Sentencia Definitiva N° 593/2019

Montevideo, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “DOLCE VITA S.A. C/ ESCRITORIO M.S. S.R.L. Y OTRO - DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACIÓN”, IUE: 2-19739/2016 , venidos a conocimiento de esta Corporación en mérito al recurso de casación interpuesto por la actora contra la Sentencia Definitiva DFA-0005-000359/2018 SEF-0005-000111/2018, de fecha 20 de junio de 2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2do. Turno. RESULTANDO : I) Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia No. 44/2017 , de fecha 26 de octubre de 2017, la titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 3er. Turno, Dra. Claudia MUGUIRO, falló: “ Ampárase la demanda, y en su mérito, condénase in solidum a Mario Suhr y al ESCRITORIO MS S.R.L. a pagar a DOLCE VITTA S.A., los daños y perjuicios reclamados, más intereses legales desde la demanda. Difiérase la determinación económica por vía incidental conforme al art. 378 del C.G.P., según las bases establecidas en el Considerando VI. Sin especial condena en la instancia (...)” (fs. 183/204). II) Por Sentencia Definitiva de Segunda Instancia identificada como definitiva DFA-0005-000359/2018 SEF-0005-000111/2018 , de fecha 20 de junio de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2do. Turno falló: “ Revócase la sentencia apelada y en su lugar se desestima la demanda. Con costas y costos del grado por su orden. (...)” (fs. 229/234). III) En tiempo y forma, la parte actora interpuso el recurso de casación en examen (fs. 237/242 vto.). En su libelo impugnativo planteó, en concreto, los siguientes cuestionamientos: Sostuvo que la causal de la presente casación (art. 270 del C.G.P.) radica en la errónea aplicación de la norma de Derecho: artículos 140 y 141 del Código General del Proceso. Las conclusiones a las que arriba el Tribunal son tributarias de un inexcusable error en la valoración y apreciación de la prueba (arts. 140 y 141 C.G.P.). Adujo que el Tribunal guarda ominoso silencio acerca de las razones por las que valoró la prueba documental glosada a fs. 5 –que calificó de parca y de escasísima precisión- como si fuera éste el único medio probatorio ofrecido en el proceso de conocimiento tendiente a acreditar que el remate se había acordado realizar con base. Sorprende que el Tribunal haya convocado meras inferencias y supuestos de lo que su representada sabe o deja de saber en relación al negocio automotriz, o a lo que habría sido razonable pensar o dejar de pensar en orden al negocio jurídico ejecutado entre las partes, cuando existe una muy esclarecedora prueba testimonial que complementa o –en todo caso- salva aquella parquedad que se le achaca al documento de fs. 5. Dijo que el Tribunal debió valorar la prueba rendida en el proceso en su conjunto (art. 140 C.G.P.), lo cual se materializa en la especie, en rodear la prueba documental de fs. 5 con el resto de los medios probatorios diligenciados en el proceso, en particular, la prueba testimonial obrante en autos, como ser las declaraciones de los testigos KERIKIÁN y CARDOZO, respecto a las negociaciones con el rematador Mario SUHR. Por otro lado, expresó la recurrente que sorprende que el Tribunal se afilie a la tesis defensista expuesta en la contestación de la demanda en cuanto a que los precios del documento de fs. 5 eran meramente una referencia, sin reparar en la insalvable contradicción existente entre la contestación de la demanda y lo expresado luego en la declaración de parte. Al contestar la demanda, dijo la demandada que los precios del documento de fs. 5 eran meros precios de referencia. Al prestar declaración de parte, manifestó que los precios de los vehículos contenidos en el documento de fs. 5 no se corresponden con los vehículos que fueron ofrecidos en remate. Señaló la recurrente que si el Tribunal admite como cierta o veraz la tesis sostenida por la demandada en su contestación, entonces debe necesariamente tener por no cierta ni veraz la tesis esgrimida en su declaración de parte. Siendo así, y dada la incompatibilidad entre ambas tesis, cabe preguntarse cuál es el fundamento del Tribunal para inaplicar la presunción de veracidad de los hechos expuestos en la demanda, a la luz de lo dispuesto por el art. 149.4 del C.G.P. Sostuvo que el Tribunal soslaya la necesaria valoración de la errática e incompatible defensa ensayada por el demandado en dos oportunidades diversas. Lo expresado por el demandado al tomársele declaración de parte, respecto a que los vehículos referidos a fs. 5 no fueron a remate, no encuentra apoyo probatorio, y el Tribunal no puede simplemente ignorar la contradicción entre tal declaración y lo afirmado por el demandado al contestar la demanda. Por último, señaló que constituye un error inexcusable del Tribunal el afirmar que la actora abonó al demandado la comisión por el remate. Ello es absolutamente falso y no surge un solo elemento de prueba que acredite tal aserto. Ni siquiera lo expresa el propio demandado; muy por el contrario reconoce expresamente que no le fue abonada la comisión y que tampoco reclamó su pago. Añadió al respecto que el Tribunal destaca, como fundamento de su decisión revocatoria, que habría operado la hipótesis normativa contemplada en el art. 557 inc. 3º del Código de Comercio, ya que “... luego de abonada la comisión al rematador y transcurridos diez días las cuentas se presumen liquidadas (...) y no habiéndose destruido esa presunción (art. 1604 inciso final C. Civil) el reclamo no puede más que sucumbir”. La sala incurre en un grave error. De autos no existe una sola probanza que acredite que el actor abonó la comisión a los demandados, ni que éstos hayan procurado su cobro por vía judicial o extrajudicial. Así las cosas, no ha operado la presunción establecida por el art. 557 inc. 3º del Código de Comercio. Concluyó que, del cúmulo probatorio debidamente valorado conforme las reglas de los arts. 140 y 141 del C.G.P., ha resultado cabalmente acreditado que, con anterioridad a la subasta, se le cursó al rematador un mail con indicación de los precios mínimos de venta en remate de los vehículos llevados a subasta, y que, sin embargo, los precios por los cuales el rematador vendió los vehículos fueron muy inferiores a los precios marcados en el mail de referencia, irrogando un perjuicio que asciende a USD232.400. En definitiva, solicitó que se revoque la sentencia impugnada, acogiendo la demanda en todos sus términos. IV) Conferido el traslado de precepto, fue evacuado por la demandada, en los términos que surgen del escrito que corre a fs. 246/249 vto. V) El recurso fue debidamente franqueado (fs. 251) y los autos fueron recibidos en este Cuerpo el 13 de setiembre de 2018 (fs. 255). VI) Por Decreto No. 2677 de fecha 19 de setiembre de 2018 (fs. 256 vto.), se dispuso el pasaje de los autos a estudio para sentencia, al término del cual se acordó emitir el presente pronunciamiento en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes, desestimará el recurso de casación interpuesto por la actora. II) Antecedentes procesales II.I) Emerge de autos que, con fecha 18 de mayo de 2016, a fs. 77/82, compareció el Dr. Pablo DONNANGELO, en representación de DOLCE VITTA S.A., promoviendo demanda por daños y perjuicios derivados de responsabilidad contractual, contra ESCRITORIO M.S. S.R.L. y el rematador Mario SUHR. Alegó, en síntesis, que su representada contrató los servicios del rematador Mario SUHR y su empresa ESCRITORIO M.S. S.R.L., a efectos de que efectuaren la venta en remate público de determi-nados vehículos de su empresa. Las negociaciones se desarrollaron desde el mes de junio de 2015 entre Débora KERIKIAN (empleada de la actora) y Mario SUHR. Con anterioridad a la subasta, el 7 de julio de 2015, DOLCE VITTA S.A. le fijó al rematador Mario SUHR y su empresa ESCRITORIO M.S. S.R.L. un precio límite por cada clase de vehículo a saber: USD13.500 por cada camioneta Plutus 4x4; USD15.000 por cada camión JMC NKR doble rueda; USD14.500 por cada camioneta JMC doble cabina 4x2; USD15.000 por cada camioneta JMC doble cabina 4x4; y USD13.500 por cada camioneta EFFA AOJUN doble cabina 4x2. Señaló que, sin embargo, la parte demandada no respetó el precio límite fijado previamente por la actora, dado que en el acto del remate (de fecha 16 de julio de 2015), aceptó ofertas por precios inferiores a los que le habían sido marcados como límite. En efecto, los precios por los cuales Mario SUHR y su empresa ESCRITORIO M.S. S.R.L. remataron los bienes fueron: entre USD7.200 y USD8.000 las camionetas Plutus 4x4; USD7.200 las camionetas JMC doble cabina 4x2; USD10.700 las camionetas JMC doble cabina 4x4. Sostuvo que el incumpli-miento contractual verificado por el rematador demandado y su empresa fue de tal magnitud que la actora sufrió una pérdida total de USD232.400. Consideró que, en virtud de la normativa vigente en la materia (art. 347 del Código de Comercio y art. 2º lit. d) de la Ley No. 15.508), el rematador debió suspender o diferir el remate si las pujas no alcanzaban el precio límite fijado por DOLCE VITTA en el correo enviado el 7 de julio de 2015. Cualquier otro comportamiento constituye un incumplimiento contractual, como el reclamado en autos, puesto que el rematador actúa siempre en interés de quien le solicitó realizar el remate. Tanto si se considera que se trató de un remate con base o sin base, en ningún caso los demandados se encontraban habilitados para vender los vehículos por debajo del precio límite. En definitiva, solicitó que se condenare solidariamente a los demandados a la actora abonar la suma de USD250.000 por concepto de daños y perjuicios padecidos, más intereses, costas y costos. II.II) Con fecha 9 de agosto de 2016, a fs. 88/92, comparecieron los demandados Mario SUHR y ESCRITORIO M.S. S.R.L., a efectos de denunciar la falta de conciliación previa y contestar la demanda entablada. En resumida síntesis, sostuvieron que son absoluta y totalmente falsos los extremos fácticos sustento de la responsabilidad atribuida. No es cierto que la actora haya fijado un precio de venta límite de las unidades a rematar. El correo electrónico a que hace referencia no dice eso, ni nada se acordó al respecto. No existe tal instrucción, ni orden al efecto, y menos aún que se sostenga, como se hace, de que existiera un precio límite, lo que es desajustado a la realidad. Relataron que la comunica-ión respecto a la cual hace caudal la accionante (mail del 7 de julio de 2015) exclusivamente refiere a “los precios de venta para Dolce Vitta S.A. de las unidades a rematar”. Dice lo que dice, que para DOLCE VITTA (sic) ésos eran los precios en los cuales vendía esas unidades constituyéndose un precio indicativo de su valor en el mercado, una mera referencia. En modo alguno constituye la determinación de una base, la instrucción de precio límite, de una orden concreta y precisa respecto del cual los vehículos iban a ser subastados. De ser veraz, tal instrucción requería y requirió consignación expresa, sin perjuicio de que, de así entenderlo, debió exigirse que esa instrucción fuera aceptada (art. 203 del Código de Comercio). Agregaron que el remate se hizo en un predio contiguo a la automotora perteneciente a la accionante, la que acondicionó el lugar e intervino en el mismo a través de sus representantes, auxiliares y gestores de negocios que en nada se opusieron. La reclamante, en su oportunidad, contrató los servicios profesionales del rematador, acordó el lugar y fecha de la subasta al igual que la publicidad, proporcionó el propio lugar físico de que disponía, intervino en la exhibición y disposición de los lotes, participó de la subasta. También custodió y entregó la titulación habilitante para la transferencia dominial, cobró y facturó los saldos de precios de las unidades, y ahora pretende reclamar por una actuación que debió tener conocimiento por su propio proceder. Afirmaron que no se actuó en contra de los intereses del comitente, ni se procedió con abuso, los precios fueron convenientes, se liquidaron las cuentas en plazo legal (literal c, art. 8º Ley No. 15.508), y en tal sentido el comitente nada dijo al respecto. En cuanto al monto del reclamo, expresaron que jamás los vehículos en cuestión pueden ascender al precio que se auto atribuye, ya que excede cualquier parámetro racional de mercado para vehículos usados en general. En suma, solicitaron que se rechace la demanda, con costas y costos a cargo de la actora por haber actuado con malicia temeraria. II.III) En primera instancia, por Sentencia No. 44/2017, dictada por la titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 3er. Turno, se amparó la demanda incoada y, en su mérito, se condenó in solidum a Mario SUHR y al ESCRITORIO M.S. S.R.L. a pagar a la actora los daños y perjuicios reclamados, a ser determinados por vía incidental conforme al art. 378 del C.G.P., según las bases establecidas en el Considerando VI), con más intereses legales desde la demanda; sin especial condena en la instancia (fs. 183/204). La decisora entendió, en su fundada sentencia, que el cúmulo probatorio valorado según las reglas de unidad y razonabilidad que rigen el proceso (arts. 140 y 141 del C.G.P.), permite afirmar que la actora ha logrado demostrar con grado de convicción suficiente la existencia de un precio límite por cada clase de vehículo a subastar, lo que le fue comunicado al rematador SUHR por correo electrónico de fecha 7 de julio de 2015 (fs. 5), el que no fue respetado en el acto de la subasta. Consideró probado el incumplimiento de la parte demandada, por lo cual se genera el derecho a la indemnización de daños y perjuicios reclamada, cuyo monto ordenó determinar por la vía incidental prevista en el art. 378 del C.G.P., tomando como bases la documentación glosada en el expediente, así como las unidades efectivamente subastadas y los precios obtenidos, para así establecer la diferencia entre los valores consignados en el mail de fs. 5 según el Tipo, Marca y Modelo del vehículo, y los resultantes del remate, en los términos y con el alcance establecido en el art. 347 inc. 2º del Código de Comercio, arrojando el monto a resarcir. II.IV) Tras la apelación deducida por la parte demandada (fs. 209/212), el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2do. Turno, mediante Sentencia Definitiva SEF-0005-000111/2018, revocó la apelada, y en su lugar desestimó la demanda (fs. 229/234). En resumida síntesis, la Sala entendió que la prueba documental de fs. 5 que acompaña la demanda en momento alguno dice que los precios que de allí surgen sean los precios base para la almoneda, sino que lo que se desprende es “el precio de venta para las unidades a rematar”; la parquedad y escasísima precisión de lo escrito -que se presta para serias confusiones por las que hoy se genera esta contienda- hace que ello bien pudiese tratarse del precio de venta de las unidades en el mercado, para que el rematador los tome en cuenta a la hora de la subasta como una mera referencia indicativa, tal como lo sostiene éste al contestar la demanda. Asimismo, el Tribunal tomó en consideración otros elementos para arribar a su decisión, tales como: a) que resulta inaceptable que la accionante, que gira en el rubro automotor, no sepa lo que es un precio base, y que no lo haya establecido con precisión y rigor necesarios; b) que la folletería y publicidad no dicen en ningún sitio que se trataba de un remate con base, lo que fue avalado por la prueba testimonial; c) que los precios que se pretenden por parte de la reclamante impresionan como desmedidos, teniéndose en cuenta que los testigos que concurrieron al remate hicieron referencia a que los automotores no estaban en óptimas condiciones; d) que luego de abonada la comisión al rematador y transcurridos diez días las cuentas se presumen liquidadas (art. 557 inc. 3º del Código de Comercio), y no habiéndose destruido esa presunción (art. 1604 inc. final del Código Civil), el reclamo no puede más que sucumbir; e) que es de plena aplicación la teoría del acto propio, pues no es aceptable que se accione judicialmente cuando este inconveniente pudo y debió haber sido solucionado durante la subasta o anteriormente, ya que había personal responsable por la actora durante el acto del remate. II.V) La parte actora interpuso recurso de casación (fs. 237/242 vto.), en base a los fundamentos que fueron previamente reseñados en los Resultandos, a los que corresponde remitirse. III) Respecto al alegado “error inexcusable” del Tribunal en la valoración y apreciación de la prueba (arts. 140 y 141 del C.G.P. ). III.I) El primer y principal agravio de la recurrente dice relación con la valoración de la prueba efectuada por el ad quem . Señaló al respecto que las conclusiones a las que arriba el Tribunal son tributarias de un inexcusable error en la valoración y apreciación de la prueba (arts. 140 y 141 C.G.P.). Adujo que la Sala guarda silencio acerca de las razones por las que valoró la prueba documental glosada a fs. 5 –documento calificado como parco e impreciso por el propio Tribunal- como si fuera éste el único medio probatorio ofrecido en el proceso, tendiente a acreditar que el remate se había acordado realizar con base. Anotó que existe en el expediente una muy esclarecedora prueba testimonial, que complementa o –en todo caso- salva aquella parquedad que se le achaca al documento de fs. 5. Dijo que el Tribunal debió valorar la prueba rendida en el proceso en su conjunto (art. 140 C.G.P.), lo cual se materializa en la especie, en rodear la prueba documental de fs. 5 con el resto de los medios probatorios diligenciados en el proceso, en particular, la prueba testimonial obrante en autos, como ser las declaraciones de los testigos KERIKIÁN y CARDOZO, respecto a las negociaciones con el rematador Mario SUHR. De la simple lectura de los referidos párrafos del recurso ( vide : fs. 238/240), se desprende la existencia de una crítica a la valoración probatoria realizada por la Sala. III.II) Con respecto a la errónea valoración de la prueba invocada como causal de casación (art. 270 del C.G.P.), es criterio de la Corporación que “ A pesar de que la referida disposición prevé, incluso, como causal de casación la infracción a las reglas legales de admisibilidad o de valoración de la prueba, el ámbito de la norma queda circunscripto a la llamada prueba legal, o sea aquella en que la propia Ley prescribe que verificándose ciertos presupuestos, por ella misma indicados, el Juez, aunque opine distinto, debe darle el valor y eficacia previamente fijados; o en el caso de apreciación librada a las reglas de la sana crítica, cuando incurre en absurdo evidente, por lo grosero e infundado”. “Es jurisprudencia cons-tante de esta Corporación que tanto la revisión de la plataforma fáctica, como la revalorización de la prueba, no constituyen motivo casable, por cuanto el ingreso a ese material convertiría esta etapa casatoria o de revisión meramente jurídica, en una tercera instancia no querida por el legislador (cf. Sentencias Nos. 6, 124, 158 y 165/91; 24 y 58/93; 35, 47 y 59/94, 14/96 y 716/96, entre otras)”. “A mayor abundamiento: 'El ingreso al material fáctico en instancia casatoria requiere una condición o código de acceso ineludible: es menester que el error en la valoración de la prueba en que haya incurrido la Sala de mérito configure un absurdo evidente, un razonamiento notoriamente ilógico o aberrante, en suma, que la infracción a la regla de derecho contenida en el Artículo 140 C.G.P., revista una excepcional magnitud, fuera de toda discusión posible (cf. Sentencias Nos. 2/2000, 228/06, entre otras). En definitiva, cuando la valoración probatoria efectuada en la sentencia cuya casación se pretende, contradice abiertamente las reglas de valoración previstas en los Artículos 140 y 141 del C.G.P., y ello emerge de la forma en que se han estructurado los agravios, aún cuando el impugnante no haya invocado, expresamente, la existencia de absurdo evidente o arbitrariedad, la Corte está habilitada para ingresar al estudio del caudal fáctico allegado y valorar la prueba aplicando las normas referidas ’” (Cfme. Sentencia No. 250/2013; véase también la más reciente Sentencia No. 593/2017, entre otras). III.III) En la especie, si bien la recurrente no denuncia expresamente la existencia de arbitrariedad, ilogicidad o absurdo evidente en el razonamiento del ad quem , del contexto de las expresiones del escrito recursivo, tales como “ inexcusable error en la valoración y apreciación de la prueba ” (fs. 238), “ el Tribunal guarda ominoso silencio acerca de las razones por las que valoró la prueba documental ” (fs. 238), o “ prueba testimonial que sorprendentemente el Tribunal soslaya ” (fs. 239), puede concluirse que la impugnante cumplió con los requisitos formales del recurso. III.IV) No obstante lo cual, se estima que no le asiste razón en el planteo, en tanto el fundado razonamiento de la Sala ad quem se ajusta a las reglas de la sana crítica (arts. 140 y 141 del C.G.P.), lo que torna improcedente toda revisión que, directa o indirectamente, conduzca a la alteración de la plataforma fáctica considerada en la decisión impugnada. En tal sentido, huelga transcribir la parte medular de la argumentación desarrollada por el Tribunal en el Considerando V) de su pronunciamiento, la cual trasluce una valoración de la prueba que podrá o no compartirse, pero que en modo alguno puede ser tildada de ilógica o arbitraria. Señaló la Sala: “En rela-ción al mérito, la documental de fs. 5 que acompaña la demanda en momento alguno dice que los precios que de allí surgen sean los precios base para la almoneda, sino que lo que se desprende es ‘el precio de venta para las unidades a rematar’. La parquedad y escasísima precisión de lo escrito -que se presta para serias confusiones por las que hoy se genera esta contienda- hace que ello bien pudiese tratarse del precio de venta de las unidades en el mercado, para que el rematador los tome en cuenta a la hora de la subasta como una mera referencia indicativa, tal como lo sostiene éste al contestar la demanda. La actora es una sociedad comercial que gira en el rubro automotor, es una automotora reconocida en plaza -con amplia difusión comercial en medios masivos de comunicación- y es evidente que si de algo sabe, es de los precios de venta en el mercado de los vehículos que comercializa y también los que no, ya que el propio giro comercial habilita a presumirlo. Por ello es que no puede ni debe resultar extraño que la pretensora haya querido poner al rematador en conocimiento de los precios del mercado como una referencia a considerar. En otro orden, pero en igual sentido, tratándose la actora de una sociedad dedicada a la venta de productos de esta naturaleza y razonablemente habituada a hacerlo mediante remates e incluso en alguna otra oportunidad con el rematador coaccionado, resulta inaceptable que no sepa lo que es un precio base ni que no lo haya establecido con la precisión y el rigor necesario ante una almoneda exitosa en cientos de miles de dólares estadounidenses. La falta de concreción en la oferta contenida en el correo electrónico de mención es posible sea considerada como indeterminada y por ende no obliga siquiera al que la ha hecho (art. 519 C. Com.), que en el caso es la sociedad reclamante. De hecho, la folletería y publicidad (que deben conceptuarse como oferta en términos jurídicos) no dicen en ningún sitio que hubiese base (fs. 124 y ss.), extremo avalado por los testimonios de asistentes a la almoneda y compradores (fs. 129/138), por lo cual es de orden entender que el remate carecía de ella. De haber sido en contrario, no se entiende cómo se permitió la publicidad por parte de la actora sin dejar explícitamente enunciado en ella la existencia de una base. No consta que hubiera existido orden de sacar esa publicidad de circulación para cambiarla por otra donde expresamente se fije la base para cada vehículo o clase de automotor. Por otra parte, los precios que se pretenden por parte de la reclamante impresionan como desmedidos teniéndose en cuenta que los testigos que concurrieron al remate -e incluso un dependiente de la actora en la ocasión, Arnoldi- hicieron referencia a que los automotores no estaban en óptimas condiciones, sino en muchos casos eran inhábiles para circular y no pocas veces fue imposible hacer arrancar a más de uno, debiéndose contratar servicios de remolque para