en el lugar, que la víctima había salido y se esperaba que volviera a su casa para cometer el delito. El co-encausado contesta: “(...) ah cuando vuelvan la van a (...)” lo que provocó la detención de los involucrados (ver especialmente fs. 401 vto. - 403 vto. del expediente unido por cuerda IUE 340-27/2013). B) La improcedencia del recurso . B.1) La mera lectura del escrito por el cual se introduce el recurso de revisión da cuenta de que los fundamentos allí alegados no encartan en la causal prevista por la norma. Es más, la argumentación que se esgrimió no encuadra en ninguna de las hipótesis legalmente previstas. Los recurrentes pretenden que la Corte proceda a revalorizar todo el material probatorio del cual se valieron los tribunales de mérito para arribar a la condena, lo cual no es objeto del recurso de revisión. La causal de revisión no puede ser utilizada en sustitución de los recursos ordinarios procedentes. En el caso, los indagados dejaron firme la sentencia de segunda instancia, ya que, tal como afirman en el presente recurso de revisión, no interpusieron recurso de casación contra aquélla. B.2) En referencia a la causal alegada se ha expresado en doctrina: “ Se exige como presu-puesto: a) Delito de falsedad en autos u otro delito; y la prueba debe emerger de la sentencia condenatoria por ese delito de falsedad u otro delito. b) Trascendencia de ese delito sobre el fallo; es decir, que este haya sido consecuencia de la falsedad u otro delito. Una novedad con respecto al texto del Código Procesal Penal italiano, fuente mediata, es sobre la prueba del delito, que se expresa debe ser la sentencia condenatoria; sin embargo, el texto del nuevo código agrega que en el caso de que la acción penal estuviera extinguida o no se pudiera continuar, se podrán emplear otros medios probatorios ” (Jardí Abella, Martha: “Los recursos” , en: “ Curso sobre el Código del Proceso Penal Ley 15.032” , FCU, 1984, pág. 384). En el caso, no se verifica ninguno de los dos presupuestos de la causal invocada que vienen de referirse. En primer término, los promotores ni siquiera alegaron en su recurso la existencia de una sentencia que declare la falsedad de alguna prueba determinante de la condena, razón suficiente para desestimar el recurso sin otras consideraciones. Es más, no existe referencia a la promoción de proceso alguno tendiente a declarar falsa alguna de las pruebas diligenciadas en autos. En segundo término, la norma procesal reclama también como presupuesto que se demuestre que la condena fue consecuencia de cierta falsedad o de un hecho previsto en la ley como delito. Y en el caso, aun si se soslayara lo insoslayable -no se alegó que hubiera una sentencia que determinara como falso o delictivo al sustento de la condena que se pretende revisar-, el recurso no puede prosperar porque la condena de los recurrentes no fue dictada a consecuencia de decla-raciones testimoniales falsas o contradictorias. No es la prueba testi-monial la única prueba considerada por la Sala para condenarlos. El órgano de alzada señaló con claridad que se realizaron una serie de intervenciones telefónicas a las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de los sospechosos y de su escucha y grabación, se desprende que efectivamente, la trama criminal existió (fs. 30). Es el propio TAP 2° el que afirma en la sentencia que a punto de partida existe una prueba muy sólida del concierto criminal para dar muerte a NN (fs. 32 vto.). Por tanto, no es cierto que la prueba testimonial fue la consecuencia directa de la condena. El Tribunal sopesó y se valió también de las declaraciones de los imputados, las de otros sospechosos y de las escuchas telefónicas (fs. 36). Quiere decir que la deci-sión condenatoria no se valió, en exclusividad ni se inspiró como prueba de cargo únicamente en la eficacia convictiva de las declaraciones de testigos que estiman los recurrentes como falsas. C) Por otra parte, no podemos dejar de señalar que los recurrentes esgrimieron agravios por la valoración de la prueba de la Sala que, en su mayoría, ya habían sido expuestos al apelar. Así, los cuestionamientos a la existencia de testigos de identidad reservada ya fueron prolijamente analizados por el Tribunal de segunda instancia. Finalmente, cabe señalar que tampoco las objeciones que la nueva defensa pueda tener con la forma en la cual fue ejercido el derecho de defensa por parte de quienes patrocinaron a los indagados en el proceso penal resultan constitutivas de alguna causal del recurso de revisión. V) De acuerdo con lo esta-blecido en el artículo 292 del C.G.P., atento al rechazo del recurso que ese impone, es preceptivo condenar a los recurrentes al pago de las costas y costos. Por los argumentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : Desestímase el recurso de revisión interpuesto. Condénase al pago de las costas y costos a los recurrentes. Honorarios fictos: 20 BPC. Oportunamente: efectúese la devolución de los expedientes agregados.