Sentencia Definitiva N° 596/2019

Montevideo, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “GARCÍA RAMÍREZ, GUSTAVO C/ TSAKOS INDUSTRIAS NAVALES S.A. Y OTROS - DEMANDA LABORAL - CASACIÓN”, IUE: 2-14262/2005 , venidos a conocimiento de la Corporación en mérito al recurso de casación interpuesto por la parte demandada y; RESULTANDO : I) A fs. 15 y ss. compareció Gustavo García, oportunidad en la que entabló demanda de daños y perjuicios contra TSAKOS INDUSTRIAS NAVALES S.A. Reclamó el pago de los rubros daño moral y lucro cesante. En cuanto al lucro cesante señaló que percibía un salario por hora de $ 53.97, a lo cual se debe adicionar el suplemento por convenio 01/07/03, de $ 21. El jornal diario de 8 horas alcanza $ 449, siendo por tanto el salario mensual de $ 11.584. La licencia anual ascendía a $ 11.674, el salario vacacional a $ 9.325 y el aguinaldo a $ 11.584. De acuerdo a esto el ingreso anual ascendía a $ 171.591. Al tener 50 años y fijar la expectativa de vida en 68, la asuma anual fue multi-plicada por 18, arribando a un monto total de $3.088.638. En lo que respecta al daño moral lo estimó en la misma suma que el lucro cesante futuro, esto es, $ 3.088.638. II) Por sentencia definitiva de primera instancia No. 146/2010, de fecha 13 de diciembre de 2010, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Trabajo de la Capital de 8° Turno, desestimó la demanda en todos sus términos (fs. 939/952). III) Por sentencia definitiva de segunda instancia No. 380/2011, de fecha 14 de setiembre de 2011, el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1° Turno, dispuso: “No hacer lugar a la prueba documental agregada por la demandada ni a la prueba pericial indicada. Revócase la recurrida y en su lugar condénase a la demandada al pago del lucro cesante y el daño moral reclamado, según la cifra fácilmente liquidable que se relaciona en el cuerpo de la sentencia, más reajuste e intereses, con costas a cargo de la demandada y sin imposición de costos” (fs. 1204/1217). En el Considerando No. 12 se señaló, en relación al lucro cesante, que: “Si bien la carga de la prueba del lucro cesante correspondía al actor, el monto de los ingresos y las horas y días trabajados, debían ser acreditados por la accionada, en función del principio de disponibilidad del medio probatorio. En función de lo antedicho y no existiendo prueba aportada por la demandada, deberá estarse al promedio anual alegado por el actor y a los montos de licencia, salario vacacional y aguinaldo indicados (...) Actualmente la edad de retiro es los 60 años, por lo que ninguna de las partes ha tomado en cuenta esa edad, no obstante lo cual no se advierte cuál es el fundamento del actor para señalar una fecha tan lejana con relación a esa edad, como lo son los 68 años de edad, por lo que la Sala entiende que es más ajustado a una real expectativa de vida laboral, la edad señalada por la accionada por lo que en lugar de 18 años, como reclama el actor, se tendrán en cuenta 15 años, en la medida que se entiende como más acertada la expectativa de actividad laboral hasta los 65 años. También fue objeto de controversia la posibilidad de descontar las cifras correspondientes a lo percibido por concepto de pensiones o jubilaciones percibidas por el actor, en lo que le asiste razón a la accionada (...)” (fs. 1212 y 1212 vta.). En cuanto al daño moral se sostuvo que: “... se considera ajustado a la prueba obrante en autos, la fijación del monto del daño moral en el equivalente de la mitad del monto reclamado por el actor” (fs. 1213 vta.). Se concluyó en la sen-tencia que: “En definitiva, se condenará al pago de la cifra reclamada, en cuanto al monto de los ingresos indicados, pero calculado teniendo en cuenta el límite de 65 años, descontando las cantidades abonadas por concepto de pensiones o rentas recibidas por el actor, mientras que por el daño moral se condena al pago de la mitad de la cifra que por lucro cesante corresponde, lo que significa que se ha concluido en la condena a una cifra fácilmente liquidable” (fs. 1213 vta./ 1214). Más adelante, en relación a la liquidación, se indicó que: “Sin duda, la improcedencia de la vía incidental, en casos como el de autos, para liquidar los rubros objeto de condena, resulta clara, ya sea que se entienda que se trata de una suma fácilmente liquidable o suma líquida, puesto que para individualizarla corresponde realizar simples operaciones matemáticas, derivadas además de formas de cálculo previstas legalmente, lo que no amerita transitar por la vía incidental” (fs. 1214 vta.). IV) Por sentencia definitiva No. 656/2012, de fecha 27 de junio de 2012, la Suprema Corte de Justicia, anuló parcialmente la sentencia recurrida, disponiéndose que, para la determinación del lucro cesante, debían tenerse en cuenta los recibos obrantes en autos (fs. 1282/1289). En lo atinente al lucro cesante, la Corporación, en el CONSIDERANDO IV), expresó que: “ Sin perjuicio de lo que viene de señalarse, la Corporación estima procedente acoger el agravio deducido en relación al error en que incurrió el Tribunal a la hora de determinar el lucro cesante. Se comparte lo consignado por el Sr. Fiscal de Corte en su informe, quien manifestó que: ‘Hay, no obstante, un punto en el cual el Tribunal hace una afirmación que carece de sustento. Expresa a fs. 1212: ‘Si bien la carga de la prueba del lucro cesante correspondía al actor, el monto de los ingresos y las horas y días trabajadores, debían ser acreditados por la accionada, en función del principio de disponibilidad del medio probatorio’. ‘En función de lo ante-dicho y no existiendo prueba aportada por la demandada, deberá estarse al promedio anual alegado por el actor y a los montos de licencia, salario vacacional y aguinaldo indicados’. La Sala afirma aquí que no hay prueba aportada por la demandada, cuando surge claramente de fs. 237 a 255 que se agregaron a la contestación de la demanda recibos de salario del actor, y un informe por la Gerencia de Recursos Humanos de la empresa. Se trata entonces de prue-ba que no se tuvo en cuenta para resolver el punto’ (fs. 1273/1273vto). Contrariamente a lo dis-puesto por el ‘ad quem’, existiendo prueba al respecto como son los recibos de sueldo del actor agregados en oportunidad de contestar la demanda (fs.237 a 249) e informe suscrito por la Gerencia de Recursos Humanos de la empresa que señalan las sumas percibidas en los últimos cuatro años por el Sr. Gustavo García (fs. 255), corresponde tenerla en cuenta a los efectos de resolver el punto, determinando la solución anulatoria anunciada” (fs. 1287/1288). Finalmente, en lo que atañe al daño moral, indicó que: “Por último, en cuanto al monto correspondiente a la reparación por daño moral, no asiste razón a la parte recurrente (...) en el caso, no se advierte que el monto del daño moral establecido por la Sala resulte reprochable; encontrándose las cantidades fijadas acordes con los parámetros jurisprudenciales promediales” (CONSIDERANDO V), fs. 1288 y 1288 vta.). A fs. 1307/1308 compareció la parte actora, oportunidad en la que solicitó que se intimara a la contraria el cumplimiento de la condena por un total de $ 5.621.469. Por auto No. 1688/2012, de fecha 21 de agosto de 2012 (fs. 1309) se resolvió: “Llenado el claro, se proveerá” . A fs. 1310 y ss., compa-reció la parte demandada, quien requirió que se libraren oficios al B.P.S. y al B.S.E. a efectos de liquidar el pago de lo resuelto en las instancias de mérito. Asimismo, solicitó que se intimara a la parte actora la agregación de la documentación que acreditare los montos percibidos por rentas de incapacidad, jubilaciones o pensiones, que se hubieran determinado hasta la fecha. Parámetros que, si bien el Tribunal los empleó, a su criterio, no obraban en autos. Por auto No. 1.734/2012, de fecha 24 de agosto de 2012 (fs. 1312), se dispuso el libramiento de los oficios solicitados. A fs. 1313 y ss. compa-reció nuevamente la parte actora, oportunidad en la que cumplió el auto No. 1688/2012, de fecha 21 de agosto de 2012 (fs. 1309) y, conjuntamente, interpuso recurso de reposición y de apelación contra la providencia No. 1.734/2012, de fecha 24 de agosto de 2012 (fs. 1312). Conferido el traslado de rigor, a fs. 1320 compareció la parte demandada quien evacuó el traslado y adhirió a la apelación en forma eventual. Por resolución No. 2214/2012, de fecha 18 de octubre de 2012 (fs. 1326) la Sede mantuvo la resolución No. 1.734/2012 y, en conse-cuencia, franqueó los respectivos recursos de apelación interpuestos por las partes. Por sentencia interlocu-toria DFA 0012-000163/2018 SEI 0012-000026/2013, de fecha 3 de abril de 2013, el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1º Turno, revocó la interlocutoria recurrida No. 1.734/2012 del 24/08/2012 (fs. 1.312) y mandó seguir adelante con el proceso de ejecución de sentencia con costas y costos de cargo de la demandada (fs. 1336/1340). La Sala amparó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en el entendido de que le asistía razón en que no correspondía diligenciar prueba pues, conforme lo dispuesto en la sentencia definitiva (lo cual no fue modificado por la Suprema Corte de Justicia), no procedía la tramitación de un incidente de liquidación de sentencia. En este sentido, la Sala expresó que: “ La parte actora se agravia porque la providencia Nº 1734/2012 del 24/08/2012 dispuso el libramiento de oficios al B.S.E. a solicitud de la parte demandada quien alega que sin esa información es imposible liquidar correctamente lo resuelto en éstos obrados en cuanto al lucro cesante y al daño moral (...). El Tribunal entiende que los argumentos expuestos por la parte actora recurrente son de recibo por lo que el agravio será amparado y en consecuencia se revocará la recurrida y se dispondrá que se siga adelante con el proceso de ejecución de sentencia. En efecto, surge de la sentencia definitiva dictada por éste Tribunal Nº 389/2011 del 14 de setiembre de 2011 (fs.1204 a 1217 vta.) que es estableció ‘la improcedencia de la vía incidental en casos como el de autos, para liquidar los rubros objeto de condena,..ya que se entiende que se trata de una suma fácilmente liquidable o suma líquida, puesto que para individualizarla solo corresponde realizar simples operaciones matemáticas, derivadas además de formas de cálculo previstas legalmente, lo que no amerita transitar por la vía incidental’ (fs. 124 vta.). Y ésta decisión quedó firme, ejecutoriada puesto que la Suprema Corte de Justicia en su sentencia 656/2012 del 27/06/2012 (fs. 1282 a 1290) nada dijo al respecto ya que solo anuló parcialmente la sentencia de éste Tribunal disponiendo que para la determinación del lucro cesante deberán tenerse en cuenta los recibos obrantes en autos (fs. 1289). De acuerdo a ello, no puede compartirse lo que sostiene la parte demandada en el numeral 4 de fs. 1311 puesto que está claro que no habría vía incidental alguna para la liquidación de sentencia. Por otra parte lo que se pide que se recabe información a través de oficios, no fue solicitado ni dispuesto nunca en autos, ni se dijo nada al respecto, ni se acordó de plantearlo cuando se dedujo recurso de casación por lo cual lo único que estableció la Suprema Corte de Justicia fue disponer que para la liquidación del lucro cesante deben tenerse en cuenta exclusivamente los recibos que obran en autos. Pero en cuanto al resto de la sentencia nada se estableció, quedando firme, ejecutoriado lo decidido, entre ello que la suma es fácilmente liquidable y que no corresponde seguir la vía incidental de liquidación de sentencia. Siendo así, si a lo que apunta la demandada con la solicitud de informes por oficios es a una futura liquidación de sentencia, no tiene razón puesto que no corresponde seguir proceso incidental de liquidación de sentencia. Y si pretende sostener que la suma no es fácilmente liquidable porque faltan datos o elementos para la determinación, debió hacerlo valer al interponer el recurso de casación y no lo hizo. En consecuencia lo que ahora plantea resulta extemporáneo por lo que se acogerá el agravio y se revocará lo decidido por la recurrida en cuanto al libramiento de oficios ordenándose la continuación de la ejecución de sentencia. Debe verse además, que al interponer el recurso de casación la parte demandada argumentó y quiso probar el excesivo o absurdo del monto del daño moral (fs. 1235 vta. y ss.) y realizó su liquidación señalando que la condena a $ 1.544.319 equivale a U$S 81.279 suma que ni siquiera ha sido reajustada (fs. 1236) y la Suprema Corte de Justicia en la sentencia 656/2012 a fs. 1288 y 1289 claramente dijo que el monto no era absurdo: ‘en el caso, no se advierte que el monto del daño moral establecido por la Sala resulte reprochable; encontrándose las cantidades fijadas acordes con los parámetros jurisprudenciales promediales’ (fs. 1288 vta. y 1289). De manera entonces, que si por ésta Sala también se estableció que el monto del daño moral es la mitad del lucro cesante (fs. 1213 vta. in fine), éste también resultará fácilmente liquidable pues será el equivalente al monto del daño moral multiplicado por dos”. La parte demandada inter-puso recurso de casación a fs. 1345, el cual fue declarado inadmisible por la Sala según resolución de fecha 22 de mayo de 2013. En los autos caratulados: “ Tsakos Industrias Navales S.A. c/ Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1º Turno” (IUE 12-8/2013), se tramitó el recurso de queja por denegación de casación el que, dada la naturaleza de la sentencia resistida, fue desestimado por la Corporación por sentencia No. 1.300/2013, de fecha 22 de julio de 2013 (fs. 62/63 vta.) A fs. 1374 y ss., compa-reció la parte actora oportunidad en la que solicitó nuevamente se intime a la contraria al cumplimiento de la sentencia, por un monto total de $ 11.689.092. Por auto No. 1727/2013, de fecha 26 de setiembre de 2013 (fs. 1378), se dispuso: “Previamente de la suma liquidada confiérase traslado a la demandada”. A fs. 1382 y ss., compa-reció la parte demandada a interponer recurso “de apelación y nulidad” contra el decreto No. 1727/2013. Por resolución No. 1856/2013, de fecha 10 de octubre de 2013 (fs. 1386), la Sede revocó por contrario imperio el auto No. 1.727/2013. Asimismo, accedió a la intimación oportuna-mente solicitada por la actora. A fs. 1460 y ss., compa-reció la demandada, oportunidad en la que contestó la intimación y rechazó la “liquidación” del crédito realizada por la actora en oportunidad de practicarse la intimación. A fs. 1476/1483 concurrió nuevamente la parte demandada, esta vez, a interponer recurso de reposición contra el decreto No. 1856/2013 (fs. 1386), oportunidad en la que reiteró el rechazo de la “liquidación” practicada por la contraria. Final-mente, promovió la oblación y consignación de la suma objeto de la condena, la que estimó en $ 346.605. Agregó la documentación obrante a 1393 y ss. La Sra. Juez de Primera Instancia, por providencia No. 2002/2013, de fecha 29 de octubre de 2013 (fs. 1485/1486), señaló que: “A los efectos de iniciar el procedimiento de cumplimiento de sentencia debe estarse indudablemente, en principio a la sentencia dictada por la SCJ No 656 del 28 de junio de 2012. De acuerdo al art. 373.1 del CGP el cual establece que ‘la etapa de ejecución se circunscribirá a la realización o aplicación concreta de lo establecido en la sentencia de conocimiento’ lo que apoya lo expuesto anteriormente. Para el objetivo mencio-nada se deberá considerar que para el cálculo del lucro cesante y del daño moral se deberán tener en cuenta los recibos obrantes en autos y teniendo en cuenta el límite de 65 años descontando las cantidades abonadas por concepto de pensiones o rentas recibidas por el actor, mientras que por el daño moral se condena al pago de la mitad de la cifra que por lucro cesante que corresponde (sentencia definitiva TAT 1o No 380/2011). A tales efectos se consi-derarán elementos probatorios de carácter documental que emergen agregados en autos según fs. 1479 vto. Poste-riormente se entiende que es procedente lo establecido a fs. 1480 de numerales 15 a 27. Agréguese los recibos conforme al contenido de la sentencia de casación. Y, en consecuencia, man-tiénese la resolución recurrida, estándose a la providencia 1914/2013 de fs. 1467 y a los demás oportunamente se proveerá”. A fs. 1492 y ss., compa-reció la parte actora, quien interpuso recursos de revocación y apelación contra la resolución No. 1.727/2013 y, conjuntamente, peticionó el embargo de cuentas y depósitos en las Entidades del Sistema de Intermediación Financiera hasta cubrir la suma de $ 16.600.417. Una vez cumplido requirió que se citara de excepciones a la demandada. A fs. 1496 y ss. compa-reció nuevamente la parte actora, en esta oportunidad interpuso recursos de revocación y apelación contra la resolución No. 2002/2013 y, conjuntamente, peticionó que la Sede se pronunciara sobre embargo de cuentas y depósitos oportunamente solicitado. Por resolución No. 2425/2013, de fecha 12 de diciembre de 2013 (fs. 1506/1512), la Sede mantuvo la recurrida franqueando la apelación para ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1° Turno. A fs. 1589 y ss., compa-reció nuevamente la parte actora, quien interpuso recurso de reposición, planteó incidente de recusación y, a su vez, se opuso a la liquidación y promovió oblación y consignación. Por decreto No. 113/2014, de fecha 12 de febrero de 2014 (fs. 1598), se confirió traslado de la reposición y se ordenó, en relación a la oblación y consignación, concurrir ante la Sede de Paz competente. Según emerge de los autos caratulados: “Tsakos Industrias Navales S.A. C/ Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1º Turno” IUE 12-4/2014, la Corporación, por sentencia No. 1.247/2014, de fecha 23 de junio de 2014 (fs. 50/53), se desestimó la demanda recusatoria instaurada contra los integrantes de la Sala Laboral de 1° Turno. La Sala por sentencia interlocutoria DFA 0012-00672/2014 SEI 0012-000129/2014 de fecha 3 de diciembre de 2014 (fs. 1678/1682), revocó: “... las interlocutorias apelada nos. 1914/2013 del 17/10/2013 y 2002/2013 29/10/2013 y en su lugar procédese a trabar el embargo solicitado en el petitorio 4 de fs. 1495 y continúese con el proceso de ejecución, con costas y costos a cargo de la demandada”. Sostuvo, en lo que in-teresa a los efectos de este proceso, que: “el cuarto agravio refiere a que la providencia Nº 2002/2013 dispuso que ‘es procedente lo establecido a fs. 1480 numerales 15 a 27’. El Tribunal entiende que los argumentos expuestos por el recurrente son de recibo por lo que acogerá éste agravio y revocará la interlocutoria Nº 2002/2013 del 29/10/2013 cuanto estableció que es procedente lo planteado por la parte demandada en los numerales 15 a 27 de fs. 1480. Al respecto cabe precisar que la Suprema Corte de Justicia en la sentencia Nº 656/2012 del 27/06/2012 (fs. 1282 a 1290) solamente se expidió en relación a la base de cálculo y no sobre la forma de cálculo, lo que significa que en la base de cálculo se deben considerar los recibos agregados tal como lo estableció la sentencia mencionada, pero sin perjuicio de ello, a los efectos de la liquidación corresponde proceder de acuerdo a lo planteado por la parte actora. En cuanto al quinto y sexto agravios (fs. 1501 vta. A 1503 vta.), los mismos carecen de objeto en tanto la falta de intimación no ha causado perjuicio alguno ya que como dice el recurrente ya procedió a intimar por telegrama colacionado y además, la convocatoria a un comparendo no genera nulidad alguna. Sin perjuicio de ello y por los mismos fundamentos expuestos en el Considerando I también corresponde revocar la providencia Nº 2002/2013 en cuanto estuvo a lo decidido en la providencia Nº 1914/2013 de fs. 1467 y ss (...). Por último y aunque no lo plantea ni constituye específicamente un agravio, la parte actora solicita la traba de embargo y en tanto, como se expresara anteriormente, la convocatoria a un comparendo en modo alguno puede tener efecto suspensivo en relación al proceso de ejecución, habiéndose cumplido con la intimación previa exigida por el art. 372.2 del C.G.P. (fs. 1491) el Tribunal dispondrá que se proceda a la traba del embargo solicitado en el petitorio 4 de fs. 1495 y a la continuación del proceso de ejecución por la Sede a-quo...”. A fs. 1698 y ss., compareció la parte demandada quien opuso las defensas de inhabilidad de título y pago. En cuanto a la defensa de pago sostuvo que procedió a depositar la suma de $ 1.172.010, en una cuenta abierta en autos, monto que se adecua a los parámetros de las sentencias de autos. Por providencia No. 208/2015, de fecha 19 de marzo de 2015, la Sede resolvió: “Teniendo presente que el reclamo refiere a resoluciones dictadas por el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1º T, elévense a dicha Sede los presentes obrados...” (fs. 1714). Dicha providencia fue recurrida por la demandada (fs. 1719 y ss.), y fue mantenida por la Sede por resolución No. 233/2015, de fecha 26 de marzo de 2015 (fs. 1722). A fs. 1724 y ss., compa-reció la parte actora ocasión en la que, aún sin haber sido notificada, evacuó el traslado de las excepciones interpuestas por la contraparte. Por auto No. 269/2015, de fecha 14 de abril de 2015 (fs. 1729), “Atento a la cuestión planteada...” se remitieron los autos al Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1° Turno. Por resolución de fecha 30 de setiembre de 2015 (fs. 1743) la Sala de Trabajo de 1° Turno ordenó la devolución de los autos a la Sede de primera instancia a efectos de que procediera conforme a lo dispuesto por los arts. 379.3, 379.4 y 356 a 359 del C.G.P. Recibidos los autos, el Juez de Primera Instancia mandó estar al impulso procesal de las partes (auto No. 1600/2015, de fecha 19 de octubre de 2015). A fs. 1749 la parte actora dio impulso al proceso, por lo que, por decreto No. 1.695/2015, de fecha 27 de octubre de 2015 (fs. 1750), se confirió traslado de las excepciones opuestas, por el plazo legal. A fs. 1753 y ss. la parte demandada interpuso recurso de reposición contra las providencias Nos. 1.600/2015 y 349/2015. A fs. 1759 y ss., compa-reció la parte actora oportunidad en la cual evacuó el traslado del recurso interpuesto y, conjuntamente, por segunda vez, evacuó el traslado de las excepciones opuestas por la contraparte. Por resolución No. 1.867/2015, de fecha 13 de noviembre de 2015 (fs. 1763), nuevamente la Sede remitió los autos al tribunal de alzada: “atento a que las resoluciones impugnadas fueron dictadas por el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de Primer Turno, y a que la traba de embargo de los bienes fue dispuesta por dicho órgano...” . Recibidos los autos, la Sala de Trabajo de 1° Turno, por resolución de fecha 23 de diciembre de 2015, devolvió el expediente a la Sede de origen a los efectos de que se pronunciara sobre el “...recurso de reposición interpuesto, las excepciones y todo lo que está pendiente en autos” (fs. 1768). Por resolución No. 91/2016, de fecha 5 de febrero de 2016 (fs. 1772), la Sede dispuso: “Téngase presente lo expresado por el Tribunal. Se tengan por evacuados los traslados conferidos y se rechacen las excepciones interpuestas”. Por auto No. 152/2016, de fecha 16 de febrero de 2016 (fs. 1775), se revocó por contrario imperio el auto No. 91/2016 y, en su lugar, se convocó a las partes a audiencia para el día 30 de marzo. Dicha providencia fue impugnada por la parte actora mediante la interposición de los respectivos recursos de reposición y apelación (fs. 1780 y ss.). Asimismo, alegó la nulidad de la resolución. Por providencia No. 222/2016, de fecha 22 de febrero de 2016 (fs. 1783), la Sede ordenó formar pieza por separado por la nulidad interpuesta contra la providencia No. 152/2016 (autos caratulados: “García Gustavo en autos: García , Gustavo c/ Tsakos Industrias Navales S.A. y otros. Daños y perjuicios” IUE 2-143262/2005). En la referida pieza, por resolución No. 434/2016, de fecha 28 de marzo de 2016 (fs. 49 y ss.), se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución No. 152/2016, mante-niéndose la recurrida. Asimismo, no se dio trámite al recurso de apelación interpuesto (fs. 54). Finalmente, por interlo-cutoria No. 352/2017, de fecha 16 de marzo de 2017 (fs. 98/99 de la pieza) se desestimó la nulidad planteada, también respecto del auto No. 152/2016. A fs. 1784 se celebró la audiencia de estilo. En esa instancia el objeto del proceso se delimitó en: “Determinar si son procedentes la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1er Turno, de fecha 3 de abril de 2013, de fs. 1336 y la sentencia de fecha 3 de setiembre de 2014 de fs. 1672; y las excepciones opuestas. Determinar la nulidad de la convocatoria a audiencia”. La actora, en la propia sesión, interpuso recurso de apelación (y nulidad), por cuanto no se le notificó la convocatoria a la audiencia. Dicho recurso fue fundado en escrito presentado a fs. 1788 y ss. A fs. 1786, con fecha 1 de abril de 2016, la parte actora dedujo demanda recusatoria contra la Jueza de primera instancia, incidente que fue resuelto en los autos caratulados: “García Gustavo en autos: García, Gustavo c/ Tsakos Industrias Navales S.A. y otros. Daños y perjuicios. IUE 2-14.262/2015. Incidente de recusación.” (IUE 77-4/2016). La demanda incidental fue desestimada por resolución de fecha 20 de julio de 2016 (fs. 36). Luego de sucesivas vistas y providencias de la Sede, por sentencia No. 603/2017, de fecha 25 de abril de 2017 (fs. 1837), resolvió: “...se entiende que esta Sede no le compete el ingreso al examen de las excepciones planteadas, en tanto el proceso de ejecución fue iniciado por imperio de la sentencia interlocutoria de fecha 3 de diciembre de 2015, lo que descarta absolutamente la eventual intervención de este Juzgado...” . Fundó, en lo esencial, la solución adoptada en que: “ El compareciente consigna que surge de manifiesto que una vez resuelto el recurso, le correspondía al juez a quo ejecutar lo resuelto por la alzada, devolviéndosele la competencia del asunto. La competencia en el proceso de ejecución fue simplemente suspendida hasta tanto el recurso de apelación fuera decidido y cumplido ello, el expediente debía retornar a la sede de origen para cumplir con la sentencia de fecha 3 de diciembre de 2014. Las defensas de inhabi-lidad del título y pago fueron deducidas por la reclamada en forma posterior a la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones por lo que la competencia de dicho órgano había cesado y finaliza puntualizando la incompetencia del Colegiado. Se confirió traslado a la parte demandada, quien evacuó el mismo a fs.1724. Véase que las excepciones fueron opuestas sin que se dispusiera específicamente la citación de excepciones y que supone la prosecución de la ejecución el cual fuera decretado por el Tribunal y no por esta Sede. De acuerdo a las resul-tancias de obrados claramente la ejecución fue decretada por el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1º Turno, mientras que las excepciones, fueron deducidas ante esta sede. Sin embargo, entiende la suscrita que le es imposible fallar sobre las mismas. Véase que la defensa de inhabilidad del título supone la revisión del título de ejecución, título que se origina en una sentencia de segunda instancia. En forma alguna procede que en primera instancia deba de resolverse excepciones las cuales eventualmente podrían conducir a la revocación de una resolución dictada en segunda instancia por un juez de primera instancia. No caben dudas que eso es totalmente contrario a derecho en tanto la proveyente vulneraría los principios de cosa juzgada y de jerarquía, estimándose que se deben de elevar los autos a los efectos de una especial definición en lo que se refiere al trámite de la ejecución. La Constitución de la República impone en su artículo 18 que ‘Las leyes fijarán el orden y las formalidades de los procesos, impidiendo toda posibilidad que los jueces tramiten los procesos con liberalidad y arbitrariedad’”. A fs. 1847 y ss., la parte actora interpuso recurso de reposición y apelación contra la sentencia No. 603/2017. Dicha resolución fue man-tenida por providencia No. 695/2017, de fecha 8 de mayo de 2017 (fs. 1849). Asimismo, se ordenó franquear el recurso de apelación interpuesto. A fs. 1854 y ss. la parte demandada interpuso también recursos de reposición y apelación contra la resolución No. 603/2017. Por resolución No. 875/2017 de fecha 30 de mayo de 2017 (fs. 1865), sin resolverse el recurso de reposición interpuesto por la demandada, se franquearon los respectivos medios impug-nativos interpuestos por las partes. El Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1° Turno, por sentencia interlocutoria de fecha 27 de setiembre de 2017 (fs. 1876/1880), revocó la apelada y, en su lugar, ordenó que se continúe el proceso por parte de la Sede de primera instancia. V) Por sentencia definitiva No. 2006/2017, de fecha 13 de noviembre de 2017 (fs. 1891/1903), se amparó la excepción de pago interpuesta por la demandada: “...teniéndose presente la liquidación efectuada a fs. 1589 y ss., sin perjuicio de la re-liquidación a partir del depósito efectuado por reajuste e intereses”. Cabe precisar que la citada resolución fue dictada fuera de audiencia y notificada a las partes en sus respectivos domicilios. VI) Por sentencia definitiva de segunda instancia DFA 0012-000165/2018 SEF 0012-000110/2018 (fs. 1944/1951), el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1º Turno, revocó la sentencia definitiva apelada No. 2006/2017 de fs. 1891 y ss., y, en su lugar, desestimó la excepción de pago y mandó llevar adelante la ejecución hasta hacer efectiva la suma adeudada. La sentencia de segunda instancia fue aclarada por resolución de fecha 16 de mayo de 2018, en los términos que emergen a fs. 1961. VII) A fs. 1975 y ss. compa-reció la parte demandada, oportunidad en la cual interpuso el recurso de casación y, en necesaria síntesis, sostuvo que: La Sala a través de la sentencia impugnada violentó la cosa juzgada y la inmutabilidad de las sentencias al modificar los parámetros de la condena otrora dispuesta. Señaló que en el proceso de conocimiento, se condenó al pago del lucro cesante y el daño moral de acuerdo a los siguientes parámetros: el lucro cesante debe ser calculado tomando en consi-deración los recibos de sueldo aportados por TSAKOS y el informe de la Gerencia de Recursos Humanos también aportado, todo ello promediando hasta los 65 años de edad. De dichas sumas debía deducirse lo que el actor hubiera percibido por rentas y pensiones y el daño moral que sería el 50% de lo calculado por concepto de lucro cesante. Pese a ello, la sentencia impugnada adopta un criterio diverso al que emerge de las sentencias del proceso de conocimiento. En efecto, la Sala no tuvo en consideración las deducciones que correspondía realizar por concepto de rentas y pensiones percibidas. Asimismo, el órgano de mérito no tomó en cuenta que debía calcular el lucro cesante para luego determinar el daño moral. Por el contrario, modificó la condena al establecer que es lo mismo calcular el daño moral como la mitad del lucro cesante, que multiplicar el daño moral (que erróneamente entiende que ya está fijo) por dos para arribar al monto adeudado por lucro cesante. Precisó que lo que hubiera correspondido, de acuerdo a las sentencias que conforman el título de ejecución, era calcular el lucro cesante a partir de los parámetros indicados en las sentencias del proceso de conocimiento. Dichos parámetros prescribían que debía descontarse lo que el actor hubiera percibido del BPS y del BSE por concepto de pensiones y rentas y luego de obtener dicha cifra, dividir entre dos para calcular el daño moral. Afirmó que el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1° Turno debió rechazar la solicitud de ejecución en uso de los poderes de dirección, ya que se promovió en base a una sentencia que no era título hábil y ni siquiera se tomaron en cuenta aspectos claves dispuestos en el proceso de conocimiento como ser las rentas y pensiones. Alegó que la Sala al desestimar la excepción de inhabilidad de título, pese a que se ha acreditado que la sentencia que se pretende ejecutar no es título de ejecución porque de aquélla no surge la obligación de pagar una cantidad de dinero líquida o fácilmente liquidable. Sostuvo que el órgano de alzada hizo lugar a la ejecución sobre bases diversas en violación de la cosa juzgada. Por ello, la Sala desestimó -en errónea aplicación de los arts. 379.1 y 379.2 del C.G.P.- la excepción de pago conforme a una liquidación que se ajustaba a las resultancias del expediente y a los criterios legales aplicables. En su lugar, el órgano de mérito amparó una liquidación formulada por el actor, apartándose de las pautas técnicas previstas en las sentencias del proceso de conocimiento. VIII) La parte actora eva-cuó el traslado conferido, en escrito que luce glosado a fs. 1998/2004 vta., y bregó por su rechazo. IX) Los autos fueron recibidos en la Corporación (fs. 2073) y por decreto No. 3.016/2018, de fecha 10 de octubre de 2018 (fs. 2075), se dispuso el pasaje a estudio y autos para sentencia, la que se acordó dictar en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, acogerá el recurso de casación interpuesto por la parte demandada y, en su mérito, anulará la sentencia de segunda instancia impugnada, confirmándose la sentencia de primera instancia. II) Admisibilidad del recurso de casación impetrado Por la recurrida se revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, se rechazó –en la vía de apremio- la excepción de pago, ordenándose seguir adelante con la ejecución. El art. 379.4 del C.G.P. dispone que, si las excepciones fueran admitidas, se sustanciarán y fallarán por los trámites de los arts. 356 a 360. Por su parte, el art. 358.1 del C.G.P. establece que, concluida la audiencia de precepto, se pronunciará sentencia conforme con lo dispuesto por el art. 343.7, que refiere a la sentencia definitiva de primera instancia del proceso ordinario de conocimiento. Todo ello permite con-cluir, que la sentencia que resuelve las excepciones opuestas en la vía de apremio tiene naturaleza de definitiva, como lo es toda decisión que resuelve las excepciones en un proceso monitorio (arts. 379.4, 356 a 360 y 253 del C.G.P.). Y, por consiguiente, se recurre como tal (Cf. KLETT, Selva y ÁLVAREZ PETRAGLIA, Federico: “ El recurso de apelación en la vía de apremio ” en AA.VV.: “Estudios sobre el proceso de ejecución en homenaje a Enrique E. TARIGO”, FCU, 1ª Edición, Montevideo, 2006, pág. 58; ver también Revista Uruguaya de Derecho Procesal No. 2/2006, c. 724, pág. 347 y c. 1018; pág. 424; No. 2/2007, c. 832, pág. 396 y c. 1143, pág. 482). Por lo tanto, al tratarse la sentencia impugnada de una sentencia definitiva de segunda instancia, no hay dudas en cuanto a la procedencia del recurso de casación (art. 268 del C.G.P.), debiéndose estar al monto reclamado en el proceso de conocimiento el que, ampliamente, excede el mínimo habilitante para su interposición. III) Apunte inicial acerca de la duración de los procedimientos Liminarmente y, antes de ingresar al examen de mérito del recurso de casación movilizado, resulta ineludible advertir sobre el accidentado y tedioso tracto procesal por el cual ha tramitado la ejecución de la sentencia dictada en autos, cuya duración (se inició con fecha 20 de agosto de 2012 –escrito de intimación de fs. 1307-), por sí sola, da cuenta del trajinar cansino y apático del proceso. Todo ello, ineludiblemente, atenta contra la celeridad que inspiró, en su momento, la reforma del proceso laboral. IV) Agravios relativos a la excepción de inhabilidad de título En este punto litigioso, los Sres. Ministros, Dres. Eduardo TURELL, Jorge CHEDIAK, Elena MARTÍNEZ y Luis TOSI, consideran que el recurso de casación resulta inadmisible al amparo de lo establecido en el art. 268 del C.G.P. En efecto, estima la mayoría que la excepción de inhabilidad de título resultó desestimada en ambas instancias de mérito por lo que, existiendo soluciones coincidentes, los agravios esgrimidos al respecto no pueden ser examinados en casación. En primera instancia, la Sra. Juez indicó: “... esta Sede entiende que el título al cual refiere la excepción planteada es la sentencia de fecha 14 de setiembre de 2011, dictada por el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1er. Turno ” (fs. 1896 in fine/1897) y, más adelante añadió que: “ El actor ha realizado varias intimaciones, pero corresponde solamente tener en cuenta y dar valor a la llevada a cabo a fs. 1307, sustentada por el título de ejecución a la sentencia definitiva de segunda instancia de 14 de setiembre de 2011 dictada por el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de Primer Turno ” (fs. 1900) y amparar la excepción de pago opuesta por la demandada pretendiendo el pago del reajuste a las sentencias en el proceso de conocimiento (fs. 1900 y ss.). Tal extremo fue relevado por la propia Sala a fs. 1950 vto. en cuanto señaló: “La sentencia de primera instancia nº 2006/2017 que abre la alzada amparó únicamente la excepción de pago. No amparó la excepción de inhabilidad de título, siquiera la consideró” . Por su parte, esta redac-tora a diferencia del criterio postulado por la mayoría, considera que los puntos sobre los que existe doble confirmatoria -en la medida que no constituyen la totalidad de los sometidos a consideración del Tribunal- admiten igualmente ser reexaminados en casación. Se entiende que existe otra lectura posible, más compatible con los principios propios de la vía impugnativa. Se postula en tal marco, una posición más amplia sobre los requisitos de admisibilidad del recurso que nos ocupa, que entiende que siempre que el Tribunal de segunda instancia revoque en forma total o parcial la sentencia de primera instancia o que la confirme, pero con discordia, la sentencia, en su integralidad, es pasible de ser revisada en casación. Esta tesis es la que mejor se condice no solamente con el texto legal, sino con el sistema procesal en su conjunto. En particular, es la que mejor realiza el principio de libertad impugnativa, que está consagrado en el art. 244.1 C.G.P., destacándose que cualquier restricción a la libertad de impugnación –como la que en este caso consagra la disposición legal en estudio- debe interpretarse con sentido restrictivo. La disposición en cuestión (art. 268 C.G.P.), se limita a determinar las sentencias que pueden ser objeto del recurso, pero en ningún momento limita el contenido de éste o establece qué partes de la sentencia pueden recurrirse o no (corresponde remitir a lo dicho in extenso en la Sentencia No. 862/2017). Desde luego que, como esta posición sobre la admisibilidad del recurso es minoritaria, resulta estéril, en este caso, ingresar a examinar aspectos sobre los cuales, a juicio de la mayoría de la Corporación, resulta improcedente su control en casación. V) Agravios relativos a la excepción de pago Se agravió la recurrente por cuanto entiende que la Sala al desestimar la excepción de pago infringió lo dispuesto en los arts. 2, 6, 117, 373, 215, 218.1 y 222.1 del C.G.P. Señaló que el órgano de alzada obvió la inmutabilidad de las sentencias y violentó la cosa juzgada, al entender que el monto por el cual se condenó al daño moral fue una suma fija y que, para estimar el lucro cesante, se debe tener en cuenta el doble del daño extrapatrimonial. Dicho razonamiento, que condujo a desestimar la excepción de pago opuesta, implica modificar las sentencias dictadas en el proceso de conocimiento. A juicio de la Corpo-ración, asiste plena razón al recurrente, por lo que corresponde confirmar la sentencia de primera instancia, aunque, por otros fundamentos. Como surge del extenso pero necesario racconto de las actuaciones cumplidas, por sentencia definitiva de segunda instancia No. 380/2011 de fecha 14 de setiembre de 2011, dictada en el proceso de conocimiento el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1° Turno, se amparó parcialmente al demanda y, en su mérito, condenó a la demandada al pago del: “...lucro cesante y el daño moral reclamado, según la cifra fácilmente liquidable que se relaciona en el cuerpo de la sentencia, más reajuste e intereses, con costas a cargo de la demandada y sin imposición de costos” (fs. 1204/1217). En cuanto al monto del lucro cesante expresó que: “... deberá estarse al promedio anual alegado por el actor y a los montos de licencia, salario vacacional y aguinaldo indicados...” , esto es, $ 171.591. Asimismo, indicó que debería tenerse en cuenta 15 años, por cuanto estimó la expectativa laboral del actor en los 65 años. Finalmente, indicó que le asiste razón a la demandada en que resulta procedente: “... descontar las cifras correspondientes a lo percibido por concepto de pensiones o jubilaciones percibidas por el actor (...)” (fs. 1212/1212 vta.). Sobre el daño moral: “... se considera ajustado a la prueba obrante en autos, la fijación del monto del daño moral en el equivalente de la mitad del monto reclamado por el actor” (fs. 1213 vto.). En la sentencia se con-cluyó que: “ En definitiva, se condenará al pago de la cifra reclamada, en cuanto al monto de los ingresos indicados, pero calculado teniendo en cuenta el límite de 65 años, descontando las cantidades abonadas por concepto de pensiones o rentas recibidas por el actor, mientras que por el daño moral se condena al pago de la mitad de la cifra que por lucro cesante corresponde, lo que significa que se ha concluido en la condena a una cifra fácilmente liquidable” (fs. 1213 vta./1214). En relación a la liqui-dación, agregó que: “Sin duda, la improcedencia de la vía incidental, en casos como el de autos, para liquidar los rubros objeto de condena, resulta clara, ya sea que se entienda que se trata de una suma fácilmente liquidable o suma líquida, puesto que para individua-lizarla corresponde realizar simples operaciones mate-máticas, derivadas además de formas de cálculo previstas legalmente, lo que no amerita transitar por la vía incidental” (fs. 1214 vto.). En resumen, la sentencia de segunda instancia determinó que la suma era fá-cilmente liquidable a través de operaciones matemáticas y que, a tales efectos, debía tomarse en cuenta: a) Para el lucro cesante: i) Promedio anual alegado por el actor y montos de licencia, salario vacacional y aguinaldo indicados, esto es, $ 171.591; ii) el período de 15 años, por cuanto estimó la expectativa laboral del actor en los 65 años y; iii) las cifras correspondientes a lo percibido por concepto de pensiones o jubilaciones percibidas por el actor (las que corresponde deducir). b) Para el cálculo del daño moral: la mitad de la cifra que por lucro cesante corresponde. La Suprema Corte de Justicia, por sentencia definitiva No. 656/2012, de fecha 27 de junio de 2012, anuló parcialmente la sentencia recurrida disponiendo que, para: “...la determinación del lucro cesante, deberán tenerse en cuenta los recibos obrantes en autos” (fs. 1282/1289). En lo que atañe al daño moral indicó que: “Por último, en cuanto al monto correspondiente a la reparación por daño moral, no asiste razón a la parte recurrente (...) en el caso, no se advierte que el monto del daño moral establecido por la Sala resulte reprochable; encontrándose las can-tidades fijadas acordes con los parámetros jurispru-denciales promediales” (CONSIDERANDO V) fs. 1288/1288 vta.). En consecuencia, en virtud de lo resuelto en ambas sentencias de mérito, el escenario es el siguiente: - No procede el incidente de liquidación de sentencia pues, conforme lo dispuso la Sala y no fue modificado por la Corporación, la suma debería de ser “ fácilmente liquidable ” a través de operaciones matemáticas. - En cuanto al lucro cesante se debe tener en cuenta: i) montos que emergen de los recibos obrantes en autos; ii) el período de 15 años, por cuanto estimó la expectativa laboral del actor en los 65 años y; iii) las cifras correspondientes a lo percibido por concepto de pensiones o jubilaciones percibidas por el actor (las que corresponde deducir). c) En cuanto al daño moral se debe tener en cuenta: la mitad de la cifra que por lucro cesante corresponde. Véase que, si bien la Corporación señaló que el daño moral resulta dentro de los paramentos razonables, no debe perderse de vista que, en segunda instancia, no se estableció en un monto fijo, sino que se fijó en función de un parámetro fácilmente liquidable, precisamente, en la mitad de lo liquidado por lucro cesante, punto que no fue modificado por la Suprema Corte de Justicia . En virtud de lo anterior, a los efectos de realizar la operación aritmética que permita arribar al monto por daño moral, inexora-blemente, como paso previo, deberá estimarse el lucro cesante. A partir de lo anterior, considera la Corte que asiste razón al recurrente en cuanto a que la Sala vulneró la cosa juzgada de las sentencias dictadas en el proceso de conocimiento. En efecto, en la sentencia impugnada se indicó que: “La parte actora planteó un elenco de argumentos que llamó ‘agravios’ pero que todos van enfocados a atacar el amparo de la excepción de pago. Entendió que el depósito de $ 1.172.010 había sido un pago parcial en tanto era inferior a la cifra liquidada por su parte a fs. 1.495 numeral 4 ($ 16.600.417) por lo que resultaba inadmisible la excepción de pago interpuesta por la demandada y acogida en la sentencia en examen. Ahora bien. La cuestión está en que para poder dilucidar si mediante el depósito de $ 1.171.010, la demandada pagó, tenía que considerarse cuál era la liquidación correcta del lucro cesante y el daño moral. Y, concretamente del lucro cesante, el reproche de la sentencia de primera instancia a la liquidación de la parte actora realizada para intimar, está referido a la variable de las pensiones y rentas. Como la sentencia entendió infundada la liquidación de parte actora, optó por los cálculos realizados por la demandada (...) Ahora bien. A esta altura del debate ya está firme que no habrá proceso de liquidación, la insuficiencia de la prueba señalada debe valorarse a través del criterio residual de la regla de distribución de las cargas probatorias (...) Y debe contestarse que en la medida que se trataba de un hecho introducido por la demandada para batir la liquidación del lucro cesante, como surge del numeral 40 de la contestación a fs. 284, a ella gravaba la carga de la prueba” (fs. 1947/1948). Seguidamente, en el nume-ral 4.4) precisó que: “La parte actora y apelante en la construcción de su ofensiva incluye un argumento que la Sala recibirá y que supone llegar a la cifra del lucro cesante partiendo de lo que está laudado –según dice- del daño moral. A esta altura del proceso por un lado tendríamos despejado que la condena por daño moral sería la mitad que la condena por lucro cesante. Ello fue lo resuelto por sentencia de la Sala 380/2011 de fs. 1204 y sgtes. y compartido por la sentencia de casación n. 656/2012 de fs. 1282 y sgtes (...) Ahora, el actor al apelar hace hincapié en que la demandada al deducir el recurso de casación a fs. 1236 entendió que esta Sala había cuantificado el daño moral en $1.544.319. Le asiste razón al actor respecto de esta inferencia. Efectivamente consultado el recurso de casación interpuesto por la demandada se observa que cuando pretendió atacar los sentenciado por daño moral textualmente dijo ‘El Tribunal condena a la mitad del daño moral pretendido esto es, la cantidad de $ 1.544.319 pesos uruguayos, suma equivalente a 81.279 dólares estadounidenses, suma que ni siquiera ha sido reajustada’. Pues bien. Sigue razonando el apelante, si la suma por daño moral [léase: si la suma objeto de condena por daño moral es la mitad de la suma por concepto de lucro cesante y que dicha suma habría sido calculada a través de un monto fijo] seria la mitad de la de lucro cesante, y la de daño moral según lo que entendió la demandada a fs. 1239 fue de $ 1.544.319- a su entender manifiestamente excesivo, apreciación no compartida por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que rechazó la casación en este aspecto-, ésta, es la mitad de la suma de lucro cesante. O lo que es lo mismo el lucro cesante es $1.544.319 por dos. Vale decir, si la sentencia de la Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de casación en cuanto al monto del daño moral condenado por la sentencia de segunda instancia que el recurrente en su argumentación indicó que era de $ 1.544.319, este monto quedó firme. Y como también quedó firme la relación entre el daño moral y el lucro cesante, en definitiva la cosa juzgada del daño moral haría cosa juzgada del lucro cesante. De allí que asiste razón al apelante cuando dice que la demandada con el depósito de $1.172.010, siquiera pagó la cifra determinada por daño moral (fs. 1910 vto.). Y también le asiste razón en cuanto expresa que la liquidación a la que hace referencia la sentencia de primera instancia en examen –realizada por la demandada a fs. 1595, nada tiene que ver con los parámetros que surgen de las sentencias (...) En definitiva, teniendo en cuenta toda la información que surge de autos, los aspectos que en el curso del proceso de ejecución han ido quedando firmes y teniendo en cuenta que entre ellos se encuentra el exilio del proceso de liquidación de sentencia, se entiende que la Sala al referir a la liquidación que realiza el apelante a fs. 1911 y 1911 vlto es correcta, y por ende, corresponde revocar la decisión de primera instancia desestimando al excepción de pago...” (fs. 1948 vta./1950). De acuerdo a la trans-cripción realizada y del comparativo con lo resuelto en la etapa de conocimiento, a juicio de la Corporación, es claro que la Sala vulneró la cosa juzgada en oportunidad de cuantificar el monto de la condena, a efectos de determinar si correspondía mantener la excepción de pago amparada en primera instancia. En efecto, la Sala, si-guiendo el razonamiento de la parte actora, se apartó de las bases preestablecidas en las sentencias de mérito, por cuanto invirtió totalmente el mecanismo a efectos de determinar (mediante operaciones aritméticas) la suma final. El órgano de alzada, en criterio de la Corte parte de dos equivocaciones. Por un lado, que la sentencia No. 380/2011 (confirmada en lo relativo daño moral por la sentencia No. 656/2012 de la Corte) fijó una suma determinada por concepto de daño moral, esto es, $ 1.544.319. No es así. El Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1° Turno, en la referida sentencia No. 380/2011 precisó que: “...se condenará al pago de la cifra reclamada, en cuanto al monto de los ingresos indicados, pero calculado teniendo en cuenta el límite de 65 años, descontando las cantidades abonadas por concepto de pensiones o rentas recibidas por el actor, mientras que por el daño moral se condena al pago de la mitad de la cifra que por lucro cesante corresponde , lo que significa que se ha concluido en la condena a una cifra fácilmente liquidable” (fs. 1213 vta./1214). Por otra parte, también se equivoca la Sala en la sentencia recurrida al establecer el lucro cesante a partir del daño moral (el doble), cuando lo resuelto es lo diametralmente opuesto. En el caso, primero se debe calcular el lucro cesante y, a partir de esa base, determinar el daño moral. A diferencia de ello, el órgano de alzada contradijo las bases de las sentencias del proceso de conocimiento, que le imponían atender al monto de los ingresos según la documentación obrante en autos, período de 15 años por estimación de la expectativa laboral hasta los 65 años, descuento de pensiones o rentas percibidas por el reclamante. En su lugar, sustituyó la solución correcta por la estimación realizada por el actor en los términos en los que fue planteado inicialmente en la demanda . La Sala, en este sentido, pretendió justificar su decisión en base a una distribución de cargas probatorias y ausencia de prueba, a la que la propia parte actora se había opuesto debido a la interposición de recursos contra la providencia No. 1734/2012 que dispuso librar oficios al Banco de Seguros del Estado y al Banco de Previsión Social a efectos de solicitar información sobre la cuantía de sumas per-cibidas por el actor (fs. 1312 y ss.). Debe de verse que en el acto de proposición inicial y en cuanto al lucro cesante, señaló el actor que percibía un salario por hora de $53,97, a lo cual se debía adicionar el suplemento por convenio 01/07/03 de $ 21. El jornal diario de 8 horas alcanzaba $ 449, siendo por tanto el salario mensual de $ 11.584. La licencia anual ascendía a $ 11.674, el salario vacacional a $9.325 y el aguinaldo a $ 11.584. De acuerdo a esto el ingreso anual ascendía a $ 171.591. Al tener 50 años y fijar la expectativa de vida en 68, la asuma anual fue multiplicada por 18, arribando a un monto total de $ 3.088.638 . Conforme a la liquidación presentada por la actora y, que hizo suya la Sala, el lucro cesante se obtendría multiplicando la “supuesta” condena por daño moral $1.544.319 por dos, esto es, $ 3.088.638. Pues bien, es evidente que la solución no resulta ajustada a las sentencias de mérito. No se tuvo en cuenta que: los montos a considerar son los que emergen de los recibos obrantes en autos; el período de 15 años (y no de 18) y; iii) las cifras correspondientes a lo percibido por concepto de pensiones o jubilaciones percibidas por el actor (las que corresponde deducir). Tampoco se consideró que el daño moral debía ser la mitad de la cifra que por lucro cesante correspondiera. Por último, corresponde pronunciarse acerca de las liquidaciones realizadas por las partes. Inicialmente, cabe pre-cisar que, como lo señaló el órgano de alzada, en el proceso de conocimiento se estableció que no corres-pondía tramitar el incidente de liquidación de sentencia previsto en el art. 378 del C.G.P. Según el Tribunal, punto que no fue anulado por la Corporación, la suma determinada era fácilmente liquidable. Ahora bien, a los efectos de ejecutar las simples operaciones aritméticas y así arribar a la suma final, dados los parámetros tenidos en cuenta, entre ellos las pensiones y jubilaciones, aún sin tramitar el incidente del art. 378 del C.G.P., era necesario contar con la información idónea a tales efectos, o bien proporcionada por la parte actora (quien gozaría de los beneficios) o bien brindada por los organismos correspondientes. Ello fue lo que solicitó la parte demandada a fs. 1310 y ss. y proveído por providencia No. 1.734/2012 de fecha 24 de agosto de 2012 (fs. 1312). Sin embargo, la parte actora interpuso recursos de reposición y apelación que, a la postre, determinaron la improcedencia de los medios solicitados (Sentencia del TAT 1° DFA 0012-000163/2013 SEF 0012-000026/2013, de fecha 3 de abril de 2013, fs. 1.336 y ss.). En consecuencia, entiende la Corte, que fue la conducta del propio actor (no agregación de la documentación y oposición a lo solicitado por la contraparte) la que impidió acceder a la información necesaria a tales efectos. De lo contrario, no hubiese sido necesario transitar este engorroso proceso, pues, de contarse con la información necesaria, la suma era fácilmente liquidable. La conducta de la parte actora se encuentra reñida con los principios de buena fe, lealtad y colaboración procesal (art. 5 del C.G.P.), por lo que deberá soportar las consecuencias negativas de su accionar, estándose a la liquidación formulada por la parte demandada y, en consecuencia, deberá anularse la impugnada confirmándose el pronunciamiento de primer grado. VI) En definitiva, por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, FALLA : ACÓGESE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO Y, EN SU MÉRITO, ANÚLASE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA, CONFIRMÁNDOSE LA DE PRIMERA INSTANCIA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. A LOS EFECTOS FISCALES, FÍJANSE LOS HONORARIOS FICTOS EN 20 BPC. NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y DE-VUÉLVASE CON LAS FORMALIDADES DE ESTILO.