Sentencia Definitiva N° 393/2019

Montevideo, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ TOLEDO TORRES, ENIO Y OTROS C/ ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO - A.S.S.E. – COBRO DE PESOS – CASACIÓN”, IUE: 2-53961/2016. RESULTANDO : I) Que por sentencia definitiva de primera instancia No. 38/2017 , del 31 de julio de 2017, el titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 5º Turno falló: “ Desestimando la preten-sión en todos su términos, salvo en cuanto a la condena en relación al reclamo por la falta de entrega de elementos de protección a favor de los co-actores Gervasio de Bellis, Fernández Vique, Saldaña, García Escalante, Riva, Ferreiro y Curbelo, cuya liquidación se diferirá al amparo de lo dispuesto por el art. 378 del C.G.P., sin perjuicio de su condena a futuro, todo sin especial condenación ” (fs. 1772/1781 vto.). II) Por sentencia definitiva de segunda instancia identificada como DFA-0005-000046/2018 SEF-0005-000017/2018 , del 21 de febrero de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno falló: “ Revócase la condena impuesta en el primer grado y en su mérito desestímase la demanda en todos sus términos sin especiales condenaciones procesales... ” (fs. 1820/1826). III) Contra la sentencia de segunda instancia, la representante de la parte actora interpuso el recurso de casación en examen. En su libelo impugnativo, indicó que la sentencia es contraria a Derecho por los siguientes motivos: (i) Ilegítimo rechazo del reclamo por diferencias salariales. En primer lugar, expresó que resulta ilegítima la decisión del Tribunal de repeler el reclamo por diferencias salariales. Durante el proceso, se probó que los sueldos básicos pagados por la demandada son inferiores a los sueldos de grado, fijados por el instructivo de la Contaduría General de la Nación (C.G.N.). La Administración está obligada a respetar (y a abonar), el sueldo de grado que le corresponde a cada funcionario, según el grado que ocupa. Conceptualmente, no es equivalente el sueldo de grado al sueldo básico. Es este último, el que aparece en el renglón inicial de los recibos de sueldos expedidos por A.S.S.E. El sueldo de grado que a cada uno de los reclamantes le corresponde, es superior al sueldo básico abonado por la Administración y, por ende, procede la condena al pago de las diferencias salariales generadas. El haber asimilado el sueldo básico al sueldo de grado, constituye un error de hecho y de Derecho que debe ser corregido en casación. También denunciaron que el pago del beneficio previsto en el art. 26 de la Ley No. 16.170 (“Compensación máxima al grado”), no fue debidamente cuantificado y abonado. El porcentaje correspondiente al grado sobre el que se liquida dicha prestación, se calcula sobre una base de cálculo inferior a la que por Derecho corresponde. Ello justifica que se condene a su pago en legal forma. Además, la Sala desconoció el incumplimiento de las condiciones salariales pactadas en los convenios celebrados en 2012 y 2015, lo que también generó diferencias, a cuyo pago debió condenarse. (ii) Descansos intermedios trabajados. También cuestionó que se haya rechazado la condena al pago del rubro descansos intermedios trabajados. Indicó que, en su contestación de demanda, la accionada admitió que los trabajadores reclamantes no gozaban del beneficio. Centró su defensa únicamente en que no existe una norma de Derecho positivo que expresamente consagre el derecho al beneficio. El Tribunal falló dene-gando el reclamo en el conocimiento de que el personal no había gozado del descanso intermedio, porque A.S.S.E lo admitió al contestar la demanda. Siendo así, el rubro no pudo tenerse sino como acreditado. El fallo, conociendo la confesión sobre el punto controversial, igualmente denegó el rubro sin razón de hecho ni de Derecho. Argumentó la Sala que había testigos aleccionados y dirigidos, lo que está muy lejos de la realidad. No tiene sustento definido ni concreto para desvirtuar el testimonio y calificarlo de sospechoso. Indicó que el informativo testimonial demuestra que los descansos intermedios no eran respetados. Ninguno de los reclamantes puede dejar su puesto de trabajo, porque carecen de relevos. En definitiva, pidió que se anule la sentencia en cuanto desestimó la condena al rubro descansos intermedios trabajados. (iii) Uniformes y su lavado. Dedujo agravio por el rechazo de la condena al pago del rubro “Uniformes y su lavado”. Todos los reclamantes son personal asistencial, por lo tanto, la normativa obliga al patrono a entregar el uniforme y a asumir el costo del lavado. El fallo comete un error al asumir que los uniformes le eran entregados al personal. Lo que se le entregaban eran cubre uniformes, que son cobertores de papel TNT para utilizar sobre los uniformes. Tampoco se les brinda el servicio de lavado de los uniformes al que tienen derecho. Deben desempeñarse en un lugar insalubre y se los obliga a trasladar esas ropas sucias a su casa para higienizarlas, con sangre y todo tipo de fluidos corporales así como con sustancias sépticas. En definitiva, se ha desconocido la normativa que obliga al patrono a proporcionar y a lavar los uniformes a su costo, por lo que corresponde casar la sentencia en cuanto repelió dicho rubro. (iv) Condena de futuro. Finalmente, también dedujo agravio por entender que se infringió el art. 11 del C.G.P.. Indicó que corresponde imponer la condena de futuro pretendida en la demanda. IV) Se confirió el traslado correspondiente, el que fue evacuado por la demandada en los términos que corren a fs. 1848/1852. A renglón seguido, el Tribunal ordenó franquear el recurso de casación para ante esta Corporación (fs. 1854), a la que arribaron los autos el 3 de mayo de 2018. V) Por Decreto No. 1110, del 14 de mayo de 2018 (fs. 1860 vto.), se ordenó el pase a estudio de estos autos y se citó a las partes para sentencia, la que fue debidamente acordada en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, desestimará el recurso de casación movilizado por la parte actora. II) El caso de autos . II.I) El presente proceso se originó por el reclamo planteado por un grupo de funcionarios presupuestados de la Administración demandada, que desempeñan su labor en el Hospital Pereira Rossell. Denunciaron diversos incumplimientos en el pago regular de las retribuciones a las que tienen derecho. En concreto, reclamaron la condena al pago de los siguientes rubros: (i) diferencias de salarios; (ii) descansos intermedios trabajados; (iii) prima por antigüedad; (iv) uniformes y lavado especial de los mismos y (v) daños y perjuicios preceptivos (art. 4 de la Ley No. 10.448). Solicitaron, asimismo, que se disponga la condena de futuro (art. 11.3 del C.G.P.) de los rubros reclamados. II.II) Su pretensión fue parcialmente estimada en primera instancia, pero desestimada íntegramente en la alzada, tal como se detalló en los RESULTANDOS I y II ut supra . III) Análisis sustancial . En lo sucesivo se examinarán los puntos de cuestionamiento a la sentencia impugnada, articulados en el recurso a estudio, en el mismo orden en que han sido planteados. III.I) Sobre el cuestiona-miento concerniente a la condena al pago de las diferencias salariales. El agravio sobre la condena pretendida al pago de las diferencias salariales no puede prosperar, por diversas razones. III.I.I) Improcedencia de la condena al pago de las diferencias salariales entre el “sueldo de grado” y el “sueldo básico”. En primer término, debe de verse que, tanto en su demanda (fs. 78 vto. a 83) como en el cuestionamiento formulado al recurrir, la parte actora fundamentó su pretensión de condena al pago de las diferencias salariales sobre la base de un pretendido derecho a percibir un “sueldo de grado”. Ese “sueldo de grado” sería, conceptualmente y cuantitativamente, diferente al “sueldo básico”, que se expone en el renglón inicial de los recibos de sueldo. El “sueldo de grado”, por cuya aplicación brega la accionante, superaría en todos los casos al “sueldo básico”, dando lugar a las diferencias reclamadas. Pues bien, siendo así, lo que la actora tenía la carga de señalar la identidad de la normativa desconocida por la Sala que (supuestamente) consagraría ese derecho a la percepción del tan mentado “sueldo de grado”. Sin embargo, no logra individualizar en el recurso en examen (ni antes en su demanda), cuál es la disposición normativa que generaría el derecho subjetivo al cobro de ese “sueldo de grado” que pretende. No hay en todo el cuestionamiento articulado en el recurso, mención a una sola norma que consagre ese derecho y ordene pagar ese sueldo de grado. Apenas aparecen erráticas referencias a un “Instructivo” de la Contaduría General de la Nación, pero en ningún momento se mencionan las Reglas de Derecho erróneamente aplicadas, cuya mención concreta está impuesta por las reglas de rito para que pueda hacerse lugar al recurso de casación (art. 273 numeral 1º). En suma, basta la razón adjetiva apuntada para repeler el recurso en el punto en examen. III.I.II) Errónea aplicación del art. 26 de la Ley No. 16.170 y de los convenios colectivos celebrados en 2012 y 2015. III.I.II.I) En cuanto a las diferencias por la aplicación del art. 26 de la Ley No. 16.170, el cuestionamiento, en concreto, radica en que la base sobre la que se calculó dicha partida. El agravio sobre este punto, radica en extremos no alegados en la demanda. En su demanda, el actor planteó que no se le liquidó el beneficio previsto en el art. 26 de la Ley No. 16.170 (fs. 82 vto.). Empero ahora, en casación, modifica lo expresado y postula que se calculó sobre una base errónea (fs. 1830). En nuestro régimen procesal civil, la modificación del contenido de la demanda es posible, únicamente, hasta su contestación o hasta el vencimiento del plazo para cumplir con ese acto del proceso (arts. 1, 117 numeral 5º, 121.1 y 350.3 C.G.P.). Una vez contestada la demanda, ésta no podrá ser alterada salvo supuestos permitidos por el Código (art. 122 nral. 3º C.G.P.). Como enseña VALENTÍN, la regla en nuestro Derecho es que el objeto original no puede ser alterado, por lo que los supuestos en que sí puede alterarse, constituyen supuestos excepcionales y, como tales, deben interpretarse (Cfme. VALENTÍN, Gabriel: “Principio de congruencia y regla iura novit curia en el proceso civil uruguayo”, FCU, Montevideo, 2013, pág. 120) (Cfme. Sentencia No. 842/2018 ). El cambio de la pretensión y de sus fundamentos, es razón suficiente para que corresponda repeler el reclamo sobre esas diferencias en el pago del beneficio consagrado por el art. 26 de la Ley No. 16.170. Sin perjuicio de anotarse también, que la falta de precisión de los escritos condiciona severamente las posibilidades de progreso de la recurrencia en este y en otros puntos del recurso. III.I.II.II) Finalmente, en cuanto al rechazo de las diferencias salariales que tendrían su fundamento en los acuerdos de 2012 y 2015, la suerte del recurso está sellada porque, estric-tamente, no fue un rubro demandado. Si se repasa el libelo de proposición inicial, se advertirá que ninguna mención se hizo a dichos acuerdos como fundamento del reclamo. Basta con relevar este extremo para que el agravio concerniente al rechazo de esas diferencias salariales no pueda progresar. III.II) Sobre la condena al pago de los descansos intermedios trabajados. En cuanto al agravio sobre los descansos intermedios trabajados, corresponde hacer una precisión inicial sobre las cuestiones de orden adjetivo a las que apela la recurrente en su planteo, para luego pronunciarse sobre la valoración de los elementos probatorios disponibles. III.II.I) En primer lugar, debe reconocerse que es cierto que la parte demandada no controvirtió, en su contestación de demanda, el hecho de que los trabajadores no gozaban del descanso intermedio. Su defensa se basó, exclusivamente, en que los reclamantes no tienen derecho al descanso intermedio (ver las alegaciones de fs. 117/117 vto.). Esto determinaba, al menos en principio, que el hecho de la realización de trabajo de manera ininterrumpida durante toda la jornada -por no haber sido debidamente controvertido- debiera tenerse por admitido y quedara excluido del objeto de la prueba (arts. 130.2, 137 y 139 del C.G.P.). Sin embargo, como surge del acta de la audiencia preliminar (fs. 133/134), el hecho formó parte del objeto de la prueba y, durante el proceso, se diligenció la prueba testimonial propuesta por la reclamante a efectos de acreditarlo. Cabe subrayar: se trataba de prueba tendiente a acreditar ese hecho que, en puridad, no había sido controvertido y debía tenerse por admitido (arts. 130.2 y 137 del C.G.P.). La actora, beneficiada por la admisión de un hecho favorable a su pretensión, no se opuso a que se diligenciara prueba sobre la realización del trabajo de forma continua (sin descansos intermedios). Dicha prueba se diligenció y esto determinó, al final del proceso, que el Tribunal de Apelaciones concluyera que esos elementos probatorios, probaban en contra del hecho que no había sido controvertido: la realización de trabajo durante el tiempo de descanso intermedio. Ante este escenario, el punto que aparece como problemático es el concerniente a qué debe priorizarse; si la verdad formal derivada de la admisión del hecho o la verdad material, resultado de la valoración de los elementos probatorios disponibles. Pues bien, si por un lado no cabe dudar de la operatividad de la regla de la admisión, ésta debe ceder cuando existen elementos de juicio en el expediente que prueban en contra del hecho que la ley ordena tener por admitido. Y máxime -como lo subraya nuestra jurisprudencia civil- cuando esos elementos se incorporaron con la aquiescencia de la parte beneficiada por la regla de la admisión. En este sentido, TARIGO enseñaba lo siguiente: “ Puede perfectamente acon-tecer que una vez producida la prueba resulte incuestionable que, respecto a determinado hecho afirmado por el acto en su demanda, haya quedado perfectamente demostrada su falsedad. Si el demandado no negó categóricamente tal hecho, ¿deberá el tribunal tenerlo por admitido pese a la prueba de su falsedad? Se dirá que si el hecho no fue categóricamente negado por el demandado quedó fuera del objeto de la prueba, por resultar admitido” (...) [sin embargo] Por encima de la imperatividad con que fuera concebida la redacción de esta norma, parecería sensato que en tal hipótesis, el tribunal no debería prescindir de lo que, en definitiva, constituye nada menos que la esencia racional del proceso, esto es, la convicción del tribunal acerca de la verdad objetiva, real de los hechos y la utilización racional y no mecánicamente obligatoria de las formas puestas a su servicio” (TARIGO, Enrique E: “La carga de la contradicción del demandado compareciente en el proceso de conocimiento” en AA. VV.: “VIII Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, La Paloma – Rocha, Abril de 1995, pág. 190). En similar orientación y apelando también al “carácter racional de todo proceso, y del mecanismo lógico de ilustración y formación de la voluntad jurisdiccional”, SIMÓN enseña que corresponde privilegiar la prueba disponible por sobre las consecuencias de la regla de admisión. Por ejemplo, cuando la prueba documental incorporada por el propio actor demuestra la falsedad de alguna afirmación que realiza (Cfme. SIMÓN, Luis María: “¿Corresponde diligenciar prueba en casos de falta de comparecencia o contradicción del demandado? en AA. VV.: “VIII Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, La Paloma – Rocha, Abril de 1995, especialmente pág. 253). La jurisprudencia civil se ha orientado en este mismo sentido. Ilustrativa de la tenden-cia imperante es la Sentencia No. 167/2012 , en la que la Sala en lo Civil de 1º Turno expresó: “... la admisión queda descartada en cuanto exista prueba en contrario. En esta línea va probablemente el agravio del actor que se queja de que se haya diligenciado prueba, pero claramente ese agravio es de rechazo por extemporáneo, porque el diligenciamiento se dispuso en la audiencia preliminar y la decisión no fue impugnada oportunamente ” (RUDP 2/2014, Caso No. 146, pág. 264; véase también, en igual sentido, de la misma sala civil, la Sentencia No. 188/2014 , RUDP 2/2015, Caso No. 110, págs. 272/273). En idéntica orientación, la Sala en lo Civil de 4º Turno, en otro valioso antecedente, consignó: “ En todo caso la prueba diligenciada no podía ser ignorada y debía ser valorada a fin de establecer si la misma desvirtuaba los extremos afirmados en la demanda y que no fueron contradichos por la parte demandada (...) respecto de los cuales hubiera correspondido la aplicación de la regla de la admisión. Lo que no correspondía era ordenar diligenciar toda la prueba, diligenciarla efectivamente, todo sin oposición de la parte actora y luego ignorarla en su totalidad” (Sentencia No. 105/2015 , RUDP 2/2015 Caso No. 123, pág. 280). En suma, más allá de que el hecho de la labor en tiempo de descanso intermedio no fue controvertido, lo cierto es que se diligenció prueba que -al menos a juicio del Tribunal- demostró la falsedad de este hecho. El Tribunal, desde el punto de vista procesal, actuó correctamente. La actora, que ahora pone en tela de juicio este proceder, oportunamente no hizo cuestión de que se diligenciara prueba sobre ese hecho admitido, por lo que resulta de aplicación la máxima de que nadie puede invocar su propia torpeza ( nemo auditur propriam turpitudinem allegans ). Con los elementos probato-rios a la vista, correspondía privilegiar la verdad material que surgía del informativo probatorio por sobre la regla de admisión. Por tal motivo, no puede hacerse valer, a esta altura del proceso, la regla de la admisión para invalidar -por razones procedimentales- las conclusiones probatorias de la Sala. Corresponde concluir que la Sala no quebrantó ninguna regla procesal por valorar la prueba del hecho, pese a que este no había sido controvertido. III.II.II) En cuanto a la valoración de los elementos probatorios realizada, que demostró que los descansos intermedios eran respetados, la Corporación considera que no puede ser revisada en casación. El punto de cuestionamiento está centrado en las conclusiones probatorias, extraídas a partir de los medios de prueba disponibles. Siendo así, la Corte encuentra las conocidas restricciones para ingresar a efectuar un reexamen en ese terreno. Sabido es que la máxima fundamental de la casación, es que ella solo comprende el punto de Derecho y no tiene intervención en la cuestión de hecho (Cfme. BARRIOS DE ANGELIS, Dante: “Cuestiones de hecho y de derecho en la casación”, Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de la República, Año XIII (No. 3), Montevideo, 1962, pág. 579). Si bien en ciertos casos es posible revisar la valoración del material probatorio, para que la Corte proceda a hacerlo debe darse un supuesto de valoración absurda o irracional (Cfme. Sentencias Nos. 250/2013 y 593/2017 , entre otras). En este caso, sin embargo, ni siquiera se ha alegado que la valoración del material probatorio tenga esas características que admitirían su revisión. La jurisprudencia de esta Corporación ha admitido la posibilidad de revisar las decisiones sobre valoración probatoria, cuando esta resulta arbitraria, irracional o contraria a las reglas de la lógica. Como señala COLOMBO, si bien la revalorización de la prueba resulta excepcional, la Corte -en base a la teoría del absurdo evidente- puede hacerlo cuando media error notorio, lo que equivale a manifiesto, patente, evidente, palmario, claro, ostensible. De este modo se abre un nuevo campo para la casación, el cual se admite con un entorno sumamente restrictivo, para realizar y actuar la justicia como último instrumento para evitar la iniquidad del fallo (Cfme. COLOMBO, Erik H.: “Casación: Teoría del absurdo evidente”, RUDP, 1/1983, págs. 57/58). Como afirmara DE LA RÚA -con apoyo en jurisprudencia argentina- “la sola apreciación equivocada, discutible, objetable o poco convincente de la prueba no constituye absurdo. No es motivo de recurso la mera discrepancia subjetiva con el criterio de valoración del Tribunal de mérito si no existen conclusiones en abierta contradicción con las constancias de la causa ni se registra la ausencia de un estudio lógico y razonado de los diversos elementos computados, vicios esos que constituyen lo propio del absurdo. Asimismo, tampoco es suficiente exponer un criterio distinto al del sentenciante en cuanto al mérito de la prueba rendida, sino que es menester demostrar absurdo en la conclusión o violación de las leyes que regulan esa tarea” (Cfme. DE LA RÚA, Fernando: “El recurso de casación. En el Derecho Positivo Argentino”, Víctor P. ZAVALÍA-Editor, Buenos Aires, 1968, pág. 392). Más aun teniendo presente que el Tribunal casatorio no es un Tribunal de mérito. No existe libertad para en profundizar los hechos y su esquema valorativo. La regla es clara, pues de otro modo se desvirtuaría la finalidad esencial del recurso (Cfme. MOLINA SANDOVAL, Carlos A.: “Recurso de casación: aspectos sustanciales, argumentales y procesales”, ADVOCATUS, Córdoba, 2016, pág. 160). En base a estas premisas conceptuales, no se aprecia que el razonamiento probatorio de la Sala resulte ilógico o absurdo y, menos aún, que ello resulte evidente en la sentencia atacada (Cfme. Sentencias Nos. 804/2018 y 647/2018 , entre muchas otras). Antes bien, la Sala realizo una fundadísima valoración de los elementos probatorios disponibles, con la que se podrá acordar o discrepar, pero no resulta ilógica, irracional o absurda. III.III) Sobre el rechazo del rubro uniformes y su lavado. Finalmente, los recurren-tes se agravian por el rechazo del rubro uniformes y su lavado, corresponde partir de la base que el argumento determinante del rechazo de la pretensión articulada fue que los trabajadores reclamantes no tienen derecho a dicho beneficio. La Sala concluyó que el beneficio resulta inaplicable a los pretensores, porque refieren a otros supuestos donde el trabajador está expuesto a riesgos propios de la actividad que, naturalmente, no es la situación de los accionantes (CONSIDERANDO 5 a fs. 1825). En su cuestionamiento, plantean que son personal asistencial y, por ende, que tienen derecho al beneficio. Sin embargo, al demandar, no especificaron las funciones cumplidas; si se repasa la demanda, lo único que dijeron es que se desempeñan en el Hospital Pereira Rossell (fs. 78 y ss.). Los defectos del acto de proposición inicial, sellan la suerte del cuestiona-miento que ahora formula. Va de suyo que no resulta posible ingresar en el análisis de las tareas cumplidas por los reclamantes, cuando no las detallaron en la estación procesal oportuna. No es posible complementar, perladamente, el acto de proposición inicial. El actor tiene la carga de plenitud e integridad del libelo pretensivo. Dicha carga de plenitud e integridad debe cumplirse a cabalidad en el relato fáctico, donde no debe soslayarse ninguno de los hechos principales para la suerte de la pretensión. La ausencia o falta de los hechos que pudieron haber fundado una solución favorable al actor, tiene como consecuencia que el juzgador no pueda tomar en cuenta el hecho no invocado, so pena de incurrir en vicio de incongruencia (Cfme. KLETT, Selva: “Proceso ordinario en el Código General del Proceso”, T. I, FCU, Montevideo, 2014, págs. 239 y 241/242). Si el actor desea tener éxito debe exponer en su demanda los antecedentes de hecho de los que surja la relación jurídica litigiosa; debe aportar la suma de los hechos constitutivos. La mención ordenada de los que sean importantes tiene superlativo interés para identificar el proceso (Cfme: VÉSCOVI, Enrique (Director); DE HEGEDUS, Margarita; KLETT, Selva; MINVIELLE, Bernadette; PEREIRA, Santiago: “Código General del Proceso (comentado, anotado y concordado”), T. 3, Abaco, Buenos Aires, 1998, págs. 95/96). Es un valor entendido que por el principio de auto responsabilidad, la ambigüedad u oscuridad de la demanda obre en disfavor del demandante, como consecuencia lógica del onus de claridad que gravita sobre este (Cfme. TAC 8º, Sentencia No. 148/94 , RUDP 3/1995, c. 148). En suma, antes que por cualquier otra cosa, es por las omisiones de la actora que el reclamo de este rubro naufragó. Por estos fundamentos, la Suprema Corte de Justicia por unanimidad FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. A LOS SOLOS EFECTOS PARAFISCALES, FÍJENSE LOS HONORARIOS FICTOS EN LA SUMA DE 30 B.P.C. (ART. 71 LITERAL B DE LA LEY No. 17.738). NOTIFÍQUESE Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.