Sentencia Definitiva N° 1.651/2018

Montevideo, veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho VISTOS : Para sentencia definitiva, es-tos autos caratulados: “FRUSTO, Sergio Daniel y otro c/ COOPERATIVA MÉDICA DE ARTIGAS. Demanda laboral. Casa-ción” , IUE 444-38/2017, venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 3 er Turno, identificada como SEF 0014-000291/2018. RESULTANDO : I) A fs. 106-115 vto., el 22 de febrero de 2017, comparecieron Sergio Daniel Frusto Centomo y Julio Iván Pérez Suárez y promovieron proceso contra Cooperativa Médica de Artigas (GREMEDA). Sostuvieron que se desempeñan como técnicos en fisioterapia en la mutualista demandada en un régimen de doble jornada, por un lado prestan servicios en el local de la demandada y, por otro, prestan servicios a domicilio. Reclamaron el pago del trabajo extraordinario derivado de su trabajo como licenciados en fisioterapia externos, incidencias en los rubros licencia, salario vacacional y aguinaldo -todo lo cual asciende a $U 1.205.162 en el caso del Sr. Frusto y a $U 989.303 en el caso del Sr. Pérez- más un 20% por concepto de daños y perjuicios preceptivos, más reajuste e intereses. II) Por sentencia definitiva de primera instancia N° 58/2017 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Bella Unión de 2° Turno, dictada el 23 de octubre de 2017 por su entonces titular, la Dra. Jennifer Rocco Lavallén, condenó a la demandada al pago de $U 1.122.667,80 en favor del co-actor Frusto y de $U 1.023.279,43 en favor del co-actor Pérez por concepto de horas extras generadas en trabajo a domicilio (fs. 277-291 vto.). III) En segunda instancia en-tendió el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 3 er Turno, integrado por los Dres. Juan Carlos Contarin Villa, Lina Fernández Lembo, Gloria Seguessa Mora y Rita Patrón Bentacor, órgano que, por sentencia definitiva identificada como SEF 0014-000291/2018, dictada el 28 de junio de 2018, anuló la recurrida y, en su lugar, desestimó la demanda (fs. 335-347). Extendió discordia el miembro natural de la Sala, el Dr. Juan Carlos Contarin Villa, por entender que debió condenarse al pago de horas extras. IV) La representante procesal de la parte actora interpuso recurso de casación (fs. 353-356 vto.). Luego de referir a su legitimación, sostuvo, en síntesis, que la sentencia recurrida carece de fundamentos. En tal sentido, alegó que si bien la Sala expresó que la demanda fue inconsis-tente y que carecía de los elementos mínimos necesarios para que pudiera prosperar, en otros pasajes de la sentencia explicó el objeto de la pretensión, lo cual es contradictorio. La Sala no explicitó los argumentos que refutaban los expresados en la sentencia de primera instancia. La Sala afirmó que la actora no consignó en forma el número de horas por el cual se excedía la jornada de trabajo, lo cual, en su criterio, denota falta de estudio del expediente. Toda la documentación ne-cesaria para realizar los cálculos en los cuales se fundamenta la demanda en la planilla que la integra surge de autos, así como del expediente unido por cuerda IUE 157-79/2016. Y ello fue considerado por la Juez de primera instancia. Ambas partes coincidieron en la realización de trabajo en exceso al límite de la jornada. El objeto del debate estuvo dado por el hecho de que la demandada consideró que se trataba de destajo, en cambio, la actora reclamó el pago de horas extras. Todo lo cual, la conduce a considerar que la sentencia recurrida carece de fundamentos. En definitiva, solicitó que se casara la sentencia recurrida y que, en su lugar, se fallara “manteniendo firme la [sentencia] de primera instancia” (fs. 356 vto.). V) La parte demandada evacuó el traslado del recurso de casación oportunamente conferido (fs. 365-373 vto.), abogando por su rechazo. Sostuvo que el recurso no era admisible, tanto por ausencia de la debida argumentación como por la cuantía del asunto. Adicionalmente, sostuvo que los recurrentes no controvirtieron los argumentos de la Sala, los cuales demostraron que las pretensiones deducidas no podían prosperar. Y para el caso de que se ingresara al estudio del recurso, solicitó que se tuvieran en cuenta sus alegaciones en la causa. VI) Por providencia identifi-cada como MET 0014-000089/2018, dictada el 16 de agosto de 2018, el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 3 er Turno resolvió elevar el recurso de casación para ante la Suprema Corte de Justicia (fs. 396-397). VII) El expediente se recibió en la Corte el 23 de agosto de 2018 (fs. 379). VIII) Por providencia N° 2385/2018 se dispuso el pasaje a estudio y se llamaron los autos para sentencia (fs. 380). IX) Una vez cumplidos los trámites de estilo, se acordó dictar sentencia en el día de la fecha. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justi-cia desestimará el recurso de casación interpuesto. II) En cuanto a la admisibili-dad del recurso de casación . Inicialmente, cabe referir al cuestionamiento de la parte demandada a la admisibi-lidad del medio impugnativo interpuesto por su contra-ria. Tal como surgiera del estudio preliminar de admisibilidad que realiza la Corporación, el recurso de casación de autos es formal-mente admisible. La parte demandada sostuvo que la cuantía del asunto era menor a 4.000 unidades reajustables, razón que tornaba improcedente el recurso de casación de autos. No le asiste razón. En efecto, si se procede a la suma de los montos reclamados en autos, con su reajuste e intereses desde la fecha de exigibilidad de cada crédito impago, adicionándole luego el importe de la multa legal de precepto, se supera el importe mínimo habilitante de la casación en supuestos en los que no es demandada una entidad estatal. Cabe señalar que tampoco resulta compatible la forma en la cual la parte deman-dada pretende que sea cuantificado el monto del asunto para determinar la admisibilidad del recurso de casa-ción, atendiendo en que la parte actora está constituida por un litisconsorcio. Como ya lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia, cuando interviene un litisconsorcio activo facultativo, el monto del asunto estará determinado por la suma de los reclamos de todos los co-actores. Por otra parte, el valor que ha de ser considerado, en supuestos de pretensiones personales como la deducida en estos autos, es el denunciado en la demanda y no el de la sentencia, como lo pretende la demandada. La Corte ya ha tenido oportunidad de rebatir la argumentación ensayada por la demandada en su sentencia N° 1802/2017, en la cual se expresó: “ De acuerdo con lo dis-puesto en el artículo 17 del C.G.P., “la ley orgánica” (ley 15.750) “dispondrá lo concerniente a la (...) competencia (...) de los diversos tribunales”. (...) Cabe considerar la argu-mentación del quejoso, en cuanto a que “los ‘asuntos’ a los que refiere el artículo 269 num. 3 del C.G.P. son aquellos que refieren al objeto del proceso sometido a casación. Esta es la interpretación razonable, ya que el artículo, justamente, regula la procedencia del recurso, recurso que solo podrá referir al objeto restringido por la llamada ‘doble confirmatoria’” (fs. 1009 infra). En apoyo de su opinión cita obra inédita del Prof. Alejandro Abal Oliú, conforme a la cual “el asunto cuyo monto debería tomarse en cuenta para controlar la admisibilidad de la casación es solamente esa parte del objeto del proceso sobre el cual no existió la ‘doble confirmatoria’ o existió pero mediando discordia (en otras palabras, sobre el objeto del proceso efectiva-mente presentado a resolución de la Suprema Corte de Justicia”. La Corporación entiende que la argumentación referida no se compadece con el tenor literal de los artículos 269 numeral 3 y 268 inciso segundo del C.G.P., ni con una interpretación sistemática de nuestro ordenamiento procesal. En efecto, en ninguna de las disposiciones de marras se establece que el monto a considerar deba ser el del asunto sobre el que deba pronunciarse la Corte en casación, tomando únicamente aquella parte del objeto del proceso que es sometida a casación, como lo postula la quejosa. Es cierto que la norma tampoco establece expresamente que el monto del asunto deba ser el que se estimó en la demanda en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117 del C.G.P., o el que surge de aplicar las reglas generales de la ley 15.750 sobre cómo calcular la cuantía de un asunto para establecer la competencia (capítulo IV de la LOT), cuando ésta varía según el monto de un asunto. La Corte entiende que la opción interpretativa que realiza el quejoso no se ajusta a la sistemática del Código. Si los artículos 269 numeral 3 y 268 inciso segundo del C.G.P. no indican qué debe entenderse por “monto del asunto”, la Corporación considera que el alcance de tal expresión debe buscarse en las disposiciones procesales que refieren a igual concepto, al “valor de la causa” o a la “importancia o valor de la cosa disputada”, según lo indican el artículo 117 numeral 6 del C.G.P. y el artículo 35 de la LOT (aplicable por remisión del artículo 17 del C.G.P.). Por ejemplo, véase que, en similar sentido a lo establecido en los artículos 269 numeral 3 y 268 del C.G.P., en los artículos 73 y 74 de la LOT encontramos normas procesales que limitan la procedencia de un recurso en función de la cuantía del asunto, cuantía que inequívocamente se determina por el referido capítulo IV de la misma ley. No se advierte, entonces, por qué en el caso de la limitación por razón de cuantía del recurso de casación sería razonable propiciar una interpretación que no se ajusta a la sistemática del resto del ordenamiento”. III) En cuanto al incumplimien-to de la carga de la debida argumentación en casación . Corresponde hacer referen-cia a las insuperables carencias argumentativas que presenta el recurso de casación en estudio, las cuales fueron correctamente denunciadas por la demandada al tiempo de evacuar el traslado del recurso de casación. Ello, porque el contenido del recurso de casación de autos constituye la expresión de una mera discordancia con lo resuelto por la Sala, expresión que no cumple con la carga de la debida argumentación que grava a todo litigante y que, en sede de casación, contiene el artículo 273 numeral segundo del C.G.P. El recurrente debió expo-ner las razones concretas de por qué la Sala incurrió en error de derecho al no disponer la condena de este rubro. Como enseña el Prof. Enrique Vescovi, quien recurre debe indicar cuál es la aplicación de la norma de Derecho que pretende, lo que supone indicar cuál es el error de derecho que denuncia y cuál es la correcta solución al caso planteado (cf. “Derecho Procesal” , T. VI, 2ª parte, Ediciones Idea, Montevideo, 1985, pág. 198). Y en el caso, del recurso de la parte actora no surge un mínimo desarrollo como el debido, lo que de por sí basta para rechazar su medio impugnativo. IV) En cuanto al incumplimien-to de lo dispuesto en el artículo 270 inciso segundo del C.G.P.: no se cuestionaron todos los errores determinan-tes del fallo . IV.1) Aun cuando se sosla-yara el incumplimiento de la carga de la debida argumentación que viene de relevarse, igualmente el recurso interpuesto debe ser desestimado. La sentencia rechazó la demanda por un doble orden de argumentos. En primer lugar, por los ostensibles defectos de alegación de la demanda, las contradicciones en que incurrió y las omisiones insubsanables que padeció en su acto de proposición; todo lo cual fue extensamente analizado por la Sala del Trabajo de 3 er Turno. En segundo lugar, la demanda fue rechazada por razones de mérito, por haberse considerado que las tareas desempeñadas por los actores no son susceptibles de ser computadas como componentes de una única jornada de trabajo. La Sala entendió que no resulta admisible adicionar prestaciones de diversa naturaleza. Los actores realizan varias actividades que, de acuerdo con la normativa propia del sector de actividad, son considerados normativamente como diferen-tes cargos y tienen diversas formas de remuneración. Asimismo, entendió la Sala que las actividades por las cuales se reclamó, no generan horas extras, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 258/987. IV.2) La recurrente solo controvirtió el argumento que se funda en los defectos que padece su demanda, sin lograr conmover los sólidos fundamentos de la sentencia en este aspecto. Pero, en cambio, nada expresó en relación a las razones de mérito expuestas por el Tribunal para rechazar su demanda. Ello de por sí también es razón suficiente para desestimar el recurso interpuesto. En efecto. En el artículo 270 inciso segundo del C.G.P. se preceptúa que en casación “no se tendrán en cuenta los errores de derecho que no determinaren la parte dispositiva de la sen-tencia” . Por imperio de esta dis-posición, quien recurre en casación está gravado con la carga de dirigir su crítica contra aquellos errores de derecho que hayan determinado el fallo de segunda instancia. Va de suyo, entonces, que ante el incumpli-miento de esa carga deben rechazarse, por improcedentes, aquellas críticas o agravios que no refieran a las razones jurídicas que determinaron el fallo. A juicio de la Corpora-ción, y por las razones que expusimos precedentemente (considerando IV.1), esta última situación es exacta-mente la que se verifica en autos. Si bien dos fueron los argumentos determinantes del fallo de segunda instancia, los recurrentes únicamente cuestionaron uno de ellos -el relativo a los defectos de la demanda-, omitiendo todo cuestionamiento a lo relativo a la improcedencia por razones de fondo de la demanda. Esa precisa cuestión jurí-dica también debió ser objeto de agravio por parte del recurrente. Sin embargo, como se lo señaló, no se esgrimieron agravios contra esa cuestión. En definitiva, el incum-plimiento de lo dispuesto en el artículo 270 inciso segundo del C.G.P. es también una razón autónoma y suficiente para desestimar el recurso de casación interpuesto. V) La conducta procesal de las partes no justifica imponer especiales condenaciones en gastos causídicos (artículo 279 del C.G.P.). Por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : Desestímase el recurso de casación interpuesto, sin especial condenación procesal. Honorarios fictos: 20 B.P.C. Y devuélvase.