Sentencia Interlocutoria N° 173/2019

Montevideo, dieciocho de febrero del dos mil diecinueve VISTOS : Estos autos caratulados: OGGERO VAZ MARTINS, SANTIAGO C/ ANCAP – DAÑOS Y PERJUICIOS – CONTIENDA DE COMPETENCIA – IUE: 2-73/2017. CONSIDERANDO: I) La Suprema Corte de Justicia con el número de voluntades legalmente requerido, declarará competente para entender en el asunto al Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 4º Turno. II) En efecto. El objeto de la presente contienda consiste en determinar cuál de los órganos colegiados contendientes resulta competente en razón de la materia. En particular, corresponde resolver si la pretensión movilizada ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 4º Turno, ingresa dentro de las previsiones del art. 65 de la Ley 16.074. III) El objeto del proceso planteado ante la Sede de primera instancia, que eventualmente debe ser resuelto en segunda instancia por alguna de las Salas contendientes, es la reparación de los daños y perjuicios sufridos debido a un accidente laboral fruto de la culpa grave en la infracción de normas laborales de seguridad y prevención por parte de ANCAP. IV) Por tanto, tal como fue planteada la pretensión, ingresa dentro de la definición amplia prevista en el art. 65 de la Ley 16.074 en cuanto establece que: “ Serán competentes para entrar en las acciones ejecutivas previstas en el art. 57 y en las demás controversias que se susciten por aplicación de la presente ley , los Jueces Letrados de Primera Instancia del Trabajo o el Juez Letrado de Primera Instancia en los departamentos donde no los hubiere, quienes podrán requerir los medios de prueba que estimen necesarios ” (destacado no está en el original). La pretensión movilizada en autos debe considerarse como controversia planteada en aplicación de la Ley 16.074. La reclamación tiene su origen en la condena establecida en una sentencia dictada en aplicación de las disposiciones de la Ley. El planteo refiere a la forma en la cual corresponde distribuir la responsabilidad por existencia de culpa grave, de conformidad con el art. 7 de la Ley 16.074. V) El contenido de la materia laboral establecido por el art. 65 de la Ley 16.074 es lo suficientemente abarcativo como para permitir el ingreso de la presente pretensión, ya que el asunto debe ser considerado como una de las “ demás controversias que se susciten por aplicación de la presente ley ”. Particularmente, porque la causa de pedir en la acción de reembolso no solo deriva del mecanismo de solidaridad consagrado en las Leyes 18.099 y 18.251 sino también del incumplimiento del empleador directo, lo que motivó la declarada extensión de responsabilidad. No puede, en esta instancia, aislarse el contexto fáctico sobre el que se asienta la pretensión a través de la que se ejercita la acción de regreso. En nuestro caso, el reclamo deriva de la función de garante prevista en la Ley, pero indisolublemente ligada a un accidente de trabajo –incumplimiento de normas de seguridad o prevención- y a la atribución de responsabilidad de A.N.C.A.P. que aparece como presupuesto de conexión necesario para habilitar el actual accionamiento . VI) En cuanto a la incidencia de la disposición contenida en el art. 133.2 del C.G.P. en la potestad de los órganos de segunda instancia de relevar su incompetencia, el Dr. Luis Tosi Boeri reitera lo expresado en discordia extendida en la sentencia Nº 1789/2015 de este Cuerpo, revalidando jurisprudencia de la Sala Civil de 6º Turno se expresó: “...el hecho de que la “a quo” no hubiera relevado de oficio la incompetencia de la Sede por razón de materia, no inhibe al “ad quem” de analizar su propia competencia para conocer en segunda instancia, pues el art. 133.2 del C.G.P., al referirse a la audiencia preliminar y expresar que “(...) el órgano jurisdiccional de primera instancia continuará entendiendo en el asunto hasta su finalización (...)”, alude, inequívocamente, al juez de primer grado y no al de segunda instancia, cuyas potestades de contralor no pueden verse acotadas por la resolución de otro tribunal (principio de independencia jurisdiccional) y, menos aún, si éste es de inferior jerarquía. La preclusión respecto a la competencia opera, únicamente, en primera instancia y no obsta a su replanteo en segunda instancia, donde, naturalmente, se puede adoptar una solución distinta. Cabe recordar que la com-petencia por razón de materia de un tribunal de alzada no es prorrogable ni puede operar prevención alguna a su respecto”. Por lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia RESUELVE: DECLARAR COMPETENTE AL TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE CUARTO TURNO, AL QUE SE REMITIRÁN LAS ACTUACIONES CON NOTICIA DEL CONTENDOR.