Sentencia Definitiva N° 133/2019

Montevideo, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “AA Y OTROS C/ BB Y OTROS” – DAÑOS Y PERJUICIOS – CASACIÓN”, IUE: 294-252/2008 , venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud de los respectivos recursos de casación interpuestos por las codemandadas CC., DD LTDA. e BB, contra la Sentencia Definitiva SEF 0006-000114/2018 DFA 0006-000379/2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno, el día 21 de junio de 2018. RESULTANDO : I) A fs. 91 y ss. comparecieron los integrantes la parte actora (los Sres. AA, FF, GG, HH, II, JJ, KK, LL, MM, NN y ÑÑ), quienes promovieron demanda por daños y perjuicios, contra CC S.A., DD LTDA., OO (en adelante: PP) e BB. II) Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia No. 25/2017, de fecha 21 de abril de 2017, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 4º Turno, falló: “ Ampárase parcialmente la demanda y condénase a la parte demandada en forma solidaria, al pago de la suma de U$S 112.000 (dólares americanos) en concepto de daño moral para cada uno de los reclamantes que se establecieran precedentemente, con más los intereses legales desde la demanda, sin especial condena procesal... ” (fs. 527-560). La sentencia fue aclarada por Providencia No. 1004/2017, de fecha 28 de abril de 2017, por la que especificó que la forma de distribución de la condena es como se estableció en el Considerando VI de la sentencia y no como quedó erróneamente consignado en el fallo (fs. 563). III) Por Sentencia Definitiva de Segunda Instancia SEF 0006-000114/2018 DFA 0006-000379/2018, de fecha 21 de junio de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno, falló: “ Confírmase la sentencia recurrida salvo en cuanto a: a) la condena impuesta a la co-demandada PP, la que se revoca desestimándose la demanda a su respecto; b) la condena por daño moral impuesta a las co-demandadas en forma solidaria, en lo que se revoca, condenando a cada una de las co-demandadas BB y CC S.A. y DD Ltda., en un 50% a cada una, del monto establecido en la sentencia de primera instancia. Sin especial condenación en el grado ” (fs. 636-661). IV) Contra dicha sentencia, la codemandada BB interpuso el recurso de casación en estudio (fs. 669-675). En su recurso de casación, la representante de la Administración Departamental codemandada planteó, en lo inicial, que la sentencia incurrió en error de Derecho, porque desestimó las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva opuestas. Manifestó que tampoco fue-ron debidamente valoradas las eximentes de responsa-bilidad de caso fortuito y hecho de la víctima que fueron planteadas (subsidiariamente) como defensa a efectos de enervar la responsabilidad del guardián. Indicó que se violentaron los arts. 24 de la Constitución; 1322, 1324 y 1331 del C.C. y 198 del C.G.P. Añadió que además, la sentencia atacada también colide con las reglas sobre valoración de la prueba. En tal sentido, expresó, en síntesis, los siguientes agravios: a) La sentencia violó el principio de congruencia, al desestimar la excepción de falta de legitimación activa de los supuestos padre, madre y hermanos de la víctima. La Sala consideró probado el vínculo familiar, acreditado mediante los correspondientes testimonios de las partidas de estado civil y restó relevancia al hecho de la inscripción tardía. Expresó la recurrente que este razonamiento no resulta jurídicamente correcto, porque no obstante la inscripción del nacimiento de la Sra. ZZ, la (supuesta madre) reclamante AA, no reconoció a la víctima como su hija. Por lo tanto, al no haber existido reconocimiento del vínculo filial, no reviste la calidad legal de madre natural de la fallecida, que fuera invocada para promover estas actuaciones. De resultas, tampoco los hijos de la Sra. AA (supuestos hermanos naturales de la víctima) -y coactores en esta causa- pueden considerarse tales. El art. 42 del C.C. regula la forma de probar el estado civil, vínculo que en este caso no ha sido debidamente acreditado en relación a la víctima, por los actuales reclamantes. Por su parte, el coactor FF (supuesto padre biológico de la víctima), no puede ser considerado tal, porque no la reconoció. En definitiva, el vínculo familiar no puede ser acreditado mediante los medios probatorios pretendidos por la sentencia recurrida. Existió una errónea valoración de la prueba fundante del parentesco alegado. Por otra parte, más allá de la aflicción que pudieron experimentar los actores ante el fallecimiento de la Sra. Sosa Trujillo, su petitorio se basó en la relación de parentesco que no pudieron acreditar, por ser inexistente. Por lo tanto, causa agravio que el Tribunal de Apelaciones, a partir de ese vínculo de parentesco que no resultó probado, postule que el daño moral haya quedado acreditado in re ipsa . La sentencia condenó en base a la calidad de madre y hermanos naturales y padre biológico respectivamente, la condena vulnera el principio de congruencia. b) La Sala actuó elegí-timamente al atribuir responsabilidad a la BB, en este sentido infringió los arts. 24 de la Constitución y 1324 del C.C. La premisa de la que partió el Tribunal para responsabilizar a la BB, fue que la linga del cable de TV para abondos se apoyó en la abrazadera del alumbrado público, por donde se daba pasaje de corriente desde la fotocélula y conductores eléctricos, que son propiedad de la BB. Sin embargo, dicho extremo no fue debidamente acreditado. Si bien el art. 21 de la Ley No. 14.694 establece que el alumbrado público de las ciudades, villas, pueblos y centros poblados será efectuado por las Intendencias Departamentales, las que serán responsables por su instalación y mantenimiento, ello no quiere decir que sean guardianes de las columnas en las que se encuentran. Por lo tanto, los arts. 24 de la Constitución y 1324 del C.C. fueron erróneamente aplicados. Insistió en que no quedó acreditado que la electrificación del cable de TV para abonados se haya producido a través de las instalaciones de la fotocélula del servicio de alumbrado público. El Ing. TT declaró que se encontraban frente a una postación de la PP. Por lo tanto, la guardiana era la PP y no la BB. La columna del alumbrado público era propiedad de la PP, que la tenía a su cuidado. La BB carecía de poder de mando sobre la columna, porque no era de su propiedad ni la tenía bajo su guarda. La utilizaba para prestar el servicio de alumbrado público. La prueba diligenciada en autos, demuestra que la fotocélula y el farol del alumbrado público se encontraban correctamente insta-lados en una columna propiedad de la PP. c) El Tribunal valoró erróneamente la prueba sobre las eximentes de responsabilidad (caso fortuito y hecho de la víctima). Indicó que fue valorada erróneamente la prueba sobre el hecho de la naturaleza que (en caso de existir responsabilidad) operaría como eximente. Exteriorizó que no se probó la vinculación entre el evento y la electrificación del cable en cuestión. Las declaraciones del Téc-nico Prevencionista QQ y del Técnico de Seguridad de PP RR, son contestes en que la electrificación del cable fue consecuencia del temporal. Acreditado que fue el acaecimiento de una hipótesis que cabe calificar como un caso fortuito, es de total aplicación lo prescrito en el art. 1322 del C.C., que establece que nadie debe responder por el daño proveniente del caso fortuito al que no ha dado causa. En otro orden, también adujo que se aplicó erróneamente el art. 1331 del C.C., porque se desestimó la eximente hecho de la víctima. Las personas que declararon, casi en forma unánime, expresaron que la víctima intentó retirar el cable para entrar a su vivienda. La Sra. Sosa desoyó las advertencias que se realizaron a raíz del evento climático registrado el 23 de agosto de 2005. Fue la víctima quien, desatendiendo las advertencias que se hicieron de no entrar en contacto con cables y tomar los recaudos correspondientes, contactó el cable que estaba tendido en el suelo y provocó, en definitiva, el evento que segó su vida. V) A fs. 681 y ss. comparecieron las codemandadas CC S.A. y DD LTDA., quienes también interpusieron recurso de casación contra la sentencia definitiva dictada en segunda instancia. Estas codemandadas se agraviaron de la sentencia hostilizada, sobre la mayoría de los puntos en cuestión, exactamente en los mismos términos que la BB. En efecto, en igual sen-tido y con la misma fundamentación: i) se agraviaron porque la sentencia no relevó la falta de legitimación activa de los reclamantes, quienes indicaron que no probaron el parentesco que invocaron en su demanda; ii) denunciaron que la responsabilidad les fue erróneamente atribuida, por no haber tomado en cuenta que la columna del alumbrado público era propiedad de PP y estaba bajo su guarda, por tal motivo argumentó que no debió liberarse de responsabilidad al referido Ente Autónomo y; iii) porque se rechazó la concurrencia de las eximentes de responsabilidad caso fortuito y hecho de la víctima. Además (y en el único punto en el que el escrito difiere del presentado por su co-parte) expresaron que de acuerdo a la prueba diligenciada, el cable de TV para abonados se electrificó por una falla en una abrazadera del farol de alumbrado público. Fue dicha falla la que provocó que el cable tomara corriente, por lo que no le corresponde responsabilidad alguna. Por otra parte, tampoco está acreditado que el cable que produjo la electrocución sea un cable de TV para abonados de su propiedad. No hubo ningún reclamo de falta de señal por esos días por parte de los afiliados y, si no hubo reclamo, es porque no hubo corte. Además, el tendido de los cables de TV para abonados que existen, están sobre la vereda de enfrente al lugar del accidente. En dicha vereda existen unos “TAPS”, desde los cuales se provee el servicio. Por la ubicación de las columnas, los “TAPS” y el cableado, resulta imposible que haya sido un cable propiedad de SS el que electrocutó a la víctima. En definitiva, el cable con corriente no le pertenecía y, por ende, no deben ser responsabilizadas. VI) Habiéndose conferido los traslados de rigor, los respectivos recursos fueron contestados a fs. 692-702 vto. (codemandada PP), fs. 710-713 vto. (parte actora) y fs. 717-720 vto. (BB). VII) Franqueada la casación (fs. 721), los autos fueron recibidos por el Cuerpo el día 4 de octubre de 2018 (fs. 728). VIII) Por Auto No. 3013/2018, de fecha 10 de octubre de 2018 (fs. 729 vto.), se dispuso el pasaje de los autos a estudio para sentencia, al término del cual se acordó el presente pronunciamiento en forma legal y oportuna. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros, desestimará los respectivos recursos de casación impetrados por las codemandadas. Todo sin especial condenación procesal. II) El caso de autos . A los efectos de facilitar la dilucidación de la cuestión debatida resulta oportuno realizar un breve repaso de las actuaciones cumplidas en autos. Según emerge del subexa-mine, durante la noche del día 23 de agosto de 2005, un fuertísimo temporal azotó a la costa sur del territorio nacional. El referido fenómeno meteorológico (de una intensidad absolutamente excepcional) produjo la caída de árboles, cables del tendido eléctrico y diversos daños materiales en bienes, tanto del dominio privado como del ornato público. El 25 de agosto de 2005, próximo a la hora 21:00, ZZ tomó contacto con un cable de TV para abonados que estaba caído en el suelo, frente a su domicilio en la ciudad de Maldonado. El cable estaba electrificado, porque había quedado (a raíz del temporal) en contacto con la fuente de energía eléctrica que alimentaba un pico de luz del alumbrado público. Recibió una fuerte descarga, que provocó su fallecimiento por electro-cución. Sus padres naturales, her-manos naturales, hijas naturales y su concubino, reclamaron la reparación del daño moral que experimentaron por el fallecimiento de su familiar. Accionaron contra CC S.A. y DD LTDA., que son las sociedades titulares de la empresa de nombre comercial: “ SS” (en adelante: “SS”). Les atribuyeron responsa-bilidad por su condición de titulares del cable que electrocutó a su familiar. La demanda también se dirigió contra la BB (por ser OO (PP), por entender que debe responder por ser el responsable de la producción y distribución de energía eléctrica. Indi-caron que dicho Ente debe ser responsabilizado por el estado de conservación, mantenimiento y reparación de las redes de cable del tendido eléctrico. Puntualizaron que las ins-talaciones de SS no estaban realizadas en forma regular y no se respetaron las normas de seguridad. Ello posibilitó que un perno energizado transmitiera corrien-te a través del cable de televisión para abonados, causando el siniestro. PP y la BB, debieron detectar los defectos de la conexión realizada por SS en la columna del alumbrado público. Por lo tanto, corresponde concluir que son responsables solidarios con la empresa de televisión para abonados, por su falta de servicio. La pretensión reparatoria fue parcialmente amparada (tanto en primera como en segunda instancia). En particular, la sentencia impug-nada mantuvo la condena de primera instancia. Empero, absolvió de responsabilidad a la codemandada PP, por entender que la adscripción de responsabilidad debía hacerse exclusivamente a la Intendencia Departamental demandada y a las sociedades titulares de la empresa de televisión para abonados (SS). III) Recurso de casación inter-puesto por la codemandada BB . a) Agravios relativos a la legitimación activa cuestionada a los reclamantes . El cuestionamiento que formula la recurrente a la legitimación de los fami-liares de ZZ (la víctima), se basa en sostener que, formalmente, no tienen esa calidad. La reclamante AA, nunca reconoció a la víctima como su hija. Por ende, sus hijos no pueden considerarse hermanos de la víctima. Añadió que la sentencia desconoció el art. 42 del C.C., que establece la forma en que se debe probar el parentesco. Concluyó que la decisión atacada, al partir de la premisa de la existencia del parentesco, violenta el principio de congruencia. Partió de la base que está probada la relación de parentesco, para concluir que el daño moral está probado in re ipsa , en virtud de lo estrecho del vínculo. Esa conclusión no resulta jurídicamente justificada. A juicio de la Corpora-ción, los agravios articulados en el punto no pueden prosperar. Con carácter liminar, co-rresponde repasar la fundamentación en la que se basó la sentencia impugnada. Como surge de su Considerando III, la Sala tuvo por probado el vínculo entre los actores y la víctima a partir del informativo testimonial recabado. Consignó el Tribunal en su sentencia que: “... surge plenamente probado el estrecho vínculo entre los distintos miembros de la familia, así como el padecimiento sufrido por el fallecimiento de la víctima. Vínculos estos que determinan que el daño moral deba considerarse in re ipsa, sin perjuicio de que surge plenamente acreditado. (...) se trataba de una familia unida, que compartían momentos de trascendencia (fiestas y cumpleaños) y el sufrimiento generado y padecido por la pérdida de la hija, madre y hermana respectivamente ” (fs. 647). El razonamiento de la Sala resulta ajustado a Derecho. Nuestra jurisprudencia ha sostenido que, para reconocer legitimación a los efectos de reclamar la reparación por concepto de daño moral, resulta irrelevante el hecho de que el vínculo parental se halle formalmente reconocido. Un hijo natural no reconocido, puede demandar la reparación del daño moral que experimenta por la muerte de su padre o su madre. Lo mismo ocurre a la inversa; también los hermanos quedan de este modo legitimados. Máxime cuando se trata de una familia que, como se probó, vivía como tal la relación, más allá de lo que formalmente surgiera de los registros de estado civil. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno se ha expresado sobre este punto, en términos que, por su valor conceptual, corresponde reproducir in extenso . Dijo dicha Sala en la Sentencia No. 46/2014: “... co n relación a los agravios introducidos respecto al rechazo de la excepción de falta de legitimación activa de los reclamantes cabe señalar que los mismos carecen de asidero por lo que corresponde su rechazo. En efecto con relación a los hijos naturales no reconocidos de la víctima cabe expresar que como señala el Dr. Walter Howard al analizar la legitimación activa en la responsabilidad extracontractual, ‘El legislador uruguayo no dispuso quiénes se encuentran legitimados activamente para reclamar por los daños materiales y/o morales que suscita el fallecimiento de un sujeto a raíz del ilícito cometido por otro. Es de principio que todo daño derivado de un hecho ilícito que lesiona un interés legítimamente protegido es resarcible (art. 1319). Por ese motivo los tribunales patrios han admitido reiteradamente que la circunstancia de que el actor no tenga la calidad de hijo natural por falta de reconocimiento de su padre, fallecido en un accidente, no le quita legitimación para pretender la indemnización de los daños causados por dicha muerte; y la razón expuesta se funda en que si bien los hijos naturales no reconocidos no son legalmente hijos, son titulares de un interés jurídicamente protegido (art. 40 de la Constitución) el cual es atributo para reclamar la reparación por responsabilidad extracontractual por el daño causado por la muerte de su padre, contra el ofensor’. (...) de comprobarse la presencia de una relación afectiva, es posible impetrar una petición de daño moral, sin que se arrogue real trascendencia la circunstancia de que la ligazón filial no esté legalmente atribuida por ausencia de reconocimiento o declaración judicial. La razón de ser es que la reclamación pertinente no injerta su raíz en la existencia de un vínculo filiatorio legalmente establecido, sino en la concurrencia de un lazo afectivo, para el cual no asume el carácter de imprescindible que la filiación sea de derecho (...) Como se ve la reclamación queda subordinada al contexto fáctico de cada relación entre padres e hijos. Carece pues de trascendencia que el reclamante desempeñe la patria potestad sobre la víctima o que el menor fuese hijo reconocido o declarado tal para que proceda la acción, sino que lo verdaderamente importante es el vínculo afectivo y de dependencia que pudiera coexistir entre ellos. Por esa razón es que si en el propio litigio de daños y perjuicios el afectado por la lesión infringida al otro consigue probar la presencia de una relación personal dotada de cierta estabilidad, que había una situación de dependencia o colaboración en la manutención y subsistencia y además el dolor y la consternación causados por la muerte o la afectación de otro derecho personalísimo, nada impide que se reclamen los daños materiales y morales que el evento antijurídico ocasionó, aun en ausencia de determinación legal de la filiación’ (‘Filiación Natural de Hecho’, Revista Uruguaya de Derecho de Familia No. 17, pág. 112). Se coincide en este orden con la fundada sentencia de la Sra. Juez a-quo que de una valoración conforme a las reglas de la sana critica surge acreditado no solo la existencia de una relación de padre hijos con los reclamantes sino, también la existencia de un arraigado vínculo afectivo, que constituye un elemento esencial para el resarcimiento del daño moral objeto de condena”) (RDJDC, Año III, T. III (2015), Casos Nos. 745, 746 y 747 pág. 727/729 y en ADCU, T. XLV, Caso No. 281, págs. 279/280). Por consiguiente, la legi-timación activa respecto de la madre natural que no reconoció a la hija y de los hermanos naturales, no resulta cuestionable. A mayor razón, corresponde recordar también el parecer de Gamarra sobre el punto (también glosado en la Sentencia del TAC 2º Turno que viene de referirse), quien tuvo la oportunidad de señalar lo siguiente: “... debe destacarse particu-larmente una reafirmación reiterada del criterio que admitía el derecho de la concubina, la inclusión del hijo de crianza como legitimado, el amparo del hijo natural no reconocido, y finalmente se sostiene que no es imprescindible que el titular de la acción reparatoria sea un acreedor alimentario. Debe subrayarse desde ya el papel que juega en la fundamentación de todas estas decisiones la interpretación del art. 40 de la Constitución emitida por el profesor Cassinelli, según la cual la norma al hablar de ‘familia’ comprende también a sujetos no ligados por un vínculo de parentesco, esto es, a los llamados familiares de hecho (familia latu sensu) (...) Cuando aceptamos que el concepto de familia comprende asimismo a la familia llamada ‘de hecho’ puede observarse que, al gozar el instituto de protección (de rango constitucional), los sujetos singulares sin derecho alimentario ahora incluidos en el rango de los legitimados para accionar por responsabilidad civil, pueden también considerarse titulares de un interés jurídicamente protegido, y como tales, dueños de la pretensión resarcitoria aun dentro de los cánones de la doctrina tradicional italiana (criterio restringido). Son vistos, entonces, como familiares, la concubina, el hijo de crianza, el hijo natural no reconocido, y, sea cual fuere la doctrina elegida, la solución no varía ” (GAMARRA, Jorge: “Tratado de Derecho Civil Uruguayo” , T. XXIII, FCU, Montevideo, 1991, págs. 174/175; véase nuevamente en jurisprudencia la multicitada Sentencia del TAC 2º Turno, No. 46/2014 publicada en RDJDC, Año III, T. III (2015), Casos Nos. 745, 746 y 747 pág. 727/729 y en ADCU, T. XLV, Caso No. 281, págs. 279/280). En suma, a juicio del Cuerpo, ningún reproche cabe hacer al proceder del Tribunal sobre el punto concerniente a la legitimación. El informativo testimonial de las personas allegadas al núcleo familiar (amigos y vecinos), es monolítico en el sentido de que los reclamantes tenían una relación con la víctima de verdadera familia, por lo que resulta irrelevante que la madre no la haya reconocido formalmente. Ello determina que esté justificado haberle reconocido a la Sra. AA y a sus hijos (en tanto madre y hermanos de la víctima), legitimación causal activa. A partir de ese vínculo, va de suyo que la conclusión de que el daño extra-patrimonial (daño moral), quedó probado in re ipsa , resulta jurídicamente irreprochable. Como argumento adicional, los Sres. Ministros Dres. Turell y Tosi, señalan que el vínculo madre-hija de la reclamante AA con la víctima ZZ, así como el lazo madre-hijo entre aquélla y los co-accionantes HH, II,JJ y KK, igualmente fue acreditado adecuadamente con los testimonios de partidas del Registro del Estado Civil obrantes a fs. 5 y ss. de autos. El hecho de la inscripción tardía en nada enerva la eficacia probatoria de los referidos testimonios de partidas. Por lo cual, sin perjuicio de lo anteriormente señalado, no advierten los Sres. Ministros infracción normativa alguna del Tribunal al haber entendido probada la legitimación activa de los reclamantes. Incluso ante las observa-ciones formuladas por la Oficina Actuaria y la Fiscalía en cuanto a la legitimación activa de las menores GG y NN (fs. 352), estas fueron oportunamente subsanadas. IV) b) Agravios relativos a la prueba de los hechos fundantes de la responsabilidad: infracción de las normas que regulan la valoración de la prueba (arts. 140 y 141 del C.G.P.) . La representante de la Administración Departamental codemandada, recordó que el Tribunal partió de la base que una falla en el funcionamiento de una fotocélula y de conductores eléctricos (del alumbrado público) propiedad de su representada, electrificaron la abrazadera en la que se apoyaba la linga de TV para abonados y la electrificaron. Argumentó que dicha pre-misa fáctica, en la que se fundamenta la adscripción de responsabilidad a la Administración Departamental, no ha resultado probada. No se probó que la electrificación del cable de TV para abonados se haya producido a través de las instalaciones de la fotocélula del servicio de alumbrado público. La postación era de PP y, por lo tanto, era dicho Ente el que tenía bajo su cuidado el poste de luz; tanto la fotocélula como el farol del alumbrado público se encontraban correctamente insta-lados. Inicialmente cabe precisar que, como resulta evidente, el cuestionamiento de la codemandada se centra en debatir la conclusión probatoria de la Sala. Discute el extremo que el Tribunal tuvo por probado, consistente en aceptar que fue el mal funcionamiento de los instrumentos del alumbrado público, los que causaron la electrificación de la abrazadera instalada en la columna, que electrificó (luego) el cable de TV para abonados. Siendo así, corresponde partir de la premisa pacíficamente admitida, de que la máxima fundamental de la casación es que ella solo comprende el punto de Derecho y no tiene intervención en la cuestión de hecho (Cf. BARRIOS DE ANGELIS, Dante: “Cuestiones de hecho y de derecho en la casación” , Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de la República, Año XIII (No. 3), Montevideo, 1962, pág. 579). En relación a la valo-ración de la prueba efectuada por el Tribunal ad quem , los Sres. Ministros, reiteran la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que la revaloración del material fáctico tenido en cuenta por los tribunales de mérito se encuentra vedada en la etapa de casación, salvo en hipótesis de absurdo evidente, arbitrariedad o ilogicidad en la ponderación realizada por dichos órganos. Sobre el particular, este Colegiado ha sostenido en forma reiterada que a pesar de que el art. 270 del C.G.P. prevé la infracción a las reglas legales de admisibilidad o de valoración de la prueba como causal de casación, el ámbito de la norma queda circunscripto a la denominada prueba legal o tasada y, en el caso de apreciación librada a las reglas de la sana crítica, cuando se incurre en absurdo evidente por lo grosero o infundado del razonamiento y la denuncia de tal error surge, explícita, del memorial de agravios o se infiere de la forma en que ellos han sido estructurados. En esta línea de razo-namiento, la Corporación ha expresado que tanto la revisión de la plataforma fáctica como la revaloración de la prueba no constituyen motivo casable, por cuanto el ingreso a ese material convertiría a esta etapa de casación o de revisión meramente jurídica en una tercera instancia no querida por el legislador (cf. Sentencias Nos. 58/1993, 716/1996, 338/2002, 323/2003, 202/2005, 706/2008, 74/2009, 163/2009 –en R.U.D.P. 1-2/2010, c. 1122, págs. 596 y 597-, 685/2012, 243/2013, 534/2013, 16/2014, 306/2015 y 66/2016, 162/2016, 10/2017, 216/2017, 406/2017, por citar solamente algunas). En consecuencia, la juris-prudencia de esta Corporación ha admitido la posibilidad de revisar las decisiones sobre valoración probatoria, cuando ésta resulta arbitraria, irracional o contraria a las reglas de la lógica. Como señala Colombo, si bien la revalorización de la prueba resulta excepcional, la Corte -en base a la teoría del absurdo evidente- puede hacerlo cuando media error notorio, lo que equivale a manifiesto, patente, evidente, palmario, claro, ostensible. De este modo se abre un nuevo campo para la casación, el cual se admite con un entorno sumamente restrictivo, para realizar y actuar la justicia como último instrumento para evitar la iniquidad del fallo (Cf. COLOMBO, Erik H.: “Casación: Teoría del absurdo evidente” , RUDP, 1/1983, págs. 57/58). Como afirmara De La Rúa -con apoyo en jurisprudencia argentina- “la sola apreciación equivocada, discutible, objetable o poco convincente de la prueba no constituye absurdo. No es motivo de recurso la mera discrepancia subjetiva con el criterio de valoración del Tribunal de mérito si no existen conclusiones en abierta contradicción con las constancias de la causa ni se registra la ausencia de un estudio lógico y razonado de los diversos elementos computados, vicios esos que constituyen lo propio del absurdo. Asimismo, tampoco es suficiente exponer un criterio distinto al del sentenciante en cuanto al mérito de la prueba rendida, sino que es menester demostrar absurdo en la conclusión o violación de las leyes que regulan esa tarea” (Cf. DE LA RÚA, Fernando: “El recurso de casación. En el Derecho Positivo Argentino” , Víctor P. ZAVALÍA - Editor, Buenos Aires, 1968, pág. 392). Más aun teniendo presente que el Tribunal casatorio no es un Tribunal de mérito. No existe libertad para profundizar los hechos y su esquema valorativo. La regla es clara, pues de otro modo se desvirtuaría la finalidad esencial del recurso (Cf. MOLINA SANDOVAL, Carlos A.: “Recurso de casación: aspectos sustanciales, argumentales y procesales” , ADVOCATUS, Córdoba, 2016, pág. 160). V) Conforme lo señalado, si bien en ciertos casos es posible revisar la valoración del material probatorio, en el subexamine , sin embargo, ni siquiera se ha alegado que la valoración del material probatorio tenga esas características que admitirían su revisión. Asimismo, basta con leer la impugnada para advertir que no se aprecia que el razonamiento probatorio de la Sala resulte ilógico o absurdo y, menos aún, que ello resulte evidente en la sentencia atacada (Cf. Sentencias Nos. 804/2018 y 647/2018, entre muchas otras). A mayor abundamiento, debe subrayarse que la Sala hizo una minuciosa valoración de todos los elementos probatorios en que se basó, para concluir que fue el mal funcionamiento de los elementos del alumbrado público, que estaban bajo la guarda de la Administración Departamental, los que electrificaron la abrazadera y el cable de TV para abonados (ver en especial el Considerando IV.2 a fs. 653-654). La declaración del Ing. TT, a la que apela la recurrente, no le da la razón. El Ingeniero declaró desconocer específicamente los hechos puesto que no participó en la investigación del accidente, ni fue al lugar de los hechos (fs. 466). Además, depuso que no le consta si la postación en la que estaba instalada la fotocélula en cuestión era de la BB o de PP (fs. 469). Ciertamente, la declaración de este testigo no sirve como elemento de corroboración a una hipótesis alternativa a la considerada por la Sala. Por el contrario, los testimonios en que se apoya la sentencia son contundentes en aseverar que cuando fueron al lugar, constataron que el cable estaba tocando la fotocélula que estaba rota. Y esto también es lo que concluyó el informe de la PP realizado el día del accidente, en el que se lee: “... la instalación del alumbrado público se encontraba defectuosa, se procedió a suprimir el servicio del alumbrado público ...” (fs. 40 del acordonado IUE 291-299/2007). En otro orden, establecer la identidad del titular de la columna de alumbrado público, resulta por completo irrelevante. Como bien lo hace notar el representante de la PP al evacuar el traslado de los recursos, la columna por sí sola no pudo electrificar nada, porque es de hormigón, que no es conductora de energía eléctrica (fs. 696). Si la columna en que estaba la abrazadera que electrificó el cable era de la BB o de PP, resulta irrelevante. En definitiva, este sector de agravios se cimienta en discutir la valoración de los elementos probatorios, en orden a cuestionar las conclusiones probatorias sobre la etiología del accidente. Sin embargo, por las razones rituales y de fondo consignadas previamente, el recurso en el punto no puede ser atendido. VI) A criterio de los Dres. Tosi, Minvielle y el redactor, en cuanto al punto, existe un sector de agravios que no se subsumen dentro de la infracción a las reglas de valoración de la prueba, empero, que igualmente corresponde que sean desestimados. La recurrente esgrimió in-fracción a la regla de derecho, señalando que si bien el art. 21 de la Ley No. 14.694 establece que el alumbrado público de las ciudades, villas, pueblos y centros poblados será efectuado por las Intendencias Departa-mentales, las que serán responsables por su instalación y mantenimiento, ello no quiere decir que sean guardianes de las columnas en las que se encuentran, que en el caso, pertenecen a PP. Sostuvo entonces que la guardiana de la columna era la UTE y no la BB, y por tanto, los arts. 24 de la Constitución y 1324 del C.C. fueron erróneamente aplicados. El agravio tampoco resulta de recibo. El art. 21 de la Ley No. 14.694 no deja dudas al disponer que son las Intendencias Departamentales las responsables por la instalación y el mantenimiento del alumbrado público. La BB demandada pretende desembarazarse de responsabilidad en base a un intento de desplazar ésta a la PP en los casos en que los equipos (fotocélula y conductores eléctricos) están posteados a columnas de titularidad del referido Ente, pero ello no se funda en norma alguna. A juicio de los Sres. Ministros, cabe coincidir con la recurrente respecto a su planteo en relación al concepto y extensión de la guarda material, regulada en el art. 1324 del C.C. Pero no se observa de qué modo dicha norma habría sido vulnerada en la especie. En efecto, es cierto que la guarda material de la columna pertenecía a la PP; pero, como se señaló en el Considerando anterior, lo relevante a efectos de la dilucidación de la litis, es que la guarda de la fotocélula y de los conductores eléctricos pertenecía a la IDM. Y en tanto la Sala concluyó que fueron estos elementos los que condujeron la electricidad a la linga del cable de TV para abonados (con la que se electrocutó la víctima), en opinión de los Sres. Ministros, es ajustado a Derecho que haya atribuido responsabilidad causal a la BB, por ser la titular del poder de mando sobre aquellos elementos productores del daño. Por último, la alegada infracción al art. 24 de la Constitución no ha sido fundada en lo más mínimo, extremo que sella la suerte del agravio. VII) c) Agravios relativos a la concurrencia de eximentes de responsabilidad: infracción de las normas que regulan la valoración de la prueba (arts. 140 y 141 del C.G.P.) . Los cuestionamientos a la decisión de la Sala por no haber atendido a la concurrencia de eximentes de responsabilidad, también se basan en cuestionar sus conclusiones probatorias, por lo que los desarrollos conceptuales realizados en el punto precedente, deben darse por reproducidos. En efecto, la Sala des-cartó la ocurrencia de un hecho de la víctima, puesto que no consideró probado que ésta haya tomado el cable con sus manos voluntariamente o haya concurrido, de alguna manera, a la producción del siniestro (ver Considerando V). La recurrente se agravia por el descarte de esta eximente, sin embargo, no indica con precisión los errores en la apreciación de los elementos probatorios en los que habría incurrido la Sala. Asevera la BB en su recurso que: “Sin dudas, la Sra. Sosa tomó contacto intencional con el cable...” (fs. 674). Esta afirmación, sin embargo, aparece desvirtuada por los testimonios glosados por la sentencia, en los que el Tribunal cimienta su decisión. Pero, en cualquier caso, corresponde subrayar que este sector de agravios ataca a la valoración de los elementos probatorios y a las conclusiones probatorias, sin denunciar un supuesto de absurdo evidente o ilogicidad del fallo, lo que sella la suerte del cuestionamiento. Idéntica conclusión se im-pone en relación a la otra eximente de responsabilidad alegada (caso fortuito). La Sala concluyó que no quedó probado que las fallas que experimentaron las instalaciones del alumbrado público hayan sido generadas por el temporal. Indicó que: “... debió acreditarse la vinculación entre dicho evento y la electrificación del cable en cuestión, lo que no fue probado de modo alguno ” (Considerando VI a fs. 657). Una vez más, esta con-clusión probatoria no aparece como absurda o irracional y, tal extremo, ni siquiera se denunció. La recurrente hace caudal de las declaraciones de los técnicos QQ y RR (quienes declararon como testigos). Sin embargo, esas declaraciones distan de ser concluyentes. QQ fue interrogado acerca de si el temporal podía ser la causa de que el cable se haya energizado y contestó: “... el motivo por el que se energizó pueden ser muchos ” (fs. 434). En definitiva, aun prescindiendo de los defectos formales del recurso en orden a cuestionar la conclusión probatoria, va de suyo que la misma no puede considerarse absurda, ilógica o irracional, lo que conduce a repeler el agravio. VIII) Recurso de casación interpuesto por las codemandadas CC S.A. y DD LTDA . Con carácter liminar, co-rresponde expedirse sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por las codemandadas, dado que existen distintas posturas entre los integrantes del Cuerpo. VIII.1) Los Señores Ministros Dres. Martínez, Turell, Minvielle y Tosi, consideran que el recurso es admisible. Para los Señores Ministros la expresión “juicio seguido contra” señalada en el artículo 268 del C.G.P. refiere a los supuestos en los cuales sea parte demandada una entidad estatal. El caso de autos debe ser considerado como un juicio seguido contra el Estado, pese a la presencia de dos codemandadas que no son una entidad estatal. Si la disposición en cues-tión (el inciso 2 del artículo 268 del C.G.P. en la redacción dada por el art. 342 de la Ley No. 18.172), se sancionó para habilitar la revisión en casación de lo decidido (amplificando las hipótesis de regla en las cuales procede el recurso), debe beneficiar a todas las partes que intervienen en el juicio. Como observa Guerra Pérez, el sistema de garantías está dado desde el propio inicio del proceso y para ambas partes en pie de igualdad. En la medida en que inicialmente uno de los integrantes de la parte de-mandada es el Estado o alguno de los órganos enunciados por la disposición, queda determinado desde el inicio el estatuto de reglas y las garantías que regulará el proceso (GUERRA PÉREZ, Walter: “Normas procesales según la Ley de Rendición de Cuentas Nº 18.172. Intimación de pago, competencia de los juzgados letrados de lo contencioso administrativo y recurso de casación” , Revista Estudios Jurídicos, No. 5, UCUDAL, Montevideo, 2008, pág. 126). En este sentido, si bien para establecer las condiciones de admisibilidad del recurso se toma en consideración un aspecto subjetivo (que una de las partes sea la Administración Estatal), la solución legal no atiende sólo a una de las partes, sino que resulta extensible a cualquiera de los sujetos que interviene como parte o co-parte en el proceso, con independencia de si integra el lado activo o pasivo de la relación procesal. En este último caso, la actuación en supuestos de litisconsorcios facultativos debe valorarse a la luz de las reglas del proceso acumulativo, marco en el cual corresponde que se aplique la misma norma de admisibilidad de los recursos a todos los sujetos intervinientes, siendo contrario a los principios propios de la acumulación pretender cualquier fraccionamiento. Los Señores Ministros consideran que una interpretación contraria no encuentra justificación en la letra, ni en el espíritu de la norma, además de contrariar los principios de igualdad y continencia de la causa. Asimismo, no resulta acorde a la comunidad de la acción que debe existir entre los litisconsortes facultativos, referente a la unidad del proceso (artículo 45 in fine del C.G.P.), pues se estaría perjudicando la suerte de uno de los litisconsortes por el obrar de otro, lo cual se encuentra vedado por la norma. Además, las cuestiones debatidas, que tienen origen en una misma causa, deben tener un tratamiento uniforme, para no afectar el principio de continencia de la causa y el de coherencia de las decisiones judiciales (KLETT, Selva “Algunos temas de interés en el área de los medios impugnativos” , RUDP No. 2/05, págs. 394/397). En este sentido ver Sentencia No. 854/2017, entre muchas otras. VIII.2) A juicio del redac-tor, el recurso de casación impetrado por las codemandadas resulta inadmisible, por cuanto, en relación a los aspectos en que se fundan los agravios (a excepción de la responsabilidad de la PP) existen dos soluciones coincidentes (art. 268 inc. 2º del C.G.P.). En tal situación, resulta trasladable lo expuesto por la Corporación en Sentencia No. 38/2005 (entre muchísimas otras): “...la ‘ratio legis’ del artículo 268 del C.G.P. -en la redacción dada por el art. 37 de la Ley No. 17.243-, radica en impedir que se revisen en el grado casatorio aspectos de la pretensión sobre los cuales recayeron pronunciamientos jurisdiccionales coincidentes en dos instancias, en razón de lo cual entiende la Corporación que aquellas cuestiones involucradas en el objeto de la litis y a cuyo respecto la decisión de primer grado fue confirmada en segunda instancia, se encuentran exiliadas del control casatorio, (Cfme. Sentencias. Nos. 856/02, 976/02, 980/02, 1089/02, 37/03, 363/03, 420/03, 1373/03, 345/04, 371/04, 442/04 y 578/04, entre otras)”. En opinión del redactor, en la medida que en autos se demanda a personas de derecho privado y al Estado, en las pretensiones concernientes a las primeras, no es aplicable el régimen de excepción establecido en la parte final del art. 268 del C.G.P. (Cf. Sentencias Nos. 539/2013, 54/2014, 830/2014, 178/2015 y 854/2017). Despejado el punto de la admisibilidad, se procederá a continuación al estudio de los concretos agravios deducidos. IX) a) Agravios relativos a la ausencia de legitimación activa, eximentes de responsabilidad (caso fortuito y hecho de la víctima) y exoneración de responsabilidad de la PP . Como se señaló oportuna-mente, este sector de agravios esgrimidos por las codemandadas se sustenta exactamente en los mismos fundamentos ensayados por la también recurrente BB. En su mérito, corresponde su rechazo conforme a lo expresado en el Considerando III) al VII). X) b) Agravios relativos a la prueba de los hechos en que se sustenta la responsabilidad de las codemandadas: infracción a las reglas de valoración de la prueba (arts. 140 y 141 del C.G.P.) . En su cuestionamiento, las sociedades codemandadas fundaron su agravio en que no se consideró que el cable que electrocutó a la víctima no es de su propiedad y que, por las instalaciones existentes en el lugar, no podía haber un cable de TV para abonados instalado en el lugar del accidente. Además se alegó que al haberse probado que el cable tomó electricidad por una falla en la fotocélula, no le cabe responsabilidad. Los hechos en que se basa la argumentación exculpatoria no resultaron probados, como lo puso al descubierto la Sala en su fundada sentencia (Considerando IV.3 a fs. 654-655). Nuevamente, la cuestión está instalada en el terreno de la valoración de los elementos probatorios disponibles y, por las razones largamente expuestas, no es posible revisar esta conclusión probatoria. Una vez más, cabe reiterar que las recurrentes no postularon que la valoración del material probatorio haya sido absurda, ilógica o irracional. Además, debe de verse que la Sala aplicó racionalmente las reglas sobre distribución de la carga de la prueba. Lo que sella la suerte de este agravio, es que las codemandadas no probaron los extremos fácticos necesarios para sustentar su defensa. Como enseña Taruffo, ante la incertidumbre de los hechos invocados, los ordenamientos jurídicos tienden a excluir la posibilidad del non liquet . Entran allí en juego las reglas de la carga de la prueba, que permiten en cualquier caso tomar una decisión en el supuesto de incertidumbre. Estas reglas están, por otra parte, en consonancia con la lógica de la hipótesis y de la confirmación: en efecto, el actor que no prueba el hecho constitutivo de su pretensión pierde el juicio. Y pierde no porque se haya probado la falsedad de la hipótesis de hecho que alegó, sino porque simple y realistamente, la ley impone al juez que tome en cuenta la permanencia de la incertidumbre sobre el hecho constitutivo y que extraiga las consecuencias que la propia ley considera más oportunas sobre la base de la dimensión subjetiva de la controversia (Cf. TARUFFO, Michele: “La prueba de los hechos ”, Trotta, Madrid, 2009, págs. 247-248 y VIERA, Luis Alberto: “La Prueba” en AA.VV.: “Curso de Derecho Procesal”, IUDP, Montevideo, 1974, págs. 84-85). En suma, los extremos para el progreso de la defensa de las sociedades codemandadas no fueron puntualmente acreditados, por lo que la atribución de responsabilidad realizada por la Sala no resulta jurídicamente reprochable. Finalmente, no puede exculparse tampoco a las empresas titulares del cable por el hecho de que haya sido una falla en la fotocélula la que lo electrificó. Debe de verse que el cable que estaba bajo su cuidado entró en contacto con la víctima, cuando ello no debió haber ocurrido. Al no haberse probado que ese evento haya ocurrido por culpa de la víctima o por caso fortuito, resulta imposible liberar de responsabilidad al guardián. XI) La correcta conducta procesal de ambas partes determina que las costas y los costos de la presente etapa se distribuyan en el orden causado (art. 688 del C. Civil y arts. 56.1 y 279 del C.G.P.). XII) Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : DESESTÍMANSE LOS RECURSOS DE CASACIÓN INTERPUESTOS, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. HONORARIOS FICTOS 40 B.P.C. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.