Sentencia Definitiva N° 1.650/2018

Montevideo, veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “CAPUTI URRUTIA, RODOLFO C/ GARCÍA, MARÍA Y OTRO - ACCIÓN REIVINDICATORIA - CASACIÓN”, IUE: 371-480/2013, venidos a conocimiento de esta Corporación en mérito al recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia Definitiva DFA-0009-000190/2018 SEF-0009-000067/2018, de fecha 16 de mayo de 2018 dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4to. Turno. RESULTANDO : I) Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia No. 48/2017 de fecha 20 de junio de 2017, la titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia de San José de 3er. Turno falló: “ Ampárase parcialmente la demanda y en su mérito condénase a la demandada María Esther García Bango a restituir al accionante Rodolfo Caputi Urrutia, en un plazo de treinta días: A) los frutos consistentes en las rentas generadas durante el período comprendido desde el 29 de noviembre de 2004 al mes de abril de 2016, por el arrendamiento de los inmuebles que integran el padrón Nº 10.406 de esta ciudad (que se integran con la vivienda principal sita en Avda. Rivera Nº 611 y los apartamentos interiores sitos en Avda. Rivera Nº 609 Y 613), por un monto de $3.547.058 (pesos uruguayos tres millones quinientos cuarenta y siete mil cincuenta y ocho). B) El establecimiento comercial que gira en el ramo de Almacén ubicado en la calle Gral. Rivera y 18 de Julio (esquina) de esta ciudad, pequeña empresa, que comprende los derechos de llave y clientela de empresa y los créditos activos y pasivos, muebles y útiles afectados a su actividad, según le fuera adjudicado en la escritura de partición (capítulo segundo, apartado III – fs. 19), y el valor acumulado del alquiler del referido establecimiento comercial por el período diciembre 2004 a abril de 2016, avaluado en la suma de $1.251.138 (pesos uruguayos un millón doscientos cincuenta y un mil ciento treinta y ocho). Ampárese la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la co-demandada Enriqueta Bango Ciufo (fallecida), sin perjuicio de haberse continuado el proceso con sus presuntos herederos, María Esther García Bango y Ulises Omar Díaz Bango. Sin especiales condenacio-nes procesales en la instancia” (fs. 457/473). II) Por Sentencia Definitiva de Segunda Instancia identificada como DFA-0009-000190/2018 SEF-0009-000067/2018 de fecha 16 de mayo de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4to. Turno falló: “ Confírmase parcialmente la sentencia impugnada y condénase a la demandada Sra. María Esther García Bango, a abonar al actor las respectivas sumas de $149.928 y de $1.265.070, según lo dispuesto en el Numeral VIII de la presente; revócase la recurrida en cuanto a la condena impuesta en el literal B) del fallo de la misma. Sin especiales condenacio-nes procesales en el grado” (fs. 518/529 vto.). III) En tiempo y forma, la parte actora interpuso el recurso de casación en examen (fs. 532/539 vto.). En su libelo impugnativo planteó, en concreto, los siguientes cuestionamientos: En lo inicial, planteó que la sentencia incurrió en infracción o errónea aplicación de la norma de derecho de fondo y de las reglas de valoración de la prueba (art. 270 C.G.P.). Señaló que la recurrida le causa perjuicio en cuanto: i) condena a la demandada a restituirle los frutos del inmueble empadronado con el No. 10.406 de la ciudad de San José de Mayo (que se integra con la vivienda principal sita en Av. Rivera 611 y dos apartamentos interiores sitos en Av. Rivera 609 y 613), pero por un período más corto al establecido en la condena de primera instancia; ii) desestima el reclamo del usufructo del establecimiento comercial y de los frutos que dejó de percibir desde la injusta detentación por culpa de la contraria y que un buen padre de familia hubiera percibido. Sobre el primer punto, dividió la expresión del agravio en dos partes: a) la ilegitimidad de la decisión de circunscribir el monto de la condena por los frutos generados por las dos viviendas destinadas a alquiler (apartamentos) que se ubican en el padrón No. 10.406 al período enero de 2010 al 18 de febrero de 2016; b) la ilegitimidad de la decisión de circunscribir el monto de la condena al pago de las rentas de la casa principal del padrón No. 10.406 al período enero de 2014 al 18 de febrero de 2016. Respecto de la primera parte, indicó que el fundamento adoptado por la Sala para tomar esa decisión consistió en sostener que, durante el período de convivencia del matrimonio, ambos cónyuges aportaban los frutos de sus respectivos bienes (incluido estos dos apartamentos) para solventar los gastos de la familia, y que además la demandada le daba el producto de los alquileres a su madre, situación que fue permitida por el actor. Criticó el razonamiento del Tribunal, expresando que de ninguna manera puede pensarse que, por la convivencia del matrimonio, la demandada pueda administrar el derecho real de usufructo que correspondía al actor sobre los dos apartamentos, como si fueran propios. La convivencia con su esposo no le daba derecho a la Sra. GARCÍA a incautar el producido de bienes cuyo usufructo le correspondía a su cónyuge, con quien estaba separada de bienes desde noviembre de 2004. Agregó que no resulta de recibo que se entienda que la contraria también podía destinar esos frutos para la manutención de su madre. En todo caso, esto último lo debió cubrir la demandada con sus ingresos, y no utilizando los que le correspondían a su esposo. Apuntó que la sentencia impugnada entiende, erróneamente, que fue el actor quien permitió la referida situación al menos mientras la pareja convivió, fundamento que no se ajusta a Derecho. El art. 1998 del Código Civil establece que la sociedad conyugal se disuelve por la separación de bienes, por lo que operada ésta no resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 1955 del Código Civil. No permitió la situación considerada por el Tribunal; la contraria era consciente de la partición realizada, y así como ella administró libremente los bienes que a ella se le adjudicaron, correspondía que no opusiera ningún obstáculo al usufructo de los que se adjudicaron al reclamante. De hecho, el matrimonio se disolvió y la contraria continuó utilizando los bienes que le fueron adjudicados al accionante en usufructo. En segundo lugar, en relación a la vivienda principal ubicada en el inmueble empadronado con el No. 10.406, recordó que el argumento de la Sala para acotar el término de la condena (marcando su inicio en enero de 2014) fue que la menor hija del matrimonio continuó viviendo con su madre en dicha casa hasta diciembre de 2013 inclusive. Por tal motivo, entendió el Tribunal que no correspondía otorgar al actor la administración de la vivienda, que le fuera adjudicada a éste en usufructo en la partición de noviembre de 2004. Al respecto, sostuvo que surge de autos que la demandada tenía otras propiedades, incluso una casa en donde vive actualmente, por lo que nada justifica que utilizara una vivienda cuyo usufructo no le pertenece, teniendo su propia vivienda. Anotó que en virtud de la adjudicación por modo partición, el compareciente es titular exclusivo de los derechos reales de usufructo del inmueble urbano empadronado con el No. 10.406 y del establecimiento comercial sito en calle Rivera y 18 de Julio de la ciudad de San José. Nadie obligó a la contraria a suscribir la referida partición, por ello es agraviante la recurrida en tanto adjudica la administración de los bienes del actor a la demandada, lo que causa en éste un empobrecimiento y en la contraria un enriquecimiento sin causa. Expresó que la primera vulneración a la regla de derecho surge de lo dispuesto en el art. 1151 del Código Civil. La ley es clara en el sentido de que, hecha la partición, debe entenderse que los demás co-partientes no han tenido parte jamás en los bienes adjudicados a cada uno. Por ende, no se entiende cómo, por estar viviendo en matrimonio, puede resultar lícito quitarle la administración del derecho real de usufructo a quien le correspondía. La separación de bienes disuelve la sociedad conyugal pero no el matrimonio. Cada uno de los cónyuges, a partir de la separación, administra los bienes que le son adjudi-cados, aunque vivan bajo el mismo techo. Sostener lo contrario, significaría que la separación de bienes que realizan los cónyuges no tiene los efectos que la ley le atribuye, cuando los cónyuges viven bajo el mismo techo. Si la parte a la cual no le fue adjudicado un bien va a seguir teniendo parte en dicho bien luego de la separación y posterior partición, no se explica qué sentido tiene la separación de bienes en el matrimonio. Dijo por otro lado que la segunda vulneración de la regla de derecho de fondo es la que surge del art. 533 del Código Civil, de acuerdo con el cual, el propietario no puede turbar ni poner obstáculo alguno al goce del usufructuario. En el caso, la demandada obstaculizó el goce de los derechos reales de usufructo sobre los apartamentos y sobre la casa ubicada en el mismo padrón, desde el día siguiente a la partición. Añadió que de acuerdo al art. 502 del Código Civil, los frutos naturales, industriales o civiles de los bienes sobre los que se constituye un usufructo, corresponden al usufructuario. Como titular de la nuda propiedad, la demandada no puede privar al actor de los frutos de los bienes cuyo usufructo le corresponde. Resultó probado que el accionante se vio privado por la accionada, en su calidad de titular de la nuda propiedad, del derecho de goce que implica el usufructo y del derecho a percibir todos los frutos del bien usufructuado, nada de lo cual fue advertido por la recurrida, lo que causa perjuicio al compareciente, amén de vulnerar la norma invocada. Asimismo, el art. 511 del mismo Código dispone que el usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada, arrendarla a otro y enajenar su derecho de usufructo, de todo lo cual se vio privado el accionante. Por su parte, respecto del reclamo de reivindicación del establecimiento comercial, señaló primeramente que en ningún caso reclamó la ganancia obtenida por la contraria, sino los frutos que dejó de percibir desde la injusta detentación por la contraria. Anotó que es cierto que el “local” (sic) cambió de titular ante el BPS y la DGI al día siguiente de otorgarse la partición, pasando a ser “titular administrativa” (sic) la contraria cuando era su esposa. De la prueba producida en autos lo único que surge es que el actor clausuró administrativamente ante dichos organismos el 30 de noviembre de 2004 (al día siguiente de otorgada la partición). La sentencia recurrida interpreta, erróneamente, que basta que se produzca la “baja administrativa de un establecimiento comercial” (sic), para que el titular pierda el derecho real que había obtenido un día antes –por la partición- sobre dicho establecimiento (valor llave, activos, pasivos, clientela, muebles y útiles). Afirmó que no existió enajenación del establecimiento comercial el 30 de noviembre de 2004. Para que ello ocurra deben cumplirse con una serie de requisitos previstos en el Decreto-Ley No. 14.433, que no se cumplieron en el caso. Dijo que sería absurdo que por el solo hecho de que “un Establecimiento Comercial cambie de firma ante DGI y BPS” (sic), como ocurre habitualmente, su titular pierda todos sus derechos. El comercio que estaba a su nombre nunca dejó de funcionar; nunca cerró sus puertas desde que abrió en la década del 90’. Citó la declaración de varios testigos, para luego afirmar que no existió nunca enajenación de establecimiento comercial, sino solo una baja administrativa ante BPS, DGI y MTSS, cuando él se fue a trabajar un breve tiempo a RENIMAR S.A., regresando luego a trabajar al comercio el 1º de marzo de 2005, el que figuraba, administrativamente, a nombre de la demandada. Insistió en que el negocio nunca cerró sus puertas y que siempre estuvo abierto al público. La demandada lo “declaró administrativamente a su nombre” (sic) y nunca más se lo devolvió. Sería absurdo que al día siguiente de suscribir la partición, el accionante renunciara al establecimiento comercial que se le había adjudicado. No es ello lo que surge de la prueba diligenciada en este proceso. En definitiva, solicitó que se revoque la sentencia recurrida, dejando firme la sentencia de primera instancia. IV) Conferido el traslado de precepto, fue evacuado por la demandada en los términos que surgen del escrito que corre a fs. 543/546 vto. V) El recurso fue debidamente franqueado (fs. 547) y los autos fueron recibidos en este Cuerpo el 17 de agosto de 2018 (fs. 552). VI) Por Decreto No. 2387 de 3 de setiembre de 2018 (fs. 553 vto.), se dispuso el pasaje de los autos a estudio para sentencia, al término del cual se acordó emitir el presente pronunciamiento en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes, desestimará el recurso de casación movilizado. II) El caso de autos . Corresponde, en lo ini-cial, puntualizar ciertos aspectos centrales del caso en examen, sobre los cuales no existe controversia: a) El actor, Sr. Rodolfo CAPUTI URRUTIA, y la demandada, Sra. María Esther GARCÍA, contrajeron matrimonio el 4 de diciembre de 1991 (partida de matrimonio a fs. 129). b) Años más tarde, resolvieron solicitar la disolución y liquidación judicial de la sociedad conyugal. Fue así que, por providencia de fecha 16 de agosto de 2004, el Juzgado Letrado de San José de 3er. Turno decretó la disolución y liquidación de la sociedad conyugal. Luego de realizar las publicaciones y el emplazamiento a los acreedores preceptivamente impuestos, se realizó la correspondiente inscripción registral del referido acto jurídico, en los registros correspondientes. c) El 29 de noviembre de 2004, por escritura pública autorizada por el Escribano Ruben José RODRÍGUEZ BISENSANG (fs. 17/21), otorgaron la partición extrajudicial que puso fin a la indivisión de los bienes gananciales. La escritura de partición también fue puntualmente inscripta en los registros correspondientes, como surge de la información registral que corre a fs. 26/32. De acuerdo al referido negocio jurídico, la hijuela del actor, Sr. CAPUTI URRUTIA, quedó integrada de la siguiente forma: i) con el usufructo vitalicio de los inmuebles identificados con los padrones Nos. 8.411 y 10.406 sitos San José, Localidad Catastral San José de Mayo; ii) con varios ciclomotores; iii) con el establecimiento comercial que gira en el ramo almacén a nombre de Rodolfo CAPUTI, RUT 170098810011, con domicilio en Rivera y 18 de julio (esquina), el cual comprende los derechos de llave y clientela de empresa y los créditos activos y pasivos muebles y útiles afectados a su actividad (véase la escritura de partición a fs. 17/21 y el informe de la oficina actuaria a fs. 33/33 vto.). d) Luego de la disolución de la sociedad conyugal, los cónyuges continuaron conviviendo hasta fines de 2009 o principios de 2010, y estuvieron casados hasta que se decretó por sentencia judicial la disolución del vínculo matrimonial, el 8 de febrero de 2013 (véase partida de fs. 129). e) En su demanda, el accionante denunció que, luego de la partición extrajudicial otorgada en noviembre de 2004, la demandada Sra. GARCÍA continuó ocupando el inmueble empadronado con el No. 10.406, cuyo usufructo le había sido adjudicado en forma exclusiva al promotor. Dicho inmueble está compuesto por una casa al frente y dos apartamentos al fondo. La accionada seguía viviendo, a la fecha de la demanda, en la casa principal. Y las rentas generadas por los referidos apartamentos, que se alquilan para vivienda, también fueron aprovechadas en forma exclusiva por la Sra. GARCÍA, pese a que le corresponden al actor por tener el derecho de usufructo sobre el padrón en el que se encuentran. Reclamó a la Sra. GARCÍA la restitución del derecho real menor de usufructo sobre el padrón No. 10.406, y el pago de los frutos civiles percibidos y aquellos que dejó de percibir por no habérsele permitido gozar del inmueble sobre el que tenía derecho de usufructo, desde la fecha de la partición (29/11/2004) a la fecha de la sentencia. También denunció que la Sra. GARCÍA se apropió del establecimiento comercial que le fue adjudicado al actor en la partición, el cual gira en el ramo de almacén y está ubicado en Av. Rivera y 18 de Julio (esquina) de la ciudad de San José. A partir de noviembre de 2004, sin que él haya hecho ningún acto de liberalidad, el local comercial cambió de titular ante el BPS y la DGI, siendo a partir de entonces la titular la Sra. María Esther GARCÍA. A este respecto, reclamó a la Sra. GARCÍA la restitución del establecimiento comercial y el pago de los frutos percibidos por la contraria desde el 29/11/2004 a la fecha de la sentencia, que son aquellos que el compareciente dejó de percibir por culpa de la contraria. f) La sentencia de primera instancia hizo lugar al reclamo planteado por el accionante y en su mérito, condenó a la Sra. GARCÍA a: i) restituir al actor los frutos consistentes en las rentas generadas por el inmueble padrón No. 10.406 desde el 29 de noviembre de 2004 (fecha de otorgamiento de la escritura de partición extrajudicial de la sociedad conyugal) hasta abril de 2016, por un monto de $3.547.058 [huelga consignar que el período de la condena llega hasta esa fecha porque, según consigna la sentenciante, en cumplimiento de la transacción parcial celebrada en la audiencia de 18 de febrero de 2016 (fs. 247/248), la Sra. GARCÍA hizo entrega del inmueble reclamado]; ii) restituir al accionante el estable-cimiento comercial reivindicado y el valor acumulado del alquiler del referido establecimiento comercial por el período diciembre 2004 a abril 2016, avaluado en la suma de $1.251.138. g) La sentencia de segunda instancia revocó parcialmente la decisión adoptada en el grado. En cuanto al reclamo por los frutos generados por el inmueble padrón No. 10.406, la Sala distinguió entre la situación de la casa principal y de los dos apartamentos existentes en ese predio. Respecto a la casa prin-cipal, indicó que ésta fue el hogar conyugal hasta fines de 2009 o comienzos de 2010, y que luego de la separación siguieron viviendo allí la demandada Sra. GARCÍA y la hija del matrimonio, Romina CAPUTI GARCÍA, hasta el año 2013 inclusive. En base a ello, la Sala concluyó que no corresponde la devolución de los frutos generados por dicha vivienda hasta el año 2013 inclusive, por lo que redujo el período de la condena a restituir los frutos correspondientes a dicha vivienda al comprendido entre enero de 2014 (mes en que Romina CAPUTI abandonó el hogar materno) y el 18 de febrero de 2016 (fecha en que la demandada hizo entrega del inmueble al actor). Por su parte, en cuanto a las rentas generadas por los dos apartamentos que se ubican en el mismo padrón, indicó la Sala que corresponde restituir las rentas generadas desde enero de 2010 inclusive hasta la fecha de entrega del inmueble, el 18 de febrero de 2016. En cuanto a las rentas generadas con anterioridad a enero de 2010, el Tribunal entendió que no correspondía la restitución al actor, porque hasta esa fecha éste convivió con su esposa y ambos aportaban los frutos de sus respectivos bienes para solventar los gastos de la familia. Mientras tanto, en lo concerniente al reclamo de reivindicación del estable-cimiento comercial y de los frutos generados por éste, la Sala revocó la condena impuesta en primera instancia. Ello, por cuanto entendió que el actor no acreditó que la demandada hubiera usufructuado el establecimiento comercial que se le adjudicara al reclamante en la partición, sino que, por el contrario, el estableci-miento explotado por la demandada durante el período objeto de reclamo fue aquel que a ella había correspondido en la partición, el cual fue mudado al domicilio donde previamente funcionara el comercio del accionante. III) Respecto a la decisión del Tribunal de reducir el período correspondiente a la condena a restituir los frutos por la ilegítima detenta-ción, por parte de la demandada, del inmueble padrón No. 10.406 . Como fuera señalado, la sentencia de primera instancia ordenó a la demandada restituir al actor los frutos consistentes en las rentas generadas por el inmueble No. 10.406 desde el 29 de noviembre de 2004 hasta abril de 2016. Dicha decisión fue revo-cada parcialmente en segunda instancia, en tanto el Tribunal de Alzada redujo el período de la condena de acuerdo al siguiente detalle: i) respecto a la resti-tución de los frutos provenientes de la casa principal, indicó como fecha de inicio el mes de enero de 2014, fundándose en que hasta fines de 2013 había vivido allí la hija del matrimonio, por lo que el aporte del usufructo de este bien por el actor implicó su contribución a la obligación de manutención y educación de los hijos (art. 116 del Código Civil y art. 10 de la Ley No. 10.783); ii) respecto a la restitución de los frutos derivados de los apartamentos, marcó como fecha de comienzo el mes de enero de 2010, basándose en que durante el período de convivencia de la pareja (que finalizó justamente a fines de 2009 o comienzos de 2010), ambos cónyuges aportaban los frutos de sus respectivos bienes para solventar los gastos de la familia, agregando que si la demandada le daba parte del producto de los alquileres a su madre, es claro que ello fue permitido por el actor. El recurrente sostuvo que el Tribunal, al arribar a tales conclusiones, incurrió en infracción a las reglas de valoración de la prueba, así como en errónea aplicación de las normas de derecho de fondo (arts. 1998, 1151, 533, 502 y 511 del Código Civil). A juicio de la Corpora-ción, ninguno de tales planteos resulta de recibo. III.I) En primer lugar, no se observa que la Sala haya incurrido en absurdo evidente en la valoración de la prueba obrante en autos, único supuesto en que procedería la revalorización de la prueba en la instancia de casación. En relación a las rentas derivadas del alquiler de los apartamentos, la Sala entendió que mientras el matrimonio convivió, aquéllas fueron utilizadas para la manutención de la familia, por lo que únicamente correspondía que la demandada fuera condenada a devolver los frutos generados por el alquiler de dichos apartamentos con posterioridad a que el matrimonio se separó, esto es, las generadas a partir de enero de 2010. El fundamento determinante de esta parte del fallo, consta en los Considerandos VII) y VIII) de la sentencia impugnada. Allí, la Sala sostuvo en relación al punto: “ De la prueba obrante en autos surge que el actor y la demandada continuaron conviviendo y trabajando juntos, por lo que es razonable inferir que, más allá de la disolución de la sociedad conyugal y de la partición, los frutos que percibían de los bienes de su propiedad los gastaban en la convivencia normal de toda familia, no habiéndose probado lo contrario” (fs. 525 y vto.); “ (...) entiende la Sala que durante el período de convivencia de la pareja, ambos aportaban los frutos de sus respectivos bienes para solventar los gastos de la familia. Corresponde señalar que se consideró asimismo que algunos testigos declararon que la demandada le daba el producto de los alquileres a su madre (declaración de Gonzalo Pérez, novio de la hija de la pareja y de ésta, Romina Caputi García, fs. 345 y 347 respectivamente) por lo que a juicio de la Sala es razonable entender que el actor permitió la referida situación al menos mientras la pareja convivió y no más allá de ese momento” (fs. 527 y vto.). En buen romance, el Tribu-nal desestimó la pretensión de restituir los frutos anteriores al año 2010 por entender: i) que las rentas generadas por los dos apartamentos se consumieron en las erogaciones necesarias para solventar los gastos de la familia y constituyeron un aporte del actor al cumpli-miento de su obligación legal de contribuir a la manutención de la hija (arts. 116 del Código Civil y 10 de la Ley No. 10.783 de Derechos Civiles de la Mujer); ii) porque si bien parte de esas rentas se habrían derivado hacia la madre de la demandada, dicha decisión contó con la aquiescencia del reclamante. Por su parte, en relación a los frutos civiles originados por la vivienda que fue la casa de familia, la Sala entendió que corresponde la condena desde enero de 2014 en adelante, tomando en consideración que: i) hasta finales de 2009 el actor vivió en esa casa, con su esposa e hija, por lo que tanto el accionante como la demandada debían mantener a solventar los gastos del hogar; ii) luego de la separación, ocurrida a fines de 2009 o comienzos de 2010, y hasta fines de 2013, siguió viviendo en esa casa la hija de la pareja, por lo que cabe entender que el accionante contribuyó a la manutención y educación de la hija (art. 116 del Código Civil) al permitir que ésta viviera en la vivienda cuyo usufructo le pertenecía al promotor. Amén de lo anterior, el Tribunal añadió que resulta de aplicación al caso de autos la “teoría de los actos propios”, dada la inactividad del actor durante muchos años, al haber permitido que la demandada viviera en la casa principal sin abonar nada y que –según su relato- percibiera los alquileres de los apartamentos desde el año 2004 sin reclamar nada, habiendo efectuado el reclamo de los frutos civiles recién luego de divorciarse, en el año 2013, luego de casi diez años de inactividad. Estos argumentos, determi-nantes del fallo, se construyeron sobre la valoración de diversos elementos de prueba, que permitieron a la Sala arribar a las referidas conclusiones probatorias. Refutar estos argumentos requería, ineludiblemente, derribar el razonamiento probatorio realizado por el ad quem , que es en el que se sustenta el argumento determinante del fallo (art. 270 inc. 2º del C.G.P.). Con tales entendimientos, cabe recordar que la máxima fundamental de la casación es que ella solo comprende el punto de Derecho y no tiene intervención en la cuestión de hecho (Cfme. BARRIOS DE ANGELIS, Dante: “Cuestiones de hecho y de derecho en la casación”, en Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales , Universidad de la República, Año XIII (No. 3), Montevideo, 1962, pág. 579). En tal sentido, con respecto a la errónea valoración de la prueba invocada como causal de casación (art. 270 del C.G.P.), es criterio de la Corporación que: “ A pesar de que la referida disposición prevé, incluso, como causal de casación la infracción a las reglas legales de admisibilidad o de valoración de la prueba, el ámbito de la norma queda circunscripto a la llamada prueba legal, o sea aquella en que la propia Ley prescribe que verificándose ciertos presupuestos, por ella misma indicados, el Juez, aunque opine distinto, debe darle el valor y eficacia previamente fijados; o en el caso de apreciación librada a las reglas de la sana crítica, cuando incurre en absurdo evidente, por lo grosero e infundado”. “Es jurisprudencia cons-tante de esta Corporación que tanto la revisión de la plataforma fáctica, como la revalorización de la prueba, no constituyen motivo casable, por cuanto el ingreso a ese material convertiría esta etapa casatoria o de revisión meramente jurídica, en una tercera instancia no querida por el legislador (cf. Sentencias Nos. 6, 124, 158 y 165/91; 24 y 58/93; 35, 47 y 59/94, 14/96 y 716/96, entre otras)”. “A mayor abundamiento: 'El ingreso al material fáctico en instancia casatoria requiere una condición o código de acceso ineludible: es menester que el error en la valoración de la prueba en que haya incurrido la Sala de mérito configure un absurdo evidente, un razonamiento notoriamente ilógico o aberrante, en suma, que la infracción a la regla de derecho contenida en el Artículo 140 C.G.P., revista una excepcional magnitud, fuera de toda discusión posible (cf. Sentencias Nos. 2/2000, 228/06, entre otras). En definitiva, cuando la valoración probatoria efectuada en la sentencia cuya casación se pretende, contradice abiertamente las reglas de valoración previstas en los Artículos 140 y 141 del C.G.P., y ello emerge de la forma en que se han estructurado los agravios, aún cuando el impugnante no haya invocado, expresamente, la existencia de absurdo evidente o arbitrariedad, la Corte está habilitada para ingresar al estudio del caudal fáctico allegado y valorar la prueba aplicando las normas referidas ’” (Cfme. Sentencia No. 250/013; véase también la más reciente Sentencia No. 593/2017, entre otras). En la especie, el germen del error denunciado por el recurrente radica en una valoración del material probatorio con la que aquel discrepa, pero que no resulta absurdo, ilógico o irracional (extremo que ni siquiera fue alegado por el impugnante). Ello tiene por consecuencia que la Corte se vea impedida de ingresar a su reexamen, razón que de por sí resulta suficiente para repeler el agravio. III.II) El recurrente denun-cia, asimismo, la existencia de error o infracción en la aplicación de las normas de derecho de fondo. La primera disposición invocada por el accionante es el art. 1998 del Código Civil, que establece que la sociedad conyugal se disuelve –entre otras causas- por “(...) la separación judicial de bienes” (num. 3º), razón por la cual entiende el actor que, habiéndose disuelto la sociedad conyugal en el año 2004, no resulta de aplicación en el caso lo dispuesto en el art. 1955 del mismo Código, norma conforme a la cual “ Son bienes gananciales (...) 4°) Los frutos, rentas e intereses percibidos o devengados durante la vigencia del régimen de la sociedad legal de bienes, sean procedentes de los bienes comunes o de los propios de cada uno de los cónyuges”. Sobre el punto, no se advierte que la Sala haya aplicado erróneamente lo previsto en las normas que vienen de referirse. Véase que en el Conside-rando VII) de su sentencia, a fs. 525, señala el ad quem : “ Si bien es cierto que a partir de la disolución de la sociedad conyugal los bienes que se adquieren pasan a ser propios de cada cónyuge, al igual que sus respectivos frutos (ya que el art. 1955 C.C. es aplicable mientras está vigente la sociedad conyugal), también es cierto que el actor y la demandada siguieron viviendo de consuno al menos hasta fines del año 2009 y continuaron casados hasta el 8/2/13 fecha en la que se divorciaron y hasta la misma rigió la obligación de los cónyuges de solventar los gastos del hogar y la manutención y educación de los hijos, según lo disponen el Art. 116 C.C. y Art. 10 Ley 10.783 de Derechos Civiles de la Mujer” . Del pasaje transcripto emerge que la Sala no entendió de aplicación al caso lo dispuesto en el art. 1955 del Código Civil, ni soslayó que la sociedad conyugal se había disuelto en el año 2004 por la separación judicial de bienes -de acuerdo a lo previsto en el art. 1998 del mismo cuerpo normativo-, como erróneamente denuncia el actor. El Tribunal fundó su conclusión, según la cual los frutos correspondientes a los períodos anteriores al año 2010 (en relación a los apartamentos) y al año 2014 (respecto a la casa principal) no debían ser restituidos al accionante, en base a otros argumentos, que se expusieron en el párrafo que viene de citarse, y se ampliaron en el siguiente, cuando se sostuvo por la Sala que: “ De la prueba obrante en autos surge que el actor y demandada continuaron conviviendo y trabajando juntos, por lo que es razonable inferir que, más allá de la disolución de la sociedad conyugal y de la partición, los frutos que percibían de los bienes de su propiedad los gastaban en la convivencia normal de toda familia, no habiéndose probado lo contrario” (fs. 525 y vto.). En suma, no se advierte infracción a lo dispuesto en el art. 1998 del Código Civil. En segundo lugar, el recurrente afirma que existió error en la aplicación del art. 1151 del Código Civil. La disposición indica: “ Hecha la partición, cada coheredero se reputará haber sucedido inmediata y exclusivamente al difunto en todas las cosas que le hubieren cabido y no haber tenido jamás parte alguna en las otras cosas de la sucesión. (Artículo 2330)”. El recurrente esgrime que la norma ha sido violentada por el Tribunal de Alzada pues permitió que, luego de la partición, la demandada continuara teniendo parte en bienes que no le correspondieron a ella en el reparto, quitando la administración del derecho real de usufructo al compareciente. No le asiste razón. La sentencia impugnada no sostuvo que le correspondiera a la demandada la administración de ninguno de los bienes que fueran adjudicados al actor en la partición celebrada en noviembre de 2004, sino que entendió que pese a que el usufructo del padrón No. 10.406 correspondía al accionante, éste no podía reivindicar los frutos derivados de ese inmueble sino a partir de determinadas fechas (2010 para los apartamentos, 2014 para la casa principal) en función de los argumentos previamente analizados, relacionados con la obligación de solventar los gastos del hogar y la manutención y educación de los hijos, y con la inactividad anterior del actor (“teoría de los actos propios”). Similar razonamiento con-duce a descartar la alegada infracción a los arts. 533, 502 y 511 del Código Civil. De acuerdo al art. 533: “ El propietario no puede turbar ni poner obstáculo alguno al goce del usufructuario ”. El art. 502 dispone que “ El usufructuario tiene derecho a percibir todos los frutos naturales, industriales o civiles de los bienes usufructuados ”. Y el art. 511 establece que “ El usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada, arrendarla a otro y enajenar su derecho de usufructo, aunque sea a título gratuito (...)”. El recurrente alega que la nuda propietaria del inmueble padrón No. 10.406 (la demandada) obstaculizó el goce del derecho real de usufructo que correspondía al actor, y le privó de los frutos civiles derivados de tales bienes, que a él le hubieran correspondido, nada de lo cual fue advertido, a su juicio, por la sentencia recurrida. Al respecto, cabe nueva-mente desestimar el agravio del impugnante, en tanto emerge con claridad de la sentencia atacada que la Sala comprendió perfectamente que el usufructo del padrón No. 10.406, compuesto por la casa principal al frente y dos apartamentos al fondo, correspondía desde la fecha de la partición (2004) al accionante, pese a lo cual, entendió que éste no tenía derecho a la restitución de los frutos sino a partir de determinadas fechas (2010 para los apartamentos, 2014 para la casa principal), en función de considerar que hasta esas fechas el actor aportó el producido de esos bienes –o la vivienda en el caso de la casa- a la economía del hogar y a la manutención y educación de su hija. III.III) Como fundamento adi-cional, esgrime la Ministra Dra. MINVIELLE en su exhaustivo voto: “En cuanto al cuestiona-miento sobre el período considerado por la Sala para imponer la condena a la restitución de los frutos civiles, originados por la vivienda que fue la casa de familia, entiendo que el agravio tampoco resulta de recibo. En primer lugar, está probado que hasta finales de 2009 el actor vivió en esa casa, con su esposa e hija. Hasta ese momento, mal puede aseverar que se le haya privado del derecho de usu-fructo, cuando fue el mismo quien usufructuó el inmue-ble, viviendo allí con su familia. La situación, hasta diciembre de 2009, resulta de una claridad meridiana y conduce a repeler la pretensión por ese lapso. Luego que el accionante se retiró del hogar conyugal, su esposa continuó viviendo allí con su hija. Por esta razón, la demandada postuló en su defensa que si el actor no reclamó el usufructo del bien, es porque admitió que fuera habitado por su hija, cumpliendo con la obligación legalmente impuesta de brindarle una solución habitacional (fs. 216 vto./217). De este extremo hace caudal el Tribunal, para circunscribir la condena al período posterior a que la hija del reclamante, Romina CAPUTI GARCÍA, dejó de vivir en dicho inmueble. Parece claro que el reclamante cumplió con su deber jurídico de brindarle cobertura económica a su hija menor (arts. 116 y concordantes del Código Civil y 45, 51 y concordantes del Código de la Niñez y de la Adolescencia) -al menos en parte- mediante la tolerancia de que su hija habitara (con su madre), la vivienda sobre el que aquel tenía derecho de usufructo. Vivienda que, además, había sido siempre la casa de familia. Sin perjuicio de anotarse que, como bien lo señala la accionada en su escrito defensivo y lo hace notar la Sala en su sentencia, no puede obviarse la inconsistencia del obrar del recla-mante. Permaneció inactivo durante años y, recién al divorciarse (en 2013), reclamó frutos civiles que se devengaron a partir de 2004. Resulta de aplicación al caso de autos, la llamada “Regla del Acto Propio” o “teoría de los actos propios”. Dicha regla tiene su fundamento en el principio general de la buena fe, la coherencia en el comportamiento y la seguridad jurídica. En doctrina se suele recordar la definición del autor civilista ENNECCERUS, quien señalaba que a nadie es lícito hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta, cuando esa conducta, interpretada objetivamente según la ley, las buenas costumbres o la buena fe justifica la conclusión de que no se hará valer el derecho; o cuando el ejercicio posterior choque contra la ley, las buenas costumbres o la buena fe (Cfme. GELSI BIDART, Adolfo: “Acerca de la teoría del acto propio”, Revista Jurídica Estudiantil, CED, No. 5, Año 3, mayo 1988, págs. 9 y siguientes; BARBIERI, Laura: “La doctrina de los actos propios y nuestra jurisprudencia”, ADCU T. XXX, págs. 767 y siguientes; BERGSTEIN, Jonás: “Algunas reflexiones a propósito de la vigencia de la regla del acto propio en materia tributaria”, Revista Tributaria, T. XXXV, No. 205, págs. 478-479). La decisión de la Sala de circunscribir la condena a restituir los frutos de la vivienda que fue la casa de familia a los correspondientes al período posterior a que la hija dejó de habitarla, resulta jurídicamente irreprochable. A partir de que Romina CAPUTI GARCÍA abandonó dicha casa, la demandada permaneció viviendo allí, pese a que el usufructo le pertenecía a su ex esposo. Esta situación sí resulta irregular e ilegítima, como lo denunció en su demanda, porque supuso la ilegítima turbación del derecho del usufructuario al goce del bien a cuyo uso y goce tiene derecho, en contradicción al deber impuesto por el art. 533 del Código Civil. Turbación que recién cesó con la devolución del inmueble que se produjo en cumplimiento de la transacción parcial a la que arribaron las partes en la audiencia del 18 de febrero de 2016 (fs. 247/248 y 304)”. En definitiva, corresponde el rechazo de los agravios expresados por el recurrente en relación a las fechas de restitución de los frutos provenientes del inmueble padrón No. 10.406. IV) Respecto a la revocación de la condena a restituir el establecimiento comercial y el valor acumulado del alquiler del referido estable-cimiento . Como fuera señalado, la sentencia de primera instancia había condenado a la demandada a restituir al accionante “ B) El estableci-miento comercial que gira en el ramo de Almacén ubicado en la calle Gral. Rivera y 18 de Julio (esquina) de esta ciudad, pequeña empresa, que comprende los derechos de llave y clientela de empresa y los créditos activos y pasivos, muebles y útiles afectados a su actividad, (...) y el valor acumulado del alquiler del referido establecimiento comercial por el período 2004 a abril de 2016, avaluado en la suma de $1.251.138” (fs. 472). La referida condena fue revocada por la sentencia de segunda instancia, por haberse entendido por el Tribunal que “(...) el actor no acreditó que la demandada hubiera usufructuado el establecimiento comercial que se adjudicara al mismo en la partición, sino que la demandada acreditó que mudó el establecimiento comercial que se le adjudicara a ella en la partición, al local de la calle 18 de julio y Rivera (documentos de fs. 212 y 213, cambio de domicilio ante D.G.I.), local del cual el actor no tenía el usufructo, según el mismo actor lo manifiesta en su demanda a fs. 147. La demandada llevó su negocio al local antes referido, dicho establecimiento comercial es el que se le adjudicara a la demandada y no al actor, el cual fue clausurado por el propio actor” (fs. 529). En relación al punto, el recurrente se agravia por la valoración probatoria efectuada por la Sala. Señala que la sentencia recurrida interpreta erróneamente que basta que se produzca la “baja administrativa de un establecimiento comercial” (sic), para que el titular pierda el derecho real que había obtenido un día antes –por la partición- sobre dicho establecimiento. Y agrega que no existió enajenación del establecimiento comercial el 30 de noviembre de 2004, pues para que ello ocurra deben cumplirse con una serie de requisitos previstos en el Decreto-Ley No. 14.433, que no se cumplieron en el caso. A juicio de este Cuerpo, no le asiste razón en sus planteos. La decisión del Tribunal es el fruto una determinada valoración de los elementos probatorios, que le condujo a concluir que la demandada no usufructuó un establecimiento comercial distinto al que se le adjudicó en la partición. Cabe replicar lo señalado previamente respecto a las posibilidades de reexaminar la valoración probatoria en la casación (véase Conside-rando III.I). Sin perjuicio de añadir a lo expuesto que, como afirmara DE LA RÚA -con apoyo en jurisprudencia argentina- la sola apreciación equivocada, discutible, objetable o poco convincente de la prueba no constituye absurdo. No es motivo de recurso la mera discrepancia subjetiva con el criterio de valoración del Tribunal de mérito si no existen conclusiones en abierta contradicción con las constancias de la causa ni se registra la ausencia de un estudio lógico y razonado de los diversos elementos computados, vicios esos que constituyen lo propio del absurdo. Asimismo, tampoco es suficiente exponer un criterio distinto al del sentenciante en cuanto al mérito de la prueba rendida, sino que es menester demostrar absurdo en la conclusión o violación de las leyes que regulan esa tarea” (Cfme. DE LA RÚA, Fernando: “El recurso de casación. En el Derecho Positivo Argentino”, Víctor P. ZAVALÍA-Editor, Buenos Aires, 1968, pág. 392). Más aun teniendo presente que el Tribunal casatorio no es un Tribunal de mérito. No existe libertad para en profundizar los hechos y su esquema valorativo. La regla es clara, pues de otro modo se desvirtuaría la finalidad esencial del recurso (Cfme. MOLINA SANDOVAL, Carlos A.: “Recurso de casación: aspectos sustanciales, argumentales y procesales”, ADVOCATUS, Córdoba, 2016, pág. 160). En base a estas premisas conceptuales, no se aprecia que el razonamiento probatorio de la Sala resulte ilógico o absurdo y, menos aún, que ello resulte evidente en la sentencia atacada (Cfme. Sentencias Nos. 804/2018 y 647/2018, entre otras). En la especie, de los elementos probatorios disponibles, que la sentencia tuvo en consideración, surgen los siguientes hechos: a) Al momento de la partición (29 de noviembre de 2004) existían dos establecimientos comerciales, uno a nombre de la empresa unipersonal del actor y otro a nombre de la empresa unipersonal de la demandada; las dos empresas tenían su correspondiente número de RUC en DGI y número de empresa en BPS (véase especialmente la escritura de partición a fs. 15). b) Al día siguiente de otorgada la partición (30 de noviembre de 2004) el actor clausuró su empresa unipersonal ante la DGI, el BPS y el Ministerio de Trabajo; tal extremo, además de resultar probado por la prueba por informe remitida por dichos organismos, fue admitido por el actor en su propio libelo recursivo, a fs. 536. c) El establecimiento comercial de la Sra. GARCÍA funcionaba originalmente en un local sito en la calle Becerro de Bengoa No. 278 (véase la descripción en la partición, a fs. 15); en diciembre de 2004, dicho establecimiento fue mudado al local de propiedad de la demandada, ubicado en la calle Rivera y 18 de Julio, donde antes funcionara el establecimiento comercial del actor; como bien lo hace notar la sentencia impugnada, la demandada mudó el domicilio fiscal de su empresa unipersonal a la calle Rivera y 18 de Julio, y realizó la comunicación correspondiente a la DGI (art. 31 del Decreto No. 597/988) (véase fs. 215); la comunicación a la DGI fue presentada el 2 de diciembre de 2004, apenas tres días después de otorgada la partición. Pues bien. En función de los elementos que vienen de señalarse, resulta razonable la inferencia probatoria realizada por la Sala para concluir que la demandada no usufructuó el establecimiento comercial adjudicado al actor en la partición, sino el que le correspondió a ella, el que simplemente mudó de domicilio. En consecuencia, resultaba improcedente la restitución reclamada por el accionante. En definitiva, la Corpora-ción no advierte la existencia de una valoración absurda del material probatorio por parte de la Sala, por lo que el agravio no puede ser atendido. Por lo demás, la sentencia impugnada nunca refirió a que haya existido una enajenación de establecimiento comercial, esto es, nunca basó su razonamiento en ese punto, lo que conduce a rechazar de plano las fundamentaciones del recurrente relativas al cumplimiento o incumplimiento de los requisitos atinentes a ese negocio jurídico. V) La correcta conducta procesal de ambas partes determina que las costas y los costos de la presente etapa se distribuyan en el orden causado (art. 688 del Código Civil y arts. 56.1 y 279 del C.G.P.). En suma, por los fundamentos expuestos, y en atención a lo establecido en los arts. 268 y concordantes del Código General del Proceso, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. FÍJENSE LOS HONORARIOS FICTOS EN 40 B.P.C. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE.