Sentencia Definitiva N° 137/2019

Montevideo, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve VISTOS : Para dictado de sentencia en autos caratulados: “MONTECON S.A. C/ ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS (A.N.P.) - DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACIÓN”, IUE: 2–41778/2016. RESULTANDO : 1) Según surge de autos por Sentencia Definitiva No. 73/2017 de fecha 5 de setiembre de 2017 el Juzgado Letrado en lo Contencioso Administrativo de 1º Turno falló: “Acogiendo parcialmente la demanda y condenando a la ANP: a.- U$S 493.829,49 dolares, $ 6.588.363,68 pesos y EU 79.584, con reajustes desde el hecho para la suma en pesos e intereses desde el hecho para la suma en pesos e intereses desde la presentación de la demanda en todos los casos., b.- Fijándose en 90 días el eventual lucro cesante y el rubro pérdida por ineficiencia operativa ante la necesidad actual de utilizar generadores a combustible, que se habrán de liquidar por la vía del artículo 378 del C.G.P. Desestimando la demanda en lo demás, sin especial sanción procesal en la instancia ” (fs. 1129). 2) El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno por Sentencia Definitiva SEF-0008-000062/2018 de 23 de mayo de 2018 falló: “Revócase la recurrida y en su mérito desestímase la demanda en todos sus términos. Sin especial condenación” (fs. 1434 y 1435.). 3) Contra dicha sentencia, la parte actora interpuso recurso de casación (fs. 1438 y ss.). Manifestando en síntesis que la impugnada infringe los arts. 7, 24, 312 y 332 de la Constitución, el art. 23 de la Ley No. 15.524 y los arts.1, 7, 9, 10, 13 y 23 de la Ley No. 16.246 –Ley de Puertos- y Ley No. 17.243. También se han infringido los principios de buena fe, seguridad jurídica y motivación de las decisiones. La sentencia de segunda instancia no se pronunció sobre la admisibilidad de la prueba agregada extemporáneamente por ANP en ocasión de evacuar la adhesión de la actora al recurso. En efecto ANP a fs. 1392 agregó copia de un expediente licitatorio correspondiente a la Licitación No. 11/17 con la finalidad de probar la eventual inexistencia de los daños sufridos por Montecon. El Tribunal no se pro-nunció sobre la admisibilidad del medio probatorio extemporáneamente presentado, pero sin embargo lo consideró como fundamento de la sentencia definitiva en el Considerando VI. Las afirmaciones del Tri-bunal violan las reglas de procedimiento para la admisibilidad de la prueba, al admitir la agregación del expediente administrativo sin tomar en cuenta la oposición. También vulneran las re-glas de valoración de la prueba por cuanto se le otorga al expediente un valor probatorio que no tiene. La sentencia del Tribunal realiza diversas aseveraciones que fundamentan el fallo, respecto a la resolución de Presidencia ANP No. 76/15 de 17 de diciembre de 2015, mediante la cual se revocó la Resolución de Gerencia General No. 203/2015 que autorizaba a Montecon S.A. a proveer servicios de frío mediante una estructura móvil o desmontable. Trata el presente caso de la revocación por parte del Presidente de la ANP (Resolución No. 76/15 de diciembre de 2015) de una autorización previa otorgada por la Gerencia General de ese organismo (No. 203/2015 de julio de 2015) por la cual se le obligó a Montecon a retirar una estructura montada en una zona del área portuaria, cuyo costo supero los US$ 900.000. La autorización original fue legítima y el acto revocatorio ilegítimo. Por otra parte, aun cuando el acto revocatorio fuere discrecional, fue arbitrario, no motivado o con motivación errónea. Aun existiendo motivación legítima el acto revocatorio fue excesivo. Montecon es una empresa habilitada para realizar servicios portuarios a la mercadería, en particular para la carga y descarga de contenedores. A partir de la Ley No. 16.246 la actividad de servicios portuarios pasó a ser una actividad privada; a partir del cambio radical que supuso la ley de puertos los servicios a buques y a la mercadería constituyen servicios privados reglamentados por ser de interés público. Montecon es titular de un derecho o interés directo personal y legítimo, siendo perjudicada por la ANP al vulnerar el derecho subjetivo a trabajar en condiciones de seguridad. El servicio de enchufado y monitoreo de frío a los contenedores descargador o a cargar en buques es un servicio a la mercadería que está definido como conexo a la estiba (Art. 13 del Decreto No. 57/994.) El servicio de enfunchado y monitoreo es un servicio conexo a la estiba y desestiba, puesto que no es pensable que se pueda dar este servicio sin dar aquel. Montecon no tiene ninguna limitación para dar el servicio de estiba y desestiba a contenedores reefer, y por ende tiene que poder dar un adecuado servicio de enchufado y monitoreo de los mismos. Sin perjuicio de lo expuesto, si se entendiera que el servicio de enchufado y monitoreo de contenedores reefer es un servicio no conexo a la actividad de carga y descarga de dichos contenedores en el sentido del art. 13, igualmente alcanza con una mera autorización para la provisión del mismo por encuadrarse en la hipótesis del art. 19 inc. 2 del mismo decreto. Lo mismo ocurre con el art. 18 del Decreto No. 57/994 que refiere a otras grúas que no constituyen instalaciones fijas, la cual será cumplida por las empresas privadas habilitadas al efecto en régimen de autorización. Fuera de todas estas consideraciones la realidad es que una vez otorgada la autorización por parte de la Gerencia General para dar el servicio mediante una estructura desmontable con energía eléctrica, Montecon tenía un derecho subjetivo de proveer el servicio de tal forma, salvo que la Administración por motivos fundados, sin desviación de poder, le pidiera dejara libre el lugar por razones de interés general. Es muy discutible que ANP pudiera actuar con discrecionalidad en la materia objeto de las decisiones que tomó, no obstante la responsa-bilidad existe. El Poder Ejecutivo, al resolver el recurso jerárquico, sostuvo que la Resolución de mandar desmontar las instalaciones previamente autorizadas está comprendida dentro de su ámbito de discrecionalidad. Esto no es cierto, Montecon tiene un derecho subjetivo a la prestación del servicio que pretende y por tanto el acto de la administración para permitírselo es un acto debido. Aún en la hipótesis de estar actuando en el marco de su discrecionalidad, igualmente sería responsable por sus propios actos, autorizar la instalación y luego desautorizarla. La discrecionalidad en ningún caso avala la falta de motivación de los actos, la conducta de la ANP, al revocar la autorización para operar, violenta claramente el deber de motivación de los actos administrativos. Es evidente que el acto administrativo revocatorio de la autorización previa-mente otorgada para que Montecon pudiera operar con andenes desmontables con conexión eléctrica, fue un acto carente de motivación suficiente. Existe prueba documental que confirma que la verdadera motivación del acto que fue acceder al pedido de competencia, Terminal Cuenca del Plata. En el caso, la resolución de ANP que se critica vulnera además el interés general, porque los usuarios necesitan de contenedores reefer que sean de calidad. La falta de fundamento de la resolución que se impugna es sintomática de que la actividad de Montecon no vulnera el interés general. Aun considerándose el acto revocatorio de la administración como un acto legítimo, el daño causado debe indemnizarse. En base a lo expuesto, solicitaba que se casara la recurrida. 4) A fojas 1456 y siguientes, compareció el representante de la Administración Nacional de Puertos, evacuando el traslado del recurso, abogando por su rechazo. 5) Por Decreto No. 2355/2018 de fecha 29 de agosto de 2018 (fs. 1470 vto.) se dispuso el pasaje a estudio y autos para sentencia. Una vez culminado el estudio se acordó fecha de dictado de sentencia para el día de hoy. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por distintos fundamentos, desestimará el recurso de casación. II) El caso de Autos. A fojas 376 compareció Montecon S.A. promoviendo demanda por daños y perjuicios contra la Administración Nacional de Puertos. Sostuvo que es una empresa habilitada para realizar servicios portuarios a la mercadería, en particular la carga y descarga de contenedores en los puertos de Montevideo, Nueva Palmira, Fray Bentos y Paysandú. Por resolución de enero de 2001 fue habilitada para realizar la actividad de carga y descarga de los contenedores. La mayor actividad de Montecon consiste en la carga y descarga de contenedores en y desde los buques, en los lugares otorgados para ello por la Administración Nacional de Puertos –ANP-. Al ser Montecon el ope-rador de mayor actividad en los muelles públicos –por la calidad de sus servicios- ha utilizado hasta 9.200 metros cuadrados de áreas en muelles. En el marco de su actividad habitual Montecon pidió autorización a la ANP para mejorar la calidad y cantidad de servicios de enchufes a contenedores reefer mediante la instalación de un sistema eléctrico que sustituiría la tradicional provisión de energía mediante generadores a combustible líquidos. El 15 de julio de 2015 se presentó la nota dirigida al Presidente de la ANP Ing. Alberto Díaz. La Gerencia General, por Resolución No. 203/15 de 21 de julio, resolvió favorablemente la solicitud de Montecon. Mediante la referida Reso-lución se autorizó a Montecon a instalar una estructura desmontable para alimentar 400 tomas de energía eléctrica, sujeta a una coordinación previa con la División Electromecánica, comunicando a su vez que en un plazo de 6 meses Montecon debía presentar una propuesta para sustituir el área de refrigerados contigua. Montecon procedió a rea-lizar la inversión en las instalaciones desmontables propuestas, lo que insumió unos USD 801.500. Luego de haber realizado más del 90% de la instalación, Terminal Cuenca del Plata comenzó a presionar ilegítimamente a la ANP para que impidiera a Montecon la utilización de la infraestruc-tura que había autorizado expresamente. Por Resolución de Presi-dencia de la Administración de Puertos No. 076/2015 de 17 de diciembre de 2015 se dispuso revocar la autorización otorgada por la Gerencia General. El Presidente de ANP revoca una resolución legítima y conveniente para los intereses generales adoptada por la Gerencia General y vulnera los derechos de Montecon causándole graves perjuicios. Los argumentos para la revocación son deleznables, no se invoca ilegalidad ni violación a la reglamentación vigente, se hace referencia genérica al estudio de la mejor utilización del área entre los operadores. De los hechos descriptos surge claramente que ANP actuó ilegítimamente al exigir a Montecon que desmontara una instalación que ella misma había autorizado a realizar, sin otro fundamento que la presión de un competidor. La negativa de ANP de dar otro lugar sin exclusividad para proveer el servicio de enchufado en la forma más eficiente y segura posible es una violación flagrante al derecho de Montecon de proveer este servicio conforme a la ley de puertos y a la habilitación que posee. El acto administrativo que revocó la autorización a Montecon para trabajar con la instalación descripta ha quedado firme por Resolución expresa del Poder Ejecutivo. En consecuencia Montecon puede pedir la reparación del daño causado sin necesidad de solicitar la anulación del acto. Montecon es titular de un derecho o interés directo personal y legítimo; este derecho ha sido perjudicado por la ANP quien vulneró su derecho subjetivo a trabajar en condiciones de seguridad y eficacia. Montecon tiene un derecho subjetivo a la prestación del servicio que pretende y por tanto el acto de la administración para permitírselo es un acto debido, no discrecional. No obstante lo anterior, aun en la hipótesis de estar actuando la Administración en el marco de su discrecionalidad, igualmente sería responsable por sus propios actos autorizar la insta-lación y desautorizarla. Los actos de la ANP por acción y por omisión son ilegítimos; además de haber actuado con culpa grave en tanto autorizó una instalación con un costo elevadísimo y luego mandó a desmontarla. En el caso, la resolución de ANP impugnada vulnera además el interés general porque los usuarios de los servicios de operación portuaria necesitan de un servicio a contenedores refeer que sea de calidad y eficiente. El acto administrativo que revocó la autorización ya dada a Montecon, carece de fundamentos, por lo se ha impedido estructurar una razonada defensa contra algo que no existe. En cuanto a los perjuicios causados, liquidó el daño emergente en las siguientes sumas: Fabricación y montaje de andenes e instalaciones US$ 493.829,49, euros 79.584 y $ 6.588.363. El desmontaje de la insta-lación autorizada por ANP supuso un costo de $ 948.820. Por concepto de pérdida de eficiencia por el periodo 1º de febrero 2013 a 13 de julio existió un daño emergente de USD 47.811. En cuanto al lucro ce-sante: Calculando que la capacidad de servicio hubiera aumentado un 80% debe estimarse que la pérdida de facturación esperada por año asciende a USD 1.484.990, descontando los costos indirectos el ingreso bruto sería USD 1.343.363; lo cual tomando un plazo de 5 años arroja USD 6.711.815. En definitiva solicitó se condene a ANP al pago de USD 493.829, Euros 79.584 y $ 7.537.183. III) Interpretada la demanda (fs. 376 y ss.), en los criterios generales de actuación en la materia (Odriozola, en Judicatura, año I, No. 10. p. 244 y ss.), debe concluirse que la actora promovió demanda reparatoria patrimonial contra ANP por el dictado de la Resolución de Presidencia No. 076/2015 de fecha 17.12.2015 que revocó la autorización conferida a Montecon por Resolución No. 203/2015. IV) En lo formal y conforme con la posición que han sustentado con anterioridad, los Ministros Dres. Martínez y Turell, advierten que la actora agotó debidamente la vía administrativa al interponer recursos administrativos correspondientes contra la Resolución No. 076/2015 (fs. 30). Los recursos interpuestos fueron desestimados (fs. 89 y ss.) y el actor no acudió ante el T.C.A. a los efectos de obtener la anulación del acto impugnado. Por su parte, los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Tosi y el redactor, consideramos que aún en la hipótesis que el actor no hubiera agotado la vía administrativa, ello no es óbice para promover la acción reparatoria por acto administrativo (cf. Sentencias Nos. 148 y 201/2006, 109/2007, 1.885/2008, 13/2009, 4.277/2010, 562 y 4812/2011, 2.572/2012, 467/2013, 200/2014 y 128/2016 de la Suprema Corte de Justicia). V) En cuanto al mérito los agravios no son de recibo. Como se señalara en la demanda, por Resolución de Gerencia General de ANP No. 203/15 de 21 de julio de 2015, se autorizó a Montecon a instalar una estructura desmontable para alimentar 400 tomas de energía eléctrica, sujeta a una coordinación previa con la División Electromecánica, comunicando a su vez que en un plazo de 6 meses Montecon debía presentar una propuesta para sustituir el área de refrigerados contiguo a COMFRIG (fs. 26 y ss.). Posteriormente, el 17 de diciembre de 2015, Presidencia de la ANP resolvió revocar la Resolución de Gerencia General No. 203/15 (fs. 28). En cuanto a la ilicitud de la Resolución No. 076/2015, la actora se agravió porque entendió que la autorización original fue legítima y el acto revocatorio ilegítimo. Sostuvo que aun cuando el acto revocatorio fuere discrecional, fue arbitrario, no motivado o con motivación errónea. La Resolución de Gerencia General No. 203/2015 confería a Montecon una autori-zación para la instalación de 400 tomas. Sin perjuicio de ello en el numeral VII de dicha resolución se estableció que “la estructura, tableros y cableados serán realizados de forma tal que pueden ser desmontados en caso que la Administración le solicite a Montecon dejar de operar en la zona” (fs. 26). Conforme con el art. 19 del Decreto No. 57/994 que rige el Régimen General de los Servicios Portuarios para los puertos estatales comerciales de ultramar de la República, “la prestación de otros servicios, complementarios, auxiliares o conexos, que se puedan prestar a las mercaderías y no se contemplen en el presente régimen general, se harán por empresas privadas en régimen de autorización”. Debe partirse del hecho que Montecon aceptó las condiciones que la Adminis-tración impuso en la autorización otorgada por Resolución No. 203/15 de Gerencia General para la instalación de la estructura tableros y cableados. Tratándose de un acto de autorización, el administrado asumió el riesgo consiguiente de la eventual revocación del acto ya que en la autorización no se establecía plazo alguno. De acuerdo con los tér-minos empleados en la autorización, cabe concluir que la misma era precaria y revocable, por lo que la Administración demandada en cualquier momento, se encontraba facultada a requerir a Montecon el desmonte de las instalaciones. Si la actora entendía que la condición establecida en la autorización -respecto a la desmontabilidad- resultaba contraria a derecho, debió haber intentado discutir el tema en vía administrativa, cuestión que no ocurrió. En doctrina, a partir de la reforma constitucional de 1967 también se habla de “preemisario” de servicio público, categoría que en el caso del servicio público es la de un concesionario sin plazo, de carácter precario, cuyo permiso puede ser revocado en cualquier momento (Cf. Horacio Cassinelli Muñoz. Derecho Público. Versión actualizada. Mdeo. 1999. pág. 341-343). En igual sentido Dromi sostiene que “el permiso importa una concesión de alcance restringido, ya que otorga derechos de menor intensidad y mayor precariedad” (Roberto Dromi. Derecho Administrativo, 4º ed. Bs. As.,1995, págs-.261-262). Puede válidamente soste-nerse que la autorización otorgada por ANP se asimila a la naturaleza de un permiso, que se caracteriza por la precariedad y revocabilidad antes anotada, lo que conduce a concluir que la autorización otorgada podía ser revocada por la Administración demandada en cualquier momento. Además, consideramos que la Resolución No. 076/2015 que revocó la autorización conferida no resultó ilegítima por ser discrecional o arbitraria. Como señaló el T.C.A. en Sentencia No. 773/2012 CAJARVILLE expresa que: “...Si la modificación o revocación de un acto administrativo responde a razones de mérito, debe partirse en principio de una distinción: que el acto en cuestión resulte del ejercicio de una potestad absolutamente reglada, o que haya existido al dictarlo algún margen de discre-cionalidad. Puede tratarse de la modificación o revocación de un acto dictado en ejercicio de una potestad discrecional; la Administra-ción al dictarlo pudo apreciar la oportunidad o el mérito y actuó en consecuencia. Las potestades del admi-nistrador de modificar o revocar ese acto dependen del grado de estabilidad que la situación creada pueda haber adquirido; porque incluso un acto dictado en ejercicio de potestades discrecionales, puede crear una situación o una relación jurídica que la Administración no pueda modificar o destruir discrecionalmente” (Sobre Derecho Administrativo, tomo II, pág. 129 y ss.). En el caso no puede hablarse de estabilidad de la situación creada por la autorización, en tanto fue conferida con fecha 21 de julio de 2015 y revocada con fecha 17 de diciembre, es decir transcurrieron solo 5 meses. En cuanto a la motivación del acto, es decir, a las circunstancias de hecho o de derecho que motiva su dictado, la Corte considera que la Resolución No. 076/2015 contiene una exposición circunstanciada de los hechos que conducen a revocar la autorización otorgada. Dentro de los Considerando de la Resolución se establece la necesidad de alcanzar un mejor ordenamiento del puerto (fs. 28). Como se señaló por el Poder Ejecutivo al resolverse el recurso de anulación la resolución “se adopta en el marco de la política de gestión de la ANP, en la búsqueda de adoptar resolución en la operativa de contenedores en las categorías privado y público y a los efectos de brindar el debido asesoramiento al Poder Ejecutivo ya que existe una insuficiencia de informes técnicos” (fs. 119). En el caso, la actividad de la Administración demandada que se analiza fue ejecutada en ejercicio de facultades discrecionales. Resultan trasladables al subexamine las consideraciones expuestas en Sentencia No. 1.860/2010, oportunidad en la cual la Corte expresó: “ ‘...la discrecionalidad es en definitiva, la posibilidad de apreciar libremente la oportunidad o conveniencia de la acción administrativa, sin que signifique la configuración de un acto ilegítimo o arbitrario’. En igual sentido, en Sentencia No. 200/1998 señalaba: ‘Entre esos límites, que toca al intérprete -administrador o juez- determinar con precisión cuando no hay textos expresos, se debe evaluar el fin que debe presidir a toda la actividad administrativa por cuanto los poderes discrecionales se deben encaminar hacia la satisfacción del interés público, es decir, por razones atinentes al servicio que se presta. La Administración, una vez establecidos los hechos y calificados legalmente, entra a considerar si debe o no actuar y, en caso afirmativo, cuáles medidas debe adoptar. Es ésta, entonces, la esfera legítima de la discrecionalidad donde se goza, por la Administración, de libertad de elección, para fijar el momento en el que debe actuar, la forma de hacerlo, el contenido de sus actos, etc. Pero aún en este ámbito debe actuar sujeta al límite que le impone la razonabilidad, ya que la libre apreciación no puede constituirse en ilegalidad (Sayagués Laso, Enrique, ‘Tratado de Derecho Administrativo’, t. 1, págs. 405- 410)...’. Límites que no se aprecia hayan sido excedidos en forma alguna por la Administración demandada. Ello por cuanto, como surge de autos, el Banco de Seguros del Estado creó un sistema por el que se confeccionó una lista de contadores liquidadores a los que se les asignaban carpetas, tratándose de contratos de obra particulares en cada caso, remunerándose de esa forma. Es de señalar asimismo que ello no implicaba obligación de la accionada a entregar determinada cantidad de trabajo mensual o pactar una remuneración mínima, resultando de autos que los actores en determinadas circunstancias se negaron a realizar los trabajos encomendados cuando debían realizarlos en el interior del país. Las dificultades que se plantearon para la ejecución del referido servicio llevaron a que el Banco de Seguros del Estado dispusiera la elaboración de un informe de evaluación que diera resultados negativos en cuanto a la calidad y desempeño de muchos de los contadores liquidadores incluidos en la lista. Situación que determinó que el demandado frente a la poca viabilidad del sistema decidiera por RD No. 749/2005 (ratificada, subsanado el vicio formal, por RD No. 922/2009), eliminar la referida lista y efectuar un llamado a concurso a efectos de realizar igual tarea en régimen de contrato de obra, esta vez con profesionales a los que se les pudiera exigir mayor dedicación y que también integrarían una nueva lista. Por ello, tampoco se comparte con el recurrente que esta situación perjudicara a aquellos liquidadores que fueran calificados como ‘buenos’ o ‘muy buenos’, ya que ellos podrían seguramente participar del nuevo llamado a concurso con fundada expectativa, por sus antecedentes, de ser incluidos en la nueva lista y que sus servicios fueran contratados nuevamente ” (Cf. Sentencia No. 1860/2010). Con tal base conceptual cabe concluir que no existió actividad ilícita de la demandada al revocar la autorización otorgada a Montecon. No se advierte que el acto administrativo impugnado hubiera sido dictado en contravención de ninguna regla de derecho ni con desviación de poder, lo que determina desestimar el agravio ejercitado en tal sentido. En definitiva, ANP actuó en ejercicio de sus potestades discrecionales sin arbitrariedad y dentro de márgenes de la razonabilidad, por lo que cabe concluir que su actividad no fue ilegítima. Además cabe agregar que el recurrente yerra en su enfoque al sostener que en el caso contaba con un derecho subjetivo frente a la Administración demandada. La expresión normalmente empleada por la doctrina para designar a quien se encuentra en una relación jurídica frente a la Administración, es la de “administrado”. Como se ha señalado “El derecho subjetivo es conferido o reconocido por el Derecho en atención directa al sujeto y solo indirectamente en función del interés público, mientras que el interés legitimado es tutelado en atención directa al interés público u solo indirectamente en función del particular” (Cf. Durán Martínez “El contencioso Administrativo de Anulación en el Derecho Uruguayo, Anuario de Derecho Administrativo TOMO VIII, págs. 113 a 114). No se comparte lo sostenido por el recurrente, ya que la autorización otorgada por la Administración que era precaria y revocable confiriera al accionante un derecho subjetivo el cual conforme se señaló es reconocido en atención al sujeto. En consecuencia no puede el accionante sostener que en el caso contaba con un derecho subjetivo frente a la Administración. VI) Por último se agravió el recurrente por la incorporación y valoración probatoria efectuada por el Tribunal ad quem del expediente administrativo -Licitación Pública Internacional 11/2017- agregada como hecho nuevo al evacuar el traslado del recurso de apelación de la actora (fs. 1392). Cierto es que el Tribunal no se pronunció expresamente sobre la admisión o el rechazo del hecho nuevo denunciado por ANP. Sin embargo ad quem al considerar carácter móvil de la estructura refirió a dicha prueba (fs. 1433 y 1434), por lo que cabe concluir que el Tribunal ad quem, implícitamente admitió la prueba incorporada. Sin embargo, puede sos-tenerse que el error que se analiza, no fue determinante del fallo (art. 270, inc. 2) en tanto el argumento básico de la Sala para desestimar el accionamiento, fue la ausencia de ilegitimidad en el dictado de la Resolución No. 076/2015. Descartada la ilicitud, no existe daño resarcible a Montecon y como bien lo expresa el recurrente la probanza incorporada refería a la eventual inexistencia de los daños sufridos por Montecon. En consecuencia el agravio es de rechazo. VII) No se impondrán especiales sanciones en el grado, por lo cual las costas y costos serán por el orden causado. Por los fundamentos expuestos la Suprema Corte de Justicia FALLA : DESESTIMANDO EL RECURSO DE CASACIÓN, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN. HONORARIOS FICTOS 30 B.P.C. OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE.