Sentencia Definitiva N° 142/2019

Montevideo, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “OO c/ MM y otros. Daños y perjuicios. Casación” , IUE 208-134/2009, venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud de los recursos de casación interpuestos por la parte actora y por la co-demandada SS S.A. contra la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3 er Turno, identificada como SEF 0007-000012/2018. RESULTANDO : I) A fs. 1-9 vto., el 13 de abril de 2009, compareció OO y demandó a MM, PPl S.A. y SSl S.A. Pretendió que se condenara a los demandados a resarcirle los daños y perjuicios derivados del hurto de semovientes de su propiedad de sus campos en el paraje “Avestruz” Quinta Sección Judicial del Departamento de Treinta y Tres. Afirmó que MM hurtó su ganado y lo comercializó a través de las sociedades referidas. Estimó el daño sufrido en U$S 325.456 (trescientos veinticinco mil cuatrocientos cincuenta y seis dólares americanos) y solicitó que se impusieran intereses desde el 7 de agosto de 2008, fecha de presentación de informes sobre el daño sufrido en la Justicia Penal. II) Por sentencia definitiva de primera instancia N° 10/2016 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Cerro Largo de 4° Turno, dictada el 4 de marzo de 2016 por su entonces titular, Dra. Anahy Parada, se falló: “ Acogiendo la demanda de daños y perjuicios en todos sus términos, condenando en forma solidaria a todos los demandados a abonar al actor la suma de U$S 325.456, trescientos veinticinco mil cuatrocientos cincuenta y seis dólares americanos, todo debidamente reajustado desde el momento de interposición de la demanda hasta su pago efectivo. Declarando la inoponibilidad respecto del Sr. Diego Ortíz de la personalidad jurídica de la dos sociedades SS S.A. y PP S.A. Con especial condenación en costas y costos de (...) la parte demandada (...) ” , (fs. 2804-2820). Dicho pronunciamiento fue ampliado por resolución N° 756/2016, por la cual se dispuso que los intereses legales debían computarse desde el 7 de agosto de 2008 hasta su efectivo pago (fs. 2825). III) En segunda instancia en-tendió el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3 er Turno, integrado por las Dras. Mary Alonso, Loreley Opertti y Beatriz Tommasino, órgano que, por sentencia definitiva identificada como SEF 0007-000012/2018, dictada el 14 de febrero de 2018, falló: “(...) Revócase la condena contra PP S.A. y en su mérito, desestímase la demanda a su respecto. Revócase parcialmente la condena contra SS S.A. y [los] sucesores de MM y otros, disminuyéndose el monto de la condena al pago de U$S 42.635,89 (dólares estadouni-denses cuarenta y dos mil seiscientos treinta y cinco con ochenta y nueve), con más los intereses legales desde abril de 2009 - fecha de presentación de la demanda - . Revócase la condena en costas y costos y en su lugar, se dispone los gastos causídicos por su orden. (...)” , (fs. 3002-3014). IV) La co-demandada SS S.A. interpuso recurso de casación (fs. 3042-3062). Luego de transcribir par-cialmente diversas normas del C.G.P. (artículos 26, 101, 102, 270, 341 numerales 1 y 6) y de realizar varias consideraciones en relación a la regulación del instituto de la inoponibilidad de la persona jurídica en la ley 16.060, sostuvo, en síntesis, que: - La Sala violó el debido proceso al no respetar la delimitación del objeto del proceso, en virtud de que sentenció más allá de la suma pretendida como resarcimiento por el actor ( ultra petita , en claro error in iudicando ). - La Sala aplicó erró-neamente el instituto previsto en el artículo 189 de la ley 16.060. Se declaró la inoponibilidad de una persona jurídica solamente porque se usaron sus guías de propiedad y tránsito de semoviente; sin embargo, no surgió de los medios de prueba, documentales, periciales y especialmente testimoniales, información respecto a de quién era la propiedad del paquete accionario de SS S.A. La Sala, cuando manifiestó que por ser instrumental la pretensión de inoponibilidad a la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios, se debía tener por incluida en el objeto, vulneró lo dispuesto en el artículo 189 de la ley 16.060. La Sala, al igual que la a quo , hizo una valoración sui generis de las pretensiones del actor, vulnerando el principio de igualdad de las partes y valorando erróneamente los medios de prueba. - El Tribunal, al confirmar la inoponibilidad jurídica de la personería jurídica de SS S.A., siguió una posición jurisprudencial no compartible. Se resolvió sobre pretensión de inoponi-bilidad de la personería jurídica que quedó fuera del objeto del proceso. - En definitiva, solicitó que se casara la sentencia recurrida y que, en su lugar, se corrigieran los errores de derecho denunciados. V) La parte actora también interpuso recurso de casación (fs. 3072-3086). Luego de referir a la admisibilidad de su recurso e identificar las normas que consideró violadas por la Sala, se agravió respecto de los siguientes puntos: - La Sala violó lo dispuesto en el artículo 130.2 del C.G.P. al no considerar como admitidos hechos que claramente lo fueron. En efecto, no se controvirtió que MM hurtó 89 vacunos al actor, hecho sobre el cual se dieron respuestas evasivas. Asimismo, la Sala violó la referida norma en tanto no consideró como documentos auténticos y que hacen plena fe los Certificados Guías señalados al demandar, y que no fueron desconocidos por los demandados. - La Sala infringió las normas contenidas en los artículos 1574 a 1581 del Código Civil, en tanto desconoció que los Certificados Guías de Propiedad y Tránsito hacen plena prueba en cuanto a que los semovientes comercializados a través de SS S.A. y PP S.A., en número total de 89, lucían la marca del actor OO, incurriendo, asimismo en clara violación de las reglas generales sobre apreciación de la prueba (artículos 140, 141 y 153 del C.G.P.). - El Tribunal infringió la norma contenida en el artículo 137 del C.G.P., en tanto el hurto de 89 animales y la propiedad de los mismos resultaba un hecho no controvertido y que no correspondía probar. - La Sala infringió las normas contenidas en los artículos 153 del C.G.P. y 1606, 1607 y 1608 del Código Civil, en tanto MM confesó que en las Guías estampó las marcas del actor OO. - La Sala violó la norma contenida en el artículo 157 del Código Rural, e invirtió la carga de la prueba respecto de la propiedad de los animales hurtados. - También violó la norma contenida en el artículo 139 del C.G.P., en tanto desconoció que la propiedad de los animales es un hecho presumido por la ley en tanto lucían la marca de OO. - La Sala violó las normas contenidas en los artículos 140 y 141 del C.G.P. al no tener como hechos admitidos los afirmados en la demanda, en cuanto a los índices de productividad y pautas objetivas determinantes de los daños irrogados. - La Sala infringió las normas contenidas en el artículo 197 del C.G.P., en tanto rechazó sin fundamento alguno la pretensión de que se declare inoponible la personería jurídica de SS S.A. y PP S.A. respecto de OO, violando asimismo las reglas sobre valoración de la prueba (artículo 140, 141 y 153 del C.G.P.). - La Sala violó las reglas sobre valoración de la prueba contenidas en los artículos 140 y 141 del C.G.P. y en los artículos 5 y 56 del C.G.P. y 688 del Código Civil, en tanto ante un claro caso de fraude y ocultamiento del patrimonio de MM bajo la forma de sociedades anónimas, no impuso la ineludible condena en costas y costos. - La Sala también in-fringió lo dispuesto en el artículo 215 del C.G.P., al revocar la condena de primera instancia respecto de PP S.A., teniendo como fundamento el artículo 1324 del Código Civil, en tanto tal aspecto no fue objeto de agravio al interponer recurso de apelación. - La Sala, al modificar la decisión de primera instancia respecto al momento a partir del cual se devengan los intereses -lo que no fue objeto de recurso de apelación por parte de los demandados- incurrió en la misma infracción normativa que viene de señalarse. - En la recurrida se aplicaron erróneamente las normas contenidas en los artículos 140 y 141 del C.G.P., en tanto diversas conclusiones contenidas en la sentencia, violan las reglas generales sobre valoración de la prueba, siendo arbitraria, absurda y desconoció la existencia de prueba tasada. En definitiva, solicitó que se anulara la recurrida y que, en su lugar, se condenara a los demandados tal como fuera demandado, con condena solidaria en costas y costos. VI) La parte actora evacuó el traslado del recurso de casación de su contraria a fs. 3092-3098 vto., postulando su rechazo; y a fs. 3101-3130 hicieron lo mismo SSl S.A. y PP S.A. VII) Por providencia identifi-cada como MET 0007-000086/2018, dictada el 7 de mayo de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3 er Turno resolvió elevar el recurso de casación para ante la Suprema Corte de Justicia (fs. 3134-3135). VIII) El expediente se re-cibió en la Corte el 29 de mayo de 2018 (fs. 3140). IX) Por providencia N° 1466/2018 se dispuso el pasaje a estudio y se llamaron los autos para sentencia (fs. 3141 vto.). X) En el curso del estudio se dispuso, como medida para mejor estudio, la agregación de los expedientes relacionados que surgían de fs. 2906, lo que se cumplió tal como surge de la constancia de fs. 3152-3152 vto. XI) En el día de la fecha se acordó dictar sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia desestimará el recurso de casación interpuesto por la co-demandada SSl S.A. por unanimidad y acogerá, parcialmente, el recurso de casación inter-puesto por la parte actora. II) En cuanto al recurso de SS S.A. SS S.A. se agravió porque la Sala confirmó la pretensión de inoponibilidad de su personería jurídica respecto del actor. Como lo consignamos al resumir su memorial de agravios, por una parte sostuvo que dicha pretensión no fue incluida en el objeto del proceso y que, por lo tanto, se vulneró el debido proceso y el principio de congruencia; y, por otra parte, criticó la valoración probatoria del Colegiado de segunda instancia, afirmando que de la prueba diligenciada no surgía mérito para la condena. El recurso no puede prosperar, ya que pretende la anulación del fallo respecto de cuestiones que han sido objeto de dos pronunciamientos coincidentes. A juicio de los Sres. Ministros, Dres. Jorge Chediak, Elena Martínez y Eduardo Turell, así como para el redactor, tal circunstancia determina la improcedencia del agravio. En efecto, atento a lo establecido en el artículo 268 inciso segundo del C.G.P., y tratándose de un proceso en el cual no se demandó a una entidad pública de las previstas en la disposición mencionada, rige plenamente la regla que establece la improcedencia del recurso de casación respecto de aquellas cuestiones que han sido objeto de dos pronunciamientos coincidentes en primera y en segunda instancia. Respecto del alcance de esta regla, la Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades: “ (...) la «ratio legis» del artículo 268 del C.G.P. –con la redacción dada por el art. 37 de la ley No. 17.243– radica en impedir que se revisen en el grado casatorio aspectos de la pretensión sobre los cuales recayeron pronunciamientos jurisdiccionales coincidentes en dos instancias, en razón de lo cual entiende la Corporación que aquellas cuestiones involucradas en el objeto de la litis y a cuyo respecto la decisión de primer grado fue confirmada en segunda instancia, se encuentran exiliadas del control casatorio (...)” (cf. sentencias N os 376/2009, 1221/2009, 122/2010, 884/2012, 179/2015, 60/2016 y 862/2017, entre muchas otras). Al amparo de la dispo-sición e interpretación referidas, cabe declarar la inadmisibilidad del medio impugnativo ensayado respecto de aquellas cuestiones resueltas en primera instancia que fueron confirmadas por la Sala. La solución pretendida implicaría violar la regla establecida en el artículo 268 inciso segundo del C.G.P. (cf. sentencias de la Corte N os 737/2008, 282/2009, 1.334/2010, 1.303/2011, 489/2013, 290/2015, 60/2016 y 862/2017). La Sra. Ministra, Dra. Bernadette Minvielle, por su parte, no comparte la interpretación que realiza la mayoría respecto al alcance de lo dispuesto en al artículo 268 inciso segundo del C.G.P., tal como lo sostuviera desde su ingreso a la Corporación (sentencia N° 652/2017). Por lo tanto, señala la Sra. Ministra que carece de utilidad práctica que se pronuncie sobre aspectos litigiosos que, en virtud de la posición de la referida mayoría, la Corte no habrá de considerar. III) En cuanto al recurso del actor, OO . La Corte desestimará por unanimidad la mayoría de los agravios esgrimidos y, por mayoría, acogerá el referente a la fecha de inicio del cómputo de los intereses legales en el caso. III.1) En cuanto a las crí-ticas a la valoración probatoria de la Sala . Cabe señalar que, de la casi totalidad de los agravios esgrimidos por la parte actora, surge únicamente una crítica a la valoración probatoria de la Sala, concretamente: se le cuestionó que haya tenido por acreditado que el número de vacunos hurtados y luego comercializados ascendía a 35, y no a 89, como lo postuló el actor. Como surge de lo que viene de decirse, el recurrente se agravió por la valoración probatoria realizada por la Sala. A) Respecto de la errónea valoración de la prueba como causal de casación . En el punto, cabe reiterar la jurisprudencia de la Corte en cuanto a que, salvo en hipótesis de absurdo evidente o arbitrariedad en el razonamiento probatorio, la revaloración del material fáctico tenido en cuenta por los tribunales de mérito se encuentra vedada en la etapa de casación. Respecto de la casación fundada en la errónea aplicación de las normas sobre valoración de la prueba, la Corporación adhiere a la posición que entiende que dicha causal se reduce a los casos en los cuales se violen las tasas legales en supuestos de prueba tasada, o, en el caso de que correspondiera aplicar el sistema de la sana crítica, cuando se incurra en un absurdo evidente, por lo grosero e infundado de la valoración realizada (criterio sostenido por la mayoría de la Corporación en las sentencias N os 408/2000, 52/2010, 4248/2011, 594/2013 y 640/2017, entre otras). B) Respecto de la valo-ración de la prueba de la Sala en esta causa . El agravio no es de re-cibo. El razonamiento probatorio de la Sala surge explicitado en el considerando 7 de la recurrida (fs. 3009-3011). En ese lugar la Sala reseñó cómo en Sede Penal se estableció que los animales hurtados eran 35 cabezas y no 89. Asimismo se reseñó correctamente que MM no admitió nunca responsabilidad por mayor cantidad que la que surgía del expediente penal. Asimismo, la Sala reprochó al actor no haber producido prueba que sustentara su pretensión de ser resarcido tomando como base 89 cabezas de ganado en lugar de 35. En definitiva, muy lejos estamos de poder calificar al razonamiento probatorio cuestionado como absurdo o ilógico en forma manifiesta, únicos supuestos en los que la Corte estaría habilitada a realizar su propia valoración de la prueba rendida. III.2) En cuanto al incum-plimiento de la regla de admisión . El actor que la Sala aplicó erróneamente lo dispuesto en el artículo 130.2 del C.G.P., en tanto su contestación fue ambigua o evasiva en cuanto a los 89 semovientes reclamados. El agravio no es de recibo. Tal como lo señaló la Sala en su considerando 6 (fs. 3008-3009) la cantidad de ganado hurtado fue frontalmente controvertida, tal como surge de las contestaciones de demanda, fs. 40-50 y 52-56), ocasiones en las cuales se sostuvo que el reclamo sería en todo caso admisible tomando como base 35 semovientes y no 89. III.3) En cuanto a la in-fracción del artículo 197 del C.G.P. por haberse rechazado infundadamente la pretensión de declaración de inoponibilidad de la personería jurídica de SS S.A. y de PP S.A. Respecto de SS S.A., tal como surge del considerando 5 de la recurrida, la Sala no revocó dicha parte de la condena, por lo que el agravio resulta inadmisible en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 268 inciso segundo del C.G.P. El agravio también carecería de objeto ya que, en definitiva, se ha condenado a la sociedad referida. Respecto de Pradisol S.A., los agravios refieren a la valoración de la prueba realizada por el Tribunal a efectos de revocar la condena. Respecto de este hecho, la valoración de la Sala no tiene las notas que posibilitan su revisión en casación y que fueran consignadas supra (considerando II.1, “A”). La Sala condenó a SS S.A. con fundamento en el artículo 1324 del Código Civil, por cuanto la actividad ilícita de MM o comprometió la responsabilidad de la sociedad, que fue el vehículo para vender los 35 vacunos hurtados. Sin embargo, como lo señaló la Sala, de la prueba producida no surgió intervención alguna de PP S.A. en la maniobra delictiva. En ese marco, no se acreditó el supuesto de hecho previsto en el artículo 189 de la ley 16.060 en relación a PPS.A. III.4) En cuanto a la revo-cación de la condena en costas y costos . Esta Corporación ha sos-tenido en forma reiterada que la calificación de la conducta procesal de las partes y la imposición de condenas causídicas por parte de los tribunales de mérito constituye una facultad discrecional de estos, por lo cual un pronunciamiento de esta naturaleza solo puede ser revisado en sede de casación si se reputa arbitrario (entre otras: sentencias N os 257/1997, 165/1998, 155/2001, 288/2001, 271/2002, 120/2005, 48/2007, 460/2010 y 620/2013, 496/2014 y 681/2017, 7/2018, entre muchas otras). De autos no surge el menor atisbo de arbitrariedad de la Sala al revocar ese punto. Es más, emerge como de absoluta razonabilidad la no aplicación de condenas procesales en hipótesis en que, habiéndose revocado en parte la impugnada, la condenada procesalmente deviene gananciosa. Mantener una condena en costas y costos al parcialmente ganancioso puede entenderse como un contrasentido. III.5) En cuanto al agravio por la infracción del artículo 215 del C.G.P., porque no se habría apelado en relación a la inoponibilidad de la persona jurídica . El agravio no es de re-cibo. Tal como surge de fs. 2830-2867 sí se apeló la condena de las sociedades co-demandadas. III.6) En cuanto al agravio por cuál es la fecha de inicio del cómputo de los intereses legales . La parte actora solicitó que los intereses se devengaran desde el 7 de agosto de 2008, fecha en que liquidó los perjuicios sufridos. La Sala modificó la con-dena de primera instancia, fijando la fecha de inicio del cómputo de los intereses en la fecha de inter-posición de la demanda. El agravio es de recibo. Como lo puso de manifiesto el actor en su recurso de casación (fs. 3085 vto.) y antes lo había señalado al evacuar el recurso de apelación de su contraria (fs. 2881 vto.), la imposición de intereses desde la fecha de liquidación del daño, 7 de agosto de 2008, fue consentida por el actor, quien no esgrimió agravio sobre el punto al apelar el fallo de primera instancia. En ese marco, como lo señaló el recurrente, se impone revocar lo resuelto por la Sala, quien resolvió sobre un aspecto -desde cuándo computar el interés legal- que no le fue propuesto por las partes ni es de pronunciamiento preceptivo de oficio. Más allá de la norma reputada como infringida por el recurrente, es claro que el proceder de la Sala importó una violación directa de lo establecido en los artículos 257.1 y 257.2 del C.G.P., infracción normativa cuya corrección se impone en casación atento al agravio esgrimido. IV) La conducta procesal de las partes no justifica imponer especiales condenaciones en gastos causídicos (artículo 279 del C.G.P.). Por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : Desestímase el recurso de casación de SS S.A. Anúlase la sentencia impugnada, únicamente en cuanto estableció que los intereses legales deben computarse desde la fecha de presentación de la demanda y, en su lugar, compútense desde el 7 de agosto de 2008 hasta su efectivo pago; desestímase el recurso de casación de OO en lo demás. Todo, sin especial condenación procesal. Honorarios fictos: 20 B.P.C. Y devuélvase.