Sentencia Definitiva N° 602/2019

Montevideo, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados : “LÓPEZ ASTRAY, FERNANDO DANIEL C/ INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO - ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ART. 5 DEL DECRETO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO N° 13.131, DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 1964 Y SUS MODIFICATIVAS”, IUE: 1-110/2017. RESULTANDO : I) Que con fecha 15/11/2017, a fs. 4/7, compareció el accionante, promoviendo en vía de acción la declaración de inconstitucionalidad del art. 5° del Decreto de la Junta Departamental de Montevideo N° 13.131, de fecha 27 de agosto de 1964, y su modificativo art. 58 del Decreto N° 14.436, de fecha 13 de enero de 1967, por el cual se creó la llamada “Tasa de Contralor de Higiene Ambiental”. En cuanto a la legiti-mación activa, indicó que surge del interés personal y legítimo en tanto contribuyente del tributo cuya adecuación constitucional se cuestiona, como lo acredita con los recibos de pago a la Intendencia de la denominada “Tasa de Contralor de Higiene Ambiental”. La firma accionante gira en el rubro de administración de propiedades, siendo la misma sujeto pasivo del tributo cuestionado. Esgrimió que la norma im-pugnada es contraria a lo dispuesto en el art. 297 de la Constitución de la República, que establece como fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales, decretados y administrados por éstos: “ 5- Las tasas, tarifas y precios por utilización, aprovechamiento o beneficios obtenidos por servicios prestados por el Gobierno Departamental, y las contribuciones a cargo de las empresas concesionarias de servicios exclusivamente departamentales ”. Señaló que la vulneración de la Constitución deriva de que el gobierno departamental demandado recurre a un impuesto vedado, bajo el nombre de tasa, cuando no se dan los extremos legales dispuestos por el art. 12 del Código Tributario. Ello por cuanto el monto del tributo en examen no se calcula en base al costo del servicio de contralor de higiene ambiental, o en función de algún elemento integrante del referido servicio, sino en una circuns-tancia ajena al mismo (metro cuadrado de edificación, avaluado según la ubicación del establecimiento del contribuyente). Expresó que el tributo grava la capacidad contributiva del sujeto pasivo, expresada claramente en el volumen y jerarquía del establecimiento, en tanto se grava con un monto mayor cuando el establecimiento tiene mayor metraje. La base de cálculo muestra, asimismo, la inexistencia de una razonable equivalencia entre ésta y el costo del servicio, no existiendo relación entre el servicio estatal y la determinación del monto de la tasa, ya que el costo del sistema de contralor es “el mismo cualquiera sea la ubicación del establecimiento”. Añadió que tampoco se ha brindado el servicio de contralor de higiene ambiental en forma efectiva y, como lo ha sostenido la Corte, para que haya tasa es necesario que el servicio se preste efectiva y eficientemente, por lo cual, la no prestación del servicio evidencia que se trata de una imposición independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. Agregó que también revela la inexistencia de una razonable equivalencia el hecho de que el monto resultante de la tasa es irracional, es decir, absolutamente desproporcionado al calcularse en función de los metros cuadrados edificados, sin que se establezca un tope, con lo cual el monto a tributar crece exponencialmente cuanto mayor sea la edificación. Dijo que otro indicador de que el tributo cuestionado es un impuesto lo constituye la forma de pago, en tanto se cobra anticipadamente, antes que se sepa si se realizarán o no las inspecciones de contralor sanitario. Por último, anotó que la variación de la base de cálculo según la naturaleza del establecimiento es, sin duda, otro elemento relevador de que ella es incompatible con el hecho generador de una tasa, ya que no existe diferencia en la función a desempeñar. En base a lo expuesto, solicitó la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad a su respecto de la norma atacada. II) Que con fecha 23/3/2018, a fs. 123/131, compareció la representante de la Inten-dencia demandada, a efectos de evacuar el traslado del accionamiento, abogando por su rechazo. III) Pasados los autos en vista al Fiscal de Corte, éste emitió su Dictamen N° 456, a fs. 136/137, señalando en lo medular que corresponde hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad pre-sentada. IV) Que con fecha 31/7/2018, a fs. 164 y vto., compareció nuevamente la demandada, acreditando como hecho nuevo la derogación de la norma cuya inconstitucionalidad se pretende en estos obrados, en función de lo dispuesto en el art. 5° del Decreto de la Junta Departamental de Montevideo N° 36.759, de fecha 19 de julio de 2018, promulgado por Resolución del Intendente de Montevideo N° 3363/18, de fecha 25 de julio de 2018. V) Por Decreto N° 2074/2018, de fecha 9/8/2018, se dio traslado al accionante y al Fiscal de Corte (fs. 166). VI) El Fiscal de Corte, por Dictamen N° 722, a fs. 171, se remitió in totum a su anterior Dictamen N° 456, obrante a fs. 136/137 de autos. VII) El accionante evacuó el traslado con fecha 23/8/2018, a fs. 173, expresando que sin perjuicio de la derogación de la norma cuya inconstitucionalidad se pretende, corresponde declarar inconstitucional la disposición y ordenar la devolución de lo abonado. VIII) Por Decreto N° 2681/2018, de fecha 19/9/2018, se dispuso el pasaje a estudio y se llamaron los autos para sentencia (fs. 180). CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Jus-ticia hará lugar a la acción de inconstitucionalidad deducida por el accionante, en mérito a los fundamentos que se desarrollan en los siguientes numerales. II) La disposición impugnada La norma cuya constitucio-nalidad se impugna (art. 5° del Decreto de la Junta Departamental de Montevideo N° 13.131, de fecha 27 de agosto de 1964), actualmente derogada ( vide : fs. 162/163), pero vigente a la fecha de promoción del presente accionamiento, disponía: “ TASA DE CONTRALOR DE HI-GIENE AMBIENTAL EN GENERAL Artículo 5°.- Por concepto de contralor e inspección de higiene ambiental, la que efectuará el Concejo Departamental de los estable-cimientos y locales abiertos al público, destinados a actividades comerciales, industriales, de transporte, bancarios, financieras, de crédito, de cambio, casas o agencias de sport, casas de préstamos simples o prendarios y/o similares o afines a cualesquiera de los mencionados; quienes los exploten pagarán en la forma y condiciones que el Concejo Departamental determine, una tasa mensual cuyo importe será el siguiente por mes y por cada local: a) Bancos, casas banca-rias, instituciones financieras o administradoras de propiedades, casas de préstamos simples y/o prendarios y sus sucursales, agencias y dependencias de cualquier índole de $ 16.000.00. b) Las casas de cambio, agencias de loterías y/o quinielas, casas o agencias de sport, $ 3.000. c) Los clubes nocturnos, cabarets, dancings, boites, whiskerías, cafés de cama-reras, y/o similares, pagarán $ 3.000.00. d) Las casas de comida con espectáculo, vinerías, cafés, bares, y/o similares, pa-garán $ 1.500.00. e) En los demás casos, de $ 250.00. f) En los locales y en galerías $ 1.000.00 por local y por mes y $ 200.00 por cada metro cuadrado que exceda de los 200 metros cuadrados de superficie. En todos los casos, cuando la superficie de los locales respectivos exceda de 200 (doscientos) metros cuadrados, la tasa se acrecerá por cada cien metros cuadrados o fracción excedente, según el lugar de ubicación de los respectivos locales, de conformidad con el plano municipal del Decreto N° 5331 de 15 de enero de 1947, en esta forma: - $ 10.00 a los ubicados en la zona Urbana - $ 6.00 a los ubicados en la zona Subrbana - $ 4.00 a los ubicados en la zona Rural ” (redacción dada por el art. 58 del Decreto de la Junta Departamental de Montevideo N° 14.436, de fecha 13 de enero de 1967). III) En cuanto a la legitima-ción activa del promotor III.I) La legitimación del accionante no merece reparos, habida cuenta de que se probó que tenía la calidad de contribuyente del tributo cuya regularidad constitucional impugna. En efecto, tal como surge de los documentos glosados a fs. 1 y 2 de autos, el promotor es contribuyente de la denominada “Tasa de Contralor de Higiene Ambiental”, por lo cual es titular de un interés directo, personal y legítimo. III.II) Por otro lado, la derogación de la norma impugnada, verificada durante el transcurso del presente proceso, no obsta a la existencia de legitimación activa del accionante para pretender la declaración de inconstitucionalidad de aquélla. Emerge de obrados que la norma cuya constitucionalidad se impugna fue derogada durante el transcurso de esta litis, tal como lo denunció y acreditó oportunamente la demandada ( vide : fs. 162/164 vto.). En tal sentido, el art. 5° del Decreto de la Junta Departamental de Montevideo N° 36.759, de fecha 19 de julio de 2018, promulgado por Resolución del Intendente de Montevideo N° 3363/18, de fecha 25 de julio de 2018, dispuso: “ Artículo 5°.- Derogar a partir del bimestre siguiente a la promul-gación del presente decreto, la Tasa de Contralor de Higiene Ambiental creada por artículo 5 del Decreto N° 13.131, de 27 de agosto de 1964, con la modificación establecida por el artículo 58 del Decreto 14.436 de 13 de enero de 1967 y demás normas modificativas y complementarias para todos los contribuyentes y las categorías establecidas oportunamente ” (fs. 162). A su vez, el numeral 5° de la referida Resolución N° 3363/18 resolvió: “ Derogar a partir de la aprobación de la presente resolución la Tasa de Contralor de Higiene Ambiental creada por el artículo 5 del Decreto No. 13.131 de 27 de agosto de 1964, con la modificación establecida por el artículo 58 del Decreto No. 14.436 de 13 de enero de 1967 y demás normas modificativas y complementarias para todos los contribuyentes y las categorías establecidas oportuna-mente ” (fs. 163). De acuerdo a lo señalado, es claro que, en el curso del presente proceso de inconstitucionalidad, se ha derogado la norma impugnada. Ahora bien. A juicio de la Corporación, la derogación de la disposición cuestionada no conduce a la clausura del proceso, ni opone reparos a la legitimación activa del promotor. Ello, por los diversos fundamentos que pasan a señalarse. III.III) Para los Sres. Minis-tros Dres. MARTÍNEZ, CHEDIAK, TURELL y el redactor, no corresponde en el caso la clausura del proceso por cuanto el impugnante, pese a la derogación de la norma atacada, mantiene su interés en la declaración de inconstitucionalidad de la misma (e inaplicabilidad a su respecto), en tanto ha alegado y acreditado que abonó la llamada “Tasa de Contralor de Higiene Ambiental”, cuya devolución pretende. Cabe en este punto marcar la diferencia existente entre el presente caso y el que fuera resuelto por Sentencia Interlocutoria N° 1729/2017, en el cual, ante la derogación de la norma allí impugnada de inconstitucionalidad (art. 64 inc. 1° de la Ley 19.210), se dispuso por la Corporación (en mayoría) la clausura del proceso, por falta de objeto. Pues bien. La diferencia entre ambas situaciones estriba en que, en aquel caso, se peticionaba exclusivamente el cese (hacia el futuro) de la aplicación de la norma impugnada, lo que lo diferencia del presente caso, en el que el accionante pretende la inaplicabilidad de la norma a los tributos ya abonados por él. En efecto, se señalaba en la Sentencia Interlocutoria N° 1.729/2017: “(...) dada la nueva redacción del inciso primero del art. 64 y, atendiendo al contenido concreto de la pretensión impetrada por el accionante, la cual, de los términos de la demanda (fs. 19-34 vto.) emerge que se restringe a que cese su aplicación, la acción de inconstitu-cionalidad entablada carece de objeto. El Dr. Turell considera relevante destacar que durante el periodo de vigencia de la anterior redacción del art. 64, no se le causaron perjuicios al accionante, lo cual conduce a la solución antedicha ”. A diferencia del prece-dente citado, estiman los referidos Magistrados que, en el presente caso, el impugnante mantiene su interés en la declaración de inconstitucionalidad de la norma actualmente derogada, en tanto ha alegado y acreditado que abonó la llamada “Tasa de Contralor de Higiene Ambiental”, cuya devolución pretende, por lo que resulta eficaz para él la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad a su respecto de la disposición atacada. III.IV) Por su parte, para la Sr. Ministra Dra. MINVIELLE, no corresponde en el caso la clausura del presente proceso, por los fundamentos que expusiera en la discordia extendida en la Sentencia Interlocutoria N° 1729/2017, a la cual se remite. IV) En cuanto a la alegada violación del artículo 297 de la Constitución . IV.I) El argumento central de la acción de inconstitucionalidad deducida refiere a que la norma impugnada, por la cual se crea la deno-minada “Tasa de Contralor de Higiene Ambiental”, es con-traria a lo dispuesto en el art. 297 de la Constitución de la República, en el que se establecen las fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales. A juicio del promotor, la vulneración de la Constitución deriva de que el gobierno departamental demandado recurre a un impuesto vedado, bajo el nombre de tasa, cuando no se dan los extremos legales dispuestos por el art. 12 del Código Tributario. Ello por cuanto: el monto del tributo en examen no se calcula en base al costo del servicio de contralor de higiene ambiental, o en función de algún elemento integrante del referido servicio, sino en una circuns-tancia ajena al mismo (metro cuadrado de edificación, avaluado según la ubicación del establecimiento del contribuyente); la base de cálculo muestra, asimismo, la inexistencia de una razonable equivalencia entre ésta y el costo del servicio, no existiendo relación entre el servicio estatal y la determinación del monto de la tasa; tampoco se ha brindado el servicio de contralor de higiene ambiental en forma efectiva; también revela la inexistencia de una razonable equivalencia el hecho de que el monto resultante de la tasa es irracional, es decir, absolutamente desproporcionado al calcularse en función de los metros cuadrados edificados, sin que se establezca un tope; el tributo se cobra anticipadamente, antes que se sepa si se realizarán o no las inspecciones de contralor sanitario; la variación de la base de cálculo según la naturaleza del establecimiento es, sin duda, otro elemento relevador de que ella es incompatible con el hecho generador de una tasa, ya que no existe diferencia en la función a desempeñar. Pues bien. A criterio de la Corte, efectivamente se verifica la inconstitu-cionalidad denunciada por el accionante, en cuanto el tributo creado por la norma impugnada no se trata de una tasa, sino de un verdadero impuesto, por lo que se vulnera lo dispuesto en el art. 297 de la Constitución de la República. IV.II) En anteriores oportu-nidades, la Corporación ha declarado inconstitucionales tasas que encubren verdaderos impuestos, infringiendo de esa forma el artículo 297 de la Carta. Así, en reciente Sentencia N° 1.980/2017, en conceptos que, con las naturales adaptaciones, resultan aplicables al caso, señaló el Colegiado: “V) En cuanto a la viola-ción del artículo 297 de la Constitución . Uno de los argumentos cen-trales de la acción deducida refiere a que el tributo impugnado, pese a ser denominado ‘tasa’, carece de las notas definitorias de esta especie tributaria, lo que determina que, en puridad, estemos ante un impuesto. Y en la medida en que tal impuesto no es del elenco de los que en el artículo 297 de la Constitución se autoriza a decretar a los Gobiernos Departamentales, se trata de un tributo inconstitucional, por exceder la potestad tribu-taria que la Carta les confirió a los Departamentos. La Corte considera que, efectivamente, se verifica la inconstitucionalidad denunciada. 1) Relevancia de la dis-tinción entre las distintas especies tributarias . La distinción de las di-versas especies tributarias presenta una gran relevancia en nuestro Derecho en general y en este caso en particular. Tal como lo ha señalado un prestigioso autor, en el Derecho uruguayo (...) la Constitución de la República contiene disposiciones que hacen indudable la subdivisión del género ‘tributos’ en tres especies: el impuesto, la tasa y la contribución especial. Y lo que es más importante, nuestra Constitución contiene mandatos jurídicos diferentes según la especie tributaria de que se trate, lo que en definitiva implica que esta distinción sea un problema jurídicamente muy relevante en nuestro país (Andrés Blanco, ‘Tributos y precios públicos’, FCU, 2005, pág. 83). En términos totalmente aplicables al presente caso, el Prof. Andrés Blanco señala que (...) donde se ha manifestado en toda su dimensión la necesidad de la distinción entre las especies tributarias es en el ámbito de los tributos departamentales. En efecto, (...) el artículo 297 de la Constitución sienta una solución de claro corte autonómico en relación con los recursos financieros de los Gobiernos Departamentales. Ello por cuanto dicho artículo prevé una larga serie de ingresos tributarios que son asignados en forma directa por la Constitución a dichos Gobiernos, pudiendo estos crearlos y regularlos sin necesidad de ningún acto jurídico intermedio proveniente del Estado Central (...), teniendo además esta competencia tributaria departamental un carácter exclusivo y excluyente de la potestad tributaria nacional. Dicha norma constitucional menciona expre-samente a las tres especies tributarias ya referidas: los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Ahora bien, los impuestos mencionados en la norma abarcan un grupo restringido de objetos (propiedad inmueble urbana y suburbana, vehículos, propaganda, etc.). En cuanto a las tasas, en cambio, solo se requiere que ellas (...) se devenguen por la ‘utili-zación, aprovechamiento o beneficios’ por ‘servicios prestados por los Departamentos’ (ob. cit., pág. 84). Desde larga data existe consenso, tanto en doctrina como en jurisprudencia, en cuanto a la existencia de ciertas notas características de las diversas especies tributarias que permiten determinar si cierto tributo constituye un impuesto, una tasa o una contribución especial (cf. Ramón Valdés Costa, Curso de Derecho Tributario, Ed. Temis, 2001, págs. 90-101; Andrés Blanco, Tributos y precios públicos, FCU, 2005, págs. 81-85). 2) Ausencia de las notas características esenciales de la tasa . En el caso, tal como está estructurado el tributo en el artículo 180 del decreto impugnado, se advierte la ausencia de dos caracterís-ticas esenciales de la tasa: no hay una prestación efectiva del servicio bromatológico ni una relación razonable entre el hecho generador y la base de cálculo. a) Primera característica esencial ausente: la prestación efectiva del servicio . La norma creadora del tributo ‘tasa bromatológica sobre el arroz’, como se ha visto, en ningún momento vincula el pago de una prestación pecuniaria de cargo de las empresas con el servicio bromatológico prestado por una entidad estatal. El presupuesto de hecho previsto en la norma no refiere al servicio departamental sino a la actividad desplegada por el sujeto pasivo del tributo (industrializar arroz, importar o distribuir arroz procesado). De acuerdo con lo dis-puesto en el artículo 297 de la Carta, para que un tributo constituya una tasa, es necesario que el Estado brinde un servicio al contribuyente; en el caso, el servicio de contralor bromatológico sobre el arroz. No basta con que dicho servicio esté disponible al usuario para que nazca la obligación tributaria, sino que se requiere su efectiva prestación. En el caso planteado, el presupuesto de hecho previsto en la norma no tiene relación con un servicio prestado por el Estado, sino con una cierta actividad del contribuyente (importar, industrializar o distribuir ciertos tipos de arroz procesado). Por lo tanto, al no vincularse el tributo con una actividad estatal efectivamente prestada, no cabe más que concluir que el tributo creado por el artículo impugnado es un impuesto, desde que participa de sus notas esenciales. En tal sentido, la presta-ción pecuniaria exigida por la norma es independiente de la prestación del servicio. En la disposición impugnada no se relaciona lógicamente la actividad estatal con la prestación que se consagra, lo que supone una clara infracción a lo dispuesto en el artículo 297 de la Constitución. Tal como lo ha señalado autorizada doctrina, si en el caso de las tasas el presupuesto de hecho de la obligación tributaria es la actividad del Estado hacia el contribuyente, ‘es imprescindible que el servicio funcione efectivamente con respecto al contribuyente’ (cf. Ramón Valdés Costa, Nelly Valdés de Blengio y Enrique Sayagués Areco, Código Tributario de la República Oriental del Uruguay, comentado y concordado, FCU, 5ª edición, pág. 220). Por ello, no podemos sino coincidir con el Prof. Andrés Blanco, consultante de las accionantes, cuando, en relación con este punto, expresa que (...) el hecho generador de una ‘tasa bromatológica’ estructurada como tal, debería consistir en la efectiva realización de controles bromatológicos sobre ciertos productos (...); para que un tributo sea una auténtica tasa, el tributo sólo debe devengarse respecto de controles bromato-lógicos realmente efectuados por la repartición estatal respectiva (consulta, fs. 7). b) Segunda característica esencial ausente: relación de ‘inherencia’ del hecho generador con la base de cálculo . La tasa requiere que se verifique una especial relación entre el hecho generador del tributo y su base de cálculo; esta última puede definirse como la cuantificación del presupuesto de hecho. En el caso de las tasas, esta cuantificación debe estar, necesariamente, relacionada con las caracterís-ticas de la prestación estatal y no con las del contribuyente (cf. Ramón Valdés Costa, Nelly Valdés de Blengio y Enrique Sayagués Areco, Código Tributario de la República Oriental del Uruguay, comentado y concordado, FCU, 5ª edición, pág. 220). En esta orientación con-ceptual, un prestigioso especialista, como lo es el Prof. Andrés Blanco, ha señalado que la base de cálculo cumple el papel de ‘dimensionamiento’ cuantitativo del hecho generador; más concretamente, puede decirse que los elementos y operaciones que la ley prescriba para determinar el monto del tributo deben, necesariamente, ser índices que conduzcan a una valoración dineraria racional de los actos o hechos previstos en la misma ley como presupuesto para el nacimiento de la obligación tributaria (Tributos y precios públicos, FCU, 2005, pág. 188). Y añade este autor que la función que cumple la base de cálculo del tributo deriva en la necesidad de su coherencia plena con el hecho generador. En virtud de ello, se afirma –en referencia a la doctrina tributaria– que los elementos de medición previstos en la ley deben ser ‘adecuados’ a los hechos gravados, hablándose también de ‘pertinencia’ o ‘inherencia’ de los elementos de cuantificación respecto del hecho generador. En la especie, la base de cálculo no tiene relación con el hecho generador propio de las tasas, dado que el instrumento de medición debe correlacionarse con el servicio público que se brinda. En efecto, la norma ata-cada regula como parámetro de medición o de cuanti-ficación que por cada mil kilogramos de ‘arroz pulido (blanco)’, ‘parbolizado’, o ‘integral (cargo)’ se deberá pagar una tasa equivalente a 0,10 UR. Ello, evidente-mente, no refleja ni es representativo de la prestación de un servicio público. Por el contrario, su-brepticiamente, se atiende a la capacidad contributiva de las empresas titulares de molinos arroceros, distribuidoras o importadoras, esto es, al volumen del negocio, con absoluta prescindencia del supuesto servicio que debiera consistir en el presupuesto de hecho previsto en la norma de creación del tributo. Como bien indica Andrés Blanco en la consulta agregada en autos: (...) el tributo tiene como referencia el volumen de arroz que la empresa adquiera o produzca para comercializar dentro del Departamento de Artigas, sin tener en cuenta si dicho producto es o no objeto de fiscalización por parte del servicio bromatológico del Departamento. Esto bastaría para justificar que la forma de cuantificación no es la propia de una tasa, sino que corresponde a un impuesto a la producción, importación y/o distribución de arroz (fs. 9). La Corte, en diversos pronunciamientos, ha aplicado estos conceptos en supuestos en los que también se alegó la violación del artículo 297 de la Constitución. Así, en la Sentencia No. 203/2013, expresó: Al establecer el monto del tributo, se hace en forma que no es la que corresponde para las tasas. En estas, la base de cálculo debe estar necesariamente relacionada con las características de la prestación estatal y no con la capacidad contributiva del obligado. El costo del control o análisis mediante el cual se materializa el servicio de control broma-tológico es ajeno al elemento anteriormente señalado, lo que lleva a concluir en la inexistencia de la necesaria relación entre la base de cálculo y el hecho generador del tributo. En consecuencia, la tasa bromatológica que se impone a la accionante no está ligada en modo alguno a la prestación de una actividad jurídica específica de la Comuna hacia las empresas (en similar orientación conceptual: Sentencias Nos. 45/2015, 386/2013, 379/2013 y 902/2012, entre otras), (Sentencia No. 938/2010 del Tribunal de lo Contencioso Administra-tivo). V) En cuanto al fundamento normativo de la existencia de las notas características de la tasa . Tal como se señaló en el considerando precedente, todos los integrantes de la Corte coinciden en que son características esenciales del concepto de tasa: a) la prestación efectiva del servicio por parte de la entidad estatal al contribuyente; b) que se verifique una relación de ‘inherencia’ del hecho generador con la base de cálculo. Ahora bien, en cuanto a cuál es el fundamento jurídico de estas esenciales notas, existen matices entre los integrantes de este Colegiado. 1) Al respecto, la Sra. Ministra Dra. Bernadette Minvielle entiende que el artículo 297 numeral 5 de la Constitución, determinante para la resolución del caso en examen, prevé como fuente de recursos de los Gobiernos Departamentales adminis-trados y ‘decretados’ por estos a las tasas por utilización de servicios prestados por el Gobierno Departamental. Esta es la razón por la cual, dentro de los elementos característicos esenciales de la tasa, en sede de la potestad tributaria departamental, debe estarse a las notas que surgen del propio texto constitucional. Y en tal sentido, cabe primordialmente individualizar la prestación efectiva del servicio. Ello, como corolario de la ‘utilización’, ‘aprovechamiento’ o ‘beneficio’ de los servicios prestados por el Gobierno Departamental. La norma constitucional, sin hesitaciones, refiere al hecho generador de la tasa al reclamar la prestación efectiva del servicio o de la actividad estatal (también relacionado con la divisi-bilidad e individualización del mismo). La posición de la mayoría de la Corte -dice la Sra. Ministra Dra. Minvielle-, que postula que cabe acudir a las doctrinas más recibidas –que condensan los criterios jurídicos más refinados por la disciplina-, parte como premisa de la existencia de un vacío constitucional que debe integrarse para suplir la carencia normativa señalada. Sin perjuicio de ello, la Dra. Minvielle estima que en el caso del artículo 297 numeral 5 de la Carta emerge con claridad una definición de tasa –por referencia a sus elementos tipificantes-, lo que impide acudir a definiciones legales con la finalidad de colmar un vacío que no es tal. La integración presupone la carencia de definición de la especie tasa en nuestro programa constitucional en el orden departamental. Sin embargo, como el artículo mencionado brinda una definición de la especie tributaria, no es posible convocar la definición del Código Tributario que adiciona otros requisitos divergentes con el concepto manejado por el constituyente en sede departamental. Como bien lo postula el Prof. Andrés Blanco, el numeral 5 del artículo 297 de la Constitución únicamente condiciona dicho tributo –la tasa– a que su presupuesto de hecho consista en la prestación de un servicio público departamental. Si bien la interpretación constitucional no queda restringida al estricto tenor literal del texto, también es cierto que las interpretaciones de la Constitución que, en mayor o menor medida, se despeguen del texto deberían fundarse en otros argumentos lo suficientemente fuertes como para agregar al mandato normativo condiciones que no surgen de su semántica (Tributos y precios públicos, FCU, 2005, pág. 181), argumentos que, a juicio de la Sra. Ministra Dra. Minvielle, no se advierten en la especie. Precisamente, porque el argumento para que el intérprete pueda apartarse del tenor literal de la formulación normativa contenida en el artículo 297 numeral 5 debe comenzar por reconocer una ausencia total de regulación de la especie tributaria en el orden departamental. No es este el caso de la norma en examen, que, aunque pueda ser perfectible en su redacción, prevé con suficiencia cuál ha de ser el elemento que identifica la prestación. A juicio de la Sra. Ministra Dra. Minvielle, ante la ausencia de regulación, no resulta razonable incorporar -al concepto manejado por el constituyente- otros requisitos que no fueron delineados en la Carta y que, hasta puede decirse, fueron deliberadamente rechazados por la Nación. Primero, milita un argu-mento de orden histórico que Andrés Blanco revalida en su obra y que la Dra. Minvielle comparte y hace suyo. El autor plantea que en el proceso de discusión de la reforma constitucional del año 1966, el Proyecto de Reforma Constitucional de un sector del Partido Nacional proponía incluir una definición de tasa. Dicha propuesta, como explica el autor, recogía las tesis de Pugliese y Valdés Costa en sus aspectos medulares: la limitación de las tasas a los ‘servicios públicos inherentes’ al Estado, o vinculados con su condición de ‘ente soberano’. Sin embargo, esta defini-ción de tasa propuesta inicialmente por el proyecto de reforma del Partido Nacional, fue expresamente desechada en el proceso de aprobación de la Constitución. En efecto, habiendo sido sometido dicho proyecto al acto plebiscitario en el año 1966, no fue aceptado y, en su lugar, el texto sancionado por la Nación conservó las redacciones originales de la Constitución de 1952 (cf. Andrés Blanco, Tributos y precios públicos, FCU, 2005, págs. 164-165). Quiere decir que, en el acto plebiscitario, existió un expreso rechazo del Cuerpo Electoral a una modificación normativa proyec-tada, conservándose la definición original estipulada en la Constitución sin restricción alguna en cuanto al tipo de servicios que se preste a nivel departamental como presupuesto de hecho de la tasa. Esta es, a criterio de la Sra. Ministra Dra. Minvielle, una de las razones que impide la convocatoria de las definiciones de las especies tributarias brindadas por el Código Tributario. La Constitución de 1952 brindó –para mal o para bien aunque sea técnicamente desajustada– una definición de tasa cuya alusión al servicio que se presta no tiene limitación alguna. La propuesta de modifi-cación constitucional no fue validada por el Cuerpo Electoral. Empero, recurrir como doctrina más recibida a las definiciones de las especies de tributos consagradas en el Código Tributario implica, en buen romance, la vigencia de una conceptuación de tasa que la Nación no consideró del caso adoptar. Lo mismo cabe sostener, estima la Sra. Ministra Dra. Minvielle, siguiendo las enseñanzas del Prof. Blanco, respecto del elemento característico del ‘destino’ (que es incorporado en el art. 12 del Código Tributario). En el año 1966 se intentó introducir en la Constitución una definición mucho más concreta de las tasas departamentales que, entre otras cosas, expresaba que ‘(...) su producto se destina exclusivamente a satisfacer las necesidades de dichos servicios’. Entonces, no cabe más que concluir que la supresión de dicha definición en el texto que se convirtió en la Constitución vigente no puede considerarse casual, sino deliberada y demostrativa de una intención de no agregar otros elementos carac-terísticos de la tasa más allá de los previstos en la Constitución de 1952 (cf. Andrés Blanco, Tributos y precios públicos, FCU, 2005, pág. 182). Aquí, nuevamente, la Sra. Ministra Dra. Minvielle considera que la adopción de la definición del Código Tributario como doctrina más reci-bida habilita a incorporar un elemento individualizante de la tasa que no tuvo acogida en la Carta por decisión del soberano. 2) En otro enfoque, la mayoría de la Corte, conformada por los Sres. Ministros Dres. Jorge Chediak, Elena Martínez, Eduardo Turell y el redactor, estima que, para identificar las caracterís-ticas esenciales de las especies tributarias, cabe aplicar las definiciones dadas en los artículos 11 y 12 del Código Tributario, ya que, como lo ha sostenido esta Corte desde larga data, dichas disposiciones son aplicables por constituir la doctrina más recibida en la materia (Sentencias Nos. 266/1986, 110/1996, 218/2005, 240/2007 y 203/2013, entre otras). En ausencia de definicio-nes expresas de las distintas especies tributarias en la Constitución, es razonable que se recurra por vía de integración a las doctrinas más recibidas en la materia, que en el caso no son otras que las plasmadas en el Código Tributario patrio. Como lo señaló autorizado estudio, (...) la larga y cuidadosa elaboración del Código, la autorizada doctrina que lo respalda y sus antecedentes en el derecho comparado, constituyen seguramente un elemento de innegable valor jurídico para la interpretación de las normas constitucionales y departamentales atinentes a la tributación municipal (cf. Ramón Valdés Costa, Nelly Valdés de Blengio y Enrique Sayagués Areco, ‘Código Tributario de la República Oriental del Uruguay, comentado y concordado’, FCU, 5ª edición, pág. 127). Ante el vacío derivado de la falta de definiciones de cada una de las especies tributarias, parece razonable colmar esa laguna recu-rriendo a las definiciones consensuadas por los estudios especializados en la materia. La posibilidad de acudir al mecanismo jurídico de la integración para colmar vacíos normativos fue prevista por la Constitución en su artículo 332. Cabe precisar que la ma-yoría de la Corte tiene bien presente que el artículo 332 de la Constitución no refiere a la integración de eventuales vacíos constitucionales sino a la integración del ordenamiento inferior, reglamentario de preceptos constitucionales, como lo consigna Martín Risso Ferrand (Derecho Constitucional, T. I, FCU, pág. 82). Sin perjuicio de lo cual, como bien lo señala el Prof. Martín Risso, si bien esta norma no refiere a la integración de vacíos o lagunas constitucionales, es obvio que, tratándose de una norma constitucional de integración, el artículo 332 podrá servir para saber qué elementos de integración son vistos favorablemente por la propia Constitución. Así, para la integración de la Carta y ante ausencia de normas de integración constitucional, podrá recurrirse mediante la analogía al artículo 332 (se trata de métodos vistos favorablemente por la propia Carta), (‘Derecho Constitucional’, T. I, FCU, pág. 82). No se comparte la posición del Prof. Andrés Blanco, que sigue la Sra. Ministra Dra. Minvielle, en cuanto a que en el numeral 5 del artículo 297 de la Constitución se brinda una definición de tasa. Esta disposición establece: Serán fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales, decretados y adminis-trados por estos: (...) 5) Las tasas, tarifas y precios por utilización, aprovechamiento o beneficios obtenidos por servicios prestados por el Gobierno Departamental (...). A juicio de la mayoría que conforma este fallo, de la lectura de tal disposición no surge que el constituyente haya establecido allí una definición de la especie tributaria ‘tasa’; parecería que la norma únicamente establece qué tipo de actividades del Gobierno Departamental puede dar lugar a la creación de una ‘tasa’ departamental. Finalmente, la mayoría de la Corporación considera que resulta insoslayable pronunciarse sobre el argumento histórico ensayado en el considerando V, numeral 1, de esta decisión, según el cual la aplicación analógica de las definiciones del Código Tributario supondría violar la voluntad de los constituyentes de 1966. En tal sentido, cabe se-ñalar que el hecho de que en 1966 no prosperara un proyecto de reforma constitucional que introducía una definición expresa de la especie tributaria ‘tasa’ en nada afecta el razonamiento jurídico por el cual la Corte, en su anterior integración, ha concluido que, ante la ausencia de definiciones expresas de las distintas especies tributarias, cabe recurrir por vía de integración a las definiciones del Código Tributario. Existen razones históricas y lógico-jurídicas que abonan esta conclusión. a) En primer lugar, el rechazo del proyecto de reforma constitucional, conocido como ‘reforma gris’, obedeció, como lo enseña la autorizada opinión del Prof. Ramón Valdés Costa, ‘a razones puramente circunstanciales’ (Curso de Derecho Tributario, Ed. Temis, 2001, págs. 90-101; Andrés Blanco, Tributos y precios públicos, FCU, 2005, pág. 186). En el proceso de reforma constitucional de 1966, la más importante reforma, o por lo menos a la que se le atribuyó mayor trascendencia y en torno a la cual se centró el debate en el proceso previo a su sanción parlamentaria y a su aprobación plebiscitaria, fue la relativa a la organización del Poder Ejecutivo y al retorno a un régimen unipersonal (cf. Héctor Gros Espiell y Juan José Arteaga, Esquema de la Evolución Constitucional del Uruguay, FCU, 2ª ed., págs. 117 y 119). Cabe recordar que al plebiscito del 27 de noviembre de 1966 se presentaron cuatro proyectos: uno, de un sector del Partido Nacional (‘reforma gris’); otro, de una parte del Partido Colorado (‘reforma rosada’); otro, de los grupos de izquierda (‘reforma amarilla’); y otro, interpartidario, apoyado por la gran mayoría del Partido Colorado y por un amplio sector del Partido Nacional (‘reforma na-ranja’). Señalan Gros Espiell y Arteaga que ‘(...) la voluntad reformista del Cuerpo Electoral se centró fundamentalmente en el proyecto interpartidario, único que, en función de los presu-puestos políticos existentes, podía llegar a ser aprobado’ (ob. cit., pág. 117). Estas autorizadas opinio-nes en el plano jurídico se ven refrendadas en el campo de la Historia. En efecto, obras especializadas han concluido que la reforma constitucional de 1966 se explica por la severa crisis que vivía nuestro país en ese momento (cf. Gerardo Caetano y José Rilla, Historia contemporánea del Uruguay – De la Colonia al Mercosur, Editorial Fin de Siglo, 1996, págs. 218 y 221; Benjamín Nahum, Ana Frega, Mónica Maronna e Ivette Trochón, El fin del Uruguay liberal 1959-1973, Colección Historia uruguaya, T. X, Ediciones de la Banda Oriental, págs. 41-44). En tal sentido, esta úl-tima obra señala: Los ciudadanos que concurrieron a votar el domingo 27 de noviembre de 1966 no estaban eligiendo simplemente las personas que ocuparían los cargos públicos en el siguiente período de gobierno. Buscaban soluciones para las distintas manifestaciones de la crisis que se vivía en los hogares uruguayos: suba de precios, escasez de productos básicos, desocupación, etc., frente a las que el Colegiado aparecía como inoperante, demasiado deliberativo e incapaz de impulsar enérgica y rápidamente medidas efectivas de solución. En esos comicios estaba en juego, tal como apunta el sociólogo Germán Rama, un nuevo intento de sistema bipartidista para salir de la crisis, recuperar la credibilidad y la legitimidad ante las acusaciones de ‘ineficiencia’ y ‘corrupción administrativa’, y esta-blecer barreras protectoras frente a la creciente movilización social expresada, por ejemplo, en el proceso de unificación sindical. Los políticos lograron con esos argumentos el apoyo mayoritario de la opinión pública, que veía poca efectividad en el Gobierno. Uno solo mandaría más y mejor y más duro, pensó la ciudadanía, y otorgó su voto en forma masiva en favor de una Constitución que postulaba un Ejecutivo unipersonal con amplios poderes (Benjamín Nahum y otros, ob. cit., pág. 41). Respecto del proyecto ‘gris’ en particular, se consigna que no solo propendía a fortalecer al Poder Ejecutivo, sino que también con-tenía limitaciones a los derechos fundamentales (Ben-jamín Nahum y otros, ob. cit., pág. 43). Por lo tanto, la lógica y los estudios especializados, tanto jurídicos como históricos, hacen que la mayoría de la Corte no pueda compartir la afirmación de que el rechazo a uno de los proyectos de reforma constitucional de 1966, concre-tamente el conocido como ‘reforma gris’, habilite a afirmar, como sostiene el Prof. Andrés Blanco, que hubo una intención del constituyente de no agregar otros elementos característicos de la tasa más allá de los previstos en la Constitución de 1952. Más bien, parecería que se trata de una de las tantas cuestiones menores que acompañaban uno de los varios proyectos de reforma, que sucumbió por su origen político (cf. Gros Espiell y Arteaga) o por su contenido (establecer un Poder Ejecutivo excesivamente fuerte, autorizando limitaciones a los derechos individuales), (cf. Benjamín Nahum y su equipo). En definitiva, si el punto central de la reforma constitucional de 1966 fue pasar de un sistema de Poder Ejecutivo colegiado a uno unipersonal, el tema de si se incluía o no una definición de ‘tasa’ en el texto constitucional no fue una cuestión que definió la suerte de los distintos proyectos presentados. En el contexto histórico referido y atento a lo que estaba primordialmente en juego -pasar de un Poder Ejecutivo colegiado a uno unipersonal-, no parece razonable sostener que hubo siquiera algún ciudadano que el 27 de noviembre de 1966 votara con la finalidad de impedir que se modificara la Constitución con relación al concepto de la especie tributaria ‘tasa’. Por ello, mal podrían vulnerar la voluntad del constituyente de 1966 aquellos que, como los magistrados que suscriben este consi-derando, entienden que cabe recurrir por analogía a las definiciones del Código Tributario para categorizar las especies tributarias. b) En segundo lugar, aun dando por bueno que la voluntad del constituyente expresada el 27 de noviembre de 1966 pudiera interpretarse como expresión de una voluntad expresa y deliberada de no modificar la Carta en el sentido antes indicado, ello ciertamente no implica que el consti-tuyente hubiera querido impedir que, para definir las especies tributarias, se acudiera a un mecanismo de integración jurídico reconocido por la propia Constitución. Se trata de dos cuestiones lógicamente independientes entre sí ” (Cfme. Sentencia N° 1.980/2017; en igual sentido: Sentencia N° 255/2018). En cuanto al fundamento normativo de la existencia de las notas características de la tasa, el Ministro redactor comparte la posición sostenida en la Sentencia N° 1.980/2017 por la mayoría de la Corte, respecto a que cabe aplicar las defi-niciones dadas en los artículos 11 y 12 del Código Tributario, por cuanto tales disposiciones son apli-cables por constituir la doctrina más recibida en la materia. Ello sin perjuicio de reconocer la opinabilidad de la cuestión y la solvencia argumental de la posición ensayada por la Sra. Ministra Dra. MINVIELLE. IV.III) En la especie, por fundamentos análogos a los ensayados en el pronun-ciamiento citado, con las correspondientes adaptaciones al casus , estima la Corporación que corresponde amparar el accionamiento y declarar la inconstitucionalidad del art. 5° del Decreto de la Junta Departamental de Montevideo N° 13.131, de fecha 27 de agosto de 1964, en la redacción dada por el art. 58 del Decreto N° 14.436, de fecha 13 de enero de 1967. En tal sentido, es claro que la norma impugnada, si bien refiere a la creación de una “tasa”, lo que crea en realidad es un impuesto, que atiende a la capacidad contributiva de los contribu-yentes, lo que está vedado a los Gobiernos Departa-mentales, en atención a lo dispuesto en el art. 297 de la Constitución de la República. En efecto, la llamada “Tasa de Contralor de Higiene Ambiental” no presenta las notas características de las tasas, en particular, en lo que respecta a la prestación efectiva del servicio y a la relación de inherencia del hecho generador con la base de cálculo. IV.IV) Cabe asimismo recor-dar que la Corporación se ha pronunciado, en el pasado, respecto de la inconstitucionalidad de dos tributos prácticamente idénticos al que es objeto de estos autos, aunque creados por otros gobiernos departamentales. Así, por Sentencia N° 44/2008, la Corte declaró la inconstitucionalidad de los arts. 22 y 23 del Decreto Nº 3600 del Gobierno Departamental de Maldonado, en la redacción dada por los arts. 94 (categoría “B”) y 95 del Decreto Nº 3622 del mismo sistema orgánico, relativos a la base de cálculo de las llamadas “tasas de contralor de higiene ambien-tal” del departamento de Maldonado. En la referida sentencia, señaló la Corporación: “ En cuanto al fondo del asunto, esta Corporación entiende que lo dispuesto en los arts. 94 (Categoría ‘B’) y 95 del Decreto Nº 3622, vulnera el art. 297 de la Constitución, que delimita taxativamente la potestad impositiva departamental. El art. 94 del Decreto Nº 3622 establece: ‘Modifícase el art. 22 del Decreto Nº 3600, el que quedará redactado de la siguiente manera: Modifícase a partir del 1º de enero de 1991, las tasas de contralor de higiene ambiental, las que deberán abonarse de acuerdo a las siguientes categorías e importes’. Categoría ‘B’: Hoteles y Empresas de Tiempo Compartido de Punta del Este, Punta Ballena, La Barra y Manantiales N$400.oo por metro cuadrado de edificación. ‘Hoteles y Empresas de Tiempo Compartido de Piriápolis N$200.oo por metro cuadrado de edificación...’. El art. 95 del Decreto Nº 3622, dispone: ‘Modifícase el art. 23 del Decreto Nº 3600, el que quedará redactado de la siguiente manera: Los locales en donde se desarrollan las actividades enumeradas precedentemente, abonarán un adicional de N$2.500.oo por cada cincuenta metros cuadrados, hasta un máximo para este adicional de dos veces la Tasa básica de cada categoría’. Surge claro que el monto del tributo en examen no se calcula en base al costo del servicio de contralor de higiene ambiental, o en función de algún elemento integrante del referido servicio, sino en una circunstancia ajena al mismo (metro cuadrado de edificación, avaluado según la ubicación del esta-blecimiento del contribuyente). Este hecho es suficiente por sí solo para declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones normativas antes mencionadas, pues al elegir el legislador departamental como base de cálculo un elemento ajeno al servicio en cuestión, no se adecua al concepto de tasa consagrado por el art. 12 del Código Tributario (aplicable a los Gobiernos Departamentales al tratarse de la doctrina más recibida en la materia -Cf., Sentencias S.C.J. Nos. 266/86, 110/96, 110/98, 152/97, 53/01-) por más que así se le denomine. Villegas, refiriéndose en particular a las tasas, expresa: ‘... La tasa también tiene límites que son naturales a su propia conformación objetiva y que están referidos a su monto. Estos límites deben partir de la noción básica, según la cual la misma es un tributo vinculado, siendo su hipótesis de incidencia una determinada actividad estatal susceptible de ser individualizada, relativamente a determinada persona. De ahí por qué la fijación del monto no puede tomar en cuenta circunstancias inherentes a la persona o a los bienes del obligado (que son hipótesis de incidencia de impuestos), sino sólo circunstancias atinentes a la actividad vinculante en sí misma, por ser ella y no otra cosa, la hipótesis de incidencia de la obligación correspondiente a las tasas. ... Resulta, por lo tanto, indiscutible que la base imponible de las tasas debe estar relacionada con su hipótesis de incidencia (la actividad vinculante), así como en los impuestos tal base de medición se conecta con una situación relativa al sujeto pasivo, a sus bienes o actividades, que son consideradas hipótesis de inci-dencia por la ley. En consecuencia, tales criterios de graduación tomarán en cuenta una serie de aspectos relativos a la actividad que el Estado desarrolla y al servicio que resulta prestado como consecuencia de tal actividad...’ (‘Verdades y ficciones en torno al tributo denominado tasa’, en Rev. La información, B. Aires, enero 1972, y también en Rev. D. Público, S. Pablo, Vol. 17, pág. 337, citado por Shaw en ‘Evolución de la doctrina y la Jurisprudencia en materia de tasas’, pág. 132). Por su parte, Valdés Costa ha señalado que: ‘... Es un principio fundamental que la base de cálculo de todo tributo debe estar relacionada con las características del presupuesto de hecho, requisito que hemos caracterizado en Instituciones (num. 26.2.1.) diciendo que la base de cálculo debe ser considerada la cuantificación del presupuesto de hecho. Por lo tanto no es procedente adoptar elementos característicos de otros tributos, especialmente de los impuestos. Esta regla es frecuentemente violada. Puede citarse, como ejemplo... el caso de la tasa bromatológica... en los que se ha tomado como base el importe de ventas realizadas por el contribuyente, que es la base propia de un impuesto a las ventas y no de una tasa de inspección...’ (Curso de Derecho Tributario, 2ª. Ed., págs. 164/165) ” (Cfme. Sentencia N° 44/2008). En igual sentido, mediante Sentencia N° 38/2013, la Corte declaró la inconstitu-cionalidad del art. 135 del Decreto Legislativo N° 2998/2011 del Gobierno Departamental de Artigas, por el cual se regula la llamada “tasa de inspección de higiene de locales” del departamento de Artigas. En el referido pronuncia-miento, señaló este Colegiado: “ III) En el caso de autos, el servicio que invoca la Administración como presu-puesto de hecho del tributo, supone la inspección de higiene de locales. Cabe señalar que la Administración accionada no realizó esfuerzo argumentativo ni proba-torio alguno, a fin de fundar la razonable equivalencia que debe verificarse entre la cuantía del tributo y las necesidades del servicio, requerida por la norma tributaria. No detalla ni la cantidad ni la complejidad de las prestaciones que este servicio supone a la Administración. IV) La norma impugnada prevé además, que la tasa se abonará en función de la superficie del local a inspeccionar, fijando así la base de cálculo para la determinación del tributo. A este respecto sostuvo la Corporación en Sentencia No. 44/2008, en términos que resultan aplicables al caso: ‘Surge claro que el monto del tributo en examen no se calcula en base al costo del servicio de contralor de higiene ambiental, o en función de algún elemento integrante del referido servicio, sino en una circuns-tancia ajena al mismo (metro cuadrado de edificación, avaluado según la ubicación del establecimiento del contribuyente). Este hecho es suficiente por sí solo para declarar la inconstitucionalidad de las disposi-ciones normativas antes mencionadas, pues al elegir el legislador departamental como base de cálculo un elemento ajeno al servicio en cuestión, no se adecua al concepto de tasa consagrado por el art. 12 del Código Tributario (aplicable a los Gobiernos Departamentales al tratarse de la doctrina más recibida en la materia -Cf., Sentencias S.C.J. Nos. 266/86, 110/96, 110/98, 152/97, 53/01-) por más que así se le denomine’. (...) V) Finalmente, la norma no establece cuál será el destino de lo recaudado por la tasa, lo que indica que este se vertería a las arcas generales de la Comuna, y no a cubrir las necesidades del servicio de contralor de higiene regulado por el Decreto Departamental impugnado. VI) En definitiva, y al tratarse claramente de un impuesto el tributo creado por la norma en análisis, esta vulnera la potestad tributaria departamental consagrada por el artículo 297 numeral 5 de la Constitución de la República, lo que evidencia su inconstitucionalidad ” (Cfme. Sentencia N° 38/2013). Los conceptos vertidos por la Corporación en las sentencias que vienen de citarse resultan aplicables, mutatis mutandi , al presente accio-namiento, y determinan que corresponda el acogimiento de la pretensión incoada. IV.V) En suma, por las ra-zones expuestas, y de conformidad con los pronuncia-mientos citados, corresponde declarar la inconstitu-cionalidad e inaplicabilidad al accionante del art. 5° del Decreto de la Junta Departamental de Montevideo N° 13.131, de fecha 27 de agosto de 1964, en la redacción dada por el art. 58 del Decreto N° 14.436, de fecha 13 de enero de 1967. V) No corresponde expedirse respecto a los efectos temporales de esta sentencia Finalmente, en atención a lo expuesto por la Sra. Ministra Dra. MINVIELLE en su discordia parcial, los Sres. Ministros Dres. MARTÍNEZ, CHEDIAK, TURELL y el redactor entienden del caso consig-nar que no corresponde pronunciarse, en la especie, sobre los efectos temporales de la presente sentencia declarativa de inconstitucionalidad, en tanto ello no fue objeto de pedimento por el accionante ( ex art. 198 del C.G.P.). Véase, en tal sentido, lo solicitado por el promotor en el petitorio 4° de la demanda (fs. 7). Cabe revalidar, a este respecto, la posición que sostuviera la mayoría de la Corporación en la Sentencia N° 255/2018. VI) El contenido de este fallo obsta a imponer especiales condenaciones en gastos causídicos (artículo 523 del C.G.P.). Por estos fundamentos, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : DECLÁRASE INCONSTITUCIONAL LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5° DEL DECRETO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO N° 13.131, DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 1964, EN LA REDACCIÓN DADA POR EL ARTÍCULO 58 DEL DECRETO N° 14.436, DE FECHA 13 DE ENERO DE 1967, Y, CONSECUENTEMENTE, INAPLICABLE RESPECTO DEL ACCIONANTE. COMUNÍQUESE AL GOBIERNO DEPAR-TAMENTAL DE MONTEVIDEO. SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PRO-CESAL. HONORARIOS FICTOS: 20 B.P.C. OPORTUNAMENTE, ARCHÍVESE. MINISTRA DRA. BERNADETTE MINVIELLE DISCORDIA PARCIAL: P or cuanto entiendo que corresponde pronunciarse sobre los efectos temporales de la declaración de inconstitucionalidad y que la misma debe retrotraerse al momento de la lesión efectiva. En cuanto a los efectos temporales de la declaración de inconstitucionalidad, tal como lo he expuesto -entre otras- en las discordias a las Sentencias Nos. 2081/2017; 1923/2017 y 255/2018, entiendo que los efectos de las sentencias declarativas de inconstitucionalidad se proyectan al momento de la lesión efectiva. Su eficacia se retrotrae al momento de configuración de la lesión jurídica a los reclamantes y no al momento de la demanda, como entiende la mayoría de la Corporación (Cfme. PÉREZ PÉREZ, Alberto: “Eficacia temporal de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes” en Tercer Coloquio Contencioso de Derecho Público, Responsabilidad del Estado y Jurisdicción, Editorial Universidad, Montevideo, 1997, pág. 141; en similar sentido ARTECONA GULLA, Daniel: “Efectos de la sentencia declarativa de inconstitucionalidad” en Revista de Derecho Público, No. 2, F.C.U., Montevideo, 1992, pág. 129).