Sentencia Definitiva N° 136/2019

Montevideo, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve VISTOS : Para dictado de sentencia en autos caratulados: “AA C/ BB Y OTROS - DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACIÓN”, IUE: 2–43064/2015. RESULTANDO : 1) Según surge de autos por Sentencia Definitiva No. 63/2016 de fecha 14 de noviembre de 2016 dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 9° Turno se desestimó la demanda promovida (fs. 416/421). 2) En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3° Turno, por Sentencia SEF-0007-000026/2018 DFA-0007-000082/2018 de fecha 19 de marzo de 2018, revocó la sentencia impugnada y, en su mérito, condenó a los demandados a abonar al actor la suma de U$S 30.340 más el interés legal desde la fecha de la demanda instaurada (fs. 475/487). 3) Contra dicha sentencia la parte demandada interpuso recurso de casación contra la sentencia precitada y, en necesaria síntesis, sostuvo que: El Dr. AAA el 12 de noviembre de 2012 presentó demanda laboral contra CC S.A. ante el Juzgado Letrado del Trabajo de la Capital de 6° Turno. Ante la demanda, por Providencia No. 2964/2012 se dispuso que previamente y con plazo de 3 días el actor debía realizar detalle de la base de cálculo y de la liquidación presentada, así como el cálculo de los intereses y reajustes legales. Asimismo, dispuso la noti-ficación a domicilio. Notificado el proveimien-to, no fue cumplido. Posteriormente, por Provi-dencia No. 3117/2012 de fecha 28 de noviembre de 2012, se dispuso la reiteración de la anterior providencia, bajo apercibimiento y se notificó a domicilio, no cumpliéndose con lo ordenado. Por Providencia No. 3312/2012 de fecha 13 de diciembre de 2012, se resolvió tener por no evacuada la vista conferida. Asimismo, dispuso hacer efectivo el apercibimiento dispuesto por Decreto No. 3117/2012, entregar al interesado y proceder a su remisión a la ORDA en la forma de estilo, efectos de su redistribución. Ante el contenido de dicha providencia, el Dr. SS –letrado patrocinante del Dr. AA al promover la demanda laboral- si la hubiera recurrido habría actuado en contra de los intereses de su cliente. No es lógico pensar que el propio beneficiado por esa decisión jurisdiccional pidiera al Juez que dispusiera el archivo ante una providencia que mandaba redistribuir el asunto. La Sede interviniente, por este motivo, no dispuso la conclusión del proceso sino la directa remisión del expediente ex oficio para la asignación de una nueva Sede y la continuación en el mismo expediente. Una vez recibido el expediente, el Juzgado Letrado del Trabajo de la Capital de 4° Turno, el 26 de junio de 2013, asumió competencia y mandó al actor a formular la liquidación en el plazo de 3 días “ bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado ”. La nueva Sede intervi-niente, consideró –en ese momento- que el trámite debía continuar en el mismo expediente, a partir de la demanda presentada el 12 de noviembre 2012. El –por entonces– letrado patrocinante del Dr. AA, presentó la liquidación detallada, ante lo cual se proveyó el traslado de la demanda. Una vez notificada esta providencia, CC interpuso recursos de reposición y apelación y en escrito separado, contestó la demanda y opuso la excepción de prescripción. Por Sentencia Interlo-cutoria No. 1593/2014 inicialmente se declaró que no correspondía en la etapa procesal valorar los agravios introducidos y examinar si se había verificado o no la prescripción de la acción judicial de conformidad con el art. 12 de la Ley No. 18.572. Pese a ello, un mes después, actuando de oficio, la Sede dictó la Sentencia Interlocutoria No. 1824/2013, por la cual se decidió declarar la prescripción. Por sentencia de segunda instancia el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 4° Turno, confirmó la sentencia impugnada. Pese a las sentencias que declararon la prescripción, es claro que la sola presentación de la demanda interrumpió la prescripción. En su momento, luego de no presentar la liquidación del art. 8 de la Ley No. 18.572 y remitir el expediente a la ORDA a los efectos de su redistribución, la nueva Sede interviniente ordenó presentar la liquidación lo que fue cumplido, ante lo cual se dispuso el traslado de la demanda. Además, las providencias que encauzaron el trámite de ese modo no fueron oportunamente impugnadas, lo que determinó que operara la preclusión. Añadió que, si descontamos por suspensión de la prescripción el período que va desde el 13 de diciembre –fecha del decreto que ordenó la redistribución del expediente- al 25 de junio de 2013 fecha en que la Sede del Trabajo de 4° Turno recibió el expediente, es claro que sea por el nuevo trámite dado a la demanda original o por la presentación de la liquidación el 16 de julio de 2013, la prescripción fue interrumpida en tiempo. Lo mismo sucedería si se descuenta la correspondiente Feria Judicial Mayor y la Semana de Turismo. Por esta razón, expresó que el único resultado posible, contrariamente a los pronunciamientos de la Justicia Laboral, era que se rechazara la excepción de prescripción. Es así que, al no haberlo hecho, se constituye la eximente de responsabilidad que invocaron en la contestación de demanda. El fundamento utilizado por el TAC 3° Turno para condenar a los demandados deriva de que las decisiones de la Justicia Laboral pasaron en autoridad de cosa juzgada. Es cierto que existió desidia procesal al ignorar dos intimaciones por parte del Dr. SS, pero esa omisión no tuvo consecuencias inmediatas. Existió, en el caso, una causa extraña no imputable a los demandados. El Juzgado que intervino inicialmente no aplicó el apercibimiento del art. 8 de la Ley No. 18.572 y, por ende, no ordenó tener por no presentada la demanda, sino que ordenó lo contrario, remitir el expediente a la ORDA para su redistribución. Si el Juzgado hubiera tenido por no presentada la demanda, el acto no hubiera sido formalmente idóneo para interrumpir la prescripción. El hecho de un tercero (en este supuesto el Estado a través de errores judiciales) irrumpió de manera extraordinariamente anormal, se produce un eximente total de responsabilidad. De haberse valorado por la Sala el impacto de ese hecho, la demanda contra los profesionales intervinientes se hubiera rechazado en todos sus términos. En suma, solicitó que se case la sentencia impugnada en cuanto condenó a los demandados y, en su mérito, se desestima la demanda en todos sus términos. 4) Del recurso de casación se confirió traslado a la parte actora (fs. 515), la que lo evacuó a fs. 521/527 y adhirió a la casación. La adhesión a la casación se circunscribió al monto fijado en la sentencia de condena. La prueba fue contundente a favor de la posición sustentada por su parte. La chance reclamada en el presente juicio (70% del monto de la demanda en el proceso laboral) es consecuente con el diligenciamiento de la prueba rendida en estos obrados. 5) A fs. 537/546 la parte demandada evacuó el traslado de la adhesión a la casación y bregó por su rechazo. 6) Por Auto No. 2344 de fecha 29 de agosto de 2018, se dispuso el pasaje a estudio y autos para sentencia (fs. 555 vto.). Una vez culminado el estudio se acordó fecha de dictado de sentencia para el día de hoy. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por distintos fundamentos, desestimará los recursos de casación. II) Recurso de casación inter-puesto por los co-demandados BB, SS y DD. Inicialmente, debe verse que el TAC 3° Tuno relevó, en las actuaciones acordonadas referidas al proceso laboral iniciado por el Dr. AA con la asistencia legal de los demandados, la desidia total de los otrora letrados patrocinantes. En resumidas cuentas, la Sala sostuvo que los co-demandados se desentendieron completamente de la marcha de las actuaciones y que, a partir del abandono del expediente se planteó la excepción de prescripción de la acción judicial por los rubros reclamados por el Dr. AA, defensa que fue acogida en primera y segunda instancia. El otro argumento esgri-mido por el TAC 3° Turno refiere a que, si la decisión de la Justicia Laboral para acoger la excepción de prescripción fue acertada o no, no es un tema que debiera considerarse en estos obrados por ser “cosa juzgada”, siendo relevante que tal decisión se dictó a consecuencia directa de reiteradas omisiones de la defensa contratada por el Sr. AA. Pues bien, examinada la argumentación jurídica de los recurrentes, no les asiste razón en su planteo. En primer lugar, por orden lógico y expositivo, corresponde pronunciarse sobre el fundamento del TAC 3° Turno en cuanto a que, en el marco de un juicio por responsabilidad profesional, no puede examinarse la rectitud jurídica de pronunciamientos de la Justicia Laboral porque habría cosa juzgada. En este punto, la Corte concuerda con el fundado planteo de los impugnantes. El hecho de que estén firmes los pronunciamientos de la Justicia Laboral que acogieron la excepción de prescripción de la acción judicial promovida por el Dr. AA con la asistencia legal de los co-demandados, no impide, ampararse en una causa de exoneración de responsabilidad. Justamente, cuando la causa alegada es una causa extraña no imputable o hecho del tercero representado por errores judiciales que operarían como la fuente inmediata y directa del daño provocado al Dr. AA. Nadie discute la inmuta-bilidad de las referidas decisiones judiciales. Ese no es el eje del debate, sino que, en el marco de la defensa de los profesionales demandados en juicio por responsabilidad en el ejercicio de su profesión, sea posible a los efectos de determinar la fuente productora del daño reclamado, discutir el acierto jurídico de determinados pronunciamientos de la Justicia. Y ello, a juicio de la Corporación, es posible. Lo que buscan los recurrentes, en el caso, no es otra cosa que demostrar que determinados eventos han sido los causalmente productores del daño reclamado –por imposibilidad de progreso o atendibilidad de la pretensión del Dr. AA en el juicio laboral-. En definitiva, lo que legítimamente postularon los demandados, y así podían plantearlo, era que los errores judiciales son la génesis de la frustración del reclamo del Dr. AA y no la actividad profesional que ellos desplegaron en ese juicio. En un juicio por responsa-bilidad profesional en el que se discute el incumplimiento de un deber de diligencia de quienes legalmente asesoraban al Dr. AA; el nexo causal de esa inobservancia y la existencia de daño resarcible; con lo cual la defensa se basó en sostener la imposibilidad de cumplir con la prestación debida. Como señala ORDOQUI si bien es el cliente quien tiene la carga de probar la relación causal, el profesional en su deber de colaboración con el proceso y de veracidad, para poder exonerarse de responsabilidad debe acreditar que no existió relación causal y que el daño no existió o provino de otra causa que no es imputable a su gestión (ORDOQUI CASTILLA, Gustavo: “Derecho de Daños”, Tomo V, LA LEY URUGUAY, Montevideo, 2014, pág. 310, destacado no original). Ahora bien, como tratará de explicitarse a continuación, es claro que no se verifica otra causa productora del daño que no sea imputable a la gestión de los co-demandados . Las decisiones jurisdiccionales que acogieron la excepción de prescripción de la acción judicial son el corolario de la desidia con la que se condujeron los Dres. BB,SS y DD en la marcha regular del proceso laboral incoado por el Dr. AA bajo el patrocinio de aquéllos. Veamos las actuaciones judiciales relevantes de los autos “AA C/ CC Y S.A. DEMANDA LABORAL LEY 18.572 (IUE 2-51912/2012). Surge de los referidos obrados que el 12 de noviembre de 2012, el Dr. AA promovió ante el Juzgado Letrado del Trabajo de la Capital de 6° Turno demanda laboral contra CC bajo el patrocinio letrado del Dr. SS (fs. 86/110). Por Providencia No. 2964/2012 (fs. 111), la Sede dispuso: “ Previamente y con plazo de 3 días deberá el actor realizar detalle de la base de cálculo y de la liquidación presentada, así como el cálculo de los intereses y reajustes legales. Notifíquese a domicilio ”. Notificada la misma (fs. 112), por Decreto No. 3117/2012 la Sra. Juez actuante dispuso: “ Reitérase el proveimiento precedente, bajo apercibimiento ” (fs. 113). Dicha providencia fue notificada a domicilio (fs. 114) y tampoco fue cumplida por la parte actora con el patrocinio del Dr. SS. Fue así que, ante este panorama incumplidor de lo ordenado en las providencias antecedentes, la Sra. Juez dictó la Interlocutoria No. 3313/2012 en la cual dispuso: “Por no evacuada la vista conferida. Hágase efectivo el aperci-bimiento dispuesto por decreto 3117/2012 de fs. 113, entréguese al interesado y procédase a su remisión a la ORDA en la forma de estilo, a efectos de su redistri-bución. Notifíquese a domicilio ” (fs. 115). La providencia referida fue notificada a domicilio y, una vez más, no mereció actuación profesional alguna del Dr. SS ni de los Dres, BB y DD. Los co-demandados, en su fundado escrito de casación, aluden a que si bien la providencia ordenó hacer efectivo el apercibimiento dispuesto por Decreto No. 3117/2012 y entregar al interesado, igualmente ordenó la redistribución del expediente por la ORDA. Con lo cual, entienden que la demanda fue formalmente admitida. No les asiste razón. No se discute que la providencia dictada encierra groseras contradicciones e inconsistencias. A saber, por un lado, se ordenó hacer efectivo el apercibimiento que, por ministerio del art. 8 de la Ley No. 18.572, el efecto frente al incumplimiento era tener por no presentada la demanda y, por otra parte, se ordenó remitir las actuaciones a otra Sede Letrada del Trabajo para redistribuir el expediente (sic). ¿Qué expediente se iba a redistribuir si justamente se mandataba tener por no presentada la demanda? Evidentemente, la interlo-cutoria referida padeció un ostensible error material, ya que además de la decisión de aplicar la sanción procesal frente a la inactividad del actor y tener por no presentado el acto de proposición, ordenó –en claro desacierto jurídico- remitir el expediente a través de la ORDA a otra Sede, cuando no había nada para seguir sustanciando. Esta decisión, contraria-mente a lo afirmado por los recurrentes, sí era pasible de ser impugnada mediante la interposición de los recursos correspondientes. Primero, porque ordenaba hacer efectivo un apercibimiento y tener por no realizado el acto procesal de demanda y, en segundo lugar, porque el error material por la “redistribución” podía generar un problema ante la nueva demanda a presentar porque no sería la misma Sede que intervino. Para colmo, entre tanto yerro, de redistribuirse el expediente podía alegarse eventualmente la litispendencia. De modo que, a diferencia de lo alegado por el prestigioso letrado patrocinante de los recurrentes, esta providencia sí generaba agravio –daño jurídico- a la parte (Dr. AA) y debió recurrirse en plazo, cosa que no se hizo. La pasividad u omisión en recurrir decisiones judiciales adversas al interés de la parte y soslayar por completo el estado de las actuaciones, no resulta en absoluto justificado por el trasiego burocrático que, a partir de allí, tuvo el expediente. Cierto es que, ante la enigmática decisión judicial de “ remitir para redistribuir ” el expediente, la ORDA solicitó al Juzgado interviniente que se sirviera detallar los motivos o la razón por la cual se solicitaba la redistribución de los presentes autos, a efectos de comprender el trámite administrativo interno que debía seguirse (fs. 118). La legítima duda planteada por los funcionarios de la ORDA, mereció la respuesta telefónica desde el Juzgado actuante para, finalmente, asignarse una nueva Sede, el Juzgado Letrado de Trabajo de la Capital de 4° Turno (fs. 119). Entre que se libró oficio a la ORDA (con el expediente para remitir) y se asignó y recibió el expediente por la nueva Sede, pasaron 4 meses. El Juzgado Letrado de Trabajo de la Capital de 4° Turno, al cúmulo de errores procesales descriptos, añadió otro: asumir competencia y mandar a la parte actora a subsanar la omisión de la liquidación (que nunca había cumplido), ajustes e intereses y estimar los daños y perjuicios todo ello en el plazo de 3 días (fs. 121). Esta providencia fue noti-ficada a domicilio (fs. 122). Es recién el 16 de julio de 2013, luego del largo periplo y la liviandad de los letrados en procurar el expediente, ya que hasta allí se desentendieron completamente del asunto, que se formula la aclaración con relación a los créditos reajustables (fs. 123/126). Por Decreto No. 1040/2013 de fecha 17 de julio de 2013 se lo tuvo al actor por presentado y se confirió traslado de la demanda (fs. 127). La demandada contestó la demanda y opuso la excepción de prescripción, pero, además, interpuso recurso de reposición y apelación –este último improcedente- contra las multicitadas Providencias Nos. 3313/2012, 979/2013 y 1040/2013 (fs. 135/137 vto. y fs. 245/269 vto.). Por Sentencia Interlocu-toria No. 1593/2013 de fecha 8 de octubre de 2013 (fs. 287/290), no se hizo lugar al recurso de reposición interpuesto por la demandada, por entender que no correspondía, en la etapa, pronunciarse sobre la prescripción de la acción judicial alegada. Con fecha 5 de noviembre de 2013, la Sede de 4° Turno revisa la interlocutoria referida a través del dictado de la Sentencia Interlocutoria con fuerza de Definitiva No. 1824/2013 (fs. 293/299) y declara la prescripción. El Dr. AA a través del patrocinio del Dr. SS interpuso recursos de reposición y apelación en subsidio contra la interlocutoria con fuerza de definitiva por entender que la prescripción de la acción judicial había sido mal declarada (fs. 302/313). Se desestimó el recurso de reposición por Providencia No. 2065/2013 (fs. 327). Finalmente, por Sentencia Interlocutoria de Segunda Instancia DFA-0511-000119/2014 SEI-0511-000018/2014 dictada por el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 4° Turno, se confirmó la sentencia interlocutoria apelada (fs. 341/346). Frente a este fatigoso pero necesario racconto de actuaciones procesales, es claro que no les asiste razón a los recurrentes en punto a que los errores judiciales observados sean la fuente directa y eficiente del daño provocado al Dr. AA (léase la pérdida de la chance de que prosperara su reclamación laboral). Vayamos por partes. Los recurrentes, en su escrito, plantean que su demanda fue formalmente admitida y, por tanto, tuvo aptitud interruptiva. No es así. El art. 4 de la Ley No. 18.091 prevé como mecanismo interruptivo de la prescripción, entre otras, a la “mera presentación de la demanda”, sin necesidad de trámite posterior alguno. Pues bien. Es cierto que el legislador aludió como mecanismo de interrupción a la “mera presentación” del acto procesal, pero esa mera presentación está indisolublemente ligada a la corrección formal e idoneidad de ese acto para cumplir con el fin o la utilidad buscada. La presentación de un acto procesal absolutamente desgajado ni más ni menos que de la liquidación legalmente exigida de los rubros laborales reclamados, de la base de cálculo de los reajustes e intereses y de la estimación de los daños y perjuicios que fueron objeto del reclamo, carece por completo de idoneidad para cumplir con su cometido. En un caso con aristas similares, ha señalado el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1° Turno en términos compartibles que: “ Ésta no fue interrumpida por la presentación de la demanda el 2.10.2008 por cuanto, el tribunal no lo dispuso sino que en su lugar ordenó ‘previamente, acredítese la conciliación de precepto y cúmplase la suma de rigor’. Lo que significa que indicó que en forma previa a satisfacer el petitorio del actor en el sentido de que se lo tuviera por presentado y se diera traslado de la demanda , la parte acreditara la tentativa de conciliación. De allí que correspondiera interpretar que con la presentación de la demanda el 2.10.2008 no provocó la interrupción del plazo anual de prescripción de la acción ” (Sentencia Interlocutoria SEI-0012-00036/2013, también citada por la parte demandada en el proceso laboral a fs. 249 vto./250 de la IUE: 2-51912/2012). En similar línea concep-tual, el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 3° Turno, expresó: “... el impugnante pretende otorgar valor interruptivo a un acto anterior de similar naturaleza al que da inicio al presente proceso, otra demanda laboral previa, siendo que aquella demanda, según dichos del apelante nunca fue admitida por la sede jurisdiccional. Por lo tanto nunca pudo llegar a adquirir eficacia interruptiva alguna del plazo prescripcional. Pues conforme a lo dispuesto por el artículo 122 C.G.P, aplicable al proceso laboral conforme las previsiones del artículo 8vo. de la Ley 18.572 que remite al artículo 117 CGP, y lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 18.572, la demanda que no fue admitida, no puede considerarse formalmente idónea para desplegar los efectos propios inherentes a dicho acto procesal ” (Sentencia No. 273/2016). El legislador, cierta-mente, buscó zanjar la discusión de si la interrupción de la prescripción se producía por la presentación de la demanda o con la demanda seguida de emplazamiento notificado. En tal sentido, señalan RASO DELGUE, GARMENDIA ARIGÓN y RODRÍGUEZ AZCÚE en cada uno de estos supuestos, la interrupción de la prescripción se producirá en la oportunidad en que tiene lugar el acto respectivo, esto es: la fecha en que se solicita la audiencia a conciliación o, por ejemplo, la fecha en que se presenta la demanda judicial. (...) Pero además de que la norma deja en claro que la presentación de la demanda constituye un mecanismo autónomo de interrupción de la prescripción, también el texto del art. 4° viene a poner fin a la cuestión que durante la vigencia del art. 29 de la Ley de inversiones, según se adelantó, había dividido a la doctrina y la jurisprudencia, en referencia a si era la presentación de la demanda lo que interrumpía la prescripción o si, por el contrario, dicha interrupción operaba cuando el deudor era notificado del emplazamiento (RASO DELGUE, Juan, GARMENDIA ARIGÓN, Mario y RODRÍGUEZ AZCÚE, Álvaro: “Prescripción laboral”, FCU, 1ª Edición, Reimpresión, Montevideo, 2012, págs. 110 y 111). Pero, atenta contra el principio de razonabilidad, sustentar que tuvo efecto interruptivo un acto procesal formalmente inidóneo por carencias adjetivas que impedían la consecución del proceso. Los recurrentes, asimismo, plantean que la demanda fue formalmente admitida y que las resoluciones judiciales no fueron impugnadas en forma por la demandada. Tampoco les asiste razón. La demanda –de abonarse la tesis de la redistribución que plantean los impugnantes-, en el mejor de los casos, adquirió formalmente idoneidad para interrumpir la prescripción con el cumplimiento de la omisión de incorporar la liquidación mandatada por el art. 8 de la Ley No. 18.572. Dicha liquidación se pre-sentó el 16 de julio de 2013 y se lo tuvo por presentado el 17 de julio de 2013. Quiere decir que, al 16 de julio de 2013, se había consumado la anualidad de la prescripción de la acción judicial. Justamente, el actor al solicitar audiencia de conciliación en el MTSS el 4 de junio de 2012 interrumpió la prescripción, pero la demanda promovida el 12 de noviembre de 2012 no tuvo efecto interruptivo por las ostensibles deficiencias o carencias formales apuntadas. Y ese plazo se verificó, según resulta de autos, pura y exclusivamente por la desidia profesional de los recurrentes. Frente a plazos que se le fijaron a la parte para salvar las deficiencias del acto procesal los ahora demandados sistemáticamente incum-plieron con lo ordenado por la Sede de 6° Turno. Luego, ante la remisión del expediente a la ORDA para su redistribución y paralelamente la orden de hacer efectivo el apercibimiento nada hicieron (ni siquiera plantearon un recurso de aclaración). Pero, por si fuera poco, los recurrentes pretenden que se “descuente” como causal de suspensión de la prescripción los más de 6 meses entre el dictado de la providencia que mandó redistribuir el asunto hasta que se le asignó nueva Sede por la ORDA; la Semana de Turismo y la Feria Judicial. Nuevamente, no les asiste razón en su planteo. Primero, la Ley No. 18.091 –por razones de especialidad- no regula causal alguna de suspensión de la prescripción, sino que regló exclusivamente los plazos de prescripción de la acción judicial y de los créditos laborales y las causales de interrupción. Por tanto, no regló causales de sus-pensión. Pero, aun así, y si acudiéramos al Código Civil, las causales previstas en el Código Civil como suspensivas de la prescripción reguladas en el art. 1243, tampoco sirven de sustento a la tesis que postulan. No están previstas en la Ley las causales de suspensión alegadas por los recurrentes, que resultan de acuerdo a lo expuesto una creación artificial para el caso concreto, sin sostén normativo alguno. Por todas estas razones, es incontrastable que la desidia con la cual se condujeron los profesionales demandados en el superar las carencias formales del acto de proposición elaborado y en la marcha regular del proceso laboral, son la expresión sintomática de su responsabilidad procesal. Los desaciertos y errores judiciales no son, por tanto, circunstancias que desplacen la responsabilidad que a aquéllos cabía en presentar el acto procesal de demanda en tiempo y con los requisitos necesarios para que desplegara efectos interruptivos. Y fue así que frente a reiteradas observaciones –amen del trajinar absolu-tamente anormal del expediente- formuladas por el oficio nada hicieron para encauzar tempestivamente los procedimientos y lograr, útilmente, la admisión de la demanda. En consecuencia, expresa el Dr. Turell, que no cabe más que concluir que la acción laboral prescribió por el accionar omiso y negligente de los profesionales involucrados. III) Casación por vía adhesiva planteada por la parte actora. La sentencia de segunda instancia recurrida condenó al pago del 10% del monto que fuera otrora reclamado en la demanda laboral presentada por el Dr. AA con el patrocinio letrado del Dr. SS . A juicio de la mayoría integrada por los Sres. Ministros Dres. Martínez, Turell, Tosi y el redactor la adhesión resulta formalmente inadmisible puesto que, en punto al objeto concreto de agravio, existen dos fallos conformes (art. 268 del C.G.P.). En efecto, si el sector objeto de condena (10% de la chance perdida) no es motivo de agravio, va de suyo que los agravios surgen de la parte confirmada (60 % de la pérdida de chance desestimada), coyuntura que torna inadmisible el recurso de casación (cf. Sentencias de la Corte Nos. 767/2017, 86/2017, 410/2016, 60/2016, entre otras). Por su parte, la Sra. Ministra Dra. Minvielle, no comparte esta postura de la mayoría en tanto no es la posición que ha adoptado desde su ingreso a la Corte como miembro natural (Sentencia No. 652/2017). En ese sentido, admite la revisión integral de la sentencia de segunda instancia cuando el fallo de segunda instancia no confirma en todo y sin discordia. No obstante, ante la posición actualmente imperante en la Corporación, carece de utilidad práctica el ingreso al análisis de mérito de la adhesión. IV) No se impondrán especiales sanciones en el grado, por lo cual las costas y costos serán por el orden causado. Por los fundamentos expuestos la Suprema Corte de Justicia FALLA : DESESTIMANDO LOS RECURSOS, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN. HONORARIOS FICTOS 30 B.P.C. OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE.