Sentencia Definitiva N° 412/2019

Montevideo, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “ AA Y OTROS C/ BB Y OTRO – RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL – CASACIÓN, IUE: 357-253/2013. RESULTANDO : I) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 30/2017, del 12 de junio de 2017, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Salto de 6º Turno, falló: “ Ampárase parcialmente la demanda y condénase al co-demandado BB al pago de $24.702 más intereses y reajustes legales desde la ocurrencia del hecho ilícito por daño emergente; $420.000 más intereses legales desde el hecho ilícito y reajuste legal desde la fecha de esta sentencia por daño moral a favor de la concubina CC; $8.586 más intereses y reajustes legales desde el hecho ilícito por lucro cesante pasado a favor de la concubina CC; $5.387 de renta mensual con su respectivo reajuste hasta que cumpliera 65 años de edad ZZ a favor de CC; por lucro cesante futuro a favor del menor EE una renta mensual de $7.128 con sus respectivos reajustes hasta que cumpla los 21 años de edad; por lucro cesante futuro a favor de FF y herederos de GG una renta mensual de $ 1.796 y sus respectivos reajustes hasta que la víctima cumpliera 65 años de edad; por concepto de lucro cesante pasado a favor de FF y herederos de GG la suma de $104.150 con intereses y reajustes desde el hecho ilícito y a favor de su menor hijo EE la suma de $560.787 con intereses y reajustes desde el hecho ilícito; por concepto de daño moral $280.000 con intereses legales desde el hecho ilícito y reajustes desde esta sentencia a favor de cada hermano HH, II, JJ, KK, LL, MM y NN y herederos de GG la suma de $420.000 con intereses legales desde el hecho ilícito y reajustes desde esta sentencia; por concepto de daño moral premuerte a favor de los herederos del fallecido la suma de $840.000 con intereses legales desde el hecho ilícito y reajustes desde la sentencia (...)” (fs. 616/631) . II) Por sentencia definitiva de segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, por sentencia identificada como DFA-0009-000134/2018 – SEF 0009-000045/2018 de 4 de abril de 2018, falló: “ Revócase la sentencia de primera instancia y en su lugar: Desestímase la demanda, sin especial condenación procesal...” (fs. 709/725 vuelto). III) Contra la sentencia de segunda instancia, el representante de la parte actora interpuso el recurso de casación en examen. Luego de referir a la admisibilidad formal de su medio impugnativo, expresó agravios en los siguientes tér-minos: (i) Denunció que la sen-tencia de segunda instancia infringió las reglas legales de valoración de la prueba (artículos 270, 140 y 184 del Código General del Proceso). Puntualizó que incurrió en absurdo evidente, en la medida en que no justificó adecuadamente el apartamiento de las conclusiones de dos informes periciales. El Tribunal calificó al caso como un choque de atrás y presumió la culpa de la víctima; en cambio, los peritos que informaron en el expediente concluyeron que se trató de un choque provocado por la maniobra de giro a la izquierda del demandado, que “encerró” a la víctima. De este modo, el Tribunal incurrió en una petición de principio, ya que tuvo por probado precisamente aquello que se debía acreditar. El vehículo de la deman-dada circulaba, al igual que el de la víctima, por la Av. Batlle. Al llegar a la calle Bella Unión, inició un giro a la izquierda cuando se encontraba a tres metros del cantero central, se atravesó bruscamente en la trayectoria de la víctima quien no puede evitar la colisión, a pesar de haber intentado una maniobra de evasión. El Tribunal se apartó de los informes periciales para calificar los hechos de modo absurdo. Las dos pericias practi-cadas en el proceso son coincidentes en determinar que el choque se produjo como consecuencia del cambio de dirección realizado por el demandado BB (conductor del vehículo delantero). La pericia del Ing. ÑÑ concluyó que la responsabilidad le cabe al Sr. BB, por haber realizado la maniobra de giro a la izquierda de forma antirreglamentaria y, asimismo, la forma de detención fue ilícita. Inició el giro desde una posición sobre el centro de la calzada y no próxima a la izquierda, tal como hubiera correspondido. De ese modo, se colocó en la trayectoria de la moto de la víctima que conducía en igual sentido sobre la mitad de la calzada. La pericia realizada por OO expresa que la maniobra del conductor de la camioneta le cerró el paso al conductor de la motocicleta y que fue este el motivo del accidente. Las pericias se fundan en aspectos técnico-científicos. No existen fundamentos en la sentencia para apartarse de las pericias, de modo que se viola lo dispuesto por el artículo 184 del Código General del Proceso. En el caso se ha valorado la prueba de forma absurda, ya que la sentencia se dictó prescindiendo de prueba porque no fundó el apartamiento de las pericias, no consideró las declaraciones judiciales de los testigos PP y QQ y se confió excesivamente en la declaración del testigo RR en el parte policial. La motivación resulta ilógica y arbitraria, porque califica al hecho como un típico choque de atrás y se apoya en los antecedentes de alcoholismo de la víctima; se exceden los límites de la razonabilidad, porque no existe razonamiento válido para apartarse de las reglas de la sana crítica. Se hace primar lo decla-rado por el testigo RR en sede policial por sobre lo declarado en sede judicial, lo cual resulta contrario a las normas. La valoración absurda de la prueba afecta el debido proceso. (ii) También denunció un error de Derecho en la motivación de la sentencia: dar preeminencia a una declaración en un parte policial sobre dos pericias. La sentencia se apoya en la declaración que el testigo RR realizó en sede policial (fojas 21) y se le asignó preeminencia por sobre las declaraciones procesales y las pericias. RR declaró en sede judicial de forma contradictoria con lo que había expresado en el parte policial. Judicialmente reconoció que llegó al lugar del accidente luego de ocurrido éste (fojas 349). La declaración realizada en el parte policial no tiene valor de prueba judicial. Asimismo, se le impuso a la parte una carga con la cual no se encuentra legalmente gravada, la de desconocer el parte policial. Además, se le otorgó a ese documento una eficacia convictiva que no posee. En el parte policial se recogió exclusivamente la versión de BB, ya que ZZ, el conductor de la moto, no pudo declarar. Por su parte, el testigo que declaró en el parte policial (RR) cuando lo hizo en sede judicial, dijo no recordar lo sucedido. Asimismo, el personal po-licial ignoró a los testigos PP y QQ, los cuales declararon en sede judicial y no fueron considerados. El Tribunal calificó como llamativo que el personal policial haya rechazado sus declaraciones, pero tal reproche carece de asidero, puesto que sí declararon en sede judicial y sus declaraciones resultan corro-boradas por las pericias. No es ajustada la imputa-ción de sospecha que el Tribunal realiza a los testigos PP y QQ. Es más, QQ no tiene vinculación con las partes del proceso y PP solamente conoció a un sobrino del fallecido por haber trabajado en la misma empresa. También se valoró errónea-mente la declaración del testigo RR. El testigo expresó en autos que llegó al lugar del accidente minutos después de ocurrido, por lo cual no pudo haberlo presenciado. La declaración realizada en autos está en abierta contradicción con la realizada en sede policial, por lo cual debe optarse por la primera. (iii) Indicó que, en la medida que el demandado realizó una maniobra de giro a la izquierda de forma antirreglamentaria, no resultaban de aplicación las reglas propias del choque de atrás, ya que la presunción de culpa pesaba sobre el demandado. Pesaba sobre el demandado la carga de acreditar la existencia de alguna de eximente de responsabilidad, por lo cual el Tribunal vulneró lo dispuesto por el artículo 139 del Código General del Proceso. (iv) También se incurre en un error de valoración de la prueba en cuanto a la consideración del alcohol en la víctima, ya que se aparta de las pericias realizadas. La primera pericia atri-buyó el 100% de la responsabilidad al conductor de la camioneta y le quitó trascendencia al alcohol en sangre en virtud de la irregularidad de la maniobra de giro, ya que evadir el impacto era imposible. La segunda pericia también concluyó de la misma forma, con el agregado de que reconoció que el alcohol podría haber contribuido en carácter de concausa; nunca como eximente. Sin embargo, esas referencias fueron relativizadas por el perito en audiencia. El perito se retractó en audiencia de esa conclusión por haber incurrido en un error en la consideración del guarismo de alcohol en sangre atribuido a la víctima. El Tribunal consideró trascendente la ausencia de libreta de conducir de víctima cuando, en realidad, se trata una infracción administrativa, que no implica prueba de impericia en el manejo. No puede soslayarse que la profesión de la víctima era la de chofer. (v) Denunció una errónea aplicación de la normativa de tránsito, ya que la sentencia no consideró las normas infringidas por la parte demandada (artículos 7 y 18 de la ley Nº 18.191). IV) Se confirió el traslado correspondiente, el que fue puntualmente evacuado en los términos que surgen del escrito de fs. 750/762. V) El Tribunal ordenó fran-quear el recurso de casación para ante esta Corporación (fs. 763), a la que arribaron los autos el 28 de junio de 2018 (fs. 768). Oportunamente, por decreto Nº 1860 del 20 de julio de 2018, se ordenó el pase a estudio por su orden (fs. 769 vuelto) y se citó a las partes para sentencia, la que fue debidamente acordada en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, desestimará el recurso de casación movilizado y mantendrá la impugnada en todos sus términos. II) El caso de autos. El presente juicio se ini-ció por la demanda de responsabilidad extracontractual planteada a raíz del accidente de tránsito ocurrido el 26 de julio de 2011, que provocó el fallecimiento del Sr. ZZ. El siniestro se produjo en la Avenida Batlle, entre Santa Rosa y Bella Unión, de la ciudad de Salto. Ambos vehículos circulaban en igual sentido. El demandado conducía una camioneta y la víctima una motocicleta. La colisión se produjo cuando el conductor de la moto embistió de atrás al conductor de la camioneta, que estaba realizando una maniobra de giro a la izquierda. La víctima había ingerido alcohol, lo cual fue acreditado con la respectiva prueba de alcoholemia dispuesta por el Juez penal interviniente y arrojó como resultado 1,2 g/l de sangre. La sentencia de primera instancia atribuyó la totalidad de la responsabilidad en la causación del daño al demandado. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno, en cambio, desestimó la demandada por considerar que no está acreditada la culpa del demandado y que, por el contrario, sí se había acreditado la negligencia de la víctima. III) Análisis de la cuestión sustancial. En su recurso de casación, la recurrente cuestionó, básicamente, la valoración de la prueba sobre las circunstancias en que se produjo el accidente. En referencia a la casa-ción fundada en error en la valoración de la prueba, la Corte tiene posición asumida en que dicha causal se reduce a los supuestos en los que se violen las tasas legales en supuestos de prueba tasada o en el caso de que corresponda aplicar el sistema de la sana crítica, cuando se incurra en absurdo evidente, por lo grosero e infundado de la valoración realizada (Cfme. Sentencias Nos. 20/2016 , 21/2016 , entre otras). Sabido es que la máxima fundamental de la casación, es que ella solo comprende el punto de derecho y no tiene intervención en la cuestión de hecho (Cfme. Barrios De Angelis, D.: “Cuestiones de hecho y de derecho en la casación”, Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de la República, Año XIII (Nº 3), Montevideo, 1962, pág. 579). Si bien en ciertos casos es posible revisar la valoración del material probatorio, para que la Corte proceda a revalorizar los elementos probatorios debe darse un supuesto de valoración absurda o irracional (Cfme. Sentencias Nos. 250/2013 y 593/2017 , entre otras). La jurisprudencia de esta Corporación ha admitido la posibilidad de revisar las decisiones sobre valoración probatoria, cuando esta resulta arbitraria, irracional o contraria a las reglas de la lógica. Como señala Colombo, si bien la revalorización de la prueba resulta excepcional, la Corte -en base a la teoría del absurdo evidente- puede hacerlo cuando media error notorio, lo que equivale a manifiesto, patente, evidente, palmario, claro, ostensible. De este modo se abre un nuevo campo para la casación, el cual se admite con un entorno sumamente restrictivo, para realizar y actuar la justicia como último instrumento para evitar la iniquidad del fallo (Cfme. Colombo, E.: “Casación: Teoría del absurdo evidente”, RUDP, 1/1983, págs. 57/58). En este caso, la parte recurrente cumple con alegar cuál es el concreto motivo de agravio y en qué sentido no comparte la valoración de la prueba realizada por el Tribunal, habiendo imputado un proceder que, a su criterio, resultaría absurdo o arbitrario (cumpliendo de este modo con la carga de la alegación, artículos 270 y 273 del Código General del Proceso). Sin embargo, por las razo-nes que se expondrán, en el caso la valoración proba-toria no puede considerarse como absurda o arbitraria. III.I) El Tribunal expuso en forma el razonamiento probatorio que lo condujo a la solución adoptada, sin que se le pueda imputar ningún apartamiento ostensible de las reglas de la lógica o de la experiencia. El recurso consiste, bási-camente, en una lectura aislada de los medios proba-torios, de forma contraria a lo dispuesto por el artí-culo 140 del Código General del Proceso. III.II) En el caso, el apar-tamiento de las pericias practicadas fue debidamente justificado. En primer término, corres-ponde precisar que no es cierto que las pericias determinaran la responsabilidad de la parte demandada en el accidente de tránsito, ya que esa no pudo ser nunca una labor encomendada a los peritos. La decisión de adscribir responsabilidad en la causación del evento dañoso, corresponde al juzgador, y resulta indelegable. Si puede decirse, en cambio, que lo que hizo el Tribunal fue sopesar la conducta de cada uno de los intervinientes en el siniestro, ya que no existen presunciones de culpa en el caso (las cuales han sido neutralizadas por tratarse de un choque entre vehículos en movimiento). El Tribunal tomó las peri-cias realizadas, conjuntamente con el resto de la prueba producida en autos, como base para reconstruir el modo en el cual se produjo el accidente de tránsito. En base a la valoración conjunta de los testimonios recabados, de la carpeta de Policía Científica y, especialmente, a la luz las reglas de la experiencia, el Tribunal concluyó que la actora no logró acreditar que el accidente se haya producido por la maniobra de giro del demandado. Es particularmente ilus-trativo del razonamiento seguido por la Sala el siguien-te pasaje, en que se consignó: “ Es claro que la camioneta antes de la colisión se colocó cerca del cantero, entonces, aunque antes circulara más hacia el centro de la calle unos tres metros como dice el informe pericial de ÑÑ (fs. 366-377 y declaraciones de fs. 385) y también la pericia de OO (fs. 513 vto.), lo cierto es que se desplazó con antelación al cantero central, no surgiendo de autos que lo hiciera en forma intempestiva y abrupta. Si la moto hubiera quedado ‘encerrada’ debería haber estado circulando por la izquierda de la camioneta y esta debería haberse atravesado por delante de la misma; no podría entonces hablar de ‘encierro’, pero nada de ello surge acreditado en autos. Es de lógica que si ello hubiera ocurrido la moto debería haber colisionado contra el lateral izquierdo de la camioneta o contra la parte trasera izquierda de esta (que es lo que ocurre normalmente cuando se produce un ‘giro a la izquierda’ porque el delantero se atraviesa por delante), pero quedó probado fehacientemente que la colisión se produjo en la parte trasera derecha de la misma (carpeta técnica con fotografías a fs. 251 y sig.) específicamente en la punta del paragolpe trasero derecho, como se aprecia claramente en las dos fotografías de fs. 252 ” (fs. 722/722 vuelto). La conclusión de la Sala en cuanto a la forma en que se produjo el accidente de tránsito, es divergente de la del perito ÑÑ. Ahora bien, la ley permite que el juzgador -siempre que lo haga de manera fundada- apartarse de las conclusiones periciales (art. 184 del C.G.P.). Como enseña Cardinal, una de las posibilidades de apartamiento de los dictámenes periciales que tiene el Tribunal, es cuando concluye que, a la luz del resto de las probanzas diligenciadas, la conclusión del dictamen experto no resulta debidamente corroborada. El Tribunal puede legítimamente priorizar lo que surge del cúmulo probatorio, por sobre la conclusión de la experticia (Cfme. Cardinal, F.: “Algunas reflexiones sobre la valoración de la prueba pericial”, RUDP 4/1996, pág. 644; véase también en idéntica orientación Soba Bracesco, I.: “Relación de causalidad y prueba pericial”, La Ley Uruguay, Montevideo, 2016, págs. 256/261). Bajo estas coordenadas conceptuales, no resulta reprochable el proceder de la Sala, puesto que no es posible aseverar que los perita-jes no se hayan considerado ni valorado adecuadamente. Antes bien la Sala, en atención al cúmulo probatorio disponible, consideró debidamente corroborada la hipótesis que suministró el demandado acerca de cómo ocurrió el accidente. Y, por cierto, no le falta apoyatura en los elementos probatorios a dicha hipó-tesis. En particular, la infe-rencia de cómo ocurrió el accidente a partir del lugar en que la motocicleta impactó, tiene respaldo en las máximas de la experiencia y, su racionalidad y solidez epistemológica, resultan innegables. La inferencia probatoria realizada por la Sala, es una de aquellas que desde la perspectiva teórica se denominan epistémicas . Son inferencias que están basadas en máximas de la experiencia, que tienen su fundamento en la observación más o menos regular entre dos hechos. Su solidez depende de los argumentos inductivos en los que descansa la máxima de la experiencia: cuanto mejor fundada esté la máxima de la experiencia, más sólida será la inferencia probatoria (Cfme. González Lagier, D.: “Quaestio Facti (Ensayos sobre prueba causalidad y acción”, Palestra - Temis, Lima – Bogotá 2005, págs. 61 y ss. y González Lagier, D.: “Presunción de inocencia, verdad y objetividad” en AA. VV.: “Prueba y razonamiento probatorio en el Derecho (Debates sobre abducción) (Juan Antonio García Amado y Pablo Raúl Bonorino Coords.)”, Comares, Granada, 2014, págs. 86/90). El razonamiento de la Sala se estructuró a partir del estado en el que quedó la camioneta que protagonizó el accidente. Si partimos de la base de que el impacto se verificó en el paragolpe trasero derecho, la hipótesis del “encierro” por una maniobra de giro hacia la izquierda se desvanece. Si hubiese existido una maniobra de giro a la izquierda, el impacto debería haberse producido sobre ese costado de la camioneta, no sobre su extremo opuesto. Por el contrario, resulta adecuadamente fundada la hipótesis del choque desde atrás, provocado a raíz de una maniobra inapropiada del motonetista, que venía circulando con un importante grado de alcohol en sangre. III.III) Asimismo, como argu-mento de idéntico peso que el anterior, el Tribunal tuvo por acreditado que la conducta culposa de la víctima fue la causa del accidente, ya que no se encontraba en condiciones de conducir por encontrarse bajo los efectos del alcohol. En efecto, la Sala con-signó: “... se concluye que el accidente se produjo por la conducta de la propia víctima, ya que se entiende que el grado de alcohol en sangre que la misma presentaba, no le permitía actuar en forma acorde a los avatares del tránsito, teniendo alteradas sus facultades visuales, motrices, de reacción, de percepción, de procesamiento de la información circundante etc. (...) Ello explica que el accidente se produjera porque la maniobra ejecutada por el conductor de la moto para esquivar la camioneta fuera errónea debido a que no estaba en condiciones adecuadas para conducir, a pesar de que la maniobra de la camioneta no hubiera sido abrupta, brusca o intempestiva. Se estima que el accidente no se produjo por el giro a la izquierda que momentos antes iniciara el demandado, sino porque el grado de alcohol en sangre de la víctima no le permitió tener los reflejos y el tiempo adecuados a las necesidades del tránsito, máxime cuando no surge acreditado un accionar intempestivo, inoportuno del conductor de la camioneta ” (fs. 724/725 vuelto). Tal conclusión del Tri-bunal se apoya en un análisis ponderado de los diversos elementos probatorios obrantes en autos, los cuales en ningún sentido se ven desvirtuados por los agravios de la recurrente. Las referencias a la con-dición de alchoholista crónico y a las previas sanciones administrativas por conducir bajo los efectos del alcohol, son expuestas en la sentencia como argumentos coadyuvantes de la contundente conclusión a la cual arribó respecto de la causación del accidente por lo que no resultan determinantes del fallo (art. 270 inciso 2º del C.G.P.). III.IV) Finalmente, corres-ponde desestimar los cuestionamientos a la diversa eficacia probatoria que el Tribunal confirió a lo afirmado por los distintos testigos que depusieron en autos, otorgándole mayor peso a lo declarado por RR en sede policial. El Tribunal realizó una adecuada argumentación en el punto, la cual podrá ser o no compartida pero, en ningún sentido, puede ser calificada de absurda o arbitraria. Máxime, cuando tal interpretación es confirmada por el resto del cúmulo probatorio producido en autos. Es verdad que puede resul-tar jurídicamente inadecuado conferir el valor que el Tribunal pretende otorgar a la declaración de RR en sede policial. Empero, en la medida en que se trata de uno solo de los medios probatorios considerados por el Tribunal, no resulta determinante del fallo y, por tanto, no determina la anulabilidad de la sentencia. Por último, en lo concer-niente a las circunstancias de sospecha sobre los testigos PP y QQ, la Corte tiene asumido que la ponderación de la circunstancia de sospecha es de resorte de los tribunales de mérito. En tal sentido se ha afirmado -en términos que corresponde revalidar- que: “‘ ...las circunstancias relativas a la fuerza probatoria de la declaración de un testigo por causas de sospecha sobre su credibilidad, conforme al art. 157 C.G.P., son de aplicación discrecional de los órganos de mérito (...) el hecho de la sospecha se ha de considerar por el órgano actuante al evaluar la prueba y determinar las circunstancias que obran en detrimento de la declaración del testigo, según las reglas de la sana crítica, quedando a criterio del juez la fijación de la eficacia probatoria (Sentencias Suprema Corte de Justicia Nos. 427/95, 384/97 83/03, 180/05, etc.)’, (Sentencia N° 476/2014). Asimismo, conforme lo ha expresado la Corporación en Sentencia No. 309/2009 citando a De la Rúa: ‘... los jueces de mérito son libres para optar por una prueba en lugar de otra o para decidir su preferencia acerca del valor de convicción de una prueba con respecto a otra si no se demuestra arbitrariedad o absurdo en su elección (‘El Recurso de Casación...’, pág. 366) (cf. Vescovi, La Casación Civil, pág. 78 y Sents. Nos 662/95, 833/95, 288/96, 240/97, 550/00 y 172/01, entre otras)’. Entonces, la conclusión a la que arribó la Sala en cuanto consideró que existían circunstancias de sospecha que teñían la credibilidad de ciertos testimonios no puede ser modificada en casación ” (Sentencia Nº 846/2017 ). III.V) En definitiva, las conclusiones probatorias del Tribunal sobre cómo ocurrió el accidente no son el resultado de una valoración ilegal, absurda o ilógica de los elementos probatorios. Como afirmara De la Rúa -con apoyo en jurisprudencia argentina- “la sola apreciación equivocada, discutible, objetable o poco convincente de la prueba no constituye absurdo. No es motivo de recurso la mera discrepancia subjetiva con el criterio de valoración del Tribunal de mérito si no existen conclusiones en abierta contradicción con las constancias de la causa ni se registra la ausencia de un estudio lógico y razonado de los diversos elementos computados, vicios esos que constituyen lo propio del absurdo. Asimismo, tampoco es suficiente exponer un criterio distinto al del sentenciante en cuanto al mérito de la prueba rendida, sino que es menester demostrar absurdo en la conclusión o violación de las leyes que regulan esa tarea” (Cfme. De la Rúa, F.: “El recurso de casación. En el Derecho Positivo Argentino”, Víctor P. ZAVALÍA-Editor, Buenos Aires, 1968, pág. 392). Más aun teniendo presente que el Tribunal casatorio no es un Tribunal de mérito. No existe libertad para profundizar en los hechos y su esquema valorativo. La regla es clara, pues de otro modo se desvirtuaría la finalidad esencial del recurso (Cfme. Molina Sandoval, C.: “Recurso de casación: aspectos sustanciales, argumentales y procesales”, ADVOCATUS, Córdoba, 2016, pág. 160). En base a estas premisas conceptuales, no se aprecia que el razonamiento probatorio de la Sala resulte censurable y, por ende, corresponde desestimar el recurso en examen (Cfme. Sentencias Nos. 804/2018 y 647/2018 , entre muchas otras). III.VI) La Sra. Ministra Dra. Elena MARTÍNEZ, por su parte y sin perjuicio de compartir la justificación de la mayoría, puntualiza como fundamento particular lo siguiente: “ Para poder imponer una condena en materia civil, es necesario que los elementos probatorios disponibles al momento de su valoración, sobre la responsabilidad que le cabe al ofensor, superen un estándar probatorio mínimo que permita concluir que, la hipótesis planteada por el reclamante, está debidamente acreditada. Debe existir una evidencia suficiente que, si bien pueda no eliminar absolutamente las dudas acerca de su ocurrencia, sea de la suficiente robustez para respaldarla sólidamente. Y, el juicio que se forme, a partir de las evidencias disponibles, debe ser el resultado de un análisis racional, intersub-jetivamente verificable; no puede ser la mera creencia del juzgador. En este caso, a la luz de la prueba disponible en el proceso, resulta imposible concluir que se haya satisfecho dicho estándar. En primer orden, los in-formes periciales si bien ilustraron acerca de la mecánica del siniestro, sin embargo nada pudieron informar respecto a los factores de tiempo, lugar y distancia con los que circulaba la motocicleta piloteada por el Sr. ZZ. Este aspecto no es menor, porque la atribución de responsabilidad en la que se funda el reclamo, parte de la base de que la víctima venía circulando por el lado izquierdo de la vía de circulación -contra el cantero central- coyuntura que, en la tesis de los actores, explicaría el ‘encierro’ de la motocicleta y posterior choque. Sin embargo, dicho extremo no fue acreditado. Tampoco existe certeza acerca de la distancia y velocidad a la que venía circulando el motociclista al momento en el que el enjuiciado comenzó y finalizó el giro a la izquierda. En este marco, a modo de hipótesis de trabajo, bien pudo suceder que la víctima viniera circulando por el centro de la vía de circulación; empero, influido por el alto grado de alcohol en sangre (1.20 g/l), erró la maniobra, zigzagueo y chocó en el lateral derecho de la parte trasera de la camioneta, sin que -en dicho enfoque- la particular maniobra de giro a la izquierda efectuada por el accionado se erija como causa eficiente y directa del accidente. En este punto, corresponde precisar que la camioneta se encontraba levemente inclinada, aunque la totalidad de la carrocería estaba emplazada sobre la izquierda de la calzada, quedando una línea de circulación despejada -a la derecha- de más de 5 metros, por donde podía circular la víctima sin obstáculo. Las hipótesis alternativas a la forma en que ocurrieron los hechos contenida en la narración del reclamante, no fueron debidamente desacre-ditadas. Véase que los testigos ofrecidos por los actores -que venían de frente, por la vía contraria-, no pudieron visualizar a la motocicleta, vale decir, no vieron sobre qué sector de la calzada venía circulando la infortunada víctima. Así las cosas, en el pun-to, las dudas no resultan superadas en el caso. Ciertamente, los informes periciales explicitaron con rigor científico la maniobra efectuada por la camioneta, pero tal descripción no termina de aclarar la totalidad de la secuencia del accidente, puesto que faltó acreditar la línea de circulación de la motocicleta, además de la velocidad y distancia a la que venía respecto del vehículo embes-tido. La razonable certeza de dichos extremos era de vital importancia, máxime en un contexto donde la víctima venía alcoholizada, lo que, naturalmente, lleva a cuestionarse acerca de la forma de manejo: recto por la izquierda, recto por la derecha, recto por el centro o en zigzagueo continuo. Justamente, a causa de di-cha alteración (producida por el alcohol), no puede siquiera presumirse que la víctima venía sostenidamente circulando en la forma relatada en la demanda. Por otra parte, tampoco se tiene certeza acerca de si, previo al giro, el demandado activó (o no) el señalero. Los actores lo descartan. Sin embargo, la prueba que sustenta sus dichos está basada exclusivamente en los testimonios cuya tacha fue relevada por el Tribunal. Finalmente, no puede dejar de señalarse que quien estaba en el lugar donde no debía estar, era justamente la víctima (cf. sentencias nros. 71/2010, 53/2011 y DFA-004-000372/2015 del T.A.C. 5º T.). Dicho aserto, en el marco de la teoría de la responsabilidad civil, tiene directa relación con el elemento culpa . En efecto, sobre la víc-tima pesaban dos circunstancias que, en concurrencia, determinaban la inhibición legal, total y absoluta para conducir. La primera: el alto índice de alcohol en sangre, extremo ya abordado. La segunda: la prohibición administrativa para conducir que anteriormente le había impuesto la Autoridad Municipal, por tratarse, justamente, de un alcohólico crónico, con reiteradas infracciones derivadas de dicha causa, lo que derivó en la inhibición relacionada que, para la fecha del accidente, estaba vigente. Entonces, es posible con-cluir que fue la víctima quien se colocó voluntariamente en situación de riesgo cierto y grave. Finalmente, también co-existía una circunstancia que directamente incidía en el elemento daño , puesto que la ausencia de casco protector es lo que, en esencia, determinó las lesiones en la zona de la cabeza, que a la postre causaron la muerte. En suma, la particular coyuntura del caso, que no permite superar el estándar de prueba exigido para concluir que el insuceso vial ocurrió como lo relató el pretensor. La existencia de causas imputables a la víctima con incidencia directa en su producción (culpa), así como en sus consecuencias (daño), determina, en un análisis global y racional de sus diferentes y complejas aristas, el rechazo de la impugnación en estudio ”. IV) La correcta conducta pro-cesal de las partes no justifica la imposición de especiales condenas causídicas (art. 688 del Código Civil). Por estos fundamentos, la Suprema Corte de Justicia por unanimidad FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN MOVILIZADO, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. LAS COSTAS Y COSTOS DEBERÁN SER SOPORTADAS POR EL ORDEN CAUSADO. A LOS SOLOS EFECTOS PARAFIS-CALES, FÍJENSE LOS HONORARIOS FICTOS EN LA SUMA DE 30 BPC (ART. 71 LITERAL B DE LA LEY Nº 17.738). NOTIFÍQUESE Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.