Sentencia Definitiva N° 141/2019

Montevideo, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva en autos caratulados: “BERTOCCHI GARDELLA, CARLO C/ PLUSPETROL URUGUAY S.A. - DEMANDA LABORAL – CASACIÓN”, IUE: 2–24906/2017 venidos a conocimiento de esta Corporación en mérito al recurso de casación interpuesto por la demandada contra la Sentencia Definitiva SEF-0014-000186/2018 de 25 de Abril de 2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 3er. Turno. RESULTANDO : 1.- Por Sentencia Definitiva No. 73 de 14 de noviembre de 2017, el Juzgado Letrado de Primera Instancia del Trabajo de 18vo. Turno falló: “ Desestímase la demanda sin especial condenación” (fs. 645 y ss.). 2.- El Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 3er. Turno por Sentencia Definitiva SEF–0014–000186/2018, de 25 de abril de 2018, Falló: “ Confírmase la sentencia apelada, excepto en cuanto no hizo lugar al reclamo por concepto de daños y perjuicios derivados de la rescisión anticipada del contrato los que se determinan conforme lo expresado en los Considerandos de la presente, con más reajustes, intereses y multa legal hasta el efectivo pago ” (fs. 734-762 vto.). 3.- A fs. 766 la parte actora interpuso el recurso de casación en estudio manifestando en síntesis que: la sentencia impugnada vulnera los artículos 7 y 72 de la Constitución, dichas normas consagran los principios de buena fe, acto propio, razonabilidad y seguridad jurídica, los cuales fueron vulnerados por la sentencia al no tomar en cuenta la conducta del actor el cual había consentido renunciar en Uruguay para ser dado de alta en Perú. Se infringió el artículo 253 del C.G.P., en virtud que la apelación no era fundada por lo cual no debía ser admitida. También el artículo 1839 del Código Civil en la medida que no existió una correcta subsunción de los hechos en el concepto de justa causa -arts. 1291 y 1301- que establecen las normas sobre contratos en general, la buena fe y la interpretación de los contratos. Sostuvo en primer lugar que la sentencia recurrida debe ser casada por cuanto la Sala realizó una errónea aplicación del C.G.P. al admitir el recurso de apelación del actor. Ello, por cuanto en el recurso de apelación interpuesto por la contraparte, no se realizó una crítica fundada de la sentencia de primera instancia, tal cual lo requiere la norma. Básicamente, el actor no realizó una crítica fundada de la sentencia de primera instancia, ya que no detalló los pasajes de la misma que le agraviaron. Se limitó a repetir los argumentos de la demanda y a omitir la prueba diligenciada. En segundo lugar, en cuanto a la existencia de “justa causa” que exonera a PLUSPETROL URUGUAY del pago de los salarios caídos por la rescisión anticipada, el órgano de mérito violentó el art. 1839 del Código Civil. No solo porque no delimitó el concepto de justa causa, para poder encuadrar los hechos y la prueba, sino que además incurrió en un error de subsunción del caso en la mencionada norma. En tercer lugar la sentencia impugnada incurrió en error en la valoración probatoria, configurando un supuesto de absurdo evidente al interpretar equivocadamente la secuencia de los hechos. A partir de una premisa falsa, llega a una conclusión errónea. Surge de la prueba diligenciada que PLUSPETROL no comunicó la rescisión del contrato hasta fines de abril de 2016. Previamente, no había una decisión de rescisión, sino que se había decidido que el actor no podía continuar en ese cargo puntual en Uruguay y, en lugar de rescindir, se le ofreció una asignación en PLUSPETROL PERÚ que fue aceptada por el actor inmediatamente y, además, durante un mes y medio a través de sus actos. El Tribunal incurrió en un supuesto de absurdo evidente en la medida que desestimó en su totalidad la prueba testimonial de PLUSPETROL URUGUAY, porque a su entender eran testigos sospechosos y, además, omitió considerar el 90% de la prueba documental aportada por la Compañía. En otro orden de ideas, consideró que la Sala, al condenar al pago de daños y perjuicios, incluyó indebidamente dentro de los salarios caídos, varias partidas que sólo se hubiesen generado si el actor hubiese efectivamente trabajado en el período: aguinaldo; salario vacacional; partida de vivienda y escolar. Los daños y perjuicios equivalen únicamente a los salarios básicos, sin ningún adicional que el trabajador hubiese percibido hasta el final del contrato. Todas las partidas marginales que el actor incluye en su liquidación de eventuales daños y perjuicios corresponden sean desestimadas conforme la interpretación del art. 1839 del C. civil. Aplicando los principios de razonabilidad y lógica, las partidas marginales al salario deben ser rechazadas. No corresponde la inclusión de gastos de alquiler, ya que el trabajador regresó a Perú, sin tener que afrontar los gastos de alquiler de una vivienda en el Uruguay. Al no tratarse de un perjuicio real padecido por el exempleado, no corresponde su indemnización. La sentencia de segunda instancia también incluye en la base de cálculo de los salarios caídos, el pago de los gastos de sus menores hijos hasta la fecha de finalización del contrato. No es un gasto a reparar, dado que sus hijos no continuaron concurriendo al colegio en el Uruguay. En la medida de que el actor no tuvo que abonar ninguna cuota del colegio en nuestro país con posterioridad a la terminación del contrato, tampoco existe daño a reparar. En cuanto al salario vacacional, se trata de una partida remuneratoria que no debe integrar los daños y perjuicios ya que carece de sentido y causa. El trabajador no gozará de vacaciones en los términos previstos por la normativa uruguaya. Por último, en cuanto al aguinaldo, como los salarios caídos tienen naturaleza indemnizatoria no corresponde adicionar el aguinaldo que hubiera percibido dentro de los perjuicios sufridos indemnizables. En definitiva, solicitó que se case la sentencia de segunda instancia. 4.- Los autos fueron recibidos el día 3 de setiembre de 2018 (fs. 878). 5.- Por Auto No. 2469/2018, de fecha 10 de setiembre de 2018, se dispuso el pase a estudio y autos para sentencia (fs. 879). 6.- Culminado el estudio, se acordó el dictado de sentencia para el día de la fecha. CONSIDERANDO : I.- La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, desestimará el recurso de casación interpuesto por la parte demandada. II.- El caso de autos . A fs. 66 compareció el actor promoviendo demanda por créditos laborales, reintegro de gastos, daños y perjuicios y multa contra Pluspetrol S.A. Sostuvo que ingresó a trabajar en Junio de 2009 como Jefe de Tesorería para Pluspetrol Norte S.A., sita en Perú, integrante de la empresa multinacional que gira bajo la denominación comercial Con fecha 23 de diciembre de 2013 Pluspetrol Norte S.A. le ofreció prestar servicios como Jefe de Tesorería Corporativa por un plazo de 4 años en Uruguay en Pluspetrol Uruguay S.A. Asimismo, la empresa se obligó con fecha 28 de febrero de 2014 a recontratar al actor una vez concluida la vinculación con Pluspetrol Uruguay, oferta que fue aceptada por el compareciente. El 28 de febrero de 2014 se otorgó contrato de trabajo entre Pluspetrol Uruguay S.A. y el dicente, estableciéndose que el comienzo de las tareas sería el 1º de marzo de 2014 y que la remuneración nominal mensual sería de $201.360. De forma irregular e indicativa de una intencionalidad ulterior de la empresa, se omitió establecer que el contrato era por un plazo de 4 años. En Marzo de 2016 restando aún casi 2 años de contratos, el Gerente de Recursos Humanos de la empresa de forma unilateral e intempestiva comunica el traslado del trabajador a Pluspetrol Perú, solicitando que éste presente la renuncia, la cual no fue presentada. Es así que el 28 de abril de 2016, restando aun 22.1 meses de contrato, el Gerente de Recursos Humanos de Pluspetrol Uruguay le comunica vía mail la rescisión anticipada del contrato de trabajo con fecha 27 de abril de 216, alegándose la existencia de justa causa. El actuar de la empresa fue ilegítimo, arbitrario y abusivo, no solo porque no se dio un pre aviso formal, sino porque ante la negativa de presentar renuncia se le rescinde el contrato, alegándose una justa causa que nunca es explicitada. La rescisión unilateral e intempestiva determinó asimismo importantes perjuicios para el compareciente y su familia, habiéndose previsto que permanecerían en Uruguay hasta Marzo de 2018. En el caso, la parte empleadora ha incurrido en un claro abuso de derecho considerando la intempestividad de la rescisión, la falta de preaviso formal, la fecha en que se produjo la rescisión y la alegación de una justa causa sin fundamentación. Reclamó el pago de los salarios, salarios vacacionales, aguinaldos y bonos que hubiera percibido hasta la finalización del contrato, la indemnización por despido común, el despido abusivo, reintegro de gastos impagos, daños y perjuicios y multa del art. 29 de la Ley No. 18.572, totalizando el monto de lo reclamado la suma de $29.579.857. En definitiva solicitó se ampare la demanda y se condene a Pluspetrol Uruguay S.A. al pago de la suma señalada. III.- Los agravios referidos a la infracción a los arts. 17 de la Ley No. 18.572 y 253 del C.G.P., no resultan de recibo . Sostuvo la recurrente que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora no se encontraba debidamente fundado; por esta razón, debió rechazar el mismo y tener por desistida a la actora de dicho medio impugnativo. De la lectura del recurso de apelación interpuesto por la actora, surge que la misma identificó claramente las líneas de argumentación manejadas por la Sra. Juez actuante en primera instancia e individualizó las razones jurídicas que abonaban la solución revocatoria pretendida. Si se repara con la debida atención, fácilmente se observa que el recurso presentado (específicamente numerales 3 a 30) plantea una crítica a la sentencia de primera instancia, fundada en errores en la valoración de la prueba en que habría incurrido la decisora de primer grado. Resultan trasladables al punto las consideraciones de la Corporación en Sentencia No. 860/2017, “(...) el Tribunal de Apelaciones del Trabajo consideró suficientemente fundado el recurso para poder ingresar al análisis de los agravios. Asimismo, la parte actora tuvo oportunidad de contestar en forma, por lo cual se cumplió con la garantía de la debida defensa. Por ello (...) corresponde desestimar el agravio” (Conf. Sentencia de la Suprema Corte de Justicia No. 337/2015). La Sra. Ministra Dra. Minvielle agrega que no se trata, simplemente como postula la parte demandada -recurrente en casación- de que la actora haya repetido lo consignado en la demanda. Contrariamente a lo afirmado, el actor al recurrir individualizó los supuestos errores e inconsistencias de la sentencia y, en qué medida, tal decisión le generaba agravio. No estamos ante una crítica vaga, abstracta y desaprensiva de lo decidido, ya que el recurso se conecta específicamente con los pormenores de la decisión jurisdiccional para así denunciar los errores de Derecho en los que ésta habría incurrido. En tal sentido, se ha señalado que el recurso –de apelación- no puede ser, en modo alguno, una copia “a la letra” de la demanda, facilitada por el uso erróneo de los procesadores de texto. Tal conducta es desconocer todo lo que aconteció en el proceso: es observar de soslayo, o aun con prescindencia, la etapa de instrucción, los propios alegatos de bien probado y la sentencia de primera instancia (Cf. KLETT, Selva: “Proceso ordinario en el Código General del Proceso”, Tomo III, FCU, 1ª Edición, Montevideo, 2014, pág. 63). El libelo recursivo no es acríticamente idéntico al acto de proposición o al alegato sin un mínimo de coordinación y aprehensión con las resultancias del expediente, sino de una crítica –compartible o no- de lo resuelto en primera instancia con fundamento en pruebas disponibles en la causa y/o una valoración alternativa justificada. Como ha señalado la Corte con anterioridad: “...el contenido de la expresión de agravios debe consistir en un análisis razonado de la sentencia, señalándose sus defectos y aquellas decisiones que producen el perjuicio; pero esto no significa rebatir el pronunciamiento punto por punto, lo que, sin dudas, puede ser exagerado (cf. Vescovi, Enrique, Derecho Procesal, Tomo VI, 2a. parte, Ediciones Idea, Montevideo, 1985, pág. 112)” (Sentencia No. 816/2014). Por tanto, el agravio articulado por el recurrente en casación parte de un formalismo exacerbado que no logra visualizar la suficiencia de fundabilidad de un medio impugnativo. No existen fórmulas convencionales para exponer las razones y la crítica si ella, con un mínimo esfuerzo intelectivo, se logra visualizar y comprender. En definitiva, no se advierte que el recurso interpuesto por la actora adolezca del vicio denunciado, esto es ausencia de la debida fundamentación, por lo que el agravio resulta de rechazo. IV.- Los agravios relativos a la errónea interpretación y aplicación del art. 1839 del C. Civil, respecto a la existencia de justa causa, no resulta de recibo . Sostuvo el recurrente que en el caso existió una errónea aplicación e interpretación del art. 1839 del C. Civil. El Tribunal ad quem efectuó una errónea calificación jurídica en tanto no delimitó el concepto de justa causa y no subsumió los hechos en la causal extintiva del contrato de trabajo. A los efectos de analizar y determinar si se configuró la existencia de la justa causa invocada por la demandada, debe partirse del análisis de la plataforma fáctica ventilada en autos y tenida por acreditada por el Tribunal ad quem, que es la siguiente: El actor ingresó a trabajar en junio de 2009 , “como Jefe de Tesorería para Pluspetrol Norte S.A., sita en Perú, integrante de ‘la multinacional’ que gira bajo la denominación comercial Pluspetrol, bajo sociedades anónimas diferentes. Lo cual no fue controvertido en autos. Invocó además el actor que el 23 de diciembre de 2013 se le ofreció prestar servicios como Jefe de Tesorería Corporativa por un plazo de 4 años en Uruguay en Pluspetrol Uruguay S.A. Y que la empresa se obligó con fecha 28 de febrero de 2014 a recontratar al compareciente una vez concluida su vinculación con Pluspetrol Uruguay, oferta que fue aceptada de forma total e incondicionada por el compareciente. En esa misma fecha se otorgó contrato de trabajo entre el compareciente y Pluspetrol Uruguay S.A., con comienzo de tareas el 1º de marzo de 2014. En marzo de 2016, restando aún casi dos años de contrato, se le comunicó intempestiva y no oficialmente que sería trasladado a Perú y se le solicitó que presentara su renuncia. Lo cual su parte no hizo por no ser acorde con la realidad de la rescisión unilateral del contrato de trabajo a plazo. Y por cuanto no era seguro que pudiera beneficiarse con la contratación en Perú. Pues la recontratación estaba condicionada a que el trabajador no renunciara unilateralmente a dicho empleo, según la cláusula 5 del contrato. El 30 de mayo de 2016, se le comunicó que había caducado la oferta de recontratación. El 28 de abril se le envió comunicación informando rescisión con fecha 27 de abril” (fs. 738 a vto. y ss.). Pues bien, descrita la plataforma considerada por el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 3er. Turno, cabe señalar que no asiste razón al recurrente en cuanto afirma que la Sala no delimitó el concepto de “justa causa”. En efecto, sostuvo el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 3er. Turno, con claridad, que: “... tal concepto se trata de uno jurídico indeterminado, y como todo concepto normativo no descripto precisamente en la norma deja margen al decisor en cuanto a la determinación de sus límites y contenido.(...) ...no menciona incumplimientos graves en su desempeño. (...) ‘...si la causa del cese del actor hubiera sido su mal desempeño ningún acto de voluntad emanado del actor hubiera podido enervar los efectos de la causa esgrimida por la empresa como justa, lo que desplaza la voluntad rescisoria a la voluntad exclusiva de la empresa. La cual no acreditó incumplimientos por bajo rendimiento que se rijan con valor de justa causa para la rescisión operada ” (fs. 753/753 vto.). Por tanto efectuando una lectura de la impugnada, se advierte que la Sala si delimitó el concepto de justa causa, vinculándolo a la existencia de incumplimientos en el desempeño del trabajador que justificaran la rescisión unilateral del empleador, por lo que el agravio propuesto resulta de rechazo. V.- En cuanto al supuesto error de subsunción del material fáctico en el concepto de justa causa previsto en el art. 1839 del Código Civil, tampoco le asiste razón a la recurrente . El art. 1839 del Código Civil establece que los asalariados por cierto término no pueden despedirse ni ser despedidos antes del cumplimiento del contrato “sin justa causa”, en cuyo caso el contraventor debe responder por los daños y perjuicios causados. De acuerdo a la norma relacionada, la única posibilidad de que el empleador se vea exonerado de resarcir los daños y perjuicios causados por la rescisión anticipada, es que acredite la existencia de justa causa. Enseñan CASTELLO y HENDERSON que el art. 1839 del Código Civil no enumera que actos, hechos o circunstancias, de carácter subjetivo u objetivo, constituyen justa causa que habilite la rescisión unilateral del contrato a término sin responsabilidad alguna. En efecto, dicha disposición prescinde de fijar exacta y taxativamente los hechos o actos que configuran la justa causa; en consecuencia, su determinación debe remitirse a la apreciación del magistrado interviniente. En Uruguay, la doctrina juslaboralista y la jurisprudencia son unánimes en considerar que constituye justa causa a la luz del art. 1839 del C.C. el especial comportamiento de los contratantes o aquel elenco de inconductas, incumplimientos o faltas graves intencionales de cualquiera de las partes que hacen absolutamente insostenible la relación contractual o que generen absoluta incompatibilidad de permanencia (CASTELLO, Alejandro y HENDERSON, Humberto: “La ruptura ante tempus del contrato de temporada por el empleador” en Revista de Derecho Laboral, Tomo XXXVIII, No. 175, enero-marzo, Montevideo, 1995, págs. 155 a 156). Con tal base conceptual, cabe concluir que los hechos invocados por el empleador para explicar o justificar el ejercicio de la facultad rescisoria del contrato de trabajo deben tener cierta singularidad y relevancia. En el caso, la Sala en base al informativo probatorio consideró que el desempeño del actor no había ameritado una evaluación absolutamente deficitaria que tradujera un grave incumplimiento laboral e imposibilitara que siguiera ejecutándose el contrato de trabajo. La Corporación, comparte tal conclusión y estima que la causa justa invocada por la demandada, fundada en el mal desempeño del actor e incumplimiento grave en el desempeño del cargo, no luce acreditada en autos como para justificar la decisión adoptada. En primer lugar la evaluación de desempeño obrante a fs. 153 no revela que el actor no cumpliera a satisfacción su cargo de Head de Tesorería Corporativa; en el referido informe, se habla de una evolución positiva de desempeño que ingresó en una meseta. No se desprende de dicho informe que el actor debiera ser cesado a la brevedad o que el mismo no esté a la altura de las habilidades necesarias para cumplir a cabalidad las tareas inherentes a su cargo. En segundo lugar, la demandada no logró desvirtuar la probanza existente en autos (fs. 8), de que se le realizó al actor otra oferta laboral en Pluspetrol Norte una vez que finalizara el plazo contractual pactado con Pluspetrol Uruguay. Dicho accionar de la demandada resulta en si misma contradictorio, en tanto por un lado afirmó que el actor no cumplía satisfactoriamente con las obligaciones de su cargo y por otro lado ofreció un puesto en Pluspetrol Perú, lo cual se contrapone con lo argumentado al contestar la demanda. La Sra. Ministra Dra. Minvielle estima pertinente señalar que la Sala hizo caudal de proyectos de trabajo en el que se incluyó la participación del actor lo que, en absoluto, condice con un incumplimiento de tal trascendencia que justifique la extinción anticipada de los efectos del contrato de trabajo. No escapa a la suscrita que otros prestigiosos autores, como BERDAGUER, entienden que la mayoría de las “justas causas” de receso unilateral enumeradas no configuran ni incumplimientos de la otra parte, ni causas extrañas no imputables, sino que constituyen simplemente circunstancias importantes que justifican (son “justa causa”) del receso unilateral. Para este autor, la “justa causa” que exige el art. 1839 incluye toda circunstancia de hecho que tenga los siguientes caracteres: a) que no sea arbitraria, es decir, que no esté sometida a la pura voluntad del empleador; b) que impida la continuación de la relación de trabajo (BERDAGUER, Jaime: “La “justa causa” de receso unilateral en los contratos de duración con plazo determinado” en Anuario de Derecho Civil Uruguayo, Tomo XXXIII, FCU, Montevideo, 2003, págs. 473/474). Desde esta otra óptica de análisis esgrimida en doctrina, tampoco media error de derecho por la calificación jurídica realizada por la Sala. Si nos atenemos a la plataforma fáctica tenida en consideración por el Tribunal, la conducta rescisoria de la empleadora se revela como arbitraria, porque las razones esgrimidas no se condicen con el desempeño del trabajador y, además, se basan en presuntos incumplimientos a los que refiere un informe de situación de la Tesorería Corporativa que es posterior al cese. Si racionalmente no es justificable el ejercicio del poder rescisorio porque no hay una conducta grave, lo suficientemente trascendente para poner en jaque o tela de juicio el desarrollo normal de la ejecución del contrato, entonces la causal alegada es arbitraria. Se comparte lo señalado por el Tribunal ad quem, en cuanto a que la conducta rescisoria de la empleadora se revela como arbitraria, porque las razones esgrimidas para disponer la rescisión anticipada, no guardan relación con el desempeño del actor y se basan en presuntos incumplimientos que no fueron comprobados. En definitiva, estima la Corporación que la resolución anticipada del contrato de trabajo dispuesta por la demanda no resultó justificada, razón por la cual la demandada debe responder de los perjuicios ocasionados. VI.- Los agravios relativos a la valoración probatoria desarrollada por el Tribunal ad quem no resultan de recibo . Expresó el recurrente que el Tribunal desconsideró la prueba testimonial diligenciada que acredita la existencia de justa causa invocada. En cuanto a la errónea valoración de la prueba como causal de casación la corporación ha sostenido “‘ A pesar de que la referida disposición prevé, incluso, como causal de casación la infracción a las reglas legales de admisibilidad o de valoración de la prueba, al ámbito de la norma queda circunscripto a la llamada prueba legal, o sea aquella en que la propia Ley prescribe que verificándose ciertos presupuestos por ella misma indicados, el Juez, aunque opine distinto, debe darle el valor y eficacia previamente fijados; o en el caso de apreciación librada a las reglas de la sana crítica, cuando incurre en absurdo evidente, por lo grosero e infundado. Es jurisprudencia constante de esta Corporación que tanto la revisión de la plataforma fáctica como la revalorización de la prueba no constituyen motivo casable, por cuanto el ingreso a ese material convertiría a esta etapa casatoria o de revisión meramente jurídica, en una tercera instancia no querida por el legislador (...). A mayor abundamiento: El ingreso al material fáctico en instancia casatoria requiere una condición o código de acceso ineludible: es menester que el error en la valoración de la prueba en que haya incurrido la Sala de mérito configure un absurdo evidente, un razonamiento notoriamente ilógico o aberrante, en suma, que la infracción a la regla de derecho contenida en el art. 140 C.G.P. revista una excepcional magnitud, fuera de toda discusión posible (...)’, (Cf. Sentencia Suprema Corte de Justicia No. 829/012, Sentencia Suprema Corte de Justicia No. 508/013 y Sentencia Suprema Corte de Justicia No. 484/014, entre otras)”. En el caso de autos la valoración del material probatorio realizado por la Sala, no supuso un apartamiento del canon legal de valoración establecido en los artículos 140 y 141 del C.G.P. que habilite su revisión en casación. La Sala efectuó una valoración probatoria acorde con las reglas de la sana crítica, no resultando acreditada la justa causa invocada. Debe tenerse presente en cuanto a la prueba testimonial diligenciada en autos, que el Tribunal ad quem restó credibilidad a los testigos presentados por la demandada en tanto se trataba de personas que ocupan cargos de jerarquía dentro de la empresa y que por tanto podía tener interés en el objeto del presente proceso. La Corporación respecto de la valoración de las circunstancias de sospecha ha dicho: “En cuanto a este punto: ‘... cabe reiterar la jurisprudencia de la Corte en cuanto a que la valoración de las circunstancias eventualmente configurativas de la tacha de sospecha pertenece al ámbito de la libertad de apreciación probatoria que el sistema de la sana crítica atribuye a los tribunales de mérito, no siendo revisable en casación’ (Sentencias Nos. 83/2003 y 367/2009, entre otras).Así, la Corte ha sostenido que (...) el valor probatorio asignado a los testigos es facultad discrecional del órgano interviniente: ‘En este sentido, cabe recordar que existe jurisprudencia de la Corporación en cuanto a que la valoración de las circunstancias eventualmente configurativas de la tacha de sospecha pertenece al ámbito de la libertad de apreciación probatoria que el sistema de la sana crítica atribuye a los tribunales de mérito, no siendo por consecuencia revisable en la instancia casatoria’” (Cfme. Sentencias Nos. 65/1992, 198/1998, 76/1999, 192/2001, 83/2003, 583/2012, 647/2018 entre muchas otras). A mayor abundamiento, resulta trasladable lo expresado por la Corte en Sentencia No. 890/2008: “ ‘(...) el valor probatorio asignado a tales testigos es facultad discrecional del órgano interviniente ‘(...) las circunstancias relativas a la fuerza probatoria de la declaración de un testigo por causas de sospecha sobre su credibilidad, conforme al art. 157 C.G.P., son de aplicación discrecional de los órganos de mérito (...) el hecho de la sospecha se ha de considerar por el órgano actuante al evaluar la prueba y determinar las circunstancias que obran en detrimento de la declaración del testigo, según las reglas de la sana crítica, quedando a criterio del juez la fijación de la eficacia probatoria ’’” (Sentencias Suprema Corte de Justicia Nos. 427/95, 384/97, 83/03, 180/05, etc.), (Sentencia No. 476/2014). En el caso, la Sala –en uso de sus poderes discrecionales- examinó las declaraciones de los testigos atendiendo a las “causas de sospecha” relacionadas precedentemente y en base a ello, consideró que ese dato de la realidad era susceptible de restar valor convictivo a los testimonios rendidos en autos. La Sra. Ministra Dra. Minvielle señala además, que el actor suscribió el 28 de febrero de 2014 un contrato de trabajo para desempeñarse en el cargo de TREASURY SUPERVISOR a partir del 1 de marzo de 2014 con PLUSPETRO URUGUAY S.A. (fs. 9/9 vto.). Previamente a dicha contratación, había prestado funciones para PLUSPETROL NORTE S.A. (Lima) habiéndose desvinculado de la empresa para prestar funciones en la filial de Uruguay. En el acuerdo de bonificación suscripto el 20 de mayo de 2014 se condicionaba la bonificación a la permanencia del trabajador hasta el 28 de febrero de 2018 (fs. 10). No parece, a esta altura, verosímil que debiera el actor renunciar para “concretar” la supuesta repatriación y vinculación a la filial peruana y exigir un acto de voluntad unilateral del trabajador cuando, nada impedía, concretar un mutuo disenso con la filial uruguaya. Quiere decir que, como bien anotó la Sala en la sentencia de segunda instancia, la relación de hechos y supuestas inconsistencias detectadas no fueron vinculadas por la demandada al momento de justificar la rescisión ante tempus del contrato de trabajo. Por ende, no sirven de base explicativa de la “justa causa” del cese. No puede obviarse, por otra parte, que la Sala consideró y apreció con solvencia las diversas evaluaciones de desempeño del trabajador, y explicitó que las mismas no revelaban incumplimientos graves del trabajador u otro tipo de incumplimientos que inaplazablemente derivaran en la terminación anticipada de los efectos del contrato de trabajo. Así, en la minuta enviada por su Supervisor directo, Lindor MARTIN, más allá de dificultades adaptativas a la gestión, se indica que, a partir de su evaluación de desempeño a inicios de 2015, Carlos Mario (el actor) tuvo una evolución positiva en su rendimiento, la cual llegó a un estancamiento en la segunda mitad del año, sin estar aun dentro de lo esperado para el puesto (fs. 136). En definitiva la valoración probatoria desarrollada, no puede calificarse como absurda o arbitraria, ya que el razonamiento efectuado tiene suficiente anclaje en las probanzas disponibles, por lo que el agravio propuesto es de rechazo. VII.- Los agravios por la inclusión dentro de los daños y perjuicios de elementos marginales del salario resultan de rechazo . Sostuvo el recurrente que la sentencia incurre en error de derecho al incluir elementos marginales del salario en la base de cálculo de los salarios caídos. Se agravió porque el Tribunal incluyó en la base de cálculo del salario básico, la cuota parte correspondientes a la licencia, salario vacacional y aguinaldo, partida de vivienda y partida de colegio. Cabe recordar que, a criterio de la accionada no correspondía una condena en ese sentido en virtud que estos rubros se habrían generado si el actor hubiera trabajado efectivamente. En doctrina CASTELLO y HENDERSON han examinado, con solidez, las diversas posturas que se han esgrimido en relación al punto. Una primera postura –señalan los autores- entiende que los daños y perjuicios deberían estimarse solamente en los sueldos o jornales que faltan hasta vencer la temporada. No se deben tomar en cuenta ningún otro tipo de retribución (aguinaldo, licencia, salario vacacional, horas extras, incentivos, etc.), así como tampoco hacer ninguna detracción. Esta es la posición –indicaban por ese entonces- a que parece afiliarse nuestra jurisprudencia en los casos en que se ha decidido por la aplicación del art. 1839 del C.C. El rechazo a incluir retribuciones como licencia, salario vacacional, horas extra, etc., se fundamenta en que, al no haber habido contraprestación, trabajo, no se puede generar derecho a su resarcimiento. Los autores explican que una última posibilidad de resarcimiento, sería tener en cuenta no sólo los sueldos o jornales caídos, sino todos los daños y perjuicios “reales” que ha obtenido el trabajador. Se trata de reconstruir el contrato de trabajo hacia el futuro, analizando cuales hubiesen sido las retribuciones que habría probablemente obtenido el trabajador. Dentro del llamado “lucro cesante normal” se resarce la pérdida o privación de ganancias o ventajas que se presentan como de probable obtención de haber continuado el contrato. Para establecer esa probabilidad, es necesario que, al momento del incumplimiento, el trabajador se encuentre en una situación fáctica o jurídica idónea para aspirar a la obtención de esas ventajas. Aplicando estas nociones, indican los autores que sería lucro cesante “normal”, la pérdida de la cuota parte de licencia, salario vacacional, aguinaldo, horas extra (cuando sean normales), incentivos por presentismos, etc., correspondientes al período de tiempo frustrado. Las reglas de la normalidad y regularidad, conducen a suponer que, de no haberse rescindido el contrato, el trabajador hubiese obtenido ganancias; puede decirse que esos rubros salariales son parte del curso natural de los acontecimientos. No habría razones válidas entonces, para discriminar dentro del lucro cesante, entre jornales y sueldos por un lado y los demás rubros salariales mencionados, siempre que éstos tuviesen esa nota de certeza relativa en su obtención (CASTELLO, Alejandro y HENDERSON, Humberto: “La ruptura ante tempus del contrato de temporada por el empleador”, cit., págs. 168 a 171). En la especie, de no haberse rescindido anticipadamente el contrato por la accionada, el actor se encontraba en condiciones de percibir el aguinaldo, la licencia y el salario vacacional según el curso normal de los acontecimientos. La Corporación en Sentencia No. 406/2017 sostuvo “ En cuanto al agravio articulado por la no inclusión en el monto indemnizatorio de los rubros: licencia, salario vacacional y aguinaldo, le asiste razón al recurrente. En efecto, el Tribunal no funda el motivo por el cual excluye del cálculo las incidencias descritas ut-supra, y sólo lo hace respecto de las horas extra. En la medida en que en ambas instancias se ha determinado que existe responsabilidad de la parte demandada, corresponde que esta asuma la reparación de la totalidad del daño (principio de reparación integral del daño –arts. 1.341 a 1.348 y concordantes del Código Civil) que resulta consecuencia inmediata y directa del hecho ilícito que se le imputa. En este sentido, corresponde la inclusión de todos los rubros de naturaleza salarial a los efectos de determinar los daños y perjuicios causados al actor, esto es, los salarios que se dejaron de percibir (Cfm. Raso Delgue, Juan; La Contratación Atípica del Trabajo, 2a. Ed., pág. 116). Una solución contraria no repararía el daño causado en forma integral y real, tal como se da en la indemnización por despido tarifaria legal. En esta misma línea, no existe ninguna disposición normativa que imponga proceder como lo hace el Tribunal y, por tanto, todos los rubros de naturaleza salarial deben ser considerados para arribar al monto de condena, tal como lo hizo la Sra. Juez a-quo” (Cf. Sentencia No. 406/2017). De modo que, tanto la licencia como el salario vacacional y el aguinaldo integran la base de cálculo de los daños y perjuicios, por tratarse de un perjuicio real y no meramente hipotético o conjetural. Idénticas consideraciones corresponden respecto de las partidas por vivienda y colegio . En cuanto a la vivienda, basta con examinar los recibos de sueldo del trabajador para advertir que cobraba una partida por concepto de vivienda (ver fs. 25/37). Respecto a la partida por colegio, no puede desatenderse que el hijo del actor fue matriculado en el Colegio Antonio RAIMONDI y que concurría a clases desde el inicio de actividades el 7 de marzo de 2016 (fs. 45), por lo que no es cierto que no sea un rubro salarial indemnizable, por cuanto el actor cobraba un beneficio por este concepto. Además, de haber permanecido vinculado a la empresa hubiera seguido percibiendo dicho beneficio (de acuerdo a los recibos de sueldo percibía una suma por este concepto, ver fs. 30/37). En definitiva, la decisión del órgano de alzada de incluir en los daños y perjuicios los elementos marginales del salario, resulta inobjetable. VIII.- Costas y costos por el orden causado (art. 279 del C.G.P.). Por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia por unanimidad FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO SIN SANCIONES PROCESALES. HONORARIOS FICTOS 20 B.P.C. OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.