Sentencia Interlocutoria N° 1.639/2018

Montevideo, diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. VISTOS: Estos autos caratulados: AA C/ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA – AMPARO – EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD – ARTS. 51 LITERAL B Y 45 INCISO FINAL DE LA LEY Nº 18.211 – IUE: 2-33050/2018. CONSIDERANDO: 1.- Que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 519 del Código General del Proceso, la Suprema Corte de Justicia se encuentra legalmente facultada para resolver las cuestiones de inconstitucionalidad que le fueren elevadas, en cualquier estado de los procedimientos y con prescindencia de la situación en que se encontrare el trámite respectivo, siempre que exista jurisprudencia sobre el caso planteado y a juicio de la Corte corresponda mantener su anterior criterio. 2.- Por Sentencias Nos. 724/2018 y 1.494/2018, la Corte, por mayoría, desestimó la excepción de inconstitucionalidad deducida en términos que -en lo pertinente- se tendrán por reproducidos y como parte integrante de esta decisión. Por lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia, por mayoría FALLA: DESESTÍMASE EL EXCEPCIONAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO, CON COSTAS A CARGO DE LA EXCEPCIONANTE. OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE. MINISTRO DR. JORGE O. CHEDIAK MINISTRO DR. LUIS TOSI BOERI Discordes parcialmente, porque entendemos que corresponde declarar inconstitucionales y, consecuentemente, inaplicables en el caso, los artículos 45 y 51 literal B) de la ley 18.211. 1) En cuanto a la constitucionalidad del artículo 45 de la ley 18.211. Consideramos que, efectivamen-te, la disposición impugnada vulnera el derecho a la salud consagrado en el artículo 44 inciso tercero de la Constitución, así como el derecho a la vida. Llegamos a tal conclusión revalidando la línea argumental que la Corte, en mayoría, siguió en la sentencia Nº 396/2016, que hizo lugar a la excepción de inconstitucionalidad que un paciente opuso contra el artículo 7 de la ley 18.335, que le impedía acceder a un medicamento que necesitaba para paliar la grave enfermedad que padecía. En ese caso, la Corte dijo: El derecho a la salud, expresamente reconocido en el art. 44 de la Constitución, constituye un derecho humano esencial, inherente a la persona, y de cuyo pleno goce dependen todos los demás. En este sentido, el derecho a la salud podría considerárselo, conjuntamente con la vida, uno de los derechos absolutos, ya que su instrumentalidad respecto del segundo nombrado es indiscutible. Es de señalar que la citada norma superior establece: “El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. Todos los habitantes tienen el deber de cuidar de su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes”. Como se indicara en la Sentencia N° 696/2014, citando a su vez el Pronunciamiento N° 1.713/2010: “En efecto, la Salud Pública es un cometido esencial inherente del Estado, y en casos como el de autos la legislación sobre tabaquismo resulta un bien jurídico superior que participa de la noción de orden público (art. 44 de la Constitución), por lo que resulta natural que se cometiera al M.S.P. dicha reglamentación, pues de acuerdo a la Ley Orgánica de Salud Pública N° 9.202, le compete al mismo adoptar todas la medidas que estime necesarias para mantener la Salud colectiva, dictando todos los reglamentos y disposiciones necesarias para este fin primordial (art. 2)...”. Sobre esa base el Juez debe analizar la norma impugnada, así como toda la legislación en la materia, incluso decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública, para desentrañar el espíritu de la Ley, que en ningún caso puede revelar la intención de limitar en forma alguna el acceso a la salud. Como se señaló en el fallo que venimos de transcribir, la ley no puede, como sucede en este caso, dejar ningún “margen” para limitar el derecho a la salud. Ello, porque ese “ (…) “margen” legal previsto, y que se completará en vía administrativa, deja una “ventana” abierta para la limitación de un derecho que, por su naturaleza instrumental con el derecho a la vida, no admite la menor restricción” . Pues bien, bajo estas premisas, consideramos que la disposición atacada es inconstitucional, por cuanto habilita al Ministerio de Salud Pública a limitar el alcance del tratamiento médico al que tienen derecho los usuarios del Sistema Nacional de Salud, carentes de los recursos suficientes en casos en los que, como el aquí planteado, su salud y hasta su vida están en riesgo. En efecto, ello contraviene lo dispuesto en el artículo 44 inciso tercero de la Constitución. Se revalida así el criterio que sostuviéramos como integrantes del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2° Turno y del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 2° Turno (actuando como Tribunal de Feria), en cuanto al indiscutido rango constitucional del derecho prestacional derivado de dicha norma constitucional (Sentencia N° 159/2008 de la Sala Civil de 2° Turno y Sentencias SEF-0008-000001/2014 de la Sala Laboral de 2° Turno –actuando como Tribunal de Feria-). Finalmente, estimamos que la excepcionante acreditó encontrarse en la situación económica allí prevista, tal como surge de fs. 54-55. 2) En cuanto a la constitucionalidad del artículo 51 literal B) de la ley 18.211 . Nuevamente, y por las razones indicadas en el numeral precedente, consideramos que la disposición es inconstitucional, al restringir el derecho a obtener tratamiento médico (artículo 44 inciso tercero de la Constitución). En este caso, la restricción deriva de la remisión que efectúa el art. 51 lit. B) de la ley 18.211 al art. 45 de la misma ley, cuya inconstitucionalidad viene de señalarse.