Sentencia Definitiva N° 1.637/2018

Montevideo, diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho VISTOS : Para sentencia definitiva en autos caratulados: “OSTOLAZA ORONA, ILIANA Y OTROS C/ ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO - COBRO DE PESOS – CASACIÓN”, IUE: 2–29836/2016. RESULTANDO: 1) Por Sentencia Definitiva No. 31 de 20.VI.2017, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 5º Turno falló: “Desestimando la pretensión en todos sus términos, salvo en cuanto a la condena en relación a la suma de dinero resultante por diferencias de los haberes devengados entre lo ya percibido por el rubro nocturnidad y el cálculo de la misma partida sobre todos los rubros que compone la retribución mensual (excluidas las asignaciones personales) y las respectivas incidencias en el aguinaldo, menos los aportes legales de seguridad social e IRPF en cuanto corresponda, más el reajuste e interés legal, desde el 4 de agosto de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012, difiriéndose su cuantificación y concretos beneficiarios, al procedimiento de liquidación previsto por el art. 378 del C.G.P. Todo sin especial condenación. Consentida o ejecutoriada, expídase testimonio, oportunamente archívese previo pago de honorarios fictos 5 B.P.C.” (fs. 352/359 vta.). 2) A su vez, por Sentencia DFA-0004-000248/2018 de 2.V.2018 el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno falló: “I) Confírmase la sentencia apelada; sin especial condena en costas ni costos de la alzada. II) Establécese en la suma de $30.000 los honorarios por el patrocinio letrado de la parte actora en la segunda instancia, a los solos efectos fiscales. III) Devuélvanse oportunamente estos obrados a la Sede de origen, con copia para el Sr. Juez actuante” (fs. 431/435). 3) A fs. 438/450 la representante de la parte actora interpuso recurso de casación. 4) Por Providencia DFA-0004-000387/2018 de 20.VI.2018 el ad quem concedió el recurso de casación por ante la Corporación (fs. 462). CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, desestimará el recurso de casación interpuesto por la parte actora. II) El caso de autos . A fojas 44 y ss. comparecieron los actores, promoviendo demanda por cobro de diferencias de salarios por incorrecta liquidación de la partida extraordinaria por antigüedad, nocturnidad, asiduidad y compensación al cargo (art. 26 de la Ley No. 16.170), así como, su incidencia en el aguinaldo por el período mayo 2010 a mayo 2015, contra la Administración de los Servicios de Salud del Estado (en adelante, A.S.S.E.). Estimaron el monto reclamado en la suma de $24.453.575 y lo que se genere en el futuro hasta la efectiva regularización de la situación, con más reajustes e intereses. III) Los agravios propuestos por la recurrente en sede casatoria guardan relación con el rechazo de la pretensión por diferencias en el pago de la partida regulada por el art. 26 de la Ley No. 16.170, el rechazo de la pretensión por diferencias por incorrecta liquidación de la prima por antigüedad y la limitación del período de condena del rubro nocturnidad. IV) Los agravios por errónea liquidación de la compensación prevista en el art. 26 de la Ley No. 16.170 no resultan de recibo El artículo 26 de la Ley No. 16.170 preceptúa “Establécese la tabla de sueldos para seis horas de labor, que regirá en los escalafones siguientes: A Personal Técnico Profesional; B Personal Técnico Profesional; C Personal Administrativo; D Personal Especializado, E Personal de Oficios; F Personal de Servicios Auxiliares, J Personal Docente de otros organismos, y R Personal no incluido en los escalafones anteriores. Grado Escala Compensación máxima al grado % 16 202.693 84.51 15 188.552 80.24 14 175.397 76.44 13 163.160 73.26 12 151.777 70.87 11 141.188 69.25 10 131.338 66.78 9 122.175 65.17 8 113.652 64.48 7 105.723 64.66 6 98.347 57.71 5 91.485 53.72 4 85.103 54.60 3 79.166 56.63 2 73.642 48.08 1 70.136 45.80 Los importes de la escala básica incluyen el 50% (cincuenta por ciento) complementario al incorporado por el artículo 19 de la Ley No. 15.903, de 10 de noviembre de 1987. V) En el caso, la Corporación no advierte la infracción normativa denunciada por la recurrente. En la especie se trata de determinar sobre qué monto o importe salarial se aplica la compensación al grado prevista por el art. 26 de la Ley No. 16.170, partiendo de la base que la norma establece la tabla de sueldos para seis horas de labor. Pues bien, a criterio de la Corporación, la “compensación al grado” debe aplicarse o determinarse exclusivamente sobre el importe del “sueldo básico” (art. 26) fijado al 1° de enero de 1991 (fecha de entrada en vigor de la Ley No. 16.170), sin perjuicio de sus ajustes o actualizaciones al presente, sin adicionar a dicho importe el resto de las partidas y beneficios salariales dispuestos con posterioridad al 1° de enero de 1991. La normativa que invoca la parte actora claramente establece que la compensación se debe calcular sobre el sueldo básico de 30 horas (6 hs. por 5 días de labor), a diferencia de otras referencias normativas que aluden a “sueldo nominal”, “asignaciones de los respectivos cargos”, “escala salarial o retributiva”, todas ellas en el sentido de expresión monetaria que presupuestalmente determina la ley para cada cargo. A dicha conclusión se arriba por una simple y directa aplicación de lo dispuesto por el art. 17 del Código Civil de acuerdo al cual “cuando el sentido de la ley es claro no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”, así como el art. 18 ejusdem en tanto expresa “las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general”. En este marco, no es dable concluir que la accionada ha hecho una incorrecta interpretación del dispositivo legal en su aplicación, o que no ha valorado en legal forma la prueba producida en la causa. La norma es clara: establece una determinada tabla de sueldos básicos, con circunscripción de los escalafones para los cuales habrá de regir la compensación. Es sobre la base de dicha tabla que se aplica la compensación. Como se ha señalado por la jurisprudencia, el “sueldo básico” identificado para los funcionarios presupuestados, tiene una acepción perfectamente definida, asimilable a la de “asignación presupuestal básica”, en la que no se incluye el total de las asignaciones o retribuciones, sean o no permanentes, deriven o no de leyes presupuestales. Lo referido es, por otra parte, concepto jurispru-dencialmente aceptado (cf. Sentencias Nos. 52/2018 del T.A.C. 1° T. y 61/2012 del T.A.C. 4° T.). Por lo demás, no puede hacerse caudal de que la voluntad del legislador no se tradujo en el dispositivo, desde que cuando aquél ha querido que determinadas compensaciones se calculen sobre todos los rubros salariales lo ha establecido expresamente. Así, por ej., el art. 281 de la Ley No. 16.626, referido a las compensaciones por tareas nocturnas, alude a “asignaciones a los respectivos cargos”, o los arts. 22 y 23 de la Ley No. 16.736, que establecen el premio por evaluación de desempeño fijándolo en un porcentaje de la “retribución anual normal”. Cuando el Legislador instituye en general compensaciones o retribuciones o premios especiales previene con toda claridad sobre qué asignación deben calcularse. La actora tanto en la demanda como en la apelación, confunde los conceptos de sueldo base y salario, que son claramente supuestos diversos; pretendiéndose incluir dentro del concepto de sueldo todas las partidas marginales que perciben los actores en su salario. En definitiva el art. 26 de la Ley No. 16.170 es claro y hace referencia exclusivamente al ‘sueldo base’ o ‘sueldo básico’ y no al ‘sueldo nominal’, por lo que cabe concluir que la Administración demandada ha liquidