Sentencia Definitiva N° 1.629/2018

Montevideo, diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho VISTOS : Para dictado de sentencia en autos caratulados: “GONZÁLEZ MÉNDEZ, PAULO C/ TRANSPORTES CUELLO S.R.L. Y OTROS - DEMANDA LABORAL - CASACIÓN”, IUE: 477–288/2014 . RESULTANDO : 1) Según surge de autos, el Sr. Paulo GONZÁLEZ MÉNDEZ promovió demanda laboral contra TRANSPORTES CUELLO S.R.L., Ricardo CUELLO BARRETO y Daniel CUELLO BARRETO (fs. 62/74) y reclamó el pago por concepto de descanso semanal, horas extras, descansos entre viajes, asuetos, ropa de trabajo, licencias no gozadas, salario vacacional, aguinaldo, salario del mes de noviembre de 2013, despido, incidencias y el pernocte. 2) Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia No. 21/2018 de fecha 14 de marzo de 2018, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rivera de 6° Turno, se amparó parcialmente la demanda y, en su mérito, se condenó a los demandados TRANSPORTES CUELLO S.R.L., RICARDO CUELLO BARRETO y DANIEL CUELLO BARRETO a pagar al actor Paulo GONZÁLEZ MENDEZ la suma de $1.507.522 (pesos uruguayos un millón quinientos siete mil quinientos veintidós), conforme a la liquidación detallada en el CONSIDERANDO XII), más intereses y reajustes que se generen hasta el efectivo pago de las sumas objeto de condena (fs. 540/576). La condena incluyó salario impago, descansos trabajados, horas extras por fletes internacionales, horas extras nacionales; licencia, salario vacacional y aguinaldo (incidencias de horas extras y descansos); viáticos; salario por comienzo de viajes internacionales entre las 18 horas y 20 horas; despido y ropa de trabajo. 3) En segunda instancia, por Sentencia Definitiva DFA-0012-000273/2018 SEF-0012-000184/2018 de fecha 27 de junio de 2018, el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1° Turno dispuso: “ Confírmase las providen-cias apeladas con efecto diferido N° 5607/2016 del 14/12/2016 (fs. 206 a 211 del acordonado IUE 477-548/2014) y N° 3109/2017 del 31/07/2017 (fs. 485 a 487) y la sentencia definitiva apelada, excepto en cuanto no hizo lugar a todo el período reclamado, no hizo lugar a todas las horas extras pretendidas, pernocte, descansos entre viajes, asuetos en viajes nacionales y en su lugar condenase a la demandada a su pago. Revocase asimismo la liquidación realizada y en su lugar estése a la liquidación formulada por la parte actora a fojas 605-605, más reajustes e intereses que se generen al momento del efectivo pago ” (fs. 637/654 vto.). 4) Contra el mencionado pro-nunciamiento de la Sala, la parte demandada interpuso recurso de casación y, en necesaria síntesis, sostuvo que: - La decisión de la Sala transgrede las garantías del debido proceso y el derecho de defensa. Oportunamente, como fuera admitido, interpuso recurso de apelación con efecto diferido contra la Interlocutoria No. 3109/2017, por la que se dejó sin efecto el diligenciamiento de toda la prueba por exhorto solicitada y relacionada en el escrito de contestación de demanda. - El órgano de alzada valoró incorrectamente la prueba, especialmente los acuerdos homologados, violándose los arts. 137 y 140 del C.G.P. La sentencia de segunda instancia confirma la de primera instancia en cuanto condenó al pago de rubros salariales, pero además la revoca en cuanto a la condena de la totalidad del monto reclamado por horas extras, en cuanto a todo el período reclamado en la demanda, al pago del pernocte, descansos entre viajes y asuetos en viajes nacionales. - Señaló que, si bien se les otorgó plena validez a los acuerdos homologados judicialmente y que fueron suscriptos por el actor -respecto de los cuales no se hizo lugar al incidente de tacha de falsedad material-, igualmente no se le asigna plena eficacia convictiva del pago de los rubros que reclama el actor. A diferencia de lo que entendieron los órganos de mérito, la prueba diligenciada permite extraer como conclusiones que al actor siempre se le abonaron todos los rubros laborales conforme a Derecho. Si partimos de la base que los pagos documentados son ciertos, nada se adeuda al actor. Los acuerdos homologados judicialmente tienen las características de documentos públicos y, por consiguientes, se reputan auténticos, lo que tiñe de falsedad los dichos del actor en su demanda. Afirmó que el accionante a fs. 65 y 66 (IUE 477-548/2014) confesó la verdad y contradijo su propia demanda incidental. En tal sentido, reconoció su firma en los documentos. Los recibos de pago de rubros salariales glosados por el actor registraron el pago de todos los rubros de naturaleza salarial reclamados por el actor, los que deben ser analizados en conjunto con los acuerdos homologados judicialmente. Asimismo, señaló que de lo informado por la Dirección Nacional de Aduanas a fs. 228/293, surge que el actor realizó viajes a Brasil, en su gran mayoría a Río Grande del Sur, en forma espaciada y, en algunos casos, esos viajes se realizaban una vez por mes. No todos los viajes registrados en la unidad en cuestión fueron realizados por el reclamante. En cuanto a la prueba testimonial diligenciada en estos obrados, indicó que la mayoría de los testigos resultan sospechosos (art. 157 del C.G.P.) por animosidad hacia su parte. En base a lo expuesto, solicitó que se casara la sentencia de segunda instancia. 5) Del recurso de casación interpuesto se confirió traslado a la parte actora (fs. 676), quien lo evacuó a fs. 681/696 vto. y bregó por su rechazo. 6) Recibidos los autos en la Corporación, por Providencia No. 2838/2018 de fecha 1º de octubre de 2018, se ordenó el pasaje a estudio y se llamó para sentencia (fs. 706). Una vez culminado el estudio sucesivo se acordó el dictado de sentencia para el día de hoy. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, desestimará el recurso impetrado, por los fundamentos que se dirán. II) Comenzamos por señalar que en diversos puntos hay dos fallos coincidentes por lo cual no pueden ser revisados en la instancia casatoria, conforme a la posición mayoritaria. Los puntos que, para la mayoría de la Corte no serán pasibles de casación por doble confirmatoria, son: a) en cuanto a la confir-mación de la Providencia apelada con efecto diferido No. 3109/2017 de fecha 31/07/2017; b) en cuanto al período objeto de condena entre el 1º de diciembre de 2010 hasta el 25 de noviembre de 2013 (y que quiere ser revisado en la causal de valoración de la prueba); c) generación de horas extras en viajes nacionales dos fallos coincidentes entienden que corresponde su pago y que, al menos, procede el pago de 52 jornales y 4 horas extras diarias y pernocte en los viajes nacionales; d) generación de horas extras en viajes internacionales existen dos fallos coincidentes en, al menos, 15 jornales por mes al que se le debe descontar lo ya abonado; e) descansos entre viajes: en primera instancia se condenó al pago de 500 horas por los últimos 3 años y en segunda instancia que alcanzan 1.600 horas por el período de 5 años, por tanto, en 500 horas hay doble confirmatoria, pudiendo ser objeto de casación, las horas “en más” de esas 500. La Sra. Ministra Dra. Minvielle expresa que tiene posición contraria al criterio jurisprudencial apuntado que, a su juicio, segmenta artificialmente la sentencia de segunda instancia e impide la revisión de toda la sentencia cuando no existe un fallo de segunda instancia que confirme en todo y sin discordia al pronunciamiento de primer grado. Se postula en tal marco, una posición más amplia sobre los requisitos de admisibilidad del recurso que nos ocupa, que entiende que siempre que el Tribunal de segunda instancia revoque en forma total o parcial la sentencia de primera instancia o que la confirme, pero con discordia, la sentencia, en su integralidad , es pasible de ser revisada en casación. En criterio de la nombrada Ministra, esta tesis es la que mejor se condice no solamente con el texto legal, sino con el sistema procesal en su conjunto. En particular, es la que mejor realiza el principio de libertad impugnativa, que está consagrado en el art. 244.1 CGP, destacándose que cualquier restricción a la libertad de impugnación –como la que en este caso consagra la disposición legal en estudio- debe interpretarse con sentido restrictivo. La disposición en cuestión (art. 268 CGP), se limita a determinar las sentencias que pueden ser objeto del recurso, pero en ningún momento limita el contenido de éste o establece qué partes de la sentencia pueden recurrirse o no. Desde luego que, como esta posición sobre la admisibilidad del recurso es minoritaria, resulta estéril ingresar a examinar puntos litigiosos sobre los que, en criterio de la Corporación en mayoría, estará vedado su control en vía casatoria. III) Aunque el recurrente invo-có la infracción de normas (sobre valoración probatoria), su principal y único agravio radica en una errónea valoración probatoria llevada a cabo por la Sala de 1º Turno, la que ni siquiera se tildó de absurda o ilógica. En efecto, tal como fue articulado el agravio, se desprende únicamente una crítica a la valoración probatoria realizada por la decisión confirmatoria de la Sala ad-quem , respecto de los acuerdos homologados judicialmente. En este sentido se reitera la jurisprudencia constante de esta Corporación que tanto la revisión de la plataforma fáctica, como la revalorización de la prueba, no constituyen motivo casable, por cuanto el ingreso de ese material convertiría a esta etapa casatoria en una tercera instancia no querida por el legislador (Cfm. Sentencias Nos. 406/2017, 569/2017 entre otras). En consecuencia, ajustán-dose el Tribunal a la sana crítica, es improcedente toda revisión que directa o indirectamente, conduzca a la alteración de la plataforma fáctica considerada en la decisión impugnada. IV) A juicio de la mayoría integrada por los Sres. Ministros Dres. Turell, Martínez, Tosi y el redactor, en opinión diversa a lo sostenido por la Sra. Ministra Dra. Minvielle, el hecho de que se haya desestimado el incidente de tacha de falsedad y aunque el actor haya “desconocido” la autoría de los multicitados convenios, pero no su firma, conlleva a la autenticidad del mismo . Esto respecto de la fecha, las partes y el haz obligacional que contiene. Máxime teniendo presente que tampoco existe prueba que sustente la falsedad ideológica alegada. Sin embargo, la mayoría referida consideramos que no se trata puramente de una cuestión de valoración probatoria, sino de interpre-tación de las cláusulas de dichos convenios. Así y respecto de estos acuerdos, el Tribunal señaló: “...no puede darse a dichos documentos el valor pretendido pues como ya se expresara anteriormente, no son nada más que simples pagos, que ni siquiera dicen a que se imputan, pues se trata de cifras globales sin que se individualicen rubros y montos concretos que se correspondan. Y tampoco se trata de transacciones, como parece sostener la recurrida en tanto no se indican ni individualizan cuales son supuestamente las recíprocas concesiones. A ello se suma que, como bien lo destaca el recurrente a fs. 587 vta. El texto del documento tiene un contenido contradictorio pues por un lado el trabajador declara que no hacía horas extra y que gozaba de los descansos, que se le pagaban el sueldo que establecen las leyes y a pesar de eso se pagan horas extra, descansos semanales e intermedios, etc., de manera que no se entiende cómo es que se pagaron rubros que no se generaron”. (...) “...es correcta la conclu-sión que se establece en el literal c de fs. 591 en la medida que no se detallan valores por cada uno de los rubros y se establece un monto global para los distintos rubros, horas extra, salarios vacacionales, licencias, aguinaldos, descansos etc., queda claro que no existió ninguna transacción, sino simplemente el pago de una determinada suma de dinero que fue entregada sin que se conozca exactamente a que corresponde” (fs. 647 vto./648 vto.). La Sra. Ministra Dra. Minvielle entiende que el criterio de la mayoría no resulta de recibo, ya que si el documento fuera auténtico en su “haz obligacional” (contenido) debería casarse la sentencia en función de los pagos que en él se dice realizados. Dicho esto, y teniendo en cuenta la restante prueba valorada por el ad-quem, y la forma en que se articularon los agravios (disconformidad con la valoración probatoria), sus conclusiones son irreprochables. V) Por su parte, la Sra. Ministra Dra. Minvielle señala que, los recurrentes cuestionan el razonamiento probatorio de la Sala por entenderlo equivocado por cuanto no consideró que los acuerdos homologados judicialmente son “documentos públicos”. Sobre este punto hay un grosero malentendido conceptual de los impugnantes. Si los acuerdos suscriptos por el actor son “calificables” o no como documentos públicos es una típica q uaestio iuris revisable en casación, porque de lo que se trata es de conceptualizar si determinado instrumento reviste tal o cual calidad. Ello, obviamente, adquiere relevancia porque los co-demandados lo que plantean es que, al ser documentos públicos, “hacen plena fe”, imponiéndose una suerte de tasa legal, lo que derivaría en la ausencia de fundamento del reclamo laboral. No les asiste razón. Como bien destacó la Sala del Trabajo de 1° Turno, no se trata de documentos públicos, por más homologación judicial que haya existido, de manera que tampoco se les puede dar el valor probatorio de éstos como pretenden (ver fs. 643 vto.). Afirma PEIRANO que siempre que se redacta un instrumento público interviene en la redacción del mismo, de modo directo o indirecto, un oficial público y esta intervención del funcionario público atribuye al instrumento público un carácter especial, que justifica su plena eficacia probatoria (PEIRANO FACIO, Jorge: “Curso de Obligaciones”, Tomo V, Centro de Estudiantes de Derecho, Montevideo, 1968, pág. 78). En nuestro caso, en la redacción de los acuerdos sometidos a homologación judicial no intervino ningún funcionario en cumplimiento de actividad oficial redactándolo o extendiéndolo, por lo que mal puede atribuírsele, como pretenden los recurrentes, plena eficacia probatoria. Dicho esto, señalan que dichos acuerdos son plenamente válidos porque el incidente de tacha de falsedad fue desestimado por Sentencia Interlocutoria No. 5607/2016 (fs. 206/211). Lo curioso del planteo deriva de que, por el hecho de desestimar el incidente, se pretenda atribuir plena eficacia probatoria a dichos acuerdos. Grueso error. La jueza de primera instancia entendió que no se había acreditado que la firma del Dr. DÍAZ (quien firmara como letrado del accionante en el respectivo instrumento privado) se hubiera estampado con posterioridad a la presencia del reclamante. El actor no desconoció su firma, sino que manifestó que se estampó otra firma que, cuando él firmó el documento, no existía (ver fs. 210 del incidente IUE 477-548/2014). Ahora bien, el hecho de que se desestimara el incidente de tacha no quiere decir que la jueza de primera instancia ni el Tribunal de Apelaciones debieran validar acríticamente el contenido mismo de los acuerdos y si éstos cumplen los requisitos mínimos para servir de insumo para acreditar el pago de los rubros laborales reclamados. No cabe más que concordar, en este aspecto, con el razonamiento probatorio de la Sala, ya que no se perfila un supuesto de valoración absurda –motivo casable- y ello, ni siquiera fue alegado o se infiere, en modo alguno, de los términos utilizados por los recurrentes. El órgano de mérito, con solidez, apreció el contenido de cada uno de los acuerdos, sus falencias e inconsistencias. Así, señaló que los acuerdos: “... no son más que simples pagos, que ni siquiera dicen a qué se imputan, pues se trata de cifras globales sin que se individualicen rubros y montos concretos que se correspondan. Y tampoco se trata de transacciones, como parece sostener la recurrida en tanto no se indican ni individualizan cuáles son supuestamente las recíprocas concesiones ” (fs. 647 vto.). Y, lo más importante, la Sala valoró el resto de las pruebas disponibles en la causa (documental, testimonial, etc.) para arribar a una conclusión probatoria más o menos compartible, pero que lejos está de apreciarse como manifiestamente divorciada de las resultancias de autos. VI) No se impondrán condena-ciones en el grado siendo las costas y costos por el orden causado. Por los fundamentos expuestos la Suprema Corte de Justicia, FALLA : DESESTIMANDO EL RECURSO INCOA-DO. COSTAS Y COSTOS POR SU ORDEN. HONORARIOS FICTOS 20 BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.