Sentencia Definitiva N° 1.652/2018

Montevideo, veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “MATO GUTIÉRREZ, Mirta c/ ODATIR S.A. Juicio ordinario posterior. Excepción de inconstitucionalidad. Art. 361.2 de la ley Nº 19.090”, IUE 443-154/2018. RESULTANDO : I) En el curso de un juicio ordinario posterior seguido por Pablo Bonaudi en representación de Mirta Mato Gutiérrez, a efectos de oponer la prescripción del vale de fecha 10 de mayo de 2005 ejecutado en la causa “ Odatir S.A. c/ Mato Gutiérrez, Mirta y otros- Juicio ejecutivo” , IUE 443-161/2007 el actor solicitó, por vía de excepción, la declaración de inconstitucionalidad del artículo 361.2 del C.G.P. (fs. 1-23). Sostuvo, en lo medular, que: 1) La prohibición de promover, en el curso de un juicio ordinario posterior, la recusación del tribunal que entendió en primera instancia del proceso ejecutivo es inconstitucional, por violar el artículo 8 de la Carta. Se vulnera el derecho a ejercer en igualdad de condiciones los actos procesales inherentes al derecho de defensa. 2) Se vulnera también el derecho al debido proceso consagrado en los artículos 12 y 72 de la Carta, al afectarse la garantía de la imparcialidad del Tribunal. 3) El artículo 361.2 del C.G.P. es inconstitucional por restringir derechos fundamentales sin que existan razones de interés general habiliten tal restricción. 4) En definitiva, solicitó que se declarara la inconstitucionalidad de la disposición referida y su inaplicabilidad al caso planteado. II) El expediente se recibió en la Corte el 26 de junio de 2018 (fs. 32). Por providencia Nº 1766/2018 se confirió traslado a la parte demandada -Odatir S.A.- y se dio vista al Sr. Fiscal de Corte (fs. 33). III) A fs. 39-40 vto., Odatir S.A. evacuó el traslado conferido abogando por el rechazo de la pretensión de inconstitucionalidad deducida. En el mismo sentido se expidió el Sr. Fiscal de Corte, por las razones que expuso en el dictamen Nº 698/2018 (fs. 44-45). IV) Por providencia Nº 2392/2015 se dispuso el pasaje a estudio de la causa y se llamaron los autos para sentencia (fs. 47). V) Cumplidos los trámites de estilo, se acordó dictar sentencia en el día de la fecha. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia desestimará la excepción de inconstitucio-nalidad planteada por unanimidad, arribando sus integrantes a tal fallo por diversos fundamentos. II) La disposición impugnada . Artículo 361.2 del C.G.P.: “Juicio ordinario posterior, (...) Para conocer en este proceso, será competente el mismo tribunal que entendió en la primera instancia del proceso ejecutivo, cuyo titular no será recusable por prejuzgamiento fundado en dicha circunstancia” . III) En cuanto a la legitima-ción . 1) La promotora planteó la excepción de inconstitucionalidad que resolvemos en el entendido de que, lo dispuesto en la disposición impugnada, le impide deducir la recusación por prejuzgamiento de los magistrados que intervinieron en el proceso anterior, tanto en primera como en segunda instancia. 2) En relación a la legitimación de la excepcionante cabe realizar algunas precisiones. 2.1) La Corte advierte, por las razones que se dirán, que la excepcionante no es titular del interés requerido por la Carta para habilitar la prosecución del proceso de inconstitucio-nalidad iniciado con la finalidad referida: recusar a la Magistrada de primera instancia. En relación a la recu-sación de la jueza de primera instancia, la Corte, por unanimidad, debe señalar que la propia excepcionante, advertida del cambio del titular de la Sede, desistió de la pretensión incidental. En efecto, luego de haber presentado la demanda, a requerimiento de la Sede Letrada actuante, la excepcionante expresó: “Que se tenga por cumplido en tiempo y forma con lo dispuesto por decreto 1015/2018 del 7 de mayo de 2018, y en su mérito, por desistido del incidente de recusación incoado contra [el] juez a quo anterior, Dra. Mariana Capurro Areco” (fs. 25). Se trata de una circunstancia superviniente que priva de vocación aplicativa a la norma en ese punto. 2.2) En segundo término y, en lo que respecta a la recusación de los Sres. Ministros integrantes del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, existen diferencias entre los integrantes de la Corporación en cuanto a si la excepcionante se encuentra legitimada. A) La Corte, en mayoría conformada por los Sres. Ministros, Dres. Jorge Chediak, Elena Martínez y Eduardo Turell, consideran que dado que el incidente de recusación resulta inadmisible al amparo del artículo 328.1 del C.G.P., la excepcionante carece de legitimación para pretender la declaración de inconstitucionalidad que se resuelve. En efecto, señalan que, de acuerdo con lo establecido por la norma, la demanda de recusación se planteará ante “el propio tribunal del Juez recusado”, circunstancia que en la subexamine no se verifica, por cuanto, dado el estado de la causa, aún no ha actuado el órgano de alzada (intervención que, eventualmente, puede nunca ocurrir). Como lo ha sostenido reiteradamente, el artículo 328.1 del C.G.P. establece un requisito de admisibilidad de la pretensión recusatoria al disponer que “La demanda de recusación se planteará ante el propio tribunal del Juez recusado (...)”, (cf. sentencias N os 2420/2012, 378/2012, 2488/2011 y 717/2011, entre muchas otras). Atento a lo señalado, a su juicio corresponde desestimar el excepcionamiento, sin especial condenación procesal. Los Dres. Chediak, Martí-nez y Turell consignan que, si bien comparten la jurisprudencia citada por los Dres. Minvielle y el redactor en el considerando 2.2 “B” siguiente, consideran que tales precedentes no son aplicables al caso, por no ser exactamente trasladables a esta causa, así como por existir una disposición concreta que impone una solución diversa. Por su parte, los Sres. Ministros, Dres. Elena Martínez y Jorge Chediak, señalan que si bien también comparten la jurisprudencia citada en el capítulo recién referido, igualmente, estiman del caso señalar que la hipótesis de autos no resulta asimilable a dichos antecedentes, puesto que en el caso de la recusación, habrá de aguardarse a la concreta circunstancia de la apelación, para determinar si, en ese momento, mantiene interés para recusar a los Sres. Ministros que en esa oportunidad ocupen el cargo. A juicio de los Dres. Martínez y Chediak, lo resuelto en autos respecto a la recusación dirigida contra la Sra. Juez de primera instancia, confirma lo dicho. B) Por su parte, la Dra. Bernadette Minvielle y el redactor, consideran que la excepcionante se encuentra legitimada para promover la declaración de inconstitucionalidad del artículo 361.2 del C.G.P. En cuanto a la posibilidad de que el actor en un juicio ordinario posterior impugne la norma que le impide recusar a los miembros del Tribunal de Apelaciones interviniente, que será el mismo que ya intervino en el proceso ejecutivo precedente (cf. artículo 361.2 del C.G.P. y artículo 7 de la ley 15.750), se considera que si bien la excepcionante aún no ha tenido ocasión de interponer su recurso de apelación -recién presentó la demanda-, igualmente está legitimada para impugnar las normas que regulan la recusación del órgano de segunda instancia. El hecho de que la excepcionante todavía no haya ingresado en la segunda instancia no implica que no esté en una situación jurídica que la habilite a impugnar esta norma. En efecto, tal como la Corte lo ha sostenido en anteriores oportunidades, quien tiene la calidad de parte en un determinado proceso se encuentra legitimada para impugnar la regularidad constitucional de las normas aplicables durante el curso del juicio, sin que corresponda requerir que se encuentre transitando en la concreta etapa procesal en la que corresponde aplicar la disposición en cuestión. En tal sentido, mantenemos el criterio seguido por la Corte al resolver sobre la constitucionalidad de la llamada “Ley de responsabilidad penal del empleador”, Nº 19.196 y de la “Ley de Medios”, Nº 19.307 (sentencias N os 340/2015 y 462/2016 entre otras). En estos casos, la Corte estableció, con destacable acierto, que la legitimación de quien tiene la calidad de parte en cierto tipo de proceso, una vez que ingresa al mismo, puede impugnar cualquiera de las normas que regulan tal proceso. Lo que configura el interés “directo” en estos casos es la mera condición de parte de cierto proceso, que es lo que le hace aplicable el estatuto propio del tipo de proceso de que se trate. Revalidamos la jurispru-dencia de la Corte conforme a la cual se sostuvo que quien es parte de un proceso laboral o de un proceso por faltas está legitimado, por su sola calidad de parte, para impugnar la regularidad constitucional de las disposiciones de tales estructuras procesales, aun cuando todavía no se haya arribado a la etapa procesal en la que corresponde aplicar la disposición en cuestión (sentencias N os 92/2010 y 516/2014, entre otras). Quien plantea la excepción “no tiene que esperar la ocurrencia puntual de las situaciones reguladas para que su interés se actualice y devenga directo” (sentencias N os 32/2016 y 692/2017 de esta Corte). Idéntico criterio se siguió en la sentencia Nº 131/2018 en términos que, con las naturales adecuaciones, resulta trasladable al presente: “Resultan aplicables al presente asunto las normas cuya regularidad constitucional cuestionó el actor y, conforme lo indicó este Colegiado en situaciones similares (cf. Sentencias Nos. 92/2010, 148/2010, 491/2010, 192/2010, 493/2010, 510/2010 y 797/2010 –en materia laboral– 516/2014, 32/2016, 88/2016 y 236/2016 –en materia de faltas–, entre muchas otras), no solamente operan razones de economía procesal para concluir afirmativamente sobre la legitimación del promotor, sino que también debe ponerse de relieve que es indudable que quien opuso la excepción ingresó en el proceso penal (ahora en etapa de sumario) y, por consiguiente, se le aplicarán posiblemente las normas cuestionadas. Por lo que no tiene que esperar la ocurrencia puntual de las situaciones reguladas para que su interés se actualice y devenga directo ” (resaltado mediante subrayado por el redactor). Véase que en el caso, la excepcionante es la parte actora en un juicio ordinario posterior, particular tipo de proceso regulado por lo establecido en el artículo 361 del C.G.P. y demás normas sobre el proceso ordinario. Y lo que la excepcionante planteó, al presentar la demanda que dio inicio a ese proceso ordinario, es la inconstitucionalidad de una norma que regula ese proceso. Y del mismo modo en que, por ejemplo, la Corte legitimó al actor de los procesos laborales para impugnar la regularidad constitucional de normas de aplicación eventual desde el inicio del proceso, como las relativas a la apelación -ya que es imposible saber si habrá apelación-, debe legitimar a quien inicia un juicio ordinario posterior a impugnar la norma que le impide plantear la recusación, siendo irrelevante a los efectos de determinar la legitimación la eventualidad de tal planteo. Porque, como se dijo, lo que determina la existencia de un interés “directo” es la certeza de la condición de parte en cierto proceso y no la efectiva ocurrencia de la apelación o la recusación. Entendemos que estas razones no se ven en absoluto enervadas porque relevemos, junto con los demás integrantes de la Corporación, la ausencia de legitimación de la excepcionante para pretender la declaración de inconstitucionalidad de la norma porque le impide recusar a la jueza de primera instancia. Como en cualquier planteo de inconstitucionalidad por vía de excepción, la legitimación estará determinada por las circunstancias del proceso concreto en el que se plantea la excepción. El hecho de que la excepcionante haya desistido de recusar a la jueza de primera instancia no hace mella en que mantiene su interés en recusar a la Sala. En definitiva, a juicio de la Dra. Minvielle y del redactor, la promotora se encuentra legitimada para solicitar la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo 361.2 del C.G.P. a los efectos de recusar a la Sala Civil de 2º Turno. Atento a la solución a la que arriba la mayoría en relación a la legitimación de la excepcionante para pretender la declaración de inconstitucionalidad de la norma que le impide recusar a la Sala Civil interviniente, carece de sentido que nos expidamos sobre la excepción opuesta. IV) Condenaciones procesales . No hay mérito para imponer especiales condenaciones en gastos causídicos, debiendo sufragar las costas la excepcionante por ser de precepto (artículo 523 del C.G.P.). Por lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : Desestímase la excepción de inconstitucionalidad planteada. Costas de cargo de la excepcionante. Sin especial condenación procesal. Honorarios fictos: 20 BPC. Y devuélvase.