Sentencia Definitiva N° 392/2019

Montevideo, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve VISTOS : Para dictado de sentencia en autos caratulados: “POITTEVIN, JOSÉ C/ BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO - REPARATORIO PATRIMONIAL POR RESPONSABILIDAD ADM. POR ACTO - INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN - CASACIÓN”, IUE: 109–77/2016. RESULTANDO : 1) Antecedentes procesales del caso . I) El TCA por Sentencia Definitiva No. 916/2010 de fecha 9 de noviembre de 2010 (fs. 275/279 testimonio de actuaciones agregado al IUE: 109-77/16) anuló la resolución del Directorio del Banco de Seguros del Estado (R.D. No. 31/07) mediante la cual dispuso una sanción de seis meses sin goce de sueldo al Sr. POITTEVIN. II) Asimismo, el TCA por Sentencia Definitiva No. 527/2011 anuló la R.D. No. 181/06 dictada por el Directorio del Banco de Seguros del Estado, mediante la cual se había designado para ocupar dos cargos de Ingeniero Agrónomo Supervisor a los funcionarios TORRES y MUZANTE (fs. 331/342 IUE: 0002-000450/2006). III) En los procesos de conocimiento reparatorios patrimoniales iniciados a raíz de tales anulaciones -acumulados-, por Sentencia Definitiva SEF-0109-000002/2014 de fecha 7 de febrero de 2014, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 1er. Turno, acogió las demandas acumuladas formuladas y, en su mérito, condenó al Banco de Seguros del Estado a abonar al Sr. POITTEVIN los rubros y montos establecidos en el CONSIDERANDO 9. Difirió para la vía del art. 378 del C.G.P., la cuantificación del lucro cesante por no percepción de viáticos por no realización de viajes al interior del país (fs. 1/24). En el referido pronun-ciamiento, el Juez actuante al diferir la liquidación a la etapa procesal correspondiente, expresó que debía determinarse el ingreso líquido mensual por concepto de viáticos sin rendición de cuentas, menos las prestaciones de seguridad social, con reajustes e intereses desde las respectivas mensualidades hasta la fecha del efectivo pago (fs. 20). En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4to. Turno, confirmó la sentencia impugnada salvo en cuanto a la condena a indemnizar gastos por medicamentos hasta la fecha del efectivo pago, que se revoca y en su lugar se fija en el resultante de la suma aritmética de los recibos considerados en lit. b) del Cons. 9; segundo: en cuanto desestima la pérdida de la chance que se ampara (fs. 25/40). En lo que refiere al rubro de los viáticos, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4to. Turno compartió el criterio del decisor de primer grado, pero, con algunas precisiones. El órgano de alzada entendió que debían considerarse el número de asignaciones encomendadas al actor en el período de doce meses anteriores al mes de febrero de 2005 y para su detracción, los gastos que necesariamente debía asumir el actor por su permanencia en el interior (fs. 34). En el proceso de conocimiento precitado, la Suprema Corte de Justicia por Sentencia No. 171/2016 (fs. 41/52), en mayoría, desestimó el recurso de casación interpuesto. 2) Ya en el proceso de liquidación, por Sentencia No. 8/2017 de fecha 23 de febrero de 2017 dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 1er. Turno, se declaró que el único objeto del proceso de liquidación de sentencia era el referido a los viáticos por viajes al interior sin rendición de cuentas . Asimismo, la Sede dispuso que los restantes rubros objeto de pretensión actora debían tramitarse por la vía procesal correspondiente. Por otra parte, el Juez actuante estableció que la suma líquida referida al objeto del proceso debía fijarse en la suma de $1.875.924, con reajustes e intereses hasta el efectivo pago y con descuento de los tributos a la seguridad social (fs. 326/333). En la sentencia referida, el Dr. OHANIAN, consideró que a la concreta cifra que el actor reclamaba por concepto de los viáticos sin rendición de cuentas no percibidos por concepto de viajes al interior, que estimó al demandar en $2.344.905, debía detraerse el 15% por concepto de gastos de manutención (fs. 331). 3) En segunda instancia, por Sentencia DFA-0009-000083/2018 SEF-0009-000029/2018 dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4to. Turno (fs. 405/411 vto.), se consideró que el 50% que tomó la demandada como porcentaje de la detracción se extrae de la Resolución No. 662/007 de la DGI, que establece como renta computable, a los efectos tributarios (IRPF) debía ser el criterio aplicable para la detracción. Al respecto –estimó la Sala- debe apreciarse que se trata de un criterio objetivo y que lo establece otro Organismo, la DGI, que justamente calcula (SIC, fs. 410 vto.) lo que le quedaría libre para el contribuyente en caso de percibir viáticos no sujetos a rendición de cuentas. 4) Contra la sentencia de la Sala, la parte actora interpuso recurso de casación y, en necesaria síntesis sostuvo que: a) El órgano de alzada valoró erróneamente la prueba, al disponerse la modificación del porcentaje de detracción de los gastos que debía asumir el actor por su permanencia en el interior y que se fija en un 50%. b) No existe congruencia (SIC, fs. 426 vto.) entre el daño provocado por la demandada –que desembocó con la anulación de actos administrativos por el TCA- y la retención sin fundamento del 50% de los viáticos que se le deben liquidar. c) Afirmó que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4to. Turno interpretó erróneamente la Resolución No. 662/007 que nada tiene que ver con los viáticos sin rendición de cuentas que no fueron percibidos por el actor. Precisó que a los viáticos sin rendición de cuentas no se debe descontar nada, solamente los aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias del 50% de los mismos. En definitiva, solicitó que se case la sentencia de segunda instancia impugnada. 5) Conferido traslado del recurso de casación, la representante del Banco de Seguros del Estado lo evacuó a fs. 444/454 vto. y abogó por su rechazo. 6) Por Decreto No. 1901 de fecha 23 de julio de 2018 (fs. 468 vto.) se dispuso el pasaje a estudio y autos para sentencia. 7) Atento al cese del Sr. Ministro Dr. Hounie y a que, el Sr. Ministro Dr. Turell se declaró inhibido por haber intervenido en la segunda instancia, se procedió a integrar el órgano, siendo designadas por sorteo las Ministras de Apelaciones Doctoras Marta Gómez Haedo y Loreley Opertti (fs. 476). Una vez culminado el estudio se acordó fecha de dictado de sentencia para el día de hoy. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por distintos fundamentos, desestimará el recurso de casación. II) Corresponde desestimar la causal de inadmisibilidad referida a la cuantía del presente asunto. A diferencia de lo que sostiene la contraparte del recurrente, tal como lo ha sostenido la Corte con anterioridad, la cuantía del asunto a considerar es la del proceso de conocimiento, proceso que cuando, como en el caso, culmina con una sentencia que condena al pago de cantidad ilíquida, por mandato legal (artículo 378 del Código General del Proceso) debe completarse con un incidente de liquidación. El “asunto” que resuelve el incidente no deja de ser el “asunto” sometido a resolución por la demanda de conocimiento (cf. Sentencia de la Suprema Corte de Justicia No. 836/2017). En el caso, el monto así determinado excede largamente el mínimo habilitante para la admisibilidad del recurso en el supuesto considerado (6.000 UR). III) En cuanto al mérito, a juicio de los Sres. Ministros Dres. Martínez, Gómez Haedo y el redactor, los agravios introducidos por el actor resultan inadmisibles en virtud de lo dispuesto en el artículo 272 del Código General del Proceso. En ese sentido consideramos que los agravios deducidos en autos resultan inadmisibles en virtud de lo dispuesto por el artículo 272 del Código General del Proceso, en cuanto establece que: “ No podrá interponer el recurso quien no apeló la sentencia de primer grado ni adhirió a la apelación de la contraparte, cuando la del tribunal superior haya sido totalmente confirmatoria de aquélla” . Tal como lo denuncia la parte demandada, la actora recurrente en casación no dedujo una apelación admisible contra la sentencia de primera instancia. Esa circunstancia no se ve modificada por el hecho de que el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4to. Turno no haya relevado la causal de inadmisibilidad que viciaba a la adhesión a la apelación formulada. Por tanto, para resolver la admisibilidad del recurso de casación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 del Código General del Proceso, le corresponde a la Suprema Corte de Justicia evaluar si la adhesión al recurso de apelación deducido por su contraparte resultaba ajustado a las normas procesales. A juicio de la mayoría referida ut supra, la apelación adhesiva deducida por José Poittevin no era admisible. El presente proceso de liquidación de suma ilíquida fue resuelto por Sentencia No. 8/2017 dictada en audiencia celebrada el 23/2/2017 por el Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 1er. Turno (fs. 326-333). En esa audiencia ambas partes anunciaron recurso de apelación (fs. 333). Sin embargo, solo la parte demandada fundó los respectivos agravios dentro del plazo legalmente previsto (fs. 334-340 vto.). La actora, en cambio, adhirió al recurso de apelación deducido por su contraria al tiempo de serle conferido traslado del recurso interpuesto en vía principal (fs. 351-363 vto.). En el caso en el cual corresponda anunciar la apelación, la actitud de no fundar los agravios dentro del plazo previsto por el artículo 254 numeral 2 del Código General del Proceso, debe ser considerada como el desistimiento del recurso. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 253.1, inciso final del Código General del Proceso (aplicable a la apelación de interlocutorias en virtud de lo dispuesto por el acápite del artículo 254): “ La apelación y la adhesión no fundadas se rechazarán de plano, teniéndose por desistidos a los recurrentes” . El legislador presume como desistimiento al hecho de no fundar un recurso apelación y, tal actitud, resulta incompatible con la posibilidad de adherir al recurso de la contraria. A partir de esta conclusión, la presentación ulterior debe considerarse inadmisible por encontrarse alcanzada por la preclusión de la facultad impugnativa respectiva (Couture, E. J. Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Depalma, Buenos Aires, 1993, pág. 196). Sobre el punto, se comparten los fundamentos que expusiera el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5to. Turno en la Sentencia No. 38/2018: “... pese a que con criterio flexible y en protección de la garantía impugnativa, se calificó por el Tribunal como anuncios de apelación lo actuado en audiencia preliminar por los tres sectores del Estado demandado, ninguno de ellos fundó en plazo la apelación de esa interlocutoria, limitándose a pretender adherir al evacuar sustanciación de la doble recurrencia de la parte actora o incluso de precedentes ‘adhesiones’. Tal conducta, como se indicó en el apartado citado precedentemente, no resulta procesalmente admisible, porque según tesis de la Sala en anteriores y actual integración, vulnera la normativa que considera desistida una apelación contra interlocutorias anunciada pero no fundada en tiempo (art. 253.1 inciso 2º del Código General del Proceso). Así por ejemplo, se expuso en Resolución No. /2005 10/8/2005: ‘Para fundar su apelación directa y manifestar en definitiva y en forma su voluntad de apelar, el apelante disponía de determinado plazo que libremente decidió no utilizar, por ende, no puede generar una nueva oportunidad impugnativa a través de una conducta que en la ley es exactamente contraria a la voluntad previamente manifestada. Porque una cosa es no manifestar voluntad alguna (cuando no se apela directamente, por ejemplo) y luego expresar voluntad impugnativa mediante adhesión (lo que en tal caso el Derecho concretamente admite); y otra muy distinta es expresar voluntad de impugnar, luego tener conducta que para la ley implica voluntad contraria (el desistimiento es un acto voluntario) y en tercer término pretender volver sobre los propios pasos, intentando nuevamente voluntad impugnativa a través de adhesión. Esta última situación resulta reñida con la buena fe, no es la contemplada por el legislador al regular el instituto de la adhesión, y por aplicación de aquel principio, del de preclusión (en su modalidad de impedir actividad incompatible con la alcanzada por preclusión) y de la teoría de la relevancia de los actos propios, deviene procesalmente inadmisible (arts. 5, 9 y concordantes del Código General del Proceso)’ (Cf., además, Resolución No. 898/2008 de fecha 10/12/2008 y muchas otras). Por otra parte, esa estrategia se aparta del modelo legal del litigante diligente, colaborador y de buena fe y no se adecua al tratamiento igualitario que todo Tribunal ha de asegurar a las partes, porque no parece obedecer a otro objetivo que el de disponer de más plazo para impugnar (arts. 4, 5, 6, 63 inciso 2º, 142 y concordantes del Código General del Proceso)” . En conclusión, tratándose de un recurso de apelación inadmisible cobra operatividad lo dispuesto por el artículo 272 del Código General del Proceso, el cual determina la inadmisibilidad de la casación (cf. Sentencias de la Suprema Corte de Justicia Nos. 515/2014, 455/2013 y 731/1994). IV) Por su parte las Sras. Ministras Dras. Minvielle y Opertti no comparten la posición de la mayoría expresada en el Considerando anterior. En ese sentido señalan que, la demandada al evacuar el traslado del recurso de casación objeta la inadmisibilidad del mismo, por entender que la Sala erróneamente examinó el mérito de la apelación por vía adhesiva interpuesta por el actor cuando, en puridad, le había precluido la facultad impugnativa. Pues bien, la sentencia de segunda instancia confirmó la sentencia que resolvió el incidente de liquidación salvo en cuanto al monto objeto de detracción que fijó –tal como lo solicitó el BSE- en 50%. El pronunciamiento juris-diccional benefició a la demandada por lo que, el hecho de que se haya analizado la adhesión a la apelación planteada por el actor –a la postre desestimado- no le causó agravio, gravamen o perjuicio en función de lo consignado en la parte dispositiva de la sentencia, por lo que no se comprende la actual causal de casación que se pretende hacer valer. Dicho esto, es jurídica-mente improcedente que el BSE al evacuar el recurso de casación objete, como lo hizo, la admisibilidad del medio impugnativo en atención a que, en su posición, el actor incumplió con el art. 272 del C.G.P. Veamos. La demandada señaló que el Sr. POITTEVIN anunció la apelación de la sentencia de primera instancia, pero luego no expresó los fundamentos, perjudicando de este modo el medio impugnativo movilizado. Así, ambas partes anunciaron el recurso de apelación contra la Sentencia No. 8/2017 (ver fs. 333), pero únicamente fue fundada por la demandada (fs. 334/340 vto.). Conferido traslado de la apelación (fs. 350 vto.), el actor evacuó el traslado y adhirió a la apelación interpuesta (fs. 351/363 vto.). En base a ello, y sin desconocer lo opinable del asunto, estimo que no le asiste razón al BSE en cuanto a que al actor le precluyó la facultad impugnativa para apelar . No desconocen las nombradas Ministras que existe una tendencia jurisprudencial que considera procesalmente inadmisible la adhesión formulada por quien anunció la apelación por vía principal y luego no expresó agravios (Cf. Sentencia No. 335/2006 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5to. Turno citada por LABAT, Santiago y TAULLARD, Alfredo: “ Algunos aspectos prácticos en materia de adhesión a la apelación ” en AA.VV.: “XIVas. Jornadas Nacionales de Derecho Procesal”, FCU, Montevideo, 2009, pág. 208). Pese a ello, entienden que habiendo malogrado la vía principal de apelación el actor, debe tenerse por desistida de la misma conforme lo ordena el ordenamiento jurídico. Sin embargo, ello no importa una imposibilidad de adherir al recurso interpuesto y fundado por la contraria. Y ello por cuanto, el derecho a adherir solo nace cuando la contraparte ha interpuesto y fundado su recurso, escapando por ende a la regla de desistimiento de la apelación por vía principal. LABAT y TAULLARD -en solución que las Ministras doctoras Minvielle y Opertti comparten, proclive a la flexibilidad y ausencia de rigorismo adjetivo para impugnar las decisiones judiciales-, sostienen que aunque es evidente que la no fundamentación del recurso implica el desistimiento –legalmente presumido- del recurso de la apelación, ello no puede traer aparejado la imposibilidad para la misma parte de adherir al recurso entablado por su contrario, porque implica darle al desistimiento un alcance superior al que en estricta aplicación del principio dispositivo corresponde otorgar. Tal conclusión se funda en la naturaleza compleja del recurso de apelación y en el fraccionamiento que efectúa el artículo 254 nral. 2º C.G.P., en el entendido que no se puede tener por desistido a quien tras no haber completado su impugnación no puede aún ser considerado recurrente, como exige el mismo artículo 253.1 inciso 3º del C.G.P. al final de la frase. En suma, aun cuando deba concluirse que al mero anunciante que no funda luego deba tenérselo por desistido, habrá de tenerse presente que al momento de omitir la formulación de agravios para completar la apelación de la sentencia interlocutoria, el omiso no contaba en su patrimonio procesal con la posibilidad de adherir a ese recurso, razón por la cual mal puede tenérselo por renunciante de un recurso cuya posibilidad de interposición, hasta ese momento, no había adquirido (LABAT, Santiago y TAULLARD, Alfredo: “ Algunos aspectos prácticos en materia de adhesión a la apelación ” en AA.VV.: “XIVas. Jornadas Nacionales de Derecho Procesal”, FCU, Montevideo, 2009, págs. 208 y 209). En función de lo expuesto, no asiste razón a la demandada al objetar la admisibilidad del recurso de casación ya que, por correcta aplicación del art. 272 del C.G.P., el Sr. POITTEVIN apeló en forma –por vía adhesiva- la sentencia de primer grado (por las razones apuntadas), extremo que lo habilita a interponer recurso de casación contra la de segunda instancia. IV.I) Sobre la valoración de la prueba e incongruencia como causales de casación . El actor en su farragoso escrito, entre las causales de casación, plantea la valoración de la prueba y la incongruencia. Respecto de la primera de ellas (art. 270 del C.G.P.), en realidad, el impugnante no refiere ataca razonamiento probatorio alguno formulado por la Sala, sino que, por el contrario, discrepa acerca del criterio técnico para la detracción de los gastos por manutención en los viáticos sin rendición de cuentas que dejó de percibir. La causal de casación relativa a la absurda valoración de la prueba (art. 140 del C.G.P.) se vincula con el criterio técnico aplicable en materia de detracción de gastos para los viáticos, por lo que se trata de una quaestio iuris y se subsume en el tercer agravio articulado y que merece su tratamiento separado. En cuanto al vicio de incongruencia, el recurrente se limita a señalar que no existe congruencia entre el daño provocado por la demandada y la retención sin fundamento dispuesta. A juicio de las Sras. Ministras Dras. Minvielle y Opertti, en este punto, el impugnante incumple flagrantemente con el art. 273 del C.G.P. No hay una enunciación mínima y crítica razonada sobre la supuesta violación del principio de congruencia en que incurriera la Sala. El recurrente únicamente se extiende en definiciones doctrinarias y jurispru-denciales sobre el principio de congruencia (fs. 426 vto./427 vto.), pero, en ningún pasaje, logra conectar esos conceptos con la transgresión jurídica concreta que denuncia. La enunciación del motivo debe ser clara y expresa, de modo que permita individualizar concretamente el vicio que justifica la impugnación. (Cf. DE LA RÚA, Fernando: “El recurso de casación. En el Derecho Positivo Argentino”, Víctor P. DE ZAVALÍA-Editor, Buenos Aires, 1968, pág. 223). El recurso de casación debe evitar hacer desarrollos de carácter general y debe procurar desarrollar un esquema argumental concreto y específico con relación a lo que es objeto de la crítica (Cf. MOLINA SANDOVAL, Carlos A.: “Recurso de Casación”, ADVOCATUS, 1ª Edición, Córdoba, 2016, pág. 232). IV.II) Legitimidad de la detracción del monto de los viáticos y criterio técnico para cuantificación de los gastos de manutención . Como se señaló en el capítulo de “ antecedentes procesales ”, el recurrente pretende que no se haga lugar al descuento del 50% ni el 15% de los viáticos por carecer de fundamento la detracción. Veamos. En primer lugar, el impugnante sostiene que no correspondía detracción alguna de los viáticos a percibir sin rendición de cuentas. No le asiste razón en su planteo. Si se repasa con atención, en el proceso de conocimiento, el Juez actuante al diferir la liquidación a la etapa procesal correspondiente, expresó que debía determinarse el ingreso líquido mensual por concepto de viáticos sin rendición de cuentas, menos las prestaciones de seguridad social, con reajustes e intereses desde las respectivas mensualidades hasta la fecha del efectivo pago (fs. 20). En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4to. Turno, en lo que refiere al rubro de los viáticos compartió el criterio del decisor de primer grado, pero, con algunas precisiones. El órgano de alzada entendió que debían considerarse el número de asignaciones encomendadas al actor en el período de doce meses anteriores al mes de febrero de 2005 y para su detracción, los gastos que necesariamente debía asumir el actor por su permanencia en el interior (fs. 34). De modo que lo que el Sr. POITTEVIN pretende, ya en vía de liquidación, es subvertir las bases conceptuales que emanan de las sentencias ejecutorias del proceso de conocimiento que, con claridad, había dispuesto la detracción de los gastos que el actor debía asumir por su permanencia en el interior. En términos plenamente compartibles, ha señalado el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5to. Turno que: “ En el proceso de liquidación, la actividad del Juez está limitada por el alcance de la cosa juzgada, no pudiendo apartarse de los términos de la decisión que busca satisfacer, pues se trata de realizar el derecho acreditado en la etapa de conocimiento. Como enseña Alsina, esos límites están fijados por los términos de la sentencia, de los que no se puede apartar el juzgador en virtud de la cosa juzgada (Cf. Sentencia No. 335/2007 del Homólogo de. 6to. Turno, en Rev. cit., c. 278, pág. 153). No pueden en esta etapa introducirse temas que se omitió articular tempestivamente en la fase de conocimiento, que no integraron el objeto de la litis; lo que se pide peticiona resulta inadmisible por nuevo, ajeno al objeto del proceso y al contenido del fallo, con incidencia directa en las bases liquidatorias oportunamente formuladas” . Por este motivo, la tesis del impugnante resulta de franco rechazo, en cuanto pretende que se case la sentencia de primera instancia y no se disponga detracción alguna, pues desvirtúa la finalidad misma del viático que justamente se abona en atención a los posibles gastos que la actividad laboral pueda generarle al trabajador . Justamente, el fundamento de la detracción –que evidentemente justificó las precisiones de la Sala sobre la necesidad de establecer una detracción por los gastos de manutención- se basa en que el viático tiene como finalidad reembolsar al trabajador los gastos ocasionados en el desempeño de sus tareas. Cuando el viático no está sujeto a rendición de cuentas, sino consiste en una suma fija destinada a solventar determinados gastos que el ejercicio de la tarea presumiblemente requiere, generalmente va a existir una diferencia entre lo percibido por el trabajador y lo realmente desembolsado en la finalidad preconcebida (Cf. FERRARI REY, Mario: “ Impuesto a la renta de las personas físicas. Rentas del trabajo. Hecho generador” en AA.VV.: “Estudios sobre imposición a la renta”, coordinador: Andrés BLANCO, FCU, 1ª Edición, Montevideo, 2011, pág. 189). Despejado el primer punto, corresponde examinar el ajuste del criterio técnico utilizado por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4to. Turno que fue fijar la detracción del monto de los viáticos a razón del 50% por concepto de gastos de manutención. El criterio utilizado que es replicar la solución contenida en el art. 48 de la Resolución No. 662/07 de la DGI que establece el criterio de la renta computable, es cierto que es un ficto que se establece a los solos efectos tributarios . El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4to. Turno lo que hizo –con criterio de razonabilidad- fue trasladar dicho ficto, como criterio de detracción por entender que es representativo de la porción de los viáticos que hubiera percibido que sí cumplían una función de “reembolso de gastos”. La discusión jurídica versa, entonces, sobre qué parámetro de cuantificación se considera objetivo para que, razonablemente, se detraiga de la suma a percibir aquella que hubiera sido afectada por el actor para el cumplimiento de la función. Las reglas de la normalidad y experiencia indican que no todo el viático sin rendición de cuentas hubiera sido “afectado a los gastos de manutención” y tampoco que hubiera sido íntegramente “ahorrado” por el interesado, como manifiesta el actor. Hay gastos en los que es naturalmente esperable que el trabajador incurra como ser pernocte y alimentación en los viajes al interior del país. El argumento del actor de que podía pernoctar en la casa de un familiar o amigo o bien llevar comida desde su casa y que la ganancia fuera completa, no tiene asidero alguno. Se trata de un argumento que se construye desde la excepcionalidad y anormalidad, porque el curso ordinario de las cosas no revela que los viáticos sin rendición de cuentas por viajes al interior del país para cumplir con la función, no conlleven ningún tipo de erogación para cubrir necesidades fisiológicas básicas. Cuesta creer que, en ningún caso, el actor no pernoctara en un hotel y que siempre contara –en los diferentes puntos a los que podía ser enviado- con familiares y amigos que le brindaran “desinteresadamente” alojamiento. Lo mismo vale decir con la alimentación. Pero aun cuando “llevara su propia comida” y no adquiriera alimentos en el lugar al que fuera enviado, tampoco puede decirse que no incurriera en gastos. La preparación de alimentos aun en el hogar implica, forzosamente, la adquisición de la “materia prima” para su elaboración. Resulta, por tanto, absolutamente razonable la detracción dispuesta por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4to. Turno, que trasladó para la cuantificación un parámetro derivado del ficto que, justamente, sirve de guía para determinar que el otro 50% tiene la finalidad resarcitoria de gastos. El porcentaje del 15% que refleja el Juez de primera instancia, es muy bajo y desatiende tanto la finalidad del viático como la cuantía de la erogación esperable al realizar la actividad encomendada al trabajador. Es obvio que la determinación del porcentaje constituye un juicio conjetural acerca de la incidencia específica del gasto en el que habría incurrido el recurrente de habérsele abonado, pero el baremo seleccionado por el decisor de primer grado es marginal e irrisorio en función del tipo de gastos que pretende cubrir el viático como ser el alojamiento y la alimentación. V) No se impondrán especiales sanciones en el grado, por lo cual las costas y costos serán por el orden causado. Por los fundamentos expuestos la Suprema Corte de Justicia FALLA : DESESTIMANDO EL RECURSO DE CASACIÓN, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN. HONORARIOS FICTOS 30 B.P.C. OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.