Sentencia Definitiva N° 597/2019

Montevideo, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “ LÓPEZ, ROSINA c/ EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN URUGUAY - DEMANDA LABORAL - CASACIÓN” e individualizados con el IUE: 2-14708/2017 , venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud del recurso de casación deducido contra la sentencia definitiva de segunda instancia SEF 0012-000341/2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 3º Turno. RESULTANDO : I) Por sentencia definitiva de primera instancia nro. 69/2017, de 23 de noviembre de 2017, dictada por la Señora Juez Letrado de Primera de Trabajo de la Capital de 13º Turno, Doctora Estela Fernández Garda, se falló: “ Amparando parcialmente la demanda y en su mérito condenando a la accionada a abonar a la actora licencia, salario vacacional, aguinaldo, salario pendiente de pago e IPD común más dos horas extras por día de lunes a jueves por 14 días por mes excepto en verano que se admitirán 4 horas extras, 14 días al mes (enero), y durante la gestión del embajador Montenegro se ampararán 4 horas por día por 14 días al mes durante 8 meses y durante la suplencia de la Sra. Soca se tomarán las reclamadas en la demanda. También se acogerá una hora extra nocturna por 14 días por mes y las tres horas extras nocturnas por eventos en la medida que surja de los libros de Prosegur la realización de éstos. También se ampararán los descansos trabajados en la misma medida en que surja la realización de eventos nocturnos en los libros. De todos ellos se descontarán los días trabajados como se explicita en el cuerpo de la sentencia por licencias por enfermedad, vacaciones, faltas y períodos trabajados en la calle Cuareim. Se amparará asimismo las horas extra en descansos y nocturnas en descansos, en la medida en que éstos emerjan como trabajados en los multicitados cuadernos con igual limitación que en los demás rubros. Esta sentencia se considerará líquida. Se adicionarán daños y perjuicios del 10% sobre los rubros de naturaleza salarial e igual porcentaje de multa” . II) Por sentencia de segunda instancia SEF 0014-000341/2018, de 16 de agosto de 2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 3º Turno, integrado por los Doctores Lina Fernández, Juan Carlos Contarin y Gloria Seguessa, redactada por el Doctor Juan Carlos Contarin, se falló: “ Confirmase la sentencia definitiva impugnada salvo en cuanto a la condena por horas extra que se revoca en su cuantificación reduciéndola en dos horas durante los días laborados conforme con la demanda; y en cuanto no hace lugar a la indemnización por despido especial por enfermedad, y en cuanto a los descansos semanales conforme lo pretendido a fs. 715 Nº 42 condenando a su pago, sobre el monto de la condena de la indemnización por despido común, licencia, salario vacacional y aguinaldo cuya determinación debe hacerse atendiendo en la base de cálculo a las incidencias de horas extra y descansos semanales determinadas, todo sin particular condena procesal en la presente instancia (...)” (fojas 787 y 787 vto.) Dicha sentencia fue acla-rada y ampliada por providencia identificada como SEI 0014-000074/2018 (fojas 798 a 800). III) A fojas 805 y siguientes compareció la representante de la parte actora, interpuso recurso de casación y, en síntesis, expresó: 1) Existió errónea aplica-ción de los artículos 4 de la ley 18.065, 8 de la ley 7.318 y de la recomendación nro. 201 de la OIT. A criterio de la recu-rrente, el hecho de que el artículo 4 de la ley 18.065 imponga que el descanso del servicio doméstico deba comprender el día domingo, no implica negar que, una vez trabajado el asueto, no pueda compensarse de acuerdo con las normas generales. En el caso, la existencia de descansos compensatorios surge debidamente probados de los libros respectivos. Asimismo, surge el pago de los descansos que no fueron compensados. 2) Resulta errónea la condena por horas extras y por descansos trabajados. El fallo de segunda ins-tancia dejó sin efecto el descuento de las faltas emergentes de los libros de guardia de Prosegur. Tal proceder determina que: a) se cobren horas extras por días en los que la actora no asistió a la residencia o no completó 8 horas en ella y b) que cobre por más descansos semanales que los que le hubieran correspondido. El Tribunal consideró que al contestar la demanda, la demandada debió extraer de los libros una cuantificación concreta alternativa. De ese modo, se infringe lo dispuesto por el artículo 130 del Código General del Proceso. El Tribunal debía analizar las constancias de los libros de guardias para determinar si los hechos en los que se funda la demanda son ciertos o no. La falta de análisis de las resultancias de los libros de Prosegur implica desconocer las reglas de valoración de la prueba. 3) No corresponde la con-dena por despido por estar amparada al seguro por enfermedad. En segunda instancia se hizo lugar al despido especial por enfermedad. De autos surge que la actora no comunicó a la demandada la existencia de la certificación. Asimismo, para el caso de mantenerse la condena corresponde descontar el monto de la indemnización por despido común que ya le fue abonada a la actora. 4) No corresponde la con-dena al pago de la multa prevista por el artículo 29 de la ley 18.572. En segunda instancia se revocó la exoneración de la multa por entender que ante la negativa de la actora a cobrar, debía promoverse el proceso de oblación y consignación. El artículo 1482 del Código Civil exige para su promoción que se esté ante una deuda exigible, pero, en cambio, de acuerdo con artículo 29 de la ley 18.572 el proceso de oblación resulta ineficaz para evitar la multa allí prevista. IV) A fojas 822 y siguientes compareció la representante procesal de la actora evacuando el traslado del recurso y abogando por su rechazo. V) Recibidos los autos en la Corporación por Providencia nro. 3099/2018 (fs. 834) se dispuso el pasaje de los autos a estudio sucesivo. VI) Concluido el estudio, se acordó el dictado de la presente sentencia en el día de la fecha. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por la unanimidad de sus integrantes naturales, desestimará el recurso de casación deducido en mérito a los siguientes fundamentos. II) La sentencia de segunda instancia redujo la condena al pago de horas extras diurnas, por lo cual solo podría causar agravio a la actora. Por tanto, en atención a lo dispuesto por el inciso 2 del artículo 268 del Código General del Proceso, cabe rechazar el agravio de la recurrente dirigido a cuestionar la procedencia y el cálculo de las horas extras. No obstante, corresponde tener en cuenta las diversas posiciones de los Sres. Ministros de la Corte sobre la interpretación del inc. 2 del artículo 268del CGP que serán desarrolladas en el punto IV de esta sentencia. III) En cuanto a la condena al pago de despido especial de la trabajadora enferma, si bien la recurrente denuncia la presunta existencia de una infracción al artículo 23 de la ley 14.407, en puridad, objeta la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal. El agravio gira en torno al hecho de haber considerado que había transcurrido menos de un mes desde la última licencia por enfermedad de la actora hasta su despido y que éste no se había fundado en razones de salud de la trabajadora. Respecto de la casación fundada en errónea aplicación de las normas de admisi-bilidad o de valoración de la prueba, la Corporación adhiere a la posición que entiende que dicha causal se reduce a los supuestos en los cuales se violen las tasas legales en supuestos de prueba tasada; o, en el caso de que corresponda aplicar el sistema de la sana crítica, cuando se incurra en absurdo evidente, por lo grosero e infundado de la valoración realizada (criterio sostenido por la mayoría de la Corporación en Sentencias Nos. 408/2000, 52/2010, 4248/20, 594/2013, 640/2017, entre otras). La parte cumple con alegar cuál es el concreto motivo de agravio y en qué sentido no comparte la valoración de la prueba realizada por el Tribunal, imputando a éste un proceder absurdo al formular el juicio de los hechos (artículos 270 y 273 del Código General del Proceso). Sin perjuicio de ello, el recurso no resulta suficiente para modificar lo resuelto. El razonamiento efectuado por la Sala no se apartó en forma manifiesta o grosera de lo que surge de los elementos probatorios tenidos a la vista. Antes bien, de la prueba obrante en autos emerge que la trabajadora fue despedida durante el período de carencia, por lo que correspondía a la demandada acreditar que su cese no estuvo vinculado a la enfermedad de la trabajadora. Sobre el punto, el Tri-bunal consideró que la demandada no se desembarazó de tal carga probatoria, señalando al respecto: “ Acorde con las disposiciones y lo establecido en la Ley de Enfermedad común es a la empleadora a quien grava la carga de la prueba de que la causa del cese no se encuentra en ello; y de sus dichos resulta en cambio acreditado que sí existió vinculación entre el despido y la enfermedad certificada, incluso lo señala la ex nuera de la actora que lejos está de ser testigo sospechosa de sus dichos.- Surge de la fojas 52 vuelto e informe del Banco de Previsión Social (vide fojas 514) que la trabajadora estuvo certificada del siete al diecinueve de noviembre de 2016, lo que como se dijo no es controvertido sino que se cuestiona que realmente la misma estuviera enferma pero sin ninguna prueba que avale tal argumentación” (fs. 785 vto.). Y bien; como fuera dicho, tal conclusión a la que arriba el a d quem no aparece –en absoluto– como absurda. IV) En relación a los descan-sos semanales, la recurrente alega, en primer lugar, errónea aplicación de los artículos 4 de la ley 18.065, 8 de la ley 7.318 y de la Recomendación No. 201 de la OIT, por considerar que el Tribunal se basó en una lectura aislada de la primera norma mencionada, desconociendo lo dispuesto en las otras dos. Ahora bien. Respecto a este punto, existen dos sentencias conformes, pues tanto la sentencia de primera como de segunda instancia, entendieron que correspondía aplicar al caso la solución prevista en el artículo 4 de la ley 18.065, que exige en todos los casos el descanso corrido de 36 horas incluido el domingo, sin que sea procedente para los trabajadores domésticos la solución de los descansos alternativos. Señala al respecto el Tri-bunal de Apelaciones del Trabajo de 3° Turno en la parte final del segundo párrafo del capítulo “Considerando” de su sentencia: “ Finalmente en punto al agravio por el rechazo de la compensación en los descansos alternativos su rechazo deviene de que si bien como instituto puede ser admisible en el caso de la Ley de Trabajo Doméstico ella es improcedente pues no resulta habilitada en modo alguno.- Refiere a descanso por treinta y seis horas continuas, mediando excepción sólo en que el medio día sea en días sábado o lunes (sistema de semana inglesa o francesa).- Ello como se dijo resulta inadmisible, el argumento de que aunque no se gozaba de un lapso de descanso corrido ello era mejor para la trabajadora, siendo contrario a la previsión del artículo 4º de la Ley de trabajo Doméstico que dispone sean treinta y seis horas corridas, siendo el día domingo el de descanso necesario ” (fs. 785 in fine ). A) Por tanto, en este aspecto, no resultan admisibles los agravios de conformidad con lo dispuesto por el inciso 2 del artículo 268 del Código General del Proceso. A criterio de los Señores Ministros Doctores Jorge Chediak, Eduardo Turell, Luis Tosi y la redactora, no resulta posible la revisión en casación de aquellas cuestiones que han sido objeto de dos pronunciamientos judiciales coincidentes. Esta es la actual interpretación del artículo 268 inciso 2 del Código General del Proceso, en la redacción dada por el artículo 37 de la ley 17.243 (cf. Sentencias de la Suprema Corte de Justicia nros. 24/2003, 410/2016 y 1.787/2016, entre otras). La Doctora Bernadette Minvielle, por su parte, estima que los agravios resultan admisibles por los fundamentos expuestos en la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia nro. 837/2017 (en igual sentido véase BARREIRO, María Virginia y TEJERA, Mariela: “Admisibilidad de la casación ante la doble confirmatoria y sin discordia”; LANDONI SOSA, Ángel; GONZALEZ MIRAGAYA, Santiago y CABRERA ORCOYEN, Rafael: “Procedencia del recurso de casación y alcance en hipótesis de confirmatoria parcial de la sentencia apelada” ambos en AA.VV: “XIVas Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, Colegio de Abogados - IUDP, Colonia del Sacramento, 2009, págs. 187/196 y 151/168 respectivamente y LANDONI SOSA, Ángel: “El recurso de casación”, XVIIas Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, Colegio de Abogados del Uruguay – IUDP, Rivera, 2015, págs. 229/254). Sin perjuicio de ello, tampoco ingresará al análisis de los agravios atento a la posición de la mayoría. B) En segundo lugar, la recurrente alega infracción o errónea aplicación de los artículos 130 y 140 del Código General del Proceso al haber dejado sin efecto el descuento de las faltas emergentes de los libros de la guardia de Prosegur, que en primera instancia se había dispuesto para todos los rubros condenados. Al respecto, emerge de la lectura de la sentencia atacada que el Tribunal efectuó una valoración razonable de la prueba existente al respecto, descartando –por razones fundadas– la emergente de los libros de guardia. Dijo al respecto la Sala: “ Véase que la accionada acude y cita reiteradamente las resultancias de los libros de Prosegur pero si nos atenemos al resultado de ello concluye el Cuerpo que ninguna cuantificación concreta alternativa o liqui-dación precisa y determinada, extrajo de ellos. Se admite que la trabajadora –por diversas causas aunque siempre por motivos razonables referidos a la prestación de su labor en el domicilio de un Diplomático- no llegaba a descansar las treinta y seis horas corridas. En suma pues la cuantificación gravaba a la empleadora en la oportunidad de contestación del escrito intro-ductorio, y ello se hizo de modo vago e impreciso, no alcanzando como se pretende con una mera enumeración a vía de ejemplo. El análisis de los libros de marras es en la impugnación extemporáneo, máxime que tampoco llega a expresar concretamente si se realizaban o no horas extras, y cuantas corresponderían en su caso ” (fs. 784 vto./785). Y agregó luego que “ En lo que respecto a los agravios por los descuentos de los días en que la trabajadora no concurrió a la Sede de la Embajada y limitación en los días de descanso trabajados la Sala se inclina por la revocatoria de lo resuelto.- En efecto se entiende que los registros de Prosegur a que se acude no son el mecanismo idóneo a tales efectos puesto que la registración de salida del personal no contempla nada más que ello sin explicitar las razones (vide declaración del guardia).- La contestación en los puntos aludidos fue vaga e imprecisa lo que lleva a determinarlos acorde con lo establecido por la parte actora recurrente con el descuento de lo correspondiente a descansos intermedios (no pretendidos) por dos horas y deducción de lo que excedan de dieciséis días de ausencia puesto que el reclamo fue por horas extra en catorce días.- Comparte la Sala que en punto a los días de descansos trabajados no tiene razón la empleadora puesto que la prueba rendida abona que los fines de semana se trabajaba no solamente a raíz de eventos nocturnos sino también derivaba la labor de otras circunstancias tales como la presencia de embajador, su familia y la existencia de huéspedes. De allí que acorde con la recurrencia se establecerá el recibo del agravio respectivo en los términos del Numeral 42 a fs. 715 ” (fs. 786 y vto.). Por tanto, de conformidad con la posición que se sostuvo supra, no resulta posible considerar que el razonamiento probatorio de la Sala pueda ser calificado como absurdo o arbitrario. V) Respecto a la revocación de la exoneración de la multa prevista en la ley 18.572, la recurrente alega que la sentencia incurrió en infracción al numeral 3 del artículo 1482 del Código Civil. Esa norma exige para la promoción del proceso de oblación y consignación que se esté ante una deuda exigible, mientras que, según el artículo 29 de la ley 18.572, la multa se genera apenas se genera el crédito. Por lo cual, a su juicio, el proceso de oblación y consignación no resulta una vía eficaz para evitar la multa. Sobre el punto, cabe se-ñalar que el Tribunal, apartándose de lo resuelto en primera instancia, dispuso la condena al pago de la multa en cuestión, señalando que “(...) la circunstancia de no haberse promovido la oblación y consignación de lo que se entendía adeudar determina que la condena a rubro laboral determine coetáneamente su imposición.- Debe atenderse que para dar por cancelada una deuda es preciso que se hayan cumplido las tres etapas del procedimiento liberatorio, esto es, oblación, consig-nación, y declaración por el Magistrado competente (cfm. artículos 1482 a 1485 del Código Civil) lo que no ocurre en el caso.- En tanto la suma consignada no haya sido aceptada por el acreedor, o haya sido declarada bien hecha por el Juzgado, el deudor puede retirar la suma depositada careciendo de eficacia cancelatoria ” (fs. 786 vto.). Tal razonamiento resulta, en el caso, inobjetable para esta Corte. Sin embargo, los Doctores Bernadette Minvielle y Luis Tosi consideran conveniente puntualizar que no es correcto que sea exigible en todos los casos a la empleadora demandada la realización de un proceso de oblación y consignación, para poder exone-rarse del pago de la multa prevista en el artículo 29 de la ley 18.572. Así lo indicó el Doctor Luis Tosi en discordia realizada en conjunto con la Ministra Doctora Corrales a la Sentencia del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 2° Turno, nro. 126/2018, en la que señalaron: “ La parte actora en autos ha reclamado la multa que habría generado el no pago de la liquidación por egreso. Funda su reclamo en el art 29 de la Ley 18.572. El art 29 prevé: Multa).- La omisión de pago de los créditos laborales generará automáticamente, desde su exigibilidad, un recargo del 10% (diez por Ciento) sobre el monto del crédito adeudado. Analizando dicha norma, se advierte que hace referencia a una omisión de pago, debemos precisar que se entiende por una omisión. Es el actuar de un sujeto que omite realizar una cierta acción, que ha decidido no cumplir con algo. Se ha definido omisión, en derecho, como una conducta que consiste en la abstención de una actuación que constituye un deber legal. En el caso de autos ante el cese de la relación laboral la obligación del empleador por cuyo incumplimiento en plazo se reclama la multa, era el pago de lo adeudado por la liquidación por egreso (ya que salario y medio aguinaldo a la fecha se le depositó). Corresponde precisar qué plazo tenía la parte demandada para cumplir con este pago y de ese modo no perfeccionar la omisión a la que refiere la norma. Encontramos que no existe norma laboral que prevea plazo para el pago de este crédito. Y habitualmente en los casos en los que no existe un plazo específico para pagar determinados rubros laborales (por ejemplo, en casos de acuerdos de pago de sumas adeudadas, o de acuerdos de egreso) y las partes no hubieran especificado una fecha concreta de pago, aplica el principio residual del Código Civil (art. 1440) la obligación de pago es exigible 10 días después de la fecha de la firma del documento. En este caso en concreto (cese de relación laboral), habitualmente, se está a la fecha de cese, 10 días desde que ceso la relación laboral. Y si no se pagó, o se realizó oblación se adeudaría la multa. Este es el criterio mayo-ritario, que en este caso no se comparte. Surge de autos que la relación laboral entre las partes finalizo el 9 de junio de 2017. Dos días después la empresa le presenta al actor la liquidación final de los créditos laborales ($ 2.740.971 Y $1.259.672 con IRPF incluido) y la posibilidad de una gratificación adicional. Esta gratificación adicio-nal fue objeto de negociación no llegando a un acuerdo, y ante esa situación el trabajador se presenta ante el Ministerio de Trabajo. Y en audiencia del Minis-terio de trabajo cobra el mismo monto que le fue ofrecido al egresar por la empresa en su totalidad y en un pago. Es el propio actor el que afirma que el pago se demoró por las negociaciones de una compensación adicional (demanda). Ante tales afirmaciones ¿podemos decir que hay omisión por parte de la empleadora? Se entiende que existió entre las partes un principio de buena fe, si están negociando, un monto además que es un plus de lo que ya se reconoció adeudar por lo que legalmente le correspondía, no parece necesario que la demandada deba oblar o consignar para no quedar como incumplidor, trámite judicial que sin duda igual lo dejaría fuera de los diez días. Es práctica habitual, constante y reiterada que el pago de dicha multa se reclama y paga ‘en juicio’, esto es, que si bien es correcto incluirlo en el formulario de reclamo ante el MTSS y estamparlo luego en el acta de no acuerdo como rubro reclamado, no se toma en cuenta dicho monto al momento de la negociación en caso de arribarse a un acuerdo. Practica que por las ra-zones que se correspondan con el Ministerio de Trabajo o porque las partes por una seguridad que no corresponde evaluar ahora, prefieren concurrir a dicho organismo y hacerlo de ese modo. Si estuviésemos ante la negativa de la empresa de pagar, o una liquidación totalmente insuficiente, o una dilación a efectos de perjudicar el trabajador, no habría más análisis, pero esto no se da en autos, donde se le deposita pocos días después el salario adeudado y medio aguinaldo, mientras se negocia un pago adicional a la liquidación por egreso, negociación totalmente consentida por el trabajador. Sobre la necesidad de caer en mora como afirma el recurrente, lo cual vincularía con la culpa y doctrinariamente no se comparte. Afirma el Dr Goldstein en trabajo en la Rev. Derecho Laboral Nº 240 Pág. 716 ‘tomando en consecuencia los principio que erigen los pilares de la disciplina, el empleador nunca podrá exonerarse del cumplimiento en plazo de sus obligaciones sosteniendo el acaecimiento de una causa grave superviniente, caso fortuito o fuerza mayor como sucede en la mora. Y ello es así, por aplicación del principio de ajenidad o no asunción de los riesgos, dado que todas las contingencias de la explotación de la empresa, deben quedar a su exclusivo y excluyente cargo. Ergo entiende que no habrá causa de exoneración que exima al empleador a costear la multa cuando cumpla con el pago fuera de plazo’. La situación de autos a nuestro criterio es que el pago no se efectuó fuera de plazo porque fuera la voluntad del empleador, sino por no existía un acuerdo entre las partes sobre el monto efectivo a pagar, tan así que el monto final que cobra en el Ministerio es el que originalmente se le ofreció y no quiso percibir por negociar otra suma plus. Como consecuencia no se perfecciona la omisión, a la que refiere el art 29 de pago fuera de plazo, porque no puede decirse que fue el momento del cese sea el momento de comenzar a contar el plazo, dentro de ese tiempo se le informa el monto que le van a pagar, y ante eso las partes de común acuerdo ingresaron en una negociación que no llego a buen término. Si el actor no tenia voluntad de negociar, ante este ofrecimiento de negociar otra suma, debió manifestar su negativa a negociar e informar que solo quería cobrar o concurrir inmedia-tamente al Ministerio y manifestar que solo pretendía el pago dentro de los diez días de lo que se le había ofrecido si estaba de acuerdo con el monto, o recibir ese pago a cuenta, o simplemente manifestar su disconformidad, pero no se comparte que se inicie la negociación y a la vez se aplique el plazo previsto en el Codigo civil, desde el cese. No puede quedar el em-pleador como omiso ante la negativa del trabajador a cobrar, mientras estén en buenos términos negociando. Hasta cuando se hace men-ción a la mora objetiva se parte de que las partes en el contrato estipulan un plazo. Plazo que aquí no estaba acordado. No existe un momento a partir del cual entender que hubo incumplimiento. El cese marca el fin del contrato de trabajo, aplicando norma de Código Civil podemos decir que si no hay otra situación mas que cese y pago de liquidación se deberá pagar en 10 días para no caer en incumplimiento. Ahora justamente por estar en Derecho de Trabajo, en un medio donde la actuación de la negociación e intervención posterior del Ministerio de Trabajo es resorte importantísimo para que no cualquier situación llegue a la vía judicial, no se puede afirmar que mientras se negoció, se perfeccionó un incumplimiento, pasible de la presente sanción. Se recurre a normas de derecho civil (art 1440 C.C.), se debe tener en cuenta que esta norma no se puede tomar aislada prescindiendo de elementales pautas de hermenéutica, como es el análisis contextual sistemático de todo el texto normativo de donde pretende extraerse la norma jurídica (art 20) así como el ordenamiento jurídico en su totalidad. Entonces para que se per-feccione la procedencia de la multa automáticamente debe existir un no pago dentro del plazo de exigibilidad, si para saber cual ese es plazo recurrimos al art 1440 del C.C. corresponde que se de lo que en el se prevé, la existencia de un plazo incierto, es incierto de acuerdo al art 1434 del c.c. cuando fuere fijado con relación a un hecho futuro necesario, cuya realización tendrá indudablemente lugar en una época más o menos remota que es imposible determinar de antemano. El art 1440 refiere a que alcanza a la obligación que por su naturaleza no fuere esencial la designación del plazo, o legal que parece ser el caso de la obligación a cese laboral que no tiene plazo a diferencia de todos los restantes rubros salariales. Es derecho sustantivo al igual que la norma que se pretende aplicar. Por todo lo expuesto, se entiende que corresponde Revocar lo resuelto en la sentencia recurrida y en su lugar desestimar la demanda ” (destacados no originales). No obstante lo anterior, entienden los Doctores Bernadette Minvielle y Luis Tosi, que en el presente caso, no correspondía exonerar a la demandada del pago de la multa, pues a diferencia de lo que ocurriera en el caso objeto de la discordia citada, aquí no se aprecia la existencia de una voluntad de negociación, ni tampoco se había presentado por la empleadora una liquidación que se acercara a la que jurídicamente correspondía. Véase que la liquidación que obra a fojas 279 y siguientes ascendía a una suma total de $ 394.328, y no reconocía una larga serie de rubros que luego fueran acogidos en las sentencias recaídas en el presente proceso (horas extras, descansos trabajados, IPD especial por enfermedad, etc.). En suma, por más que los Señores Ministros Doctores Minvielle y Tosi discrepan con el fundamento del Tribunal según el cual resulta impres-cindible pagar o realizar la oblación y consignación para exonerarse de la multa prevista en el artículo 29 de la ley 18.572, estiman que ello no condujo a un error en el fallo adoptado por la Sala. En consecuencia, no tratándose de un error determinante del fallo (artículo 270 inciso 2 Código General del Proceso) es del caso rechazar el agravio incoado. VI) No corresponde imponer es-pecial condena en costas y costos (artículo 279 del Código General de Proceso). Por lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CA-SACIÓN DEDUCIDO, SIN ESPECIAL CONDENA PROCESAL. HONORARIOS FICTOS 50 B.P.C. OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.