trasladarlos. Así, testigos y asistentes al acto eran talleristas interesados en comprar sólo para reparar los automotores y venderlos o sino emplear los autos para desguace y venta como repuestos, o para reparar algún otro vehículo que ya tuviesen en taller (Olivera, Baztarrica, Arnoldi), por lo que es evidente la depreciación de estos bienes subastados (de origen chino o geográficamente aledaño, o sea, más baratos, art. 141 C.G.P.) que contrasta superlativamente por incompatible con los precios que la accionante invoca como base para la almoneda. (...) Aunado a lo anterior, es de plena aplicación la teoría del acto propio que señala la demandada y por el mismo fundamento que ella correctamente articula, pues no es aceptable que se accione judicialmente cuando este inconveniente pudo y debió haber sido solucionado durante la subasta o anteriormente, ya que había personal responsable por la actora -como no podía ser de otra manera- durante el acto. Y si las ventas se hicieron sin que la accionante objetase nada en su momento, es porque consintió las enajenaciones y por lo tanto, mal puede ahora volver sobre sus pasos y defender una postura plenamente opuesta ” (fs. 232/234). Tal como surge de la extensa pero necesaria transcripción, el ad quem efectuó una valoración probatoria acorde con las reglas de la sana crítica, o al menos no violatoria de las mismas. El razonamiento probatorio realizado por la Sala no aparece como ilógico, absurdo ni arbitrario, por lo que no se aparta del canon legal de valoración establecido en los artículos 140 y 141 del C.G.P. III.V) En efecto, la Sala ponderó, conforme a las reglas de la sana crítica, la parquedad y falta de precisión del mail que luce a fs. 5, el cual fue redactado por la propia accionante, la que se trata de una empresa reconocida en plaza que gira en el rubro automotor. Razón por la cual, afirmó el Tribunal que no resulta extraño que la actora haya querido comunicar al rematador los precios del mercado, como referencia a considerar. Por iguales razones, agregó la Sala que no resulta aceptable que la demandante no distinga el concepto de precio base, aspecto que, en todo caso, debió estipularse con claridad. Por otro lado, el Tribunal también cimentó su razonamiento probatorio en el hecho de que la parte actora no objetó la folletería y la publicidad de la almoneda, cuando en ella no se estipuló base alguna, extremo que surge corroborado por las declaraciones de las personas asistentes al remate (fs. 129/132 y 133/138). En tercer término, el ad quem examinó los valores que emergen del documento de fs. 5 en el entendido de que resultan excesivos como precio base del remate; ello si se tiene presente que, según emerge de la prueba testimonial, concretamente de las declaraciones de los sujetos que concurrieron al remate, entre ellos un dependiente de la actora, los vehículos no estaban en óptimas condiciones (fs. 129/132 y 133/138). Finalmente, la Sala pon-deró la conducta de la demandada, quien tuvo conocimiento de la publicidad y participó en la almoneda a través de su personal, por lo que consintió el remate en las condiciones en que fue realizado. III.VI) La recurrente se agravia, asimismo, por cuanto la Sala habría soslayado la declaración de dos testigos: Sra. Débora KERIKIÁN (fs. 161/163) y Sr. Gustavo CARDOZO (registrada en el Sistema Audire, vide : fs. 173). No le asiste razón. El ad quem efectuó una valoración de la prueba en su conjunto, mediante el correcto razonamiento previamente señalado. Ninguna norma le obligaba a analizar específicamente cada declaración testimonial prestada en autos. El art. 140 inc. 2º del C.G.P. ordena al tribunal indicar, concretamente, cuáles medios de prueba fundan principalmente su decisión. Pero de ello no cabe colegir que exista un deber para el decisor de referir y analizar detalladamente cada una de las probanzas obrantes en el expediente. Como ha dicho reciente-mente la Corporación, ante agravio de similar tenor al presente: “ La prueba que el recurrente denuncia que la Sala no tomó en cuenta, no supone de por sí un caso de valoración absurda. Si bien es cierto que la Sala no realizó una valoración ‘molecular’ de cada medio de prueba; consideró algunos elementos probatorios que resultaban particularmente relevantes y decisivos para sustentar sus conclusiones probatorias. El peso específico de esos elementos probatorios, resultaba determinante en este caso y permitía respaldar las conclusiones sobre los hechos probados, con total prescindencia de esos otros elementos probatorios ” (Cfme. Sentencia No. 1.336/2018). Por lo demás, los testimonios prestados por los testigos KERIKIÁN y CARDOZO no logran desmerecer la valoración probatoria efectuada por el Tribunal. Tales declaraciones, por más que hayan apuntado en el sentido señalado por la actora en su demanda, carecen de relevancia suficiente como para descartar otros indicios concordantes, que convergen a la hipótesis manejada por la Sala. En suma, la sentencia recurrida realiza una correcta argumentación fáctica, exponiendo los medios de prueba que se tuvieron en cuenta para arribar a la determinación de los hechos, de forma lógica, coherente y consistente. Ninguno de los cuestionamientos que realiza la impugnante permite calificar a la valoración realizada como absurda o arbitraria. Antes bien, aparece como una adecuada y reflexiva compulsa del soporte probatorio incorporado a los autos, lo que lleva necesariamente a descartar el agravio por infracción a las reglas legales de valoración de la prueba. IV) Respecto a la alegada inaplicación por el Tribunal de la presunción de vera-cidad de los hechos expuestos en la demanda (art. 149.4 del C.G.P. ). IV.I) En segundo lugar, expresó la recurrente que en el casus existió una insalvable contradicción en la actitud procesal de la demandada. Ello por cuanto, al contestar la demanda, dijo que los precios del documento de fs. 5 eran meros precios de referencia, pero luego, al prestar declaración de parte (fs. 169), manifestó que los vehículos referidos en el documento de fs. 5 no se corresponden con los que fueron ofrecidos en remate. Con base en lo expuesto, adujo la impugnante que si el Tribunal admite como cierta o veraz la tesis sostenida por la demandada en su contestación, entonces debe necesariamente tener por no cierta ni veraz la tesis esgrimida en su declaración de parte. Y concluyó que, dada la incompatibilidad entre ambas tesis, el Tribunal debió haber aplicado la presunción de veracidad de los hechos expuestos en la demanda, a la luz de lo dispuesto por el art. 149.4 del C.G.P. IV.II) A juicio de la Corporación, no le asiste razón en el punto. El art. 149.4 del C.G.P. dispone: “ La no comparecencia a la audiencia de declaración, sin causa justificada, así como la negativa a contestar o las respuestas evasivas o inconducentes, harán presumir ciertos los hechos de la demanda o de la contestación, en su caso, susceptibles de ser probados por confesión ”. La disposición establece una sanción (presunción de veracidad de los hechos alegados en la demanda o en la contestación) para las siguientes hipótesis: a) no comparecencia de la parte a la audiencia de declaración, sin causa justificada; b) negativa a contestar por parte del declarante; c) respuestas evasivas o inconducentes. Ninguna de las hipótesis previstas en la norma refiere al supuesto alegado por la recurrente, esto es, al caso en que la declaración de parte se contradice con lo manifestado por el litigante en alguno de sus escritos de alegación (demanda, contestación de demanda, alegatos, etc.). En consecuencia, y sin necesidad de examinar si efectivamente se produjo la alegada contradicción, cabe rechazar el agravio de la recurrente relacionado con la supuesta infracción a la citada norma procesal. IV.III) Adicionalmente, como fundamento particular, estima la Sra. Ministra Dra. MINVIELLE que la presunta actitud incoherente o contradictoria de una de las partes en el proceso (al contestar la demanda y al brindar declaración de parte) es, en tal caso, un argumento de prueba que debe ser apreciado, globalmente y en conjunto de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Máxime, teniendo presente que en la actividad de valoración y en aplicación de la normativa procesal habrá de examinarse la conducta de las partes, en el conjunto de los elementos de convicción, pudiéndosele otorgar un valor subsidiario, corroborante cuando concurra con otros elementos de la misma o de diversa índole (Cfme. KLETT, Selva y PEREIRA CAMPOS, Santiago: “ Valor de la conducta procesal de las partes desde la perspectiva probatoria en el Código General del Proceso ”, en Revista Uruguaya de Derecho Procesal, No. 1/1997, pág. 86). En la especie, la búsqueda de las supuestas razones para priorizar una de las versiones históricas formuladas por el co-demandado durante el proceso se debió a no otra cosa que el análisis unitario de la prueba que fuera realizado por el Tribunal ad quem . Por tal razón, estima la Sra. Ministra Dra. MINVIELLE que cabe repeler el agravio. V) Respecto al invocado “error inexcusable” de la Sala al haber afirmado que la actora abonó al demandado la comisión por el remate, lo que derivó en la incorrecta aplicación de la hipótesis normativa contemplada en el art. 557 inc. 3º del Código de Comercio . V.I) Por último, señaló la recurrente que constituye un error inexcusable del Tribunal el afirmar que la actora abonó al demandado la comisión por el remate, lo que es absolutamente falso. Dijo que no surge un solo elemento de prueba que acredite tal aserto, y que ni siquiera lo expresa el propio demandado, quien por el contrario reconoce expresamente que no le fue abonada la comisión y que tampoco reclamó su pago. Concluyó que, no habién-dose abonado la comisión al rematador, no ha operado la presunción establecida por el art. 557 inc. 3º del Código de Comercio, disposición que el Tribunal invocó como fundamento de su decisión revocatoria. Sobre el punto, entiende la Corporación que si bien es cierto que existió error por parte de la Sala al invocar la referida disposición del Código de Comercio, dicho error no resultó determi-nante del fallo. V.II) El art. 557 del Código de Comercio dispone: “ Ningún vendedor puede rehusar al comprador una factura de los géneros que le haya vendido y entregado con el recibo al pie de su precio, o de la parte de éste que se hubiere pagado. No declarándose en la factura el plazo del pago, se presume que la venta fue al contado. Las referidas facturas no siendo reclamadas por el comprador, dentro de los diez días siguientes a la entrega y recibo, se presumen cuentas liquidadas ”. El Tribunal invocó la norma en un pasaje de su sentencia, al señalar: “ Otro dato no menor es que luego de abonada la comisión al rematador y transcurridos diez días las cuentas se presumen liquidadas (art. 557 inc. 3º C. Com.) y no habiéndose destruido esa presunción (art. 1604 inc. final C. Civil) el reclamo no puede más que sucumbir ” (fs. 233). La recurrente acierta en su embate crítico cuando expresa que, no habiéndose abonado la comisión al rematador (hecho no controvertido), no ha operado la presunción establecida por la norma citada. V.III) Sin embargo, de manera alguna ello puede conducir a la anulación de la sentencia impugnada, desde que el pasaje de la sentencia previamente transcripto constituye, únicamente, un argumento coadyuvante y secundario de la Sala para reforzar su decisión desestimatoria, que en definitiva no fue determinante del fallo ( ex art. 270 inc. 2º del C.G.P.). En efecto, y como fuera largamente expuesto en el Considerando III) de este pronunciamiento, el Tribunal entendió que correspondía revocar la sentencia de primer grado y desestimar la demanda, en función de una serie de fundamentos, tales como: la parquedad y falta de precisión del mail que luce a fs. 5, el cual fue redactado por la propia accionante; el hecho de que la actora es una empresa reconocida en plaza, que gira en el rubro automotor, por lo que no resulta extraño que haya querido comunicar al rematador los precios del mercado, como referencia a considerar; la falta de objeción por la actora a la folletería y la publicidad de la almoneda, cuando en ella no se había estipulado base alguna; el hecho de que los valores que emergen del documento de fs. 5 resultan excesivos como precio base del remate, teniéndose presente que los vehículos no estaban en óptimas condiciones; la conducta de la demandada, quien participó en la almoneda a través de su personal, por lo que consintió el remate en las condiciones en que fue realizado. El fundamento relativo a la presunción establecida por el art. 557 inc. 3º del Código de Comercio no fue más que un argumento secundario y coadyuvante, que en definitiva no determinó la parte dispositiva del fallo, por lo que cabe rechazar el agravio formulado por la recurrente. Como lo establece nuestra ley procesal, en sede de casación, corresponde atender a los errores de Derecho que resulten determinantes de la parte dispositiva de la sentencia. El art. 270 inciso 2º del C.G.P., al describir las causales de casación, establece que no se tomarán en cuenta los errores de Derecho que no determinen la parte dispositiva del fallo. Como observa VESCOVI, esto es lo que se ha dado en llamar “la eficacia causal” del error, para ser tomado en cuenta en casación. Esa relación de causalidad entre el vicio y la sentencia, se hace más necesaria en la medida en que el recurso, más que en interés público (o en defensa de la legalidad), se concede en función del interés privado de la parte. Añade el autor que nuestra ley es muy clara en cuanto a que se requiere que la infracción sea determinante de la parte dispositiva del fallo. El error, aunque esté en las consideraciones (CONSIDERANDOS), debe repercutir en el fallo (Cfme. VESCOVI, Enrique, El recurso de casación , IDEA, Montevideo, 1996, págs. 63/64; en jurisprudencia, véase la Sentencia No. 1.589/2018). En suma, por lo expuesto, corresponde desestimar el agravio. VI) La correcta conducta procesal de ambas partes determina que las costas y los costos de la presente etapa se distribuyan en el orden causado (art. 688 del Código Civil y arts. 56.1 y 279 del C.G.P.). En suma, por los fundamentos expuestos, y en atención a lo establecido en los arts. 268 y concordantes del Código General del Proceso, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA ACTORA. SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. FÍJENSE LOS HONORARIOS FICTOS EN 30 B.P.C. PARA CADA PARTE (ART. 71 LITERAL B) DE LA LEY No. 17.738). NOTIFÍQUESE A DOMICILIO, PUBLÍQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE.