Sentencia Definitiva N° 394/2019

Montevideo, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “MM Y OTROS C/ ZZ Y OTRO - DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACIÓN”, IUE: 172-56/2014 , venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en mérito al recurso de casación interpuesto por la parte actora. RESULTANDO : I) En abril de 2014 (fs. 16/23 vta. y 29/29 vta.), comparecieron MM, SS, AA, EE y y FF, WW y RR y presentaron demanda contra ZZ y PP. Solicitaron que se conde-nara a los demandados a indemnizarles los daños y perjuicios que alegaron haber sufrido como consecuencia del accidente de tránsito acaecido en la ciudad de Las Piedras el 24 de febrero de 2011, por el cual el ómnibus de transporte colectivo de la empresa codemandada conducido por PP embistió a MM, quien conducía una motocicleta. El total de lo reclamado ascendió a $13.366.550 (trece millones trescientos sesenta y seis mil quinientos cincuenta pesos uruguayos) debidamente reajustado y con intereses desde el hecho ilícito. II) En primera instancia, por Sentencia No. 44/2017 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Las Piedras de 4º Turno (fs. 282-289), dictada el 28 de junio de 2017 por su titular Dr. Leonardo MÉNDEZ, se acogió la demanda en los siguientes términos: (i) se condenó a pagar por concepto de indemnización del daño moral propio: a MM, $1.000.000; a SS, $100.000; a AA, EE y FF, $500.000 a cada uno; a WW y a RR, $750.000; (ii) se condenó a pagar por concepto de lucro cesante pasado y futuro de MM la suma a liquidar según las bases establecidas en el CONSIDERANDO III.2; (iii) se condenó a pagar el valor venal de la motocicleta a la fecha del accidente, remitiéndose también la cuantificación del rubro a la vía del artículo 378 del C.G.P. según las bases establecidas en el CONSIDERANDO III.4. III) En segunda instancia en-tendió el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, integrado por los Dres. María Esther GRADÍN, Loreley PERA y Luis María SIMÓN. La Sala, por Sentencia Definitiva identificada como SEF-0004-000045/2018 (fs. 352-358), revocó la sentencia apelada en los siguientes puntos: (i) en cuanto a los importes fijados como indemnización por concepto de daño moral, los redujo: el de MM, a $290.000; el de sus hijos AA, EE y FF, a $85.000 a cada uno; y el de sus padres WW y RR, a $100.000 a cada uno; (ii) en cuanto acogió el reclamo por daño moral de SS, el cual se desestimó; (iii) en cuanto fijó la base de cálculo de la indemnización por lucro cesante en 2 salarios mínimos nacionales, la cual incrementó a 3 salarios mínimos nacionales; (iv) en cuanto no tuvo en cuenta para liquidar el lucro cesante los porcentajes e incapacidad estimados por la perito, los cuales ordenó que se tuvieran en cuenta; (v) en cuanto estableció como método de cálculo del lucro cesante el sistema matemático lineal, fijándose en su lugar el sistema de matemáticas financieras; (vi) en cuanto no se condenó a pago de los intereses legales, a cuyo pago respecto del daño moral condenó desde la fecha del hecho ilícito y respecto del lucro cesante pasado desde la fecha de su generación sucesiva. La parte actora solicitó la aclaración y ampliación del fallo de segunda instancia, por considerar que no estaba claro cuál sistema de matemáticas financieras debería aplicarse y por entender que no se había proveído al pedido de ejecución provisional que formulara el 3 de agosto de 2017 (fs. 361-362). La parte demandada soli-citó igualmente que se aclarara lo resuelto, respecto a desde cuándo era exigible el lucro cesante pasado (fs. 364). La Sala desestimó los recursos de aclaración interpuestos y, respecto de la ampliación solicitada, dispuso que debía estarse a lo dispuesto en el artículo 260.2 del C.G.P. (Sentencia identificada como MET-0004-000165/2018, fojas 365-366). IV) A fs. 369-379 vta. compareció la representante de la parte actora e interpuso recurso de casación. Luego de fundar la admi-sibilidad de ese medio impugnativo, sostuvo, en sín-tesis: a) La Sala, al reducir los importes de las indemnizaciones por daño moral, infringió lo establecido en el art.140 del C.G.P. y en el art. 1319 del Código Civil. Además, dictó una decisión arbitraria viciada por infundada. El importante abatimiento de los importes fijados como indemnización por daño moral tiene como único fundamento “su adecuación a los parámetros jurisprudenciales” (CONSIDERANDO IV), lo cual no constituye una motivación razonable y denota la ausencia de una argumentación a ser atendida y en su caso, refutada. La mera remisión a “parámetros jurisprudenciales” no especificados, sin darse ninguna razón, dista de ser un accionar discrecional y pasa a convertirse en un accionar arbitrario. La Sala, con la sola remisión a “parámetros jurisprudenciales” que no especificó recurrió a una expresión “comodín”, sin identificar antecedentes en sostén de su posición. Se trata de un supuesto de arbitrariedad manifiesta en la determinación del daño moral que habilita su corrección en casación. Al apelar esta parte argumentó expresamente respecto de las razones por las cuales no cabía disminuir los montos de la reparación del daño moral, atendiendo la realidad económica y la condición de “daño juvenil” considerada por la doctrina como un elemento que determina un mayor perjuicio. Pese a ello, la Sala no ensayó ninguna refutación de esos argumentos. Se identificaron diversos antecedentes jurisprudenciales que van en contra de la disminución de los montos impugnada. b) La Sala, al revocar la condena en favor de SS -ex concubina de la víctima y madre de sus tres hijos- violó las reglas legales sobre valoración de la prueba (art. 140 del C.G.P.) y la obligación de reparar el daño causado (art. 1319 del Código Civil). Es absurdo no amparar el reclamo de la ex concubina de la víctima con el único fundamento de que se separaron luego del accidente, ya que el daño moral sufrido se verificó a la fecha del accidente. Fueron concubinos durante muchos años y tuvieron tres hijos en común, criados en un hogar común. Es absurdo sostener que como la relación cesó luego del accidente la concubina no tenga derecho a reparación. c) La Sala, al establecer que el lucro cesante de la víctima se pagara mediante una renta, violó el principio dispositivo. La parte actora solicitó que se indemnizara dicho rubro mediante el pago de un capital, y tal forma de pago no fue cuestionada por la parte demandada. Tanto la sentencia de primera instancia como la de segunda fueron impugnadas por haber dispuesto el pago del rubro mediante una renta y no, como se lo pidió, mediante un capital. Si bien la elección de un método de cálculo, el sistema lineal o el de las matemáticas financieras, no es pasible de ser modificado en casación, si es controlable en esta etapa procesal la violación del principio dispositivo denunciada. En definitiva, en este punto debe casarse la sentencia y condenarse a indemnizar el rubro lucro cesante mediante el pago de un capital, sobre la base de cálculo impuesta por la Sala (tres salarios mínimos). d) La Sala, al desestimar el daño emergente de los padres de la víctima del accidente, violó el art. 1319 del Código Civil en cuanto consagra el derecho a la indemnización integral de los daños derivados del hecho ilícito extracontractual. Es erróneo el parecer de la Sala, conforme al cual el amparo del lucro cesante de la víctima del accidente impide indemnizar también el lucro cesante de sus padres, so pena de incurrir en una doble indemnización del mismo rubro. El daño emergente de los padres de la víctima del accidente es diverso del lucro cesante de este último, ya que refiere al perjuicio de los padres por tener que recibir de nuevo a su hijo en su casa. e) La Sala, al confirmar la desestimatoria del daño emergente reclamado por la ex concubina de la víctima del accidente, violó el art. 1319 del Código Civil en cuanto consagra la obligación de reparar integralmente el daño causado. Se viola la tutela aqui-liana del crédito. El crédito alimentario del que son titulares los hijos de MM. Por ello debe casarse la sentencia y ampararse el crédito por la pérdida del aporte alimentario del jefe de hogar reclamado en la demanda. f) En definitiva, solicitó que se anulara la recurrida y que, en su lugar, se recibieran sus agravios, condenándose a los cinco rubros objeto de agravio en los términos referidos. V) A fs. 356-361 compareció el representante de la parte demandada y evacuó el traslado del recurso interpuesto, solicitando su rechazo. VI) Por Decreto No. 1981/2018 de fecha 30 de julio de 2018 (fs. 376 vta.) se dispuso el pasaje a estudio y autos para sentencia. La Secretaría Letrada dio cuenta que con fecha 21 de agosto de 2018, el Sr. Ministro, Dr. Felipe HOUNIE cesó en su cargo, en virtud de lo cual la Corporación se encuentra desintegrada (fs. 381). VII) Por Providencia No. 2907 de fecha 8 de octubre de 2018 (fs. 381), atento a la dada cuenta antecedente, se dispuso integrar la Corte, señalándose audiencia para el sorteo correspondiente el 24 de octubre de 2018. VIII) Realizado el respec-tivo sorteo, el azar designó para integrar la Corporación al Sr. Ministro, Dr. Álvaro FRANÇA. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, debidamente integrada y por unanimidad, desestimará el recurso de casación interpuesto, en base a los fundamentos que se explicitarán a continuación. II) En cuanto a la ausencia de fundamentación de la desestimatoria del daño moral En particular, como causal de casación, el recurrente consideró insuficiente la referencia “a los parámetros jurisprudenciales” a la que recurrió la Sala para justificar el abatimiento de la condena por daño moral. Alegó que la decisión recurrida adolece de vicio en la motivación. A juicio de la Corte, a poco que se analiza la fundamentación de la impugnada, se advierte que el agravio formulado por el recurrente no puede prosperar. Debe tenerse presente que la falta de motivación, como causal de nulidad, debe ser siempre de tal entidad que el fallo resulte privado de toda razón suficiente. Y, en el caso, no se incurre en el vicio alegado toda vez que la omisión no haya sido obstáculo para la emisión de un fallo justo, ni se haya coartado el derecho de defensa, porque lo que debe predominar es el finalismo jurídico sobre el formalismo legal (Cf. Sentencias Nos. 313/1997, 144/1996, 828/1995, 71/1991 y 47/1989). Pues bien, en el ocu-rrente, más allá de que la sentencia impugnada no individualiza los antecedentes jurisprudenciales en la materia y que la condujo a la revocatoria parcial, igualmente expresa razones suficientes para morigerar la condena, por lo que la decisión de la Sala se estima correcta. Precisamente, en esa di-rección, y a fin de mantener una proporcionalidad adecuada entre la entidad del menoscabo físico, su duración e incidencia en la vida de relación del afectado, el fallo tomó en consideración los valores económicos del medio, los montos establecidos en casos similares, previo detalle completo y exhaustivo de las lesiones y padecimientos experimentados por el reclamante, datos que objetivamente revelan el itine-rario de razones consideradas por el órgano de mérito. Lo expuesto demuestra que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5° Turno fundó adecuadamente su decisión (art. 197 incisos 3° y 4° C.G.P.), por lo que, en la especie, no era necesario agregar otras consideraciones jurídicas en relación al punto. En tales condiciones, y partiendo de la base de que el monto finalmente fijado resulta adecuado a tales parámetros, el agravio es de franco rechazo, habida cuenta de que, como la Corte ha reiteradamente señalado, la determinación de la cuantía de la indemnización por daño moral supone el ejercicio del poder discrecional por parte del juez de mérito, por lo que -en principio- no es pasible de ser revisado en casación. Así, en un caso con aristas similares al presente, la Corporación ha señalado que: “ En lo referente al monto del daño moral, la Corporación ha dicho anteriormente: ‘Es jurisprudencia constante de la Corte que la determinación del monto del resarcimiento del daño moral implica el ejercicio de facultades discrecionales del tribunal de mérito, actuadas con ceñimiento necesario a lo que la doctrina denomina ‘máximas de experiencia’ o ‘standards jurídicos’ (Couture, Fundamentos, págs. 112 y ss. y 145 y ss., Ed. 1942). En el ejercicio de esas facultades de ponderación y salvo que medie absurdo o irracionalidad evidentes -lo que no ocurre en el caso- es claro que no puede incurrirse en transgresión de una regla de derecho: desde que no puede constituirla el ejercicio de una potestad que el sistema normativo asigna al juzgador (Sentencias Nos. 7/89, 117/90; Sent. No. 154/91)’. En la especie, la reduc-ción de la suma fijada en primera instancia para el rubro efectuada por la Sala Civil, en razón de guardar relación con los parámetros normalmente seguidos por la jurisprudencia para la determinación de las cantidades debidas a las víctimas en casos similares al presente (fs. 137 vto.), supone claramente el legítimo ejercicio por el tribunal de mérito de las facultades precedentemente referidas, siendo obvio que no puede reputarse absurda o irracional la consideración de las pautas generalmente manejadas por otras sedes judiciales con el encomiable objeto de lograr, en lo posible, la homogeneidad de las reparaciones, con el consiguiente afianzamiento de la seguridad jurídica (v. Gamarra, Tratado t. 25, 1994, págs. 431 y ss.). La circunstancia de que el criterio seguido por la Sala haya determinado el abatimiento sustancial del monto señalado en primera instancia no demuestra el absurdo alegado por la recurrente sino, antes bien, el notorio apartamiento del Sr. Juez Letrado interviniente de los valores generalmente establecidos por el Oficio en casos semejantes (v. Gamarra, Tratado, t. cit., especialmente págs. 526 y ss.). Ciertamente, habría sido plausible la indicación por la Sala de los concretos datos fundantes del abatimiento referido; pero -aún sin considerar debidamente el hecho de que dichos datos están publicados en conocidos trabajos doctrinarios y repertorios jurisprudenciales- no puede en modo alguno compartirse la afirmación de la recurrente de que la sentencia en recurso carece de la fundamentación legalmente exigible en relación al tema ” (Sentencia No. 1015/1994, véase también en similar orientación conceptual la Sentencia No. 291/2018). En función de lo expre-sado, no se advierte la sentencia impugnada como un acto irreflexivo o arbitrario que justifique la anulación de la sentencia impugnada por ausencia de explicitación de motivos en relación a la estimación del daño moral. En realidad, lo que los recurrentes pretenden, es un intento –sin éxito- de revalorizar el monto fijado por la Sala, bajo el motivo de casación esgrimido en su escrito. Véase que, respecto al reclamante MM, la Sala fijó una condena de $ 290.000. Ahora bien, dicho monto lo es “ a la fecha del evento dañoso ” (fs. 355 vta. in fine ), vale decir, a febrero de 2011 (lo que, para entonces, equivalía a U$S 15.000, aproximadamente). Sucede que, a la suma referida corresponde adicionarle los intereses legales y el reajuste, ambos a computarse desde el punto señalado por la Sala (febrero de 2011), operación que, a la fecha del dictado de la sentencia (mayo de 2018), asciende a $ 740.358, más lo que se genere hasta el efectivo pago, lo que incrementará aún más la condena. Igual razonamiento se a-plica al resto de los reclamantes. Así, a favor de los hijos se fijó la indemnización en $ 85.000 para cada uno, suma que, luego de adicionar los ilíquidos, a la fecha de la sentencia asciende a $ 217.000, más lo que se generare hasta el efectivo pago. Adicionalmente, cabe pre-cisar que la Sala justificó el abatimiento de la indemnización por el daño patrimonial referido, fundándose en que, en la actualidad, los hijos del Sr. MM no vivían con él (fs. 356 vta.). Finalmente, a favor de los progenitores reclamantes, el órgano de alzada fijó la condena en la suma de $ 100.000 para cada uno, monto que, a la fecha del fallo de segunda instancia, ascendió a $ 255.296, más lo que se generare hasta el día del efectivo pago. Es lógico considerar que el resultado numérico -producto de la estimación -, a fin de mantener la coherencia con los criterios jurisprudenciales domésticos a los que recurrió el Tribunal, también formó parte de la motivación de la decisión hostilizada. Se trata, entonces, de una decisión reflexiva, ponderada en función de las particularidades del caso, con fundamentación legalmente suficiente, fácilmente fiscalizable. Por estas razones, no puede considerarse que se verifique un supuesto de ausencia de motivación, ni de motivación insuficiente, sino una concreta y suficiente explicitación de las razones que orientaron la labor decisional de la Sala, todo lo cual deja sin sustento el agravio. III) Revocatoria al reclamo por daño moral de la ex concubina Respecto a la revocatoria recaída en punto al reclamo por daño moral de la ex concubina, Sra. SS, (agravio expresado a fs. 372-375), el vicio alegado consiste en la vulneración de las normas legales en materia de valoración de la prueba, calificándose la realizada por la Sala como absurda. A juicio de la Corte, el agravio no resulta de recibo. En el punto, la Sala señaló: “ En cuanto a la co-actora ... Sra. SS ... se reputa que no procede su reclamo. Lo anterior, por cuanto, en primer lugar, emerge de la pericia psiquiátrica realizada al Sr. MM, que en absoluto la separación de la pareja tuvo vinculación con las lesiones y secuelas que sufriera a raíz del accidente, como se pretende sostener en el escrito impugnativo (fs. 301), sino que la misma acaeció como consecuencia de que en ese momento, la Sra. SS descubrió que él la engañaba con otra mujer, que además, estaba esperando un hijo (fs. 246). Ello coincide con lo declarado por la Sra. OO -testigo no tachable y con excelente razón de sus dichos como vecina antigua del barrio, según lo señalado por los propios demandantes en el escrito impugnativo a fs. 301 -quien al respecto manifiesta que ‘estuvo con él hasta el accidente y luego se separaron’ (fs. 125). Y en segundo término, porque no resulta probado que haya acompañado a su ex concubino -ni siquiera por poco tiempo- durante su convalecencia. Así, al ser preguntada la testigo Otero acerca de quién cuidaba al Sr. MM, responde: ‘Los padres, el hermano y yo también lo ayudé a él’ (fs. 124); y más adelante, ratificando lo anterior expresa: ‘Luego del accidente se fue de la casa la Sra. Los niños la mayoría de las veces estaban con los abuelos, padres de MM’ (fs. 127). De modo que, se habrá de revocar la sentencia de primer grado en el punto, desestimando el daño moral pretendido por la ex concubina... ” (fs. 356). Pues bien, podrá o no compartirse la valoración probatoria ejercitada por el Tribunal, pero, en cualquier caso, habrá de coincidirse que no resulta absurda o arbitraria. En concreto, lo que se pretende al recurrir no es otra cosa que revalorizar la plataforma fáctica dada por acreditada por el órgano de mérito, lo que es intangible en sede casatoria, habida cuenta de que no estamos ante un supuesto de absurdo evidente. Antes bien, la valoración probatoria de la Sala aparece como una adecuada y reflexiva compulsa del informativo probatorio incor-porado a los autos, lo que lleva necesariamente a descartar el agravio articulado. Como afirmara DE LA RÚA con apoyo en jurisprudencia argentina, en términos replicables, que la sola “apreciación equivocada, discutible, objetable o poco convincente de la prueba” no constituye absurdo. No es motivo de recurso la mera discrepancia subjetiva con el criterio de valoración del Tribunal de mérito “si no existen conclusiones en abierta contradicción con las constancias de la causa ni se registra la ausencia de un estudio lógico y razonado de los diversos elementos computados, vicios esos que constituyen lo propio del absurdo”. Asimismo, tampoco es suficiente “exponer un criterio distinto al del sentenciante en cuanto al mérito de la prueba rendida, sino que es menester demostrar absurdo en la conclusión o violación de las leyes que regulan esa tarea” (Cf. DE LA RÚA, Fernando: “El recurso de casación. En el Derecho Positivo Argentino”, Víctor P. ZAVALÍA-Editor, Buenos Aires, 1968, pág. 392). Más aun teniendo presente que el Tribunal casatorio no es un Tribunal de mérito. No existe libertad del órgano casatorio en profundizar los hechos y su esquema valorativo. La regla es clara, pues de otro modo se desvirtuaría la finalidad esencial del recurso (MOLINA SANDOVAL, Carlos A.: “Recurso de casación: aspectos sustanciales, argumentales y procesales”, ADVOCATUS, Córdoba, 2016, pág. 160). Y rectamente examinado el razonamiento probatorio de la Sala, no se advierten elementos de prueba cruciales que hayan sido olím-picamente desconsiderados, o una apreciación manifies-tamente equivocada que determine la fragilidad de tal valoración. En el caso, no logra advertirse que el Tribunal, en el acierto o en el error, haya apreciado la prueba excediendo los límites de la racionalidad o que haya omitido considerar un medio de prueba fundamental; es claro que se mantuvo dentro del campo de la discrecionalidad con la que cabe aplicar las reglas de la sana crítica, impidiendo su revisión en casación. IV) Lucro cesante futuro en favor del co-actor Sr. MM En lo relativo a la indemnización del lucro cesante futuro a favor del Sr. MM, respecto del cual la Sala estableció como método de liquidación el del sistema de matemáticas financieras (fs. 356 vta. in fine /357), el reclamante señaló que la decisión impugnada resulta incongruente, pues condena a pagar una “renta” en lugar de un “capital” (fs. 375/376 vta.). El agravio carece de objeto, puesto que la aplicación del sistema de matemáticas financieras conduce justamente al pago de un “capital”, modalidad, ésta solicitada en la demanda (fs. 18 vta. in fine ). Ello conduce, sin otras consideraciones, a desestimar el agravio. V) Daño emergente reclamado por los Sres. WW y RR V.I) En cuanto al daño emer-gente reclamado por los Sres. WW y RR (agravio relacionado a fs. 376 vta./377 vta.), a juicio de los Sres. Ministros, Dres. Jorge CHEDIAK, Elena MARTÍNEZ, Eduardo TURELL y Álvaro FRANÇA, la recurrencia resulta formalmente inadmisible, puesto que, al respecto, recayeron dos fallos coincidentes, sin discordia (fs. 356 vta.), entendiendo trasladables los fundamentos expuestos por la Corte en Sentencia No. 862/2017. V.II) La suscrita redac-tora, discrepa con el criterio jurisprudencial apuntado por cuanto segmenta artificialmente la sentencia de segunda instancia e impide la revisión de toda la sentencia cuando no existe un fallo de segunda instancia que confirme en todo y sin discordia al pronunciamiento de primer grado. Se postula en tal marco, una posición más amplia sobre los requisitos de admisibilidad del recurso que nos ocupa, que entiende que siempre que el Tribunal de segunda instancia revoque en forma total o parcial la sentencia de primera instancia o que la confirme, pero con discordia, la sentencia, en su integralidad , es pasible de ser revisada en casación. En criterio de esta redactora, esta tesis es la que mejor se condice no solamente con el texto legal, sino con el sistema procesal en su conjunto. En particular, es la que mejor realiza el principio de libertad impugnativa, que está consagrado en el art. 244.1 CGP, destacándose que cualquier restricción a la libertad de impugnación –como la que en este caso consagra la disposición legal en estudio- debe interpretarse con sentido restrictivo. La disposición en cuestión (art. 268 CGP), se limita a determinar las sentencias que pueden ser objeto del recurso, pero en ningún momento limita el contenido de éste o establece qué partes de la sentencia pueden recurrirse o no. Pese a ello, carece de utilidad práctica el examen del mérito en atención al criterio tradicional de la Corte que revalida la mayoría que concurre al dictado del presente pronunciamiento. VI) Pérdida de aporte alimen-tario a la concubina y/o hijos menores Finalmente, respecto al reclamo por concepto de pérdida de aporte alimentario a la concubina y/o hijos menores (agravio contenido a fs. 377 vta./379), también deviene formalmente inadmisible para los Dres. Jorge CHEDIAK, Elena MARTÍNEZ, Eduardo TURELL y Álvaro FRANÇA, por la razón expresada en el CONSIDERANDO V.I (fs. 356 in fine /356 vta.). Por su parte, la suscrita redactora se remite a su fundamento particular expresado en el CONSIDERANDO V.II) que resulta trasladable en relación al punto litigioso en examen. VII) En definitiva, por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. A LOS EFECTOS FISCALES, FÍJANSE LOS HONORARIOS FICTOS EN 20 BPC. NOTIFÍQUESE Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVANSE LOS AUTOS CON LAS FORMALIDADES DE ESTILO .