Sentencia Definitiva N° 592/2019

Montevideo, veinticinco febrero de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “TECHERA TRUJILLO, ALFREDO Y OTROS C/ MINISTERIO DEL INTERIOR - DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACIÓN” – IUE: 2-2660/2017 . RESULTANDO : I) Por Sentencia Definitiva No. 85, de fecha 27 de octubre de 2017, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 2º Turno, se falló: “I) Amparar parcialmente la demanda y en su mérito, condenar a la parte demandada a pagar a la parte actora plurisubjetiva el rubro daño moral conforme estimación realizada en el Considerando cuarto. II) Adicionar los rea-justes de acuerdo con el régimen previsto en el Decreto-Ley 14.500 e intereses legales desde la comisión del hecho ilícito y hasta su efectivo pago. III) No imponer especial condena procesal en el grado” (fs. 122/133). II) Por Sentencia individuali-zada como DAF-0004-000433/2018, SEF-0004-000100/2018, dictada el 23 de julio de 2018, por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, se dispuso: “Confírmase la sentencia apelada, salvo en cuanto a los montos de condena en capital y accesorios, que se reducen a los indicados en el Considerando ‘III’ del presente pronunciamiento; sin especial condena en costas ni costos de la alzada” (fs. 163/166). III) Contra dicha decisión, la parte actora interpuso el recurso de casación en estudio (fs. 169/176), expresando, en síntesis, los siguientes agravios: - La Sala infringió los arts. 140 y 270 del C.G.P., lo que la llevó -absurdo mediante- a morigerar los montos por concepto de daño moral. - Asimismo, el Tribunal infringió los arts. 198, 214 y 218 del C.G.P. y arts. 1319 y 1348 del C.C., decisión que lo llevó a vulnerar el principio de congruencia, puesto que, en materia de accesorios (intereses y reajuste), la decisión de primera instancia (que los había fijado desde la fecha del hecho ilícito) fue revocada por la Sala de segundo grado, sin que hubiera mediado agravio por parte del Ministerio enjuiciado. IV) Conferido el traslado de rigor (fs. 180), fue evacuado por el demandado (fs. 181/184), quien lo hizo abogando por el rechazo de la impugnación. V) Elevados los autos para ante la Suprema Corte de Justicia (fs. 189), fueron recibidos el día 2 de octubre de 2018 (fs. 190). VI) Por Decreto No. 3018, de 10 de octubre de 2018, se dispuso el pasaje a estudio de la presente causa (fs. 191 vto.), acordándose sentencia en el día de hoy. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, amparará parcialmente el recurso de casación, pues, en el punto que se dirá, la sentencia impugnada adolece de vicios que provocan su nulidad, de acuerdo con los siguientes fundamentos. II) De los agravios contenidos en la impugnación . La recurrencia se funda en considerar que la impugnada incurrió en dos vicios pasibles de causar nulidad: 1) errónea aplicación de los arts. 140 y 270 del C.G.P., que llevó a la Sala de segundo grado a abatir los montos por concepto de daño moral (170/173 vto.) y 2) vulneración del principio de congruencia contenido en los arts. 198, 214 y 218 del C.G.P., que condujo al “ad-quem” a modificar inde-bidamente el “dies a-quo” del cómputo de los accesorios legales (fs. 173 vto./176). En dicho orden serán analizados. 1) En punto a la reducción de la condena por concepto de daño moral, no asiste razón a la parte recurrente. Como esta Corte ha reite-radamente sostenido, la determinación del monto de la indemnización del daño moral “ ...e s tarea eminentemente discrecional, por lo cual no puede configurarse infracción a ninguna norma de derecho, salvo fijación de cifra arbitraria o absurda, por ínfima o desmesurada ” (ver: Sentencias Nos. 1.216/2018, 291/2018, 405/2017, 403/2017, 274/2016, 216/1997, 385/2004, 867/2012, 587/2014, 394/2015, entre muchas otras) Y en el caso concreto, las sumas finalmente fijadas no resultan arbitrarias ni absurdas. Si bien la Sala abatió considerablemente los montos (a favor del padre de $900.000 lo redujo a $448.000; a favor de cada uno de los cuatro hijos de $700.000 lo minoró a $576.000; y a favor de la concubina de $600.000 lo mitigó a $480.000), se advierte, de todos modos, que las sumas finalmente fijadas lejos están de representar uno de los excepcionales supuestos que habiliten su revisión en casación, máxime cuando los hechos que sirvieron de base para arribar a tales montos (fs. 165 vto.), resultan inmutables en el grado. Lo expresado resulta su-ficiente para desestimar el agravio. 2) Por último, se agravian los recurrentes en punto a la fecha de inicio del cómputo de los accesorios legales (reajuste e intereses). Aducen que al fijarlos desde la fecha del pronunciamiento de la sentencia impugnada, se vulneró el principio de congruencia, extremo respecto al cual, a juicio de la Corte, les asiste plena razón. En efecto, mientras el fallo de primera instancia fijó ambos accesorios legales “ desde la comisión del hecho ilícito ” (fs. 133), la sentencia de segundo grado -revocatoria en este punto-, ordenó computarlos “ desde la fecha del presente pronunciamiento ” (fs. 165 vto.), pero lo hizo sin que mediara agravio por parte del MINISTERIO DEL INTERIOR (fs. 137 y ss.), coyuntura que implica vulnerar la congruencia que debe existir entre el objeto de la alzada (pretensiones de las partes propuestas en la apelación) y la sentencia que sobre él habrá de recaer. En tal sentido, en Sen-tencia No. 768/2008, la Corte ha sostenido que “... conforme lo destacaba Vescovi (‘Los poderes y deberes del Juez y de las partes en el Proceso Civil’, LJU, T. 81), recordando que ello es pacífico en la doctrina y jurisprudencia de alzada, el Juzgador no sólo está limitado por la acción (pretensión) deducida por las partes en el juicio, en virtud del principio de congruencia respecto de la primera instancia sino, también, en la sentencia de segunda instancia, está doblemente limitado: en primer lugar, por virtud del principio de congruencia... está constreñido por los hechos alegados y las acciones deducidas en la etapa de proposición...; en segundo término, está constreñido por la nueva demanda que significa la apelación, según una parte de la doctrina, y luego y como consecuencia del principio dispositivo, se aplica aun en nuestros Derechos, el romano de tantum devolutum quantum apellatum, y asimismo se invoca la prohibición de la reformatio in pejus, que constituye, una consecuencia de lo anterior. Ello significa atribuir (al juzgador)... una competencia revisiva restringida a los aspectos de la resolución impugnada... ”. “ El Juez de la apelación, señala Couture, ‘... no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos deducidos. No hay más efecto devolutivo que el que cabe dentro del agravio y del recurso: tantum devolutum quantum apellatum...’ ” (ver además Sentencia No. 84/2001 de la Corte). Cabe precisar que otra sería la solución en el grado si el “ad-quem” hubiera, por ejemplo, aclarado que los montos objeto de condena ya incluían la liquidación por concepto de accesorios legales, computados desde la fecha del hecho ilícito. De haberse procedido de tal manera, no existiría impedimento para luego fijarlos desde la fecha de la sentencia de segunda instancia. Ningún reproche podría formularse en tal sentido. Empero, el fallo nada aclara sobre el punto, ni la Corte puede presumir dicha solución. En definitiva, corresponde hacer lugar al agravio, anular este sector de fallo y, en su mérito, mantener firme la sentencia de primera instancia. III) La correcta conducta pro-cesal de ambas partes determina que las costas y los costos de la presente etapa se distribuyan en el orden causado (art. 688 del C. Civil y arts. 56.1 y 279 del C.G.P.). Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : I) AMPÁRASE, PARCIALMENTE, EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA Y, EN SU MÉRITO, ANÚLASE EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA EN PUNTO AL “DIES A-QUO” DEL CÓMPUTO DE LOS ACCESORIOS LEGALES (INTERESES Y REAJUSTE), MANTENIENDO FIRME LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO EN TAL ASPECTO; SIN ESPECIAL CONDENA PROCESAL. II) HONORARIOS FICTOS 20 B.P.C. PARA CADA UNA DE LAS PARTES. III) NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE. DR. GUSTAVO NICASTRO SEOANE SECRETARIO LETRADO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA