Sentencia Definitiva N° 132/2019

Montevideo, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva en autos caratulados: “ SIRI GOBBA, DANIEL Y OTROS C/ INTENDENCIA DE MONTEVIDEO - ACCIÓN DECLARATIVA, COBRO DE PESOS - CASACIÓN”, IUE: 2-41998/2016 ” venidos a conocimiento de esta Corporación en mérito al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia Definitiva SEF 0005-000088/2018 del 23 de mayo de 2018 dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno. RESULTANDO : 1.- Por Sentencia Definitiva No. 40/2017 de fecha 5 de octubre de 2017 el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 4° Turno falló: “Desestimando la demanda sin especial condena-ción” (fs. 361). 2.- El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2° Turno por Sentencia Definitiva SEF 0005-000088/2018 de 23 de mayo de 2018 falló: “Confírmase la interlocutoria y la definitiva recu-rridas, sin especiales sanciones procesales en el grado” (fs. 407 y ss.). 3.- A fs. 415 la parte actora interpuso recurso de casación manifestando en síntesis: que la sentencia que se impugna comete graves errores de derecho respecto a la base sobre la que se apoya y realiza una incorrecta, irracional valoración de los elementos agregados en la causa. La pretensión accionada tiene su fundamento en el reclamo en el pago de diferencias en el beneficio de “Participación en Multas” regulado en el TOFEBU(Texto Ordenado de Beneficios Funcionales). De dicha normativa surge que el pago de la partida está condicionado por dos variantes: la primera un porcentaje del total de lo recaudado por concepto de multas y la segunda un tope en referencia a otro cargo de la estructura de cargos de la Comuna. La controversia de autos gira entorno a determinar si la base de cálculo que utiliza la accionada a partir de la instrumentación del SIR (Sistema Integrado de Remuneraciones) para liquidar la partida coincide o no con lo previsto en la normativa vigente. Como surge de la norma, el beneficio se abonaba en referencia al salario percibido por quienes ocupaban el Grado 5 de la Categoría administrativa. Dicho cargo era corres-pondido con un nivel de Jefatura, era el cargo Jefe y con el pasaje al SIR se le coloca en un rango inferior. La Comuna debió promover una modificación legislativa que variara la base de cálculo, sin embargo no lo hizo y por la vía de los hechos modificó la base de cálculo económica y por ende redujo un rubro salarial La demandada apoya su defensa en que con la instrumentación del SIR se respetó la base de cálculo, pero los actores entienden que ello no es así, pues el viejo grado 5 de la Carrera Administrativa correspondía a un nivel de Jefatura, resultando incorrecto que se haya hecho la equivalencia con un grado SIR 7 no perteneciente al escalafón de conducción, debiendo haberse hecho la equivalencia con un grado SIR 9 como mínimo. El primer error de la sentencia recurrida radica en haber sostenido que los actores admitieron haber ocupado el Grado 5 de la anterior escala, lo que no es así, pues los accionantes son inspectores de tránsito pertenecientes al Escalafón Especialista Profesional E. Por ende el Grado 5 de la carrera administrativa, debió ser colocado como mínimo en el SIR 9; ello para no generar una pérdida económica salarial. Sostuvo que el segundo error consiste en afirmar que el cargo de Jefatura del Grado 5 anterior no tiene que ver con un cargo de conducción, surgiendo de la prueba documental y testimonial que dicho cargo era de conducción y que quienes eran Jefes no dejaron de serlo con la instrumentación del SIR. El fallo interpreta erró-neamente la ley al entender que los actores deben revestir funciones de conducción, cuando eso no es lo que expresa la norma. No se comparte la afir-mación del Tribunal según la cual los actores debieron recurrir administrativamente la instrumentación del SIR efectuada en 1998, dado que muchos de los actores ni siquiera eran funcionarios a ese entonces. En cuanto a la aplicación de la teoría del atraso desleal, traída a colación en el fallo recurrido, tampoco se comparte su aplicación, en tanto los actores realizaron desde hace largos años gestiones a nivel gremial para arribar a una solución consensuada. El fallo dictado incurre en infracción a las reglas de valoración probatoria, atento a que la demandada no logró probar aspectos señalados en sus contestaciones y que sin embargo fueron tomadas como válidas; asimismo la sentencia ignora elementos de prueba que en forma unívoca permitían confirmar los dichos de la actora. La sentencia ignora ele-mentos de prueba en forma unívoca, ejemplo de ello es la consideración que el fallo realiza respecto de que el anterior Grado 5 no tenía funciones de conducción, contrariamente a lo que la propia demandada ilustra a fs. 248 de su contestación de demanda. La prueba recabada es conteste para confirmar que el Grado 5 Administrativo con la implementación del SIR, fue equiparado de forma incorrecta al SIR 7 en la carrera administrativa, cuando en la realidad debió ser equiparado al SIR 9 que era el primer grado salarial de Jefatura en la nueva estructura. 4.- La demanda evacuó el tras-lado conferido abogando por el rechazo del recurso interpuesto (fs. 430 y ss.). 5.- Los autos fueron recibidos el día 15 de agosto de 2018 (fs. 445). 6.- Por Auto No. 2354/2018, de fecha 29 de agosto de 2018, se dispuso el pase a estudio y autos para sentencia (fs. 446 a vto.). 7.- Culminado el estudio, se acordó el dictado de sentencia para el día de la fecha. CONSIDERANDO : I.- La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, aunque por diversos fundamentos desestimará el recurso de casación interpuesto por la parte actora. II.- El caso de autos. Interpretada la demanda promovida (fs. 44 y ss.), en los criterios generales de actuación en la materia (Odriozola, en Judicatura, año I, No. 10. p. 244 y ss.), surge que los promotores, en sus calidades de funcionarios de la División de Tránsito y de Transporte de la accionada, reclaman el dictado de sentencia de condena al pago de diferencias por errónea liquidación del beneficio salarial denominado “Partici-pación en Multa” consagrado en el texto legal. Sostuvieron que con la implantación del Sistema Integrado de Carreras y Remuneraciones (SIR), que fue llevada a cabo a partir del año 1996, fueron equiparados erróneamente al SIR Grado 7 cuando en realidad debieron ser equiparados al SIR Grado 9 que es el primer cargo de Jefatura en la Estructura. Afirmaron que el grado primigenio 5 que ostentaban nunca debió equipararse a un grado SIR 7 y si a un grado SIR 9, por ser de Jefatura. De ahí las diferencias salariales pretendidas en tanto la accionada abona la partida “Participación en Multas” considerando un SIR 7 cuando debió hacerlo considerando un SIR 9; es decir mensualmente se abona el 75% de $25.511(SIR 7) cuando debió abonar el 75% de 29.959(SIR 9). En definitiva solicitaron se condene a la demandada al pago de la suma de $25.347.816 por concepto de diferencias salariales adeudadas del beneficio funcional de la “Participación en las Multas”, así como la condena de futuro. III.- Los agravios relati-vos a la errónea aplicación de la norma de derecho invocada en la demanda, esto es, el art. 181 del TOBEFU, no resultan de recibo . El Texto Ordenado de Beneficios Funcionales, perteneciente al Título IV “De las Comisiones. Honorarios. Participaciones y Viáticos”, Capítulo V “De la participación en multas de los funcionarios de la División Tránsito y Transporte”, en su art. 181 dispone: “ Modifícase el numeral 55 del Art. 2 del Decreto Nº 24.754 , en la redacción dada por el Art. 64 del Decreto Nº 25.226 , el que quedará redactado de la siguiente manera: ‘Los funcionarios que desempeñen tareas en el Departamento de Tránsito y Transporte tendrán una participación equivalente al 40 % del total del importe de las multas cobradas por infracciones a las disposiciones de tránsito. Dicha participación será distribuida, en forma y condiciones que la regla-mentación determine, entre quienes cumplan funciones en la repartición (con excepción de las categorías de carácter político o de particular confianza). La participación quedará limitada en su monto mensual promedio individual a una suma equivalente al 75 % del sueldo básico del grado 5 de la categoría administrativa con excepción de los funcionarios pertenecientes a la categoría profesional ‘A’ y ‘B’ cuyo tope será del 50 % del sueldo básico del grado 5 de la categoría administrativa ’”. De acuerdo con los tér-minos de la demanda promovida, debe necesariamente convenirse que lo pretendido por los accionantes es que se equipare el Grado 5 de la anterior estructura de cargos a un Grado 9 del SIR, pero no porque los accionantes pretendan ocupar dichos puestos, sino porque la cuantía de la partida salarial objeto de debate tiene como tope el 75% del “sueldo básico del grado 5 de la categoría administrativa”. El Tribunal ad quem sostu-vo en su Considerando IV: “ Admiten los reclamantes en su pretensión que anteriormente ocupaban el Grado 5 y de acuerdo con la norma que ellos mismos citan en su demanda (art. 18 Decreto No. 27.449, fs. 53), la jefatura que supone el grado de mención no tiene que ver con un cargo de conducción, sino que es el grado máximo del escalafón administrativo, técnicamente, de la ‘categoría administrativa’. Lo pretendido por los accionantes es ‘saltearse’ -indebidamente- del escalafón administrativo al de conducción. Es en este último escalafón donde están los cargos de conducción, grados 6 a 9, que no son los que tienen los impetrantes, según se señalara. En el administrativo, el grado máximo es 5, precisamente, el de jefatura administrativa, cargo que detentan y el pasaje al Grado SIR 7 es inobjetable, pues éste recoge la función de los actores ”.(fs. 409 y ss.). Los Sres. Ministros Dres. J. Chediak, E. Martínez, B. Minvielle y Luis Tosi comparten con el recurrente, que el Tribunal ad quem incurre en error, en tanto los accionantes en ningún pasaje de su demanda afirmaron que anteriormente ocuparon el Grado 5 ni tampoco que pretenden “saltearse” del escalafón administrativo al de conducción. Sin embargo, estiman que ello no es determinante de la solución a que se arribara en las instancias de mérito, lo que conlleva el rechazo del agravio. (Código General del Proceso, art. 270). Como ha dicho la Corte, “... el error del órgano de mérito, no es determinante y, en esa medida, no tiene por qué ser tomado en consideración, por cuanto solamente la equivocación que tiene influencia en el fallo, puede serlo” (Código General del Proceso, art. 270, inc. 2º)” (CF. Sentencia No. 947/94). Los actores fundaron las diferencias salariales pretendidas en la errónea equiparación realizada por la Comuna en la reestructura del año 1996, en la que el Grado 5 de la categoría administrativa “Jefe”, fue equiparado a un grado 7 del actual SIR, que no se corresponde con un cargo de conducción. En su criterio, la equi-paración debió hacerse como mínimo con el Grado 9 del SIR dentro del Sub Escalafón de Jefatura y por ende dentro del Escalafón de Conducción, lo que hubiera tenido como consecuencia un tope más alto en el cálculo de la partida de marras. Lo que pretenden los actores es que se calcule en forma diversa la compensación por “participación en multas”, cuyo monto resulta topeado en base a la remuneración percibida por los funcionarios que ocupaban el grado 5 en la anterior escala. No asiste razón a los recurrentes, en tanto la adecuación escalofonaria y de grados efectuada por la Administración demandada fue correcta, y por ende el pago de la partida “partici-pación en multas” resulta ajustado a Derecho. Sobre el punto que es objeto de debate en los presentes autos, en criterio de los Dres. J. Chediak, E. Martínez, B. Minvielle y Luis Tosi, la migración del Grado 5 de la vieja “categoría administrativa” al grado 7 SIR de la nueva estructura salarial, correspondiente al Escalafón Administrativo, aparece ajustada a Derecho. Debe partirse del hecho que en la anterior estructura de cargos el Grado 5 denominado “Jefe” no era en ese momento el escalafón más alto dentro de la categoría administrativa, en tanto al Grado 5 lo sucedían los grados 6 al 9 (art. 79 del Decreto de la Junta Departamental No. 26.795, fs. 86). Comparten con la Adminis-tración demandada que si bien la denominación del grado 5 era de “Jefe”, no era el grado máximo que se detentaba en dicha categoría y no suponía una función jerarquizada; ya que sobre dicho cargo y dentro de la misma categoría funcional administrativa, existían cuatro grados superiores (del 6 al 9). Prueba de ello es que los cargos superiores fueron transferidos al Escalafón Conducción. Por tanto las afirmaciones de los actores en su demanda, en cuanto a que el grado 5 era el grado más alto y correspondía a un cargo de Jefatura caen por su propio peso. El recurso de casación interpuesto por la actora solo podría ser amparado si la prueba reunida en obrados hubiera logrado acreditar que el antiguo cargo de Jefe (Grado 5) era un cargo de conducción, y que por tanto, la equiparación de dicho grado en la nueva estructura SIR se debía haber hecho con alguno de los grados del escalafón de conducción (grado 6 y siguientes). La prueba obrante en autos confirma que los cargos de conducción de la vieja estructura eran los de los grados 6 a 9, no así el grado 5; por más que la denominación del grado 5 fuera de “Jefe”, ello no suponía la existencia de un cargo de conducción. Resulta acertado lo seña-lado por el Tribunal ad quem en el Considerando IV, en cuanto a que “ la adecuación escalafonaria y de grados efectuada por la demandada mediante el SIR es correcta; de allí que sea incuestionable -al menos bajo el enfoque de autos- el ajuste a derecho en el pago de la ‘participación en multas’ y en ese sentido, la apelada será plenamente ratificada ” (fs. 411). En suma, los referidos Ministros no advierten la denunciada errónea aplicación del art. 181 del TOFEBU, lo que determina que el pago de la compensación por “participación en multas” sea correcto, no existiendo las diferencias salariales pretendidas. Para el redactor la solu-ción de rechazo, descansa en otros fundamentos. La pretensión instalada no puede progresar, porque lo que se persigue es que, por vía indirecta, se disponga una retribución diversa de la partida “participación en multas” conforme al SIR 9, cuando efectivamente los accionantes fueron equiparados al SIR 7. Como ha señalado el re-dactor siendo miembro del T.A.C. 4º Turno “ las funciones por las cuales se pretende diferencia de retribución, son de cargo presupuestal lo que señala que el debate compromete cuestiones presupuestales del organismo demandado (cargos, asignación de funciones, retribución) regulados constitucional y legalmente que no pueden ser revisadas en la vía de accionamiento promovido, no advirtiéndose como posible que, en mérito a principios de justa remuneración o igual remuneración, o aún enriquecimiento sin causa, se ingrese al organigrama y al presupuesto de la administración demandada. Porque, al pretenderse que la remuneración que corresponde no es la señalada sino la que corresponde a un cargo de grado distinto ‘en sustancia, propone solución de readecuación presupuestal’, para el caso con efecto retroactivo, ‘que no puede ser habilitada por el órgano jurisdiccional cuando la existente en el período comprometido en el reclamo se sostiene en actividad interna de resorte exclusivo de la administración demandada ’ (ampliamente de la Sede Sents. Nos. 193, 280/05; 77/07 y otras en ellas citadas)” (Cf. Sentencias Nos. 194/10, 164/11 y 115/2012). Con tales antecedentes no cabe más que concluir, que la accionada ha liquidado correctamente la partida “Participación en Multas” conforme al SIR 7 lo cual se ajusta a lo preceptuado por el art. 181 del TOFEBU. En definitiva, por unos y otros fundamentos, la Corporación estima que la Administración demandada liquida conforme a derecho la partida en examen y nada adeuda a los actores por tal concepto. IV.- Los agravios relativos a la valoración probatoria desarrollada por el Tribunal ad quem no resultan de recibo. Expresó el recurrente que el Tribunal no consideró los elementos de prueba existentes que permitían confirmar los dichos de la actora al accionar. En cuanto a la errónea valoración de la prueba como causal de casación la Corporación ha sostenido “ A pesar de que la referida disposición prevé, incluso, como causal de casación la infracción a las reglas legales de admisibilidad o de valoración de la prueba, al ámbito de la norma queda circunscripto a la llamada prueba legal, o sea aquella en que la propia Ley prescribe que verificándose ciertos presupuestos por ella misma indicados, el Juez, aunque opine distinto, debe darle el valor y eficacia previamente fijados; o en el caso de apreciación librada a las reglas de la sana crítica, cuando incurre en absurdo evidente, por lo grosero e infundado. Es jurisprudencia cons-tante de esta Corporación que tanto la revisión de la plataforma fáctica como la revalorización de la prueba no constituyen motivo casable, por cuanto el ingreso a ese material convertiría a esta etapa casatoria o de revisión meramente jurídica, en una tercera instancia no querida por el legislador (...). A mayor abundamiento: El ingreso al material fáctico en instancia casatoria requiere una condición o código de acceso ineludible: es menester que el error en la valoración de la prueba en que haya incurrido la Sala de mérito configure un absurdo evidente, un razonamiento notoriamente ilógico o aberrante, en suma, que la infracción a la regla de derecho contenida en el art. 140 C.G.P. revista una excepcional magnitud, fuera de toda discusión posible (...)”, (Cf. Sentencia S.C.J. No. 829/012, Sentencia S.C.J. No. 508/013 y Sentencia S.C.J. No. 484/014, entre otras). En el caso de autos la valoración del material probatorio realizado por la Sala, no supuso un apartamiento del canon legal de valoración establecido en los artículos 140 y 141 del C.G.P. que habilite su revisión en casación. La Sala efectuó una valoración probatoria acorde con las reglas de la sana crítica, no resultando acreditadas las diferencias salariales pretendidas. Conforme la probanza do-cumental y testimonial incorporada en autos, no caben dudas que cómo se señaló precedentemente el anterior Grado 5 “Jefe”, no suponía la existencia de un cargo de conducción, el cual correspondía a los Grados 6 en adelante; resultando ajustada la migración del Grado 5 al SIR 7, lo que torna improcedente las diferencias salariales pretendidas (véase en tal sentido las declaraciones del Director del Servicio de Planeamiento y Gestión Humana, Gabriel ROBAINA, y de la funcionaria del mismo Servicio, Cecilia D’AGOSTO, transcriptas a fs. 436 y vto.). En definitiva la valora-ción probatoria desarrollada, no puede calificarse como absurda o arbitraria, ya que el razonamiento efectuado tiene suficiente anclaje en las probanzas disponibles, por lo que el agravio propuesto es de rechazo. V.- Costas y costos por el orden causado (Art. 279 del C.G.P.). Por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia por unanimidad FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO SIN SANCIONES PROCESALES. HONORARIOS FICTOS 20 BPC. Y DEVUÉLVASE.