Sentencia Interlocutoria N° 169/2019

Montevideo, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve VISTOS : Para resolución, estos autos caratulados: “FORASTIERO RODRÍGUEZ, LUIS C/ GREMEDA I.A.M.P.P. - DEMANDA LABORAL - CONTIENDA DE COMPETENCIA”, IUE: 156-821/2017 , venidos a conocimiento de la Corporación en mérito a la contienda planteada debido a la inhibición de oficio de la titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Artigas de 2do. Turno. RESULTANDO : I) En autos el Sr. Luis FORASTIERO RODRÍGUEZ promovió demanda laboral para el cobro de diversos rubros contra GREMEDA IAMPP sin fines de lucro (fs. 35/44). II) Por resolución No. 1340/2018, la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia de Artigas de 2do. Turno, Dra. Carolina MACHADO GARCÍA, indicó: “ 1) Habiendo sido advertida la suscrita que el actor en autos es funcionario judicial de esta Sede, siendo asimismo quien desempeña sus tareas en la mesa laboral de la Sede. 2) De conformidad con lo establecido en el art. 326.2 del C.G.P., la suscrita entiende necesario su apartamiento del proceso atento a las razones ya manifestadas, por lo cual SE DISPONE: Suspéndese la audiencia fijada en autos y remítase las presentes actuaciones al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Artigas de 3er. Turno (atento a lo dispuesto en el art. 105 de la LOT), con las formalidades de estilo” (fs. 176). III) Recibidas las actuaciones por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Artigas de 3er. Turno, por Resolución No. 1767/2018 de fecha 19 de abril de 2018, dispuso: “ Atento a que el actor en autos es funcionario judicial de esta Sede, desempeñándose en la mesa laboral. Según lo preceptuado por el art. 326.2 del C.G.P., quien suscribe entiende necesario su apartamiento del proceso atento a la vinculación funcional y jerárquica y considerado las repercusiones en el ambiente laboral respecto al resto de los funcionarios. SE DISPONE: Remítase las presentes actuaciones al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Artigas que por turno corresponda (atento a lo dispuesto en el art. 105 de la LOT), con las formalidades de estilo” (fs. 198). IV) Recibido el expediente por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Artigas de 4to. Turno –con competencia en materia penal- no asumió competencia. Puntualmente expresó el titular de esta Sede, Dr. Daniel BORSANI que: “... se pretende un apartamiento de la Titular de la Sede, en virtud de la vinculación funcional y jerárquica de la Titular de la Sede respecto de la parte actora de obrados, el cual es funcionario judicial. La pretensión deducida no es de competencia de este tribunal, por entender que por la normativa legal citada expresa que lo subrogará el que le preceda en el turno (art. 105 de la Ley No. 15.750). Así se declarará ordenándose la remisión de los autos al Tribunal remitente, a sus efectos. Por tales fundamentos y por la normativa citada, SE RESUELVE: Declárase la incompetencia de la Sede para conocer en este proceso. Remítase los obrados al juzgado remitente, oficiándose en forma de estilo” (fs. 202). V) Por Resolución No. 3351/2018 de fecha 20 de julio de 2018 dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Artigas de 3er. Turno, se precisó que: “... el apartamiento de la presente causa se encuentra fundado en la norma legal que lo habilita (art. 326.2 del C.G.P.), en el entendido que ciertas hipótesis ponen en peligro la imparcialidad del juzgador, principio fundamental de nuestra labor; así como la igualdad entre las partes en el proceso. Como ya se dijera el actor lleva la MESA LABORAL, en ambas sedes, Juzgado Letrado en lo Civil de 2º y 3º Turno, por lo que el mismo actor de tramitarse aquí [el] asunto, estaría accediendo a información de su propio juicio, aun en forma involuntaria; incurriendo en responsabilidad funcional y la Sede incurriendo en flagrante violación del principio de igualdad de las partes, como ya se expresare, sumado a los argumentos vertidos oportunamente... Por todo lo expuesto, corresponde que este asunto sea dirimido por otra Sede con independencia de las normas de distribución de competencia, establecidas en la Ley No. 15.750, no resultando de recibo que por razón de materia corresponda a los Juzgados Civiles con competencia en materia laboral; por no considerar que el apartamiento se funde en motivos de decoro o delicadeza, por imperio del ya mencionado art. 326.2 del C.G.P.” (fs. 208/209). El expediente -una vez más- es remitido, esta vez al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Artigas de 1er. Turno. Dicha Sede por Resolución No. 1085/2018 no asumió competencia, dispuso devolver las actuaciones a la Sede de origen y estar a lo que dispusiera el superior procesal. En concreto, la Titular de la Sede de 1er. Turno sostuvo que: “ no tiene el honor de compartir los argumentos manifestados por entender que corresponde el pronunciamiento del superior jerárquico, atento a que los motivos esgrimidos ingresan dentro de lo establecido en el numeral 3 del art. 326. Existe en las Sedes Penales de la cual la suscrita es titular de una de ellas, causas de inhibición por no ser fundamento suficiente el vínculo jerárquico y el desempeño laboral del indagado o un familiar en nuestro caso. En el entendido que la función la puede realizar otro funcionario y el expediente se puede mantener en reserva, según las directivas que se nos brindaron” (fs. 213). VI) Recibido nuevamente el expediente por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Artigas de 3er. Turno, por Resolución No. 4033/2018 de fecha 17 de agosto de 2018, indicó que no está en discusión una cuestión de decoro o delicadeza y, por este motivo, elevó las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia, para dirimir la contienda planteada (fs. 214/215). VII) Recibidos los autos en la Corporación (fs. 219), por Providencia No. 2573 de fecha 12 de setiembre de 2018 (fs. 220), se llamó para resolución, la que, previo pasaje a estudio sucesivo, se acordó dictar en legal forma. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por mayoría legal (arts. 56 inc. 2º de la Ley No. 15.750), declarará competente para seguir entendiendo en estos autos a la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia de Artigas de 2do. Turno, Dra. Carolina MACHADO, por cuanto asiste razón a su contendiente en que no se verifica causal alguna que le habilite a inhibirse de oficio (arts. 325 y 326 del C.G.P.). II) Básicamente, la cuestión a dilucidar refiere a si la circunstancia esgrimida por la titular de la Sede naturalmente competente para resolver el asunto, constituye una causal de inhibición de oficio para apartarse del proceso o si se trata de razones de delicadeza y decoro que requieren del pronunciamiento y autorización del superior procesal. En tal sentido, reiterada-mente ha señalado la Corporación que: “ (...) en el caso no estamos en rigor ante una típica contienda de competencia, dado que en puridad se está discutiendo si es o no de recibo la inhibición de oficio dispuesta por el titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Carmelo de 2do. Turno, conforme lo dispuesto por el art. 326.2 del C.G.P. “Sin embargo, como expresara esta Corporación, se encuentra dentro de sus facultades decidir este tipo de conflictos: ‘como si se tratara de una real contienda de competencia, por analogía con una contienda negativa, al no existir otra vía para ello -como señalaba en 1929 el entonces Fiscal de Corte, Dr. Furriol- puesto que ninguno de los magistrados contendores posee autoridad propia para apartarse definitivamente del proceso’ (Sent. No. 857/94), (Sentencia No. 1.369/2009)” (Sentencia No. 852/2015). III) En efecto, la Sra. Juez, Dra. Carolina MACHADO, no invocó ninguna circunstancia grave y relevante que pueda afectar su imparcialidad por interés en el proceso, ni por afecto o enemistad con el funcionario que, en el caso, se erige como parte en el proceso. De igual forma, la Magistrada no esgrimió haber dado opinión concreta sobre la causa sometida a su decisión (art. 325 del C.G.P.), sino que, simplemente, se limitó a señalar que el actor es quien lleva la mesa laboral en la Sede, lo cual no implica causal inhibitoria debido a una grave afectación de la imparcialidad. Como señala TARIGO, el legislador a través de la sanción del C.G.P. unificó las causales de impedimento (inhibición) y de recusación en el art. 325 del C.G.P. “En el C.P.C. se distinguía, en normas separadas, la inhibición del Juez por su propia iniciativa –el C.P.C. lo denominaba impedimento- de la separación del Juez por iniciativa de la parte, recusación –éstas más numerosas que las anteriores- estaban taxativa y minuciosamente enumeradas, con la particularidad, además, de que las causales de impedimento eran, igualmente, consideradas como causales de recusación. El impedimento era –y ontológicamente lo sigue siendo, aunque su regulación procesal haya variado- un motivo grave de inhibición (...) El C.G.P. ha configurado, en cambio, un concepto único de recusación, en el art. 325, en el que cabe considerar incluidos, a la vez, los conceptos de recusación y de impedimento tal como los manejaba el C.P.C. (...) En este concepto [del art. 325 del C.G.P.] quedan comprendidas, genéricamente, todas las numerosas causales de impedimento y de recusación que contenían los arts. 784 y 786 C.P.C., que se reducen, en último análisis a cuatro elementos fundamentales, cualquiera de los cuales es suficiente y bastante para comprometer la imparcialidad del Juez: el interés, el afecto, el odio y el amor propio” (TARIGO, Enrique: “Lecciones de Derecho Procesal Civil”, Tomo II, FCU, 5ª Edición, Montevideo, 2012, pág. 395). IV) Las medidas de resguardo que su contendiente plantea, a juicio de la Corporación, resuelven la problemática ventilada. Es resorte del Magistrado actuante arbitrar las medidas pertinentes para mantener apartado al funcionario de su propio asunto o disponer la reserva de las actuaciones y/o el encargo específico a otro funcionario, para el normal desarrollo del proceso. El mero contacto funcional y jerárquico –sin afinidad relevante que haya sido alegada- no compromete la objetividad del Juez para brindar una decisión reflexiva y ponderada en cuanto al fondo del asunto al que es llamado a resolver. La credibilidad institu-cional, que debe priorizarse por parte del operador, no se tutela únicamente mediante el apartamiento del proceso por parte del juzgador. Justamente, porque no está en juego una supuesta interferencia en la objetividad del criterio del decisor sino, en tal caso, razones de delicadeza o decoro que no fueron canalizadas y verbalizadas por la Sra. Juez a través de las vías previstas a tal efecto ante el superior procesal (art. 326.3 del C.G.P.). V) En mérito a lo anterior, corresponde declarar competente para seguir entendiendo en estos autos a la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia de Artigas de 2do. Turno, con noticia de la contendiente. VI) En definitiva, por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, por mayoría, RESUELVE : DECLÁRASE COMPETENTE PARA SEGUIR ENTENDIENDO EN ESTOS AUTOS A LA SRA. JUEZ LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA DE ARTIGAS DE 2do. TURNO, CON NOTICIA DE SU CONTENDIENTE. DR. EDUARDO TURELL DISCORDE: Por cuanto corresponde, declarar competente para continuar conoCiendo en estos procedimientos, a la Dra. Natalia López, titular de la Sede Letrada de Artigas de 1er. Turno, con noticia de su contendiente. I) Ello por cuanto la causa de apartamiento que esgrimió la titular de la Sede homóloga de 2do. Turno (que un funcionario de las Sedes de 2do. y 3er. Turno lleva la mesa laboral, por lo que, de tramitarse allí, dicho funcionario estaría accediendo a información, violándose así la igualdad entre las partes y poniéndose en peligro la imparcialidad de la juzgadora y atento a la vinculación funcional y jerárquica), es de recibo. En tal sentido, la invocada constituye una causal que pudo dar mérito a las partes a promover la recusación de la Magistrado, o en caso de pasarles inadvertida y de considerar la Juez que la circunstancia que lo afecta no determina la necesidad de su apartamiento de oficio del conocimiento del proceso, imponerle el deber de poner en conocimiento de las mismas dicha circunstancia, con efecto de que éstas, de considerarlo oportuno, promovieron su recusación (art. 326.1 C.G.P.). El legislador ha previsto, a su vez, en el art. 362.2 del C.G.P., el derecho y el deber del Juez de inhibirse de oficio, cuando estimare necesario su apartamiento del proceso, indicando la causa que motivare su apartamiento. “Esta decisión le perte-nece exclusivamente al Juez. No la puede juzgar o evaluar el superior y está más allá de la voluntad de las partes. Constituye un derecho, naturalmente, el derecho de no tener que sufrir la violencia moral que supondría ejercer su función jurisdiccional en determinadas circunstancias; pero constituye, a la vez, un deber, por cuanto de no hacerlo así, cualquier de las partes podrá promover su recusación” (Tarigo, Enrique; Lecciones de Derecho Procesal Civil, T. II, 1ª Ed., pág. 389). Por su parte, la abstención prevista por el art. 326.3 del C.G.P. configura, por el contrario, un derecho de tipo administrativo, según señala la doctrina, que tienen todos los funcionarios públicos, y que consiste, sustancialmente, en “liberarlos del conflicto moral que representa tener que decidir en asuntos en los cuales razones de derecho de decoro o delicadeza les crean un estado particular de violencia moral” (Couture, Eduardo J., Contienda de competencia, impedimentos, recusación y abstención de los jueces, Oficina de Apuntes C.E.D., s/f, pág. 44). Derecho privativo del Juez, en el que las partes no tienen participación alguna, y que requiere, en cada caso, la aprobación del superior inmediato, si se trata de Juez unipersonal, o la de los restantes integrantes del órgano, si se trata de un órgano colegiado, con efecto de permitir a éstos evaluar la circunstancia invocada, evitando que la excusación sea la consecuencia de un error o de un exceso de susceptibilidad (Cf. Alsina, Hugo, Tratado..., Buenos Aires, 1957, Tomo 2, pág. 302) (Cfm. Sentencia de la Suprema Corte de Justicia No. 1.369/2009). II) En el caso, entiendo que la circunstancia de que el actor, sea funcionario de la Sede, invocada por la titular de la Sede de 2do. Turno, excede a las denominadas causales de delicadeza o decoro y, aunque no integre ninguna de las previstas en el art. 325 del C.G.P., justifica razonablemente su apartamiento de estas actuaciones en tanto, al menos a los ojos de un observador razonable (art. 11 del Código Modelo de Ética Judicial a nivel de Ibero América, incorporado por Acordada No. 7688), podría entenderse afectado el principio de igualdad, de equidistancia entre las partes e incluso verse comprometida su responsabilidad funcional. Por estos fundamentos, y a pesar de lo discutible del tema, teniendo presente los principios de economía procesal y de pronta administración de justicia, y que a criterio del suscrito sería de recibo una solicitud de abstención (art. 326.3), considero, para el caso concreto, que resulta ajustada a derecho la decisión de inhibirse de oficio que, en ejercicio del derecho potestativo reconocido por el art. 326.2 del C.G.P., la misma dispusiera.