Sentencia Definitiva N° 598/2019

Montevideo, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados “GARCÍA MENINI, MARÍA C/ MÉDICA URUGUAYA - PROCESO LABORAL ORDINARIO LEY 18.572 - CASACIÓN” e individualizados con el IUE 2-41646/2017 , venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud del recurso de casación deducido contra la sentencia definitiva de segunda instancia SEF 0012-000240/2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1º Turno. RESULTANDO : I) Por sentencia definitiva de primera instancia No. 14/2015, de 24 de abril de 2018, dictada por la Señora Juez Letrado de Primera de Trabajo de la Capital de 21º Turno, Doctora Rossana Canclini, se falló: “Amparando parcialmente la demanda y en su mérito condenando a la actora a abonar por concepto de actos suplementarios e incidencias la suma de de $894.592 según se dispuso en el considerando 7 (liquidación realizada sobre nóminas que incluyen actualización, interés y multa hasta la presente sentencia, suma que deberá actualizarse hasta su efectivo pago) sobre dicho monto deberá establecerse el 10% daños y perjuicios preceptivos y la diferencia en el pago de la prima por antigüedad en la suma de $3.778 (liquidación realizada sobre nóminas que incluyen actualización, interés y multa hasta la presente sentencia, suma que deberá actualizarse hasta su efectivo pago) más un 10% de daños y perjuicios preceptivos (...)” (fojas 134-144). Por Auto No. 927/2018, de 7 de mayo de 2018, se corrigió la referencia a la condena a la actora y, en su lugar, se consignó que la condenada era la demandada (fojas 147). II) Por sentencia de segunda instancia SEF 0012-000240/2018, de 23 de agosto de 2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1º Turno, integrado por los Doctores Rosina Rossi, Doris Morales y Julio Posada, redactada por la Doctora Rosina Rossi, se falló: “ 1. Desestímase la prueba trasladada. 2. Confírmase parcialmente la sentencia de primera instancia. 3. Revócase en cuanto con-denó a la demandada a pagar a la actora los actos suplementarios y las incidencias absolviéndose de la condena impuesta. (...)” (fojas 211-218). III) A fojas 222 y siguientes compareció la representante de la parte actora, interpuso recurso de casación y, en síntesis, expresó: 1) La sentencia viola lo dispuesto por el artículo 198 del Código General del Proceso. La actora sostuvo en la demanda que presta tareas para Médica Uruguaya que tiene domicilio en la ciudad de Montevideo (en la calle 8 de octubre 2492). Es a partir de ese domicilio de la demandada que hay que considerar la naturaleza urbana o suburbana de los lugares en los cuales la demandante cumplía tareas. La accionada sostuvo al evacuar el traslado de la demanda que la actora depende de los policlínicos de las ciudades de Las Piedras y La Paz, departamento de Canelones. En la sentencia de primera instancia se consignó que en el departamento de Canelones también existen áreas urbanas y suburbanas. Sin embargo, condenó a la demandada por considerar que tenía la carga de agregar las planillas de pacientes visitados, en aplicación del principio de disponibilidad de los medios probatorios. 2) La sentencia viola la estructura abreviada prevista por la ley 18.572. El Tribunal tuvo por cierto el hecho de que la actora dependía del policlínico de Las Piedras porque la actora no controvirtió lo afirmado por la demandada en el acto de contestación. Tal proceder no se ajusta los principios de primacía de la realidad, protector y las reglas de la carga de la prueba. A criterio de la actora, la demandada estaba gravada con la carga de acreditar el hecho por ella afirmado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 139 del Código General del Proceso. La demandada no cumplió con la intimación que le fue realizada a agregar el contrato de trabajo y las planillas de pacientes visitados, ya que de allí surgiría la dependencia funcional de la actora. El Tribunal no valoró ese incumplimiento. 3) La sentencia transgrede las reglas de valoración probatoria (artículo 140 del Código General del Proceso). Existe plena prueba de la dependencia funcional de la actora de la sede de Montevideo: a) la demanda fue notificada en la Avenida 8 de octubre 2492; b) no se opuso excepción de incompetencia territorial; b) la demandada denunció el mismo domicilio al contestar la demanda; c) el contrato de trabajo establece que las obligaciones fueron pactadas en Montevideo; d) los recibos de salarios consignan el domicilio denunciado por la demandada; e) el mismo lugar es denunciado como domicilio de los testigos propuestos y es el que surge de sus declaraciones. 4) Se aplica erróneamente lo dispuesto por el Decreto nro. 258/987. Resulta correcto aplicar en vía analógica el laudo previsto para los practicantes para determinar las definiciones de áreas urbanas y suburbanas. La actora nunca admitió depender del policlínico de Las Piedras, pero, aún partiendo de esa hipótesis, prestó funciones en áreas urbanas y suburbanas. De acuerdo con lo que resulta de autos, las ciudades de Las Piedras y La Paz, donde la actora visitaba pacientes, tienen zonas urbanas, suburbanas y rurales. La demandada fue intimada a agregar las planillas de pacientes visitados, lo cual fue incumplido. Por tanto, tratándose de áreas tan extensas, debe cobrar operatividad el principio de disponibilidad del medio probatorio. 5) Se transgredió de lo dispuesto por el artículo 197 del Código General del Proceso por falta de motivación de la sentencia. El Tribunal expresa que la demandada acreditó que retribuye a la trabajadora los actos suplementarios a razón de 90 minutos de salario por paciente suplementario a partir de 120. La sentencia incurre en contradicciones, ya que luego de expresar la forma de retribución consigna que no está acreditado que la forma de pago por pacientes urbanos y suburbanos sea distinta. Si no hay diferencia es porque se paga el mismo valor. La demandada afirmó que se celebró un acuerdo que implicó un aumento salarial del 30% y que a todos los trabajadores se les paga un sueldo básico por 6 horas al día, por 30 días al mes. Nada de esto fue acreditado. Por otra parte, la sen-tencia no menciona cómo se arriba a la conclusión de que la demandada paga un equivalente a 90 minutos y que ese es el mejor salario. El laudo vincula el salario al número de pacientes visitados, por lo cual el razo-namiento del Tribunal no es correcto. IV) La parte demandada evacuó el traslado conferido (fojas 235-242 vto.). V) Concluido el estudio, se acordó el dictado de la presente sentencia en el día de la fecha. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por la unanimidad de sus integrantes naturales, desestimará el recurso de casación deducido en mérito a los siguientes fundamentos. II) La actora, María Fernanda García Menini, dedujo demanda contra Médica Uruguaya para la cual se desempeña como técnica en fisioterapia con el cargo de Licenciada en Fisioterapia Externa. Expresó realizar sus ta-reas en el radio suburbano. Manifestó que realiza más visitas que las previstas por el laudo vigente y que, en consecuencia, de acuerdo con la normativa, las restantes (suplementarias) deben ser abonadas con recargo. Alegó que habitualmente visita pacientes en las ciudades de La Paz y Las Piedras del departamento de Canelones. Considera que esas visitas se ubican en el área suburbana, ya que parte de la consideración de una delimitación en la ciudad de Montevideo, por lo cual, a su criterio, los pacientes que se encuentran fuera de esa zona de la capital corresponderían a visitas suburbanas. Asimismo, reclama la con-dena al pago de una diferencia en el cálculo del rubro antigüedad. La parte demandada contro-virtió los hechos alegados y sostuvo que la promotora no cumple funciones en el área suburbana. A diferencia de lo que sostiene la demandante, sostiene que no existe norma que delimite las áreas urbana y suburbana para el Fisioterapeuta Externo. No resulta posible recurrir, como se pretende en la demanda, a las normas que regulan el punto para otra categoría laboral (los cobradores) en el Decreto nro. 258/987. Asimismo, expresa que ese laudo se aplica exclusivamente a Montevideo. Las ciudades de La Paz y Las Piedras no pueden ser consideradas como zonas suburbanas de Montevideo. La Licenciada María Fer-nanda García Menini depende funcionalmente del poli-clínico de la ciudad de Las Piedras. De todos modos, sostiene la demandada, la actora cobra todos los actos suplementarios de forma más beneficiosa (a razón de 90 minutos), en la medida que no existen definiciones de área urbana y suburbana. También se opuso a la con-dena por el rubro antigüedad. La sentencia de primera instancia hizo lugar a la pretensión y fue revocada en segunda instancia en cuanto a la condena por actos suplementarios. III) La actora no logró acre-ditar que desempeñara funciones en áreas suburbanas con cuya carga se encontraba gravada. Tal como lo sostuvo el Tribunal en la sentencia recurrida: “ Empero, en el caso , hay un elemento de hecho que determina que no pueda aplicarse analógicamente la disposición normativa: la trabajadora, como ella misma indicó atendía pacientes en Las Piedras y La Paz y como sostuvo la demandada y ella no cuestionó ni ofreció prueba contraria, su dependencia funcional era del policlínico de Médica Uruguaya ubicado en la ciudad de Las Piedras (contestación de la demanda fjs. 73 vlto.). De allí que, los pacientes visitados en las áreas de Las Piedras y La Paz, teniendo como punto de referencia el policlínico de Las Piedras, mal podrían considerarse ubicados en zona suburbana. Sí, podrían entenderse ubicados fuera del área urbana de Montevideo, pero en la relación de trabajo de la actora, Montevideo, no era un punto de referencia. En consecuencia, la inter-pretación analógica resulta inadmisible por cuanto siquiera coincide el supuesto de hecho, entre la regla prevista y la no prevista. (...) No existiendo ningún ele-mento como para poder aplicar a la situación de la actora las reglas del trabajo de fisioterapeuta externo en zona suburbana, correspondía, regular la tarea y contraprestación por las reglas del trabajo del fisioterapeuta externo de zona urbana. En tal sentido, y estando al art. 16 del laudo recogido por dec. 253/987, le correspondía un máximo mensual de ciento veinte pacientes a partir de los cuales, todos los que lo superaren integraban el concepto y retribución de ‘actos suplementarios’ Ello como consecuencia de considerar un máximo de seis por día, treinta por semana y ciento veinte al mes ”. La actora pretende fundar su pretensión en una norma jurídica que no resulta aplicable a su categoría (el Decreto No. 258/987), norma que delimita el área urbana y suburbana de Montevideo para otra categoría de trabajadores. Por tanto, la norma no se aplica a su caso por dos razones: a) solo resulta aplicable a Montevideo y b) la actora no está comprendida en su ámbito subjetivo. Por otra parte, existe un grave defecto alegatorio en la demanda. La actora desarrolló una escueta argumentación en la demanda, sin consignar algunos elementos relevantes para que su pretensión pudiera prosperar. En particular, no se expresa de qué sede de la demandada depende fun-cionalmente. Por el contrario, dice expresamente prestar funciones en las ciudades de La Paz y Las Piedras del departamento de Canelones. En ambas ciudades existen áreas urbanas y suburbanas y no resulta posible delimitarlas con la escasa información proporcionada por la promotora de este proceso. Nótese que la pretensión fue formulada a partir de una delimitación de áreas urbanas y suburbanas de Montevideo, por lo cual, no existe el menor esfuerzo alegatorio para delimitar esas áreas en las ciudades en las cuales se prestaban las funciones por las cuales se reclama. IV) Por tanto, el incumpli-miento de la carga de la alegación selló la suerte de la actora (cf. Sentencias de la Suprema Corte de Justicia No. 116/2016, 1590/2018, 1617/2018, entre otras). En nada se ve modificada esta conclusión por el hecho de que la demandada tenga domicilio en Montevideo. Es notorio que la empleadora tiene diversas sedes en las cuales los profesionales prestan funciones; por tanto, no corresponde tomar a su sede central como punto de referencia. De este modo, corresponde desestimar los agravios por supuestas transgresiones: a) a lo dispuesto por el artículo 198 del Código General del Proceso; b) a las reglas de valoración probatoria (artículo 140 del Código General del Proceso); c) a lo dispuesto por el decreto 258/987 y d) al artículo 197 del Código General del Proceso por falta de motivación de la sentencia. A pesar de las diversas denominaciones, los fundamentos giran en torno de la posición de la actora que fue desestimada en los numerales precedentes de esta sentencia. V) Finalmente, corresponde, asimismo, desestimar el agravio referido a la alegada transgresión a la estructura abreviada prevista por la ley 18.572. El Tribunal tuvo por cier-to el hecho de que la actora dependía del policlínico de Las Piedras porque la accionante no controvirtió lo afirmado por la demandada en el acto de contestación. Según el Tribunal, tal proceder no se ajusta los principios de primacía de la realidad, protector y las reglas de la carga de la prueba. 1) A criterio de los Doc-tores Jorge Chediak, Eduardo Turell, Luis Tosi y la redactora, el alegado error no resulta determinante del fallo, ya que los fundamentos expuestos resultan suficientes para desestimar la pretensión (artículo 270 del Código General del Proceso). 2) La Doctora Bernadette Minvielle, en cambio, coincide con la postura del Tribunal de Apelaciones del Trabajo expuesta en la sentencia recurrida en cuanto a la aplicación del artículo 118.3 del Código General del Proceso. Ante la aseveración de la demandada de que la actora dependía funcionalmente del policlínico de Las Piedras, la actora sí tenía la carga de probar en contra de dicha afirmación y la oportunidad para hacerlo. En efecto, el artículo 118.3 del Código General del Proceso permite proponer, luego de los actos de proposición, prueba sobre hechos mencionados por la contraria en la contestación de la demanda o de la reconvención. Por tanto, estaba en con-diciones de probar en contra de la aseveración de la demandada referida a su dependencia funcional del policlínico de Las Piedras. Y, como lógico corolario de esa situación, la labor desempeñada en Las Piedras y La Paz no podía considerarse realizada en zona suburbana. VI) No corresponde imponer es-pecial condena en costas y costos (artículo 279 del C.G.P). Por lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CA-SACIÓN DEDUCIDO, SIN ESPECIAL CONDENA PROCESAL. HONORARIOS FICTOS 50 B.P.C. OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.