Sentencia Definitiva N° 135/2019

Montevideo, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “ REPETTO, DANIEL C/ RIOGAS S.A. – DEMANDA LABORAL - CASACIÓN”, IUE: 2-30924/2017. RESULTANDO : I) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 74/2017 de 7 de diciembre de 2017, la titular del Juzgado Letrado del Trabajo de la Capital de 13º Turno falló: “ AMPARANDO PARCIALMENTE LA DEMANDA Y EN SU MERITO CONDENANDO A LA ACCIONADA A LA MEDIA HORA DE DESCANSO Y LAS DIFERENCIAS EN EL AGUINALDO YA ABONADO POR LA NO INCLUSION DEL SALARIO VACACIONAL EN EL CALCULO, MÁS 10% DE DAÑOS Y PERJUICIOS PRECEPTIVOS Y MULTA POR IGUAL PORCENTAJE. SE ADICIONARAN REAJUSTES E INTERESES HASTA EL EFECTIVO PAGO... ” (fs. 1823/1845 vuelto). II) Por sentencia definitiva de segunda instancia, identificada como DFA: 0012-000164/2018 - SEF 0012-000109/2018 de 2 de mayo de 2017, el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1º Turno, por unanimidad de sus miembros naturales, falló: “ CONFIRMAR LA RECURRIDA, SALVO EN CUANTO NO HIZO LUGAR A LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO Y AGUINALDO, EN LO QUE SE REVOCA, CONDENANDO A LA DEMANDADA AL PAGO DE ESOS RUBROS, SEGÚN LAS SUMAS SEÑALADAS EN EL CUERPO DE LA SENENCIA, ESTANDO TAMBIEN A LAS SUMAS INDIVIDUALIZADAS CON RELACIÓN AL RUBRO INCIDENCIA DEL SALARIO VACACIONAL COMÚN Y EXTRAORDINARIO EN EL AGUINALDO, MÁS DAÑOS Y PERJUICIOS, MULTA, REAJUSTE E INTERESES A LA FECHA DE SU EFECTIVO PAGO, CON COSTAS A CARGO DE LA DEMANDADA Y SIN IMPOSICIÓN EN COSTOS...” (1934/1953 vuelto). La sentencia fue ampliada por providencia identificada como DFA-0012-000190/2018 – SEI-0012-000013/2018, del 16 de mayo de 2018, por la que se dispuso incluir en el fallo de la sentencia la revocatoria a la condena al pago del descanso pago (fs. 1960/1960 vuelto). III) En tiempo y forma, la parte demandada interpuso el recurso de casación en examen. Luego de fundar la admisibilidad de ese medio impugnativo e identificar como normas infringidas las contenidas en los artículos 140, 141 y 157 del C.G.P planteó, en síntesis, los siguientes fundamentos: (i) La Sala, al afirmar que no hubo testigos directos de los hechos alegados como supuesto de notoria mala conducta, aplicó erróneamente las normas legales sobre valoración de la prueba, incurriendo en un absurdo evidente y en una arbitrariedad. Lo afirmado por la Sala es falso. Se propusieron como testigos a los Sres. Salvarrey, Ubiedo y Apardian, quienes depusieron como testigos directos de los hechos alegados. El Sr. Salvarrey manifestó a fs. 1727 vto. que estando el actor presente, se le ofreció vender supergás a través de una competidora directa de RIOGAS S.A. (MEGAL). Constituye un absurdo evi-dente afirmar, como lo hizo la Sala, que no se presentó ningún testigo directo cuando surge que ello no es así, tanto de la declaración de Salvarrey como de Apardian, Ubiedo y Carroscia. Los testigos Ubiedo y Apardian fueron contundentes al señalar que cuando había poco producto para distribuir, el actor privilegiaba la situación de uno de los distribuidores, el Sr. Marichal, en detrimento de los demás distribuidores. Ello perjudicaba a RIOGAS S.A., ya que Marichal es el distribuidor que recibe las garrafas con el mejor precio, por lo cual la práctica del actor perjudicaba económicamente a RIOGAS S.A., además de generar un descontento en los demás distribuidores. Por esta vía, con el testimonio de dos distribuidores de RIOGAS S.A., se acreditó que el actor incurría en favoritismos, lo cual absurdamente se consideró no acreditado por la Sala. (ii) La Sala, al deses-timar la declaración del Sr. Salvarrey por considerarlo un testigo sospechoso, incurrió en un absurdo evidente. Primero, porque es un testigo necesario: él fue la persona que recibió la propuesta de vender supergás de la competencia de parte del actor y de Orrego. Segundo, porque no surge ni una sola circunstancia o contradicción que habilite a considerar que el testimonio de Salvarrey pueda ser desestimado. En efecto, los demás testimonios, de personas que tuvieron contacto directo con los hechos, por haber realizado la investigación interna que desembocó en el cese del actor, son coherentes con lo declarado por Salvarrey. La Sala debió considerar que tanto el testimonio de Salvarrey como los demás que lo corroboran, los de Lasarte y Gortázar, son testigos necesarios. Además, los testimonios de estos dos últimos califican como “testigos necesarios calificados”, por su ubicación en el organigrama de la empleadora demandada. En el ámbito del C.G.P. no rige un sistema de tazas legales, por lo que los testimonios deben valorarse de acuerdo con el sistema de la sana crítica del artículo 140 del C.G.P. Adicionalmente, señaló que la Sala fue contradictoria, ya que, por un lado, reprochó a RIOGAS S.A. no haber aportado los testimonios de los dirigentes sindicales de RIOGAS S.A. –empleados como Salvarrey- que acompañaron a este último a la reunión en la cual se le ofreció vender productos de la competencia, y, por otro, afirmó que el testimonio de Salvarrey tenía poca eficacia convictiva por ser empleado de RIOGAS S.A. (iii) La Sala incurrió en error al sostener que, como la propuesta realizada a Salvarrey de vender productos de la competencia fue realizada por el supervisor Orrego y no por el actor, aunque sí en su presencia, no podría imputársele a éste último una falta grave por ese motivo. Es evidente que en un caso así, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, un funcionario de tan alta jerarquía y responsabilidad como el actor, no pudo escuchar la propuesta y no adoptar ninguna medida. (iv) La Sala, al consi-derar que no se acreditó la desaparición de 414 envases de RIOGAS S.A. en el local a cargo del Sr. Ubiedo, tal cual surge de lo declarado por ese testigo a fs. 1737 vto., incurrió nuevamente en un absurdo evidente en la valoración de la prueba. Tal declaración demuestra la comisión de la inconducta denunciada y explica por qué el episodio surgió en el año 2017, aspecto respecto al cual al Sala calificó como “extraño”. El actor hizo que el Sr. Ubiedo firme un remito por el cual tendría 414 envases, valuados en U$S 20.000, envases que Ubiedo nunca recibió, y de cuyo destino nunca se supo. (v) En relación a la maniobra denunciada en la demanda por la cual, en la planta de abastecimiento de la ruta 101 se simulaban sistemáticamente fletes al distribuidor Carlos Macció, hecho puesto en conocimiento de RIOGAS S.A. por el propio Macció, la Sala también incurrió en un error que configura un absurdo evidente. En efecto, la Sala no valoró los medios probatorios referidos a tal hecho, en particular: (i) el acuerdo transaccional con la empresa fletera, por la cual ésta reconoció la maniobra y se obligó a devolver una importante suma de dinero; (ii) los testimonios de Lasarte y Gortázar, coherentes con lo que surge del documento referido. En definitiva, solicitó que se anulara la recurrida en cuanto acogió la condena al pago de los rubros indemnización por despido y aguinaldo de egreso y, en su lugar, que se los desestime. IV) Conferido el traslado de precepto, fue evacuado por la parte actora en los términos que surgen del escrito de fs. 1986/1989. V) El recurso fue debidamente franqueado (fs. 2020) y los autos fueron recibidos en este Cuerpo el 21 de setiembre de 2018 (fs. 2026). VI) Por Decreto Nº 2839 del 1º de octubre de 2018 (fs. 2027) se dispuso el pasaje de los autos a estudio para sentencia, al término del cual se acordó emitir el presente pronunciamiento, en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestimará el recurso de casación movilizado en todos sus términos. II) El caso de autos. II.I) El 8 de agosto de 2017 compareció Daniel Repetto y promovió demanda laboral contra RIOGAS S.A. (en adelante, también “Ríogas”), (fs. 20/27vto.). Sostuvo que comenzó a trabajar para la demandada el 13 de diciembre de 1995 habiendo sido despedido el 29 de mayo de 2017. Desde el 1° de diciembre de 2014 hasta su egreso se desempeñó como “Jefe de Ventas – Línea”. Afirmó que al momento de despedírselo la empresa alegó que su cese se debía a su notoria mala conducta, sin expresar los hechos constitutivos de tal causal. Reclamó un total de $U 17.307.364 (diecisiete millones trescientos siete mil trescientos sesenta y cuatro millones de pesos uruguayos), más reajuste e interés legal a la fecha de su efectivo pago (fs. 1823-1845 vto.). II.II) La pretensión del ac-tor fue parcialmente estimada, tanto en primera como en segunda instancia, en los términos reseñados ut supra , en los RESULTANDOS I y II. III) Análisis sustancial. En lo sucesivo corresponde examinar los puntos de cuestionamiento planteados, en el mismo orden en que fueron expuestos. III.I) En cuanto al agravio por la errónea valoración de la prueba . Como se consignó al re-señar el memorial de agravios, Ríogas cuestionó el proceder de la Sala por entender que arribó al fallo mediante un razonamiento probatorio que supuso un apartamiento ostensible de las reglas legales sobre valoración de la prueba, lo que configura una arbitrariedad y un absurdo evidente. En lo medular, afirmó que el error de la Sala fue no haber dado por probado que Daniel Repetto no incurrió las conductas denunciadas en la demanda, las cuales constituirían un supuesto de notoria mala conducta. De acuerdo con las parti-cularidades que presenta la errónea valoración de la prueba como causal de casación, no se verifica un supuesto de valoración probatoria absurda o arbitraria. (i) En cuanto al error en la valoración probatoria como causal de casación . En este punto, la Corte, en mayoría, ha sostenido, con base en el artículo 270 del C.G.P.: “A pesar de que la referida disposición prevé, incluso, como causal de casación la infracción a las reglas legales de admisibilidad o de valoración de la prueba, el ámbito de la norma queda circunscripto a la llamada prueba legal, o sea aquella en que la propia Ley prescribe que verificándose ciertos presupuestos por ella misma indicados, el Juez, aunque opine distinto, debe darle el valor y eficacia previamente fijados; o en el caso de apreciación librada a las reglas de la sana crítica, cuando incurre en absurdo evidente, por lo grosero e infundado. Es jurisprudencia cons-tante de esta Corporación que tanto la revisión de la plataforma fáctica como la revalorización de la prueba no constituyen motivo casable, por cuanto el ingreso a ese material convertiría a esta etapa casatoria o de revisión meramente jurídica, en una tercera instancia no querida por el legislador (...). A mayor abundamiento: El ingreso al material fáctico en instancia casatoria requiere una condición o código de acceso ineludible: es menester que el error en la valoración de la prueba en que haya incurrido la Sala de mérito configure un absurdo evidente, un razonamiento notoriamente ilógico o aberrante, en suma, que la infracción a la regla de derecho contenida en el art. 140 C.G.P. revista una excepcional magnitud, fuera de toda discusión posible (...)” , (cf. sentencias Nos. 829/2012 , 508/2013 , 484/2014 , entre otras). En este marco, debe razonablemente convenirse que el razonamiento probatorio de la Sala no supuso un apartamiento ostensible, patente de las reglas legales de valoración de la prueba. (ii) Sobre los supuestos constitutivos de absurdo o las arbitrariedades denun-ciados por Ríogas . (ii.i) La recurrente de-nunció como un primer ejemplo de lo absurdo y arbitrario del razonamiento probatorio de la Sala, que ese colegiado habría afirmado una falsedad: que respecto de los hechos constitutivos de la notoria mala conducta endilgada al actor no se propusieron testigos directos, sino, únicamente, prueba indirecta (testimonial o documental). Concretamente, apuntaron que propuso como testigos a los Sres. Salvarrey, Ubiedo y Apardian, quienes depusieron como testigos directos de los hechos alegados, por lo que la afirmación contraria de la Sala demuestra lo absurdo y arbitrario de su valoración probatoria. El agravio no es de re-cibo. Asiste razón a la recu-rrente, en cuanto a que la Sala se equivocó al afirmar que Ríogas no aportó ningún testigo directo de los hechos denunciados como supuestos de notoria mala conducta. Concretamente, es falso lo afirmado por la Sala al comienzo del considerando 6, segundo párrafo, cuando dijo: “Ninguno de los testigos directos de los hechos atribuidos al actor, fue ofrecido como testigo, sino que solo lo fueron aquellos que tuvieron conocimiento a través de los dichos de otras personas que no declararon” (fs. 1937 vto.). Efectivamente, Ríogas pro-puso respecto de algunos de los hechos alegados en su contestación testigos directos de los hechos impeditivos de la pretensión de cobro de una indemnización por despido. Sin embargo, más allá de la poco feliz y errada afirmación de la Sala transcripta, hay dos circunstancias que desvirtúan el agravio esgrimido. En primer lugar, que la errónea afirmación de la Sala en el considerando 6 transcripto es rectificada por ese colegiado en la propia sentencia. En efecto, en el considerando 15 la Sala afirmó a modo de resumen: “Del análisis probatorio realizado no puede inferirse otra cosa [q] ue no sea que la demandada no se desembarazó de su carga de probar la eximente que invocó, fundamentalmente porque omitió ofrecer la prueba directa que habría demostrado sus afirmaciones, optando por testigos de oídas, en la medida que todos ellos refieren a dichos de terceros que no declararon en autos, mientras que aquellos que sí lo hicieron, como lo fueron Salvarrey y Ubiedo no dieron cabal cuenta de los hechos alegados , sin perjuicio de que, aun cuando hubiera sido así, solo habrían demostrado dos hechos puntuales de los tantos atribuidos al actor” (fs. 1944-1944 vto.). Entonces, más allá de la errada expresión del considerando 6 en la que se sustentó el agravio, la propia Sala tácitamente enmienda su error luego, explicitando que si bien hubo algún testigo directo, su testimonio no acreditó el hecho a probar. En segundo lugar y adicio-nalmente, cabe señalar que, acertada o desacertadamente, el colegiado valoró los testimonios de Salvarrey (fs. 1938 vto.–1939 vto.), Panossian (1941 in fine -1941 vto.), Ubiedo (fs. 1942 y 1943 vto. - 1944). Entonces, tampoco podría recibirse tal agravio, fundado en que la Sala afirmó que no había testigos directos y resolviendo en base a esa sola circunstancia, cuando sí surge que se habían aportado tales testigos. Como ya se expresó, más allá del error de la fundamentación en la recurrida, resulta de la misma que se valoró expresamente la declaración de esos testigos “directos”. En definitiva, el absurdo denunciado no es tal si en la propia sentencia surge que se reconoce que hubo testigos directos y que se valoró su testimonio, aunque arribándose a una conclusión acerca de sus dichos que perjudicó la posición de la demandada. (ii.ii) El segundo embate contra la valoración probatoria refiere a que la Sala desestimó la declaración del Sr. Salvarrey por considerarlo un testigo sospechoso, lo cual constituiría un absurdo evidente. Para la recurrente, ello sería así, primero, porque es un testigo necesario: él fue la persona que recibió la propuesta de vender supergás de la competencia de parte del actor y de Orrego. Y segundo, porque no surge ni una sola circunstancia o contradicción que habilite a considerar que el testimonio de Salvarrey pueda ser desestimado. Para analizar esta crítica cabe reparar en la razón por la cual la Sala, en lo medular, descartó el testimonio de Salvarrey de fs. 1716 vto., del cual resulta que en presencia del actor se le ofreció vender productos de la competencia de Ríogas. Y en tal sentido, la Sala expresó respecto de Salvarrey: “(...) el testigo es sospechoso por una doble circunstancia, ser empleado de la demandada y haber gestionado un puesto de distribución” (fs. 1939). En definitiva, en lo que al análisis de esta crítica refiere, y con el acotamiento en el enfoque del agravio derivado de las particularidades anotadas de la errónea valoración de la prueba como causal de casación, es de concluir que no puede considerarse absurdo el razonamiento de la Sala. Véase que no es absurdo que la Sala reste eficacia probatoria a los dichos de un testigo que, por un lado, trabaja para la demandada y, por otro, obtuvo para un familiar un puesto de venta en contra del uso de la empresa. Del contexto de la causa, resulta que la valoración probatoria realizada por la Sala puede ser más o menos discutible, de hecho lo es, pero no puede ser considerada absurda, nota requerida para habilitar su corrección en casación. Sobre la prueba de las circunstancias de sospecha de los testigos, la Corporación ha señalado que su valoración es –al menos de regla- de resorte exclusivo de los tribunales de mérito. En tal sentido, en la Sentencia Nº 846/2017 –en términos que corresponde revalidar- se sostuvo: “ ...las circunstancias relativas a la fuerza probatoria de la declaración de un testigo por c ausas de sospecha sobre su credibilidad, conforme al art. 157 C.G.P., son de aplicación discrecional de los órganos de mérito (...) el hecho de la sospecha se ha de considerar por el órgano actuante al evaluar la prueba y determinar las circunstancias que obran en detrimento de la declaración del testigo, según las reglas de la sana crítica, quedando a criterio del juez la fijación de la eficacia probatoria (Sentencias Suprema Corte de Justicia Nos. 427/95, 384/97 83/03, 180/05, etc.), (Sentencia Nº 476/2014). Asimismo, conforme lo ha expresado la Corporación en Sentencia No. 309/2009 citando a De la Rúa: ‘... los jueces de mérito son libres para optar por una prueba en lugar de otra o para decidir su preferencia acerca del valor de convicción de una prueba con respecto a otra si no se demuestra arbitrariedad o absurdo en su elección (‘El Recurso de Casación...’, pág. 366) (cf. Vescovi, La Casación Civil, pág. 78 y Sents. Nos 662/95, 833/95, 288/96, 240/97, 550/00 y 172/01, entre otras)’. Entonces, la conclusión a la que arribó la Sala en cuanto consideró que existían circunstancias de sospecha que teñían la credibilidad de ciertos testimonios no puede ser modificada en casación”. No cabe ingresar a otras entendibles y razonables consideraciones de la recurrente sobre este punto (que se le reproche no haber citado a los dirigentes sindicales que acompañaron a Salvarrey, que se de valor a que la propuesta de vender gas de Megal fue hecha en presencia del actor mas no por él), ya que la cuestión determinante del fallo de segunda instancia es el nulo valor probatorio de lo declarado por Salvarrey por las razones de sospecha apuntadas y que enervan su eficacia convictiva. Entonces, la no citación de dirigentes sindicales y otras cuestiones planteadas por el recurrente carecen de relevancia. Es que de acuerdo con lo establecido en el artículo 270 inciso segundo del C.G.P., regla legal y lógica, en casación solo cabe ingresar a considera aquellos errores de derechos que sean determinantes del fallo de segunda instancia recurrido. Y en el caso, el error determinante de la Sala habría sido atribuir nulo valor a lo declarado por Salvarrey, dada su calidad de testigo sospechoso, proceder que por muy opinable que sea, no implica absurdo o arbitrariedad alguna. (ii.iii) En cuanto al episodio de la presunta desaparición de 414 envases de Ríogas del local a cargo del Sr. Ubiedo, la crítica desplegada por la recurrente no pasa de ser una mera discordancia con la valoración de la Sala. No se denuncia ningún error que pudiera implicar un absurdo o una arbitrariedad. La Sala descartó que se hubiera acreditado que el actor participó de la supuesta maniobra y relevó que tampoco surge qué sucedió concretamente respecto de ese supuesto faltante de 414 envases (fs. 1943 vto.-1944). Tal razonamiento no presenta ninguna nota que denote un absurdo o una arbitrariedad, ni esas calidades surgen presentes en la argumentación de la recurrente en el punto. (ii.iv) Como se señalara, en relación a la maniobra denunciada en la demanda por la cual en la planta de abastecimiento de la ruta 101 de Ríogas, se simulaban sistemáticamente la realización de fletes hacia el local del distribuidor Carlos Macció, la recurrente postuló que la Sala también incurrió en un error que configura un absurdo evidente. En tal sentido, sostuvo que la Sala no valoró los medios probatorios referidos a tal hecho, en particular: (a) el acuerdo transaccional con la empresa fletera, por la cual ésta reconoció la maniobra y se obligó a devolver una importante suma de dinero y (b) los testimonios de Lasarte y Gortázar, coherentes con lo que surge del documento referido. La Sala desestimó este planteo en base a los siguientes argumentos: 1°) no se presentaron la prueba de quienes tuvieron participación directa en los hechos (Carlos Macció, el funcionario de Ríogas en la planta de la ruta 101, Sr. Navarro); 2°) no se citó a ningún representante de Torcor Ltda. para que corroborara las circunstancias alegadas en la demanda en relación a esa transacción; 3°) no pudo relacionarse al actor con los viajes no realizados cobrados por Torcor Ltda.; 4°) la declaración de Navarro recogida en un acta notarial no puede suplir su declaración en audiencia, la que no fue propuesta por Riogas. Frente a esta argumenta-ción de la Sala que, nuevamente, podrá ser más o menos compartible pero no absurda ni arbitraria, el agravio no puede prosperar. El razonamiento probatorio no evidencia ningún error lógico o jurídico ostensible, de los que permitirían considerar la configuración de un supuesto de absurdo evidente o arbitrariedad evidente. En definitiva, los agra-vios esgrimidos revelan que el razonamiento probatorio de la Sala es, en varios puntos, particularmente opinable. Sin embargo, es desde larga data conocido que en nuestro ordenamiento, al igual que en otros en Derecho Comparado, para poder obtener en casación la anulación de una sentencia por errónea valoración de la prueba se requiere demostrar un error de tal entidad que implique un absurdo evidente o una arbitrariedad manifiesta, notas que en el caso no pueden endilgarse al razonamiento de la Sala. Por estos fundamentos, y en atención a lo establecido en los art. 268 y concordantes del Código General del Proceso la Suprema Corte de Justicia, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN MOVILIZADO, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. FÍJENSE LOS HONORARIOS FICTOS EN 40 BPC (ART. 71 LITERAL B DE LA LEY Nº 17.738). NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y OPOR-TUNAMENTE DEVUÉLVASE. DR. GUSTAVO NICASTRO SEOANE SECRETARIO LETRADO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA