Sentencia Definitiva N° 601/2019

Montevideo, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “ DE ASSÍS, GUSTAVO C/ COMISIÓN DE APOYO UE 068 – PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)- CASACIÓN”, IUE: 2-9554/2017. RESULTANDO : I) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 75/2017 , del 30 de octubre de 2017, la titular del Juzgado Letrado del Trabajo de la Capital de 8º Turno falló: “ Amparando la demanda en forma parcial y en su mérito condenado a la Comisión de Apoyo a abonar al Sr. Gustavo de Assis la suma de $343.520, incluido daños y perjuicios, multa legal, reajustes e intereses y en concepto de indemnización por despido y fracción de presentismo y antigüedad más incidencias, sin perjuicio de la re liquidación correspondiente hasta la fecha de efectivo pago. Sin especial condena pro-cesal en el grado ” (fs. 387/404). II) Por sentencia definitiva de segunda instancia identificada como DFA 0012-000264/2018 SEF 0012-000177/2018 de 25 de abril de 2018, el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1º Turno -en lo que interesa a los efectos del recurso de casación en examen- por mayoría conformada por los Sres. Ministros Dres. Doris MORALES, Gloria SEGUESSA y Adolfo FERNÁNDEZ DE LA VEGA, confirmó la impugnada salvo en cuanto no hizo lugar en parte a los rubros antigüedad y presentismo, lo que se revocó, rechazando la excepción de transacción y condenando al pago de los citados rubros (fs. 472/478 vuelto). Extendió discordia en el punto la Sra. Ministra Dra. María Rosina ROSSI, por entender que correspondía confirmar la decisión de primera instancia en cuanto amparó la excepción de transacción. En relación a los rubros presentismo y antigüedad, la Sra. Ministra discorde consideró que los agravios articulados por la parte actora carecían de fundamentos (fs. 479/480). III) En tiempo y forma, el representante de la demandada compareció a movilizar el recurso de casación en examen y planteó, en síntesis, los siguientes cuestionamientos: (i) En lo inicial, adujo que la Sala incurrió en error de derecho al revocar la excepción de transacción amparada por el fallo de primera instancia. Dijo que luego del juicio anterior que realizara el actor ante el Juzgado Letrado del Trabajo de 20º Turno, las partes en forma expresa, deliberada y debidamente asistidas, arribaron a un acuerdo transaccional, con todos los elementos y requisitos para su validez y eficacia. La Sala, en mayoría, prescindió de analizar la intención de las partes al suscribir el acuerdo, cuando la misma surge de forma clara y sin hesitaciones de la mera lectura del documento. En consecuencia, el Tribunal incurrió en error al calificar el negocio. Cabe advertir que el actor actuó representado por el Dr. Gabriel Salsamendi, en virtud de lo establecido en el art. 24 de la Ley Nº 18.572. El Dr. Salsamendi no solo asesoró al actor, sino que obró en su representación, esgrimiendo facultades de disposición y, por ende, de transacción de sus créditos. Las partes no solo cali-ficaron al negocio como transacción sino que, el actor, afirmó que: “...nada más tiene que reclamar de las demandadas hasta la fecha...” (24 de junio de 2016). El actor era consciente que el acuerdo que firmaba lo inhibía de reclamos ulteriores hasta el día de su firma, estaba asesorado respecto de su alcance y contenido. La solución a la que arribó la Sala lesiona la seguridad jurídica, por cuanto habilita al actor a efectuar sucesivos y permanentes juicios reclamando rubros “en cuenta gotas”. (ii) También denunció que la sentencia también realiza una errónea interpretación de las normas civiles aplicables al contrato de transacción. El art. 2147 del Código Civil es claro respecto a que, mediante la transacción, los contrayentes terminan “un litigio pendiente” y es lo que hicieron las partes cuando suscribieron el mismo. Concluyeron un juicio pendiente aunque había mediado sentencia definitiva. Asimismo, desconoció la regla de interpretación estipulada en el art. 2159 del Código Civil. (iii) También se agravió por entender que la Sala incurrió en error al rechazar la excepción de cosa juzgada, admitida en primera instancia, respecto del rubro antigüedad. El actor reclamó en juicio el rubro “prima por antigüedad” ante el similar de Trabajo de 20º Turno, fundando su reclamo en las normas del Grupo Nº 15 de los Consejos de Salarios. En este proceso peticionó el mismo rubro (prima por antigüedad), pero fundado en las normas del Grupo Nº 20. De esta forma el pedido de ambos juicios es exactamente el mismo, en consecuencia, existe cosa juzgada. La parte actora estaba gravada con la carga sustantiva y argumental, debiendo indicar correctamente y desde el inicio el fundamento de sus pretensiones. No se está frente acciones distintas, el actor reclamó el rubro antigüedad en ambos juicios. En suma, el Tribunal yerra al no amparar la cosa juzgada en relación a la antigüedad, por cuanto dicho rubro ya fue reclamado en un juicio anterior. Existe identidad de: sujetos, objeto y causa. IV) Conferido traslado del recurso de casación, fue evacuado por la representante de la parte actora a fs. 502 y ss., en el que abogó por el rechazo del recurso movilizado. V) El recurso interpuesto fue debidamente franqueado por medio del decreto fechado el 29 de agosto de 2018 (fs. 506) y los autos fueron recibidos en este Cuerpo el 17 de setiembre de 2018 (fs. 512). VI) Por Decreto No. 2666 de 19 de setiembre de 2018 (fs. 513), se dispuso el pasaje de los autos a estudio para sentencia. CONSIDERANDO : I) La Corporación, por mayo-ría integrada por los Sres. Ministros Dres. CHEDIAK, TOSI y la redactora, desestimará el recurso de casación movilizado, por las razones que se explicitarán en lo sucesivo. II) El caso de autos. A los efectos de una mejor comprensión de la cuestión debatida, corresponde hacer una breve síntesis del caso y delimitar las cuestiones controversiales a esta altura del proceso. II.I) La pretensión laboral y sus fundamentos. El actor manifestó que ingresó a trabajar para la demandada con fecha 1º de agosto del año 2000, egresando por despido en el mes de diciembre de 2016. Indicó que desde su ingreso se desempeñó como técnico radiólogo retén en el Hospital de Colonia. Recordó que el día 23 de diciembre de 2016 concurrió al M.T.S.S. a fin de interrumpir la prescripción de sus créditos laborales. Expresó que con anterio-ridad, el día 9 de setiembre de 2015, demandó a la Comisión de Apoyo de los Programas Especiales de la Administración Nacional de los Servicios de Salud del Estado (ASSE - U.E. 068) (en adelante: la Comisión), por salarios, nocturnidad, antigüedad, aguinaldo, licencia, licencia complementaria y salario vacacional, en expediente tramitado ante el Homólogo de 20º Turno. El citado juicio culminó con una condena en ambas instancias al pago de salarios en la categoría en que se desempeñaba, de acuerdo al Grupo Nº 14, por la remisión contenida en el Grupo Nº 20. Los demás rubros fueron desestimados, en el entendido de que la remisión alcanza exclusivamente a los salarios. El rubro presentismo no fue exigido anteriormente por lo que el reclamo se prolonga desde diciembre de 2009 hasta la firma del Convenio Colectivo de fecha 23 de diciembre de 2014. Y a partir de enero de 2015 hasta el egreso por lo establecido en el Grupo Nº 20. Reclamó la partida de antigüedad conforme lo establecido en el Grupo Nº 20, desde diciembre de 2009 a diciembre de 2014, de acuerdo a la obligación asumida en el Convenio Colectivo mencionado. Allí, se obligó a pagar el rubro con una retroactividad de 5 años, desde diciembre de 2014 a diciembre de 2009, haciéndose exigible el 28 de febrero de 2015. Por otro lado, el laudo del Grupo Nº 20, al cual pertenece la empleadora, establece el pago de la mencionada prima (antigüedad), beneficio que jamás se le abonó. En consecuencia, se le adeuda a partir del mes de enero de 2015. Expresó que en el convenio colectivo de fecha 13 de diciembre de 2014 la demandada reconoció adeudar los rubros antigüedad y presentismo, siendo beneficiarios aquellos trabajadores con juicios pendientes o con sentencia favorable. La liquidación comprendería los rubros que se hubieran hecho exigibles en los últimos cinco (5) años. II.II) La defensa. La parte demandada evacuó el traslado y, conjuntamente, dedujo excepciones de transacción y cosa juzgada. Fundó la excepción de transacción en que el día 24 de junio de 2016, el actor celebró un acuerdo en el cual manifestó que hasta esa fecha más nada tenía para reclamar a la ahora demandada. El referido negocio comprendió cualquier crédito laboral generado hasta junio de 2016, por lo que los devengados con anterioridad resultan amparados en el citado acuerdo. En lo que respecta a la antigüedad, indicó que no comparte la procedencia, forma de liquidación, ni el periodo reclamado. El actor ya demandó el pago de dicho rubro en un juicio anterior, al amparo de las condiciones vigentes para el colectivo de trabajadores comprendidos en el Grupo Nº 20, por lo que es viable desde junio de 2016 pero no hacia el pasado. Reclama incorrectamente hasta diciembre de 2014 en tanto invoca un Convenio Colectivo que no le es aplicable, por ser personal técnico. Cuestiona la procedencia y el cálculo de los restantes rubros. II.III) Las decisiones judi-ciales que recayeron. En primer grado y, sin perjuicio de lo difícil que resulta la comprensión de la sentencia de primera instancia, en lo que interesa en casación, amparó parcialmente la demanda y, en su mérito, condenó a la demandada al pago de una “...fracción de presentismo y antigüedad...” (fs. 404). En efecto, recibió los citados rubros por el periodo julio 2016 a diciembre 2016 -$33.540- (fs. 402 y 403). Por el contrario, en base a las excepciones de transacción y cosa juzgada articuladas por la demandada, desestimó las partidas por el lapso incluido entre el mes diciembre de 2011 y junio 2016. El Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1º Turno por mayoría -conformada por los Sres. Ministros Dres. Doris Morales, Gloria Seguessa y Adolfo Fernández de la Vega- confirmó la impugnada, salvo en cuanto rechazó parcialmente los rubros antigüedad y presentismo, los que amparó, desestimando las excepciones de transacción y cosa juzgada (fs. 472-478 vto.). Extendió discordia en el punto la Sra. Ministra Dra. María Rosina Rossi, para quien corresponde confirmar la decisión de primera instancia en cuanto amparó la excepción de transacción. En relación a los rubros presentismo y antigüedad, la Sra. Ministra discorde consideró que los agravios articulados por la parte actora carecían de fundamentos (fs. 479/480). III) Análisis sustancial. En lo sucesivo, corres-ponde examinar los puntos de cuestionamiento, en el mismo orden en que fueron expuestos. III.I) Sobre los cuestio-namientos concernientes a la excepción de transacción. Según emerge de los acor-donados “De Assis, Gustavo c/ Comisión de Apoyo de Proyectos Asistenciales Especiales UE68 y otro. Proceso laboral ordinario-Ley 18.572- I.U.E. 2-39639/2015” , luego de dictada la sentencia de segunda instancia, el actor celebró con la demandada un negocio por el cual recibió la suma de $ 2.780.000 (fs. 451). En base a dicho acuerdo, la Sra. Juez de primera instancia hizo lugar a la defensa de transacción y, en su mérito, desestimó parcialmente los rubros antigüedad y presentismo. El TAT de 1º Turno, en mayoría, consideró que el negocio no puede ser calificado como transacción. Se agravió la parte de-mandada por cuanto entiende que la Sala incurrió en error de derecho al revocar la excepción de transacción amparada en el fallo de primera instancia. Luego del juicio anterior que realizara el actor ante el Juzgado Letrado del Trabajo de 20º Turno, las partes en forma expresa, deliberada y debidamente asistidas, arribaron a un acuerdo transaccional. El Tribunal, en mayoría, prescindió de analizar la intención de las partes al suscribir el acuerdo, cuando la misma surge de forma clara y sin hesitaciones de la mera lectura del documento. En consecuencia, el Tribunal incurrió en error al calificar el negocio. Hizo hincapié en que el accionante actuó representado por el Dr. Gabriel Salsamendi, en virtud de lo establecido en el art. 24 de la Ley No. 18.572. El Dr. Salsamendi no solo asesoró al actor, sino que obró en su representación, esgrimiendo facultades de disposición y, por ende, de transacción de sus créditos. Puntualizó que las partes no solo calificaron al negocio como transacción, sino que, el actor afirmó: “...nada más tiene que reclamar de las demandadas hasta la fecha...” (24 de junio de 2016). A juicio de la mayoría de la Corporación, integrada por los Sres. Ministros Jorge Chediak, Luis Tosi y la redactora, no le asiste razón a la impugnante, por lo que corresponde confirmar la impugnada. En efecto, por las razones que se explicitarán, si bien el acuerdo al que arribaron las partes se trata de una transacción, lo cierto es que no alcanza a los rubros reclamados en la subexamine . Corresponde distinguir dos niveles de análisis: (i) la calificación del negocio jurídico y (ii) su alcance. (i) La calificación del negocio jurídico otorgado como transacción. En relación al primer punto, claramente la convención a la que arribaron las partes en el acumulado se ajusta a los requerimientos exigidos por la doctrina y la jurisprudencia, para ser calificado como una transacción. En cuanto a la transacción en el Derecho del Trabajo, la Suprema Corte de Justicia, siguiendo jurisprudencia anterior, ha señalado que: “ ...la transacción, si bien es mirada con algún recelo por el Derecho del Trabajo en tanto la autonomía de la voluntad puede encontrarse limitada ha sido admitida por la Corte siempre que medien concesiones recíprocas. Toda concesión que pueda efectuar el trabajador es pues válida en la medida que exista una concesión del empleador (Conf. Plá Rodríguez, ‘Los principios del derecho del trabajo’, 3ª. Ed. actualizada, Editorial De palma, pág. 174/175) ” (Cfme. Sentencia Nº 734/2018 ). En el negocio multicitado las partes manifestaron que: “... hemos arribado a un acuerdo transaccional en cuanto al cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1º Turno (...) mediante el cual la Comisión demandada (...) ofrece abonar la suma total y final de $ 2.780.000 (pesos uruguayos dos millones setecientos ochenta mil) a la parte actora, mediante la entrega de un cheque (...) pagadero desde el 24 de junio de 2015. [El] Dr. Gabriel Salsa-mendi [ representante de la parte actora cf. al art. 24 de la Ley Nº 18.571] acepta la suma ofrecida declarando que el presente opera de recibo de pago por la suma referida en el cheque entregado en este acto, y que salvo el cobro del referido cheque, nada más tiene para reclamar de las demandadas hasta la fecha. Por lo que solicitamos se provea de conformidad a lo manifestado en el cuerpo de este escrito, y previo los trámites de estilo se proceda al archivo de las actuaciones atento al acuerdo arribado que pone fin al presente litigio” (los destacados no pertenecen al original). Pues bien, el hecho de que exista sentencia ejecutoriada en el proceso (art. 223 del C.G.P.), no impide que las partes luego arriben a un acuerdo transaccional el que, naturalmente, al amparo de la norma referida, no operará como modo extraordinario de conclusión del proceso. En tal sentido, enseña MANGARELLI que nuestra ley laboral no ha establecido un procedimiento particular de aprobación ni de impugnación de las transacciones. Aplicando el art. 2147 inciso 2º del Código Civil, se requiere que la transacción conste por acto judicial o por escritura pública o privada. Es decir, basta que conste por escrito, sin que sea necesario seguir procedimiento de homologación o acuerdo de aprobación alguno. Ahora bien, ello no significa que cualquier concierto, por la sola circunstancia de que las partes lo hayan calificado de transacción, constituya dicha figura. La jurisprudencia, si bien acepta los acuerdos transaccionales celebrados en el ámbito privado, exige que el trabajador se encuentre asistido de abogado y que estén presente los otros elementos de la transacción; fundamentalmente que existan las concesiones recíprocas de las partes (Cfme. MANGARELLI, Cristina: “La transacción en el Derecho del Trabajo”, FCU, Montevideo, 2004, págs. 59 y 83; ver sentencias Nos. 135/2018 , 240/2018 y 694/2018 de la Corporación). Para que una transacción resulte válida en el ámbito del Derecho del Trabajo, se requieren cuatro requisitos; a saber: 1) un litigio (pendiente o eventual); 2) concesiones recíprocas; 3) debe referirse a derechos dudosos o inciertos y, 4) el trabajador debe contar con el debido asesoramiento (Cfme. MANGARELLI, Cristina: “La transacción...”, cit., págs. 29/30; RASO DELGUE, Juan y CASTELLO, Alejandro: “Transacción” en AA. VV.: “Derecho del Trabajo (Juan Raso Delgue: Director – Alejandro Castello: Coordina-dor”, T. III, FCU, Montevideo, 2015, pág. 188; en la jurisprudencia de la SCJ véase, por todas, las sentencias Nos. 315/2015 y 694/2018 ). En el caso en examen, el actor debidamente representado por su abogado (art. 24 de la Ley Nº 18.572) aceptó la suma ofrecida y manifestó no tener nada más para reclamar, por lo que la calificación del negocio como una verdadera transacción no parece objetable. (ii) El alcance de la transacción. Ahora bien, sin perjuicio de que el negocio celebrado por las partes pueda calificarse como una transacción, lo que a juicio de la mayoría de la Corporación resulta determinante, es que no abarca los rubros presentismo y antigüedad reclamados en este proceso (art. 2159 del C.C.). En efecto, de los propios términos del acuerdo transaccional titulado “cumplo sentencia” se desprende que abarca únicamente los rubros reclamados en el acordonado. Esto es: los rubros que constituyeron el objeto del litigio en el cual se presentó el multicitado negocio. Tal es así que las partes expresaron que “... hemos arribado a un acuerdo transaccional en cuanto al cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1º Turno...” y, más adelante, indicaron que “... se proceda al archivo de las actuaciones atento al acuerdo arribado que pone fin al presente litigio”. En consecuencia, la decla-ración realizada por el Dr. Gabriel Salsamendi en cuanto a que “... nada más tiene para reclamar de las demandadas hasta la fecha...” , claramente se circuns-cribe a lo pedido en ese proceso y, en consecuencia, no alcanza a los rubros incoados en la subexamine. El art. 2159 del C.C. establece que la transacción debe interpretarse estrictamente y que comprende solo los objetos expresados en general o específicamente en ella o que por una interpretación contextual de lo acordado, deben reputarse comprendidos. A su vez, el inciso segundo resulta lapidario para los intereses de la recurrente en cuanto indica que “La renuncia general de derechos no se extiende a otros que a los que tienen relación con el objeto o los objetos sobre que se transige”. Además, no debe perderse de vista que el acuerdo fue celebrado por el asesor letrado patrocinante de la parte actora el que, como señaló el propio recurrente, lo hizo en ejercicio de la representación procesal prevista en el art. 24 de la Ley Nº 18.572. Ahora bien, las potestades de disposición conferidas por la norma al letrado firmante de la demanda solo pueden alcanzar a los derechos reclamados en el litigio en el que se concedió. Esto es, las facultades de disposición que otorga la representación judicial establecida en el art. 24 de la Ley Nº 18.572 alcanzan, única y exclusivamente, los rubros reclamados en el juicio en que se concedió y no otros. La prima por antigüedad en base al Grupo Nº 20 (rubro peticionado en este juicio) no fue reclamada en los acordonados (posición sustentada por la Corporación en mayoría (Cfme. Sentencia Nº 842/2018 ). Tampoco lo fue la prima por presentismo, por lo cual, en mérito a lo expuesto, corresponde desestimar los agravios articulados en el punto. III.II) Agravios relativos a la excepción de cosa juzgada. Se agravió la parte deman-dada por entender que Sala incurrió en error de derecho, al rechazar la excepción de cosa juzgada, admitida en primera instancia respecto del rubro antigüedad. El actor reclamó en juicio el rubro “prima por antigüedad” ante el similar de Trabajo de 20º Turno, fundando su reclamo en las normas del Grupo Nº 15. En el subexamine reclamó el pago el mismo rubro (prima por antigüedad), pero fundado en las normas del Grupo Nº 20. De esta forma el pedido de ambos juicios es exactamente el mismo; en consecuencia, existe cosa juzgada. Indicó que no se está frente acciones distintas, el actor reclamó el rubro antigüedad en ambos juicios. A juicio de la mayoría de la Corporación no le asiste razón. En primer lugar, no existe cosa juzgada por cuanto, como lo reconoce la propia impugnante, la pretensión entablada en estos autos en relación a la prima por antigüedad lo fue con base a las condiciones previstas para el Grupo Nº 20 y no para las establecidas para el colectivo de trabajadores incluidos en el Grupo Nº 15, como ocurrió en el acordonado. La Corporación, en mayo-ría, recientemente en sentencia Nº 842/2018 , se ha pronunciado en términos que resultan del caso revalidar por ajustarse exactamente al presente caso: “...a criterio de la mayoría, conformada por los Dres. Hounie, Martínez, Minvielle y el redactor, no procede la condena al pago de diferencias ni respecto a los laudos del Grupo No. 15 (por no ser de aplicación a los actores) ni tampoco respecto a los laudos del Grupo No. 20 (por la razón de orden procesal que se desarrollará seguida-mente). Los actores en su demanda, reclamaron las diferencias entre lo que percibieron y las condiciones salariales establecidas para el colectivo de trabajadores comprendidos en el Grupo No. 15 de los Consejos de Salarios, en el entendido de que fueron mal categorizados y debieron ser remunerados como los integrantes de esta última unidad negociadora. No reclamaron al demandar ni de manera principal, ni de manera subsidiaria, diferencia alguna en relación a los laudos del Grupo No. 20 Subgrupo No. 3 en el que estaban formalmente categorizados (ver demanda de fs. 686-722). Posteriormente, en oportu-nidad de evacuar el traslado de las excepciones oportunamente opuestas por la Intendencia Departamental de Montevideo, denunciaron que la O.N.G. empleadora y la Intendencia Departamental de Montevideo incumplieron con diversos aspectos de los laudos correspondientes al Grupo No. 20, por lo que aún si se llegara a la conclusión de que debe remunerárseles conforme a esa unidad negociadora, tienen derecho al cobro de diferencias. En dicho escrito cuantificaron los rubros derivados de esas diferencias por uno de los co-actores (el Dr. Migliaro) y solicitaron a la Sede un plazo para incorporar la cuantificación detallada de los demás rubros reclamados, calculando las diferencias en relación al Grupo No. 20 (ver escrito de fs. 1161-1170). Ante este escrito recayó el Decreto No. 1356/2012, de fecha 12 de junio de 2012 (fs. 1179), por el que se tuvo por evacuado el traslado conferido y se concedió a ambas partes un plazo de 3 días para presentar una liquidación detallada, explicitada y actualizada de los rubros reclamados en autos, o que se entiendan procedentes de acuerdo al Grupo Nº 20 (ex Grupo No. 42) de los Consejos de Salarios. (...) A criterio de la mayoría, no resulta jurídicamente acertado el razonamiento del Tribunal para rechazar el recurso de apelación contra la referida Sentencia Interlocutoria No. 144/2014. (...) Del relato reali-zado, resulta innegable que la actora no reclamó las diferencias que se habrían generado con relación a los laudos del Grupo No. 20 en su demanda. Recién lo hizo al evacuar el traslado del excepcionamiento opuesto por la accionada, en una oportunidad inhábil a tal efecto. En nuestro régimen proce-sal civil, la modificación del contenido de la demanda es posible únicamente hasta su contestación o hasta el vencimiento del plazo para cumplir con ese acto del proceso (arts. 1, 117 No. 5, 121.1 y 350.3 del C.G.P.). Una vez presentada la demanda, esta no podrá ser alterada, salvo supuestos permitidos por el Código (art. 122 No. 3 del C.G.P.). Como enseña Valentín, la regla en nuestro Derecho es que el objeto original no puede ser alterado, por lo que las hipótesis en que si puede alterarse, constituyen supuestos excepcionales y, como tales, deben interpretarse (Cf. Valentín, G., ‘Principio de congruencia y regla iura novit curia en el proceso civil uruguayo’, FCU, Montevideo, 2013, pág. 120). En la emergencia, si se repasa la demanda, se advertirá que los reclamantes no demandaron el pago de las diferencias que pudieran haberse generado en relación a los laudos del Grupo No. 20, por lo que luego de contestada la demanda, no procedía la modificación de su pretensión ni la inclusión de la nueva pretensión (extemporáneamente introducida), en el objeto del proceso. No mejora la suerte de los actores lo previsto en el art. 350.3 del C.G.P. porque no se dan sus requisitos de fondo. La ley reclama que la omisión en reclamar el derecho que le asiste a la parte se deba a carencias de información o asesoramiento y, en la especie, no se han invocado ni probado deficiencias de este tipo. En suma, a criterio de la mayoría, la providencia interlocutoria atacada oportu-namente, que fijó el objeto del proceso e incluyó en el mismo las diferencias relacionadas con los laudos del Grupo No. 20, que no fueron reclamadas en la demanda, debió ser revocada, por lo que le asiste razón al recurrente en el punto. En su mérito, no corres-ponde ingresar a elucidar si los actores tenían derecho a esas diferencias, por lo que resultó ilegítima la condena dispuesta en primera instancia, por fallar sobre un rubro no reclamado en la demanda”. En segundo lugar y, en relación a la individualización negativa de la demanda, quienes conformamos la mayoría no participamos de esa tesis dogmática. Resultan compartibles en este punto los fundamentos explicitados en la Sentencia Nº 158/2018 del TAT 2º, en la que se consignó: “... a la luz de los conceptos doctrinales y jurisprudenciales que son aplicables al caso objeto de agravios, es dable concluir que no opera el instituto de la cosa juzgada en la presente litis como ha dispuesto la Sra. Juez a-quo, sin desconocer la existencia de criterios divergentes en doctrina y jurisprudencia, en materia procesal general, respecto del instituto de la cosa juzgada eventual. En este sentido se comparte la posición de la Sala de tercer Turno en Sentencia Nº 57/17 donde se considera que dicha teoría no es de aplicación a la materia laboral y expresa: ‘...Ya que dicho criterio colide con el principio protector y de irrenunciabilidad que rige en la materia, según interpretación más favorable al actor que a juicio de este Tribunal procede efectuar. Dicha conclusión parte de tomar en cuenta que, conforme la teoría de la cosa juzgada eventual, según señala un sector de la jurisprudencia de los tribunales de alzada en materia civil: ‘la cosa juzgada no sólo alcanza a las cuestiones que, expuestas expresamente por las partes, fueron objeto de examen y decisión en la sentencia, sino también a las que pudieren haber alegado y probado y no lo hicieron siendo que se referían y estaban contenidas en el mismo asunto litigioso’ (EISNER, ‘Planteos procesales’. ‘Ensayos y notas sobre el proceso civil’. B. Aires, 1984, Ed. La ley, p. 517 y sgtes). (...) En efecto, entiende la Sala que el concepto no es enteramente trasladable a la materia laboral, en la cual rige la regla del ‘in dubio pro operario’ en la interpretación del derecho y el principio de irrenunciabilidad. Por lo cual, salvo el transcurso de los plazos de prescripción de la acción y de los créditos laborales, objeto de regulación específica para la materia laboral en la ley especial, no pueden introducirse en vía de integración normativa otras cortapisas al derecho de acción, de que es titular el trabajador como parte de sus derechos. Ubicados bajo la protección especial de la ley por mandato consti-tucional (arts. 53 y 54 de la Carta constitucional). El derecho de acción es de resorte de la libre voluntad del trabajador que pondera la oportunidad en la cual dicho ejercicio puede resultarle menos gravoso o incluso poner en riesgo o no la permanencia del vínculo. Por lo tanto no son de recibo los agravios de la demandada basados en haber deducido el actor anterior accionamiento sin incluir reclamo por trabajo en días y horarios extraordinarios. Por las mismas razones es de aplicación restrictiva al punto, tratándose de trabajador el sujeto vinculado a la situación jurídica debatida, la ‘teoría del acto propio’. La simple inacción del trabajador no puede interpretarse extensivamente como renuncia de derechos derivados de la relación de trabajo. Mientras no opere prescripción de la acción el trabajador puede accionar útilmente por aquellos créditos que entienda se le adeudan...’ De lo que viene de expresarse se rechaza entonces el agravio en cuanto a la accionada, entiende que es aplicable el instituto analizado por el Derecho Civil al caso planteado en obrados, teoría que no comparte esta Sala debido a los derechos irrenunciables ventilados en la causa ”. En definitiva, no puede progresar el agravio fundado en la individualización negativa de la demanda. Por estos fundamentos, y en atención a lo establecido en los art. 268 y concordantes del Código General del Proceso la Suprema Corte de Justicia, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASA-CIÓN, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. A LOS SOLOS EFECTOS PARAFIS-CALES, FÍJENSE LOS HONORARIOS FICTOS EN 30 BPC (ART. 71 LITERAL B DE LA LEY Nº 17.738). NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y OPOR-TUNAMENTE DEVUÉLVASE. MINISTROS DRES. EDUARDO TURELL Y ELENA MARTÍNEZ DISCORDES : por cuanto entendemos que corres- ponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada y, en su mérito, anular la recurrida y desestimar la demanda en punto a los rubros “presentismo” y “antigüedad”, por los siguientes fundamentos. En tal sentido, corres-ponde declarar la cosa juzgada eventual respecto de los rubros “presentismo” y “antigüedad”. En efecto, el rubro “pre-sentismo” no fue reclamado en el proceso antecedente, cuando, en dicha ocasión, pudo perfectamente ser objeto de reclamo. Lo mismo respecto al rubro “antigüedad”, que otrora fue reclamado bajo el marco normativo del Grupo No. 15 y que ahora se reclama bajo el régimen del Grupo No. 20. En este caso, la inclusión de una pretensión subsidiaria habría permitido ventilar en el proceso anterior, el rubro que ahora -bajo otro marco normativo- se reclama por segunda vez. En ambos casos, ya sea de oficio y/o a petición de parte, la cosa juzgada eventual se impone con toda claridad. Respecto a la admisibi-lidad de dicho instituto, se comparte lo señalado por el T.A.C. 6° Turno: “ En el sentido apuntado, corresponde hacer mención a los planteos doctrinarios y fallos judiciales que examinan el tema conocido como ‘cosa juzgada eventual’ o ‘individualización negativa de la demanda’ (Giuffra, C. y Garderes, S., ‘El principio de individualización negativa de la demanda y su incidencia en el alcance objetivo de la cosa juzgada’, RUDP 2/03 ps. 205 y sgtes. y fallos judiciales allí citados). Se ha señalado -con acier-to- en los fallos mencionados en el trabajo doctrinario antes aludido que no pueden efectuarse planteos en cascada, dividir artificialmente la demanda, desconocer el alcance de la decisión ya adoptada, en relación a cuestiones que, por derivar de la misma causa, pudieron y debieron ser objeto del proceso original (Cf. TAC 6º, sent. Nº 232/06; TAC 3º, sent. 177/99; TAC 4º sent. 255/03, entre otras). Los principios que rigen la teoría en cuestión son, fundamentalmente, el derecho de acción, el principio de eventualidad y el principio de preclusión. En el caso a estudio, la parte actora tenía la carga de incluir en la demanda del primer proceso la condena a futuro de los salarios originados en el incumplimiento de la I. M. Maldonado ” (cf. Sentencia No. 95/2010). Incluso, en un nuevo aná-lisis de la temática, entendemos que existe regulación legal que confirma su procedencia, por ej., cuando en proceso de inconstitucionalidad, se prohíbe a texto expreso el planteo sucesivo de cuestiones de inconsti-tucionalidad (art. 512 inc. 2 del C.G.P.). Tal prohibición –entende-mos- no es otra cosa que la consagración de una hipótesis legal de cosa juzgada eventual. Dicho enfoque refuerza, con firmeza, la viabilidad legal de la defensa en estudio. Por lo expresado, corres-ponde hacer lugar a la impugnación y, en su mérito, anular el fallo recurrido, dejando sin efecto la condena respecto de los rubros mencionados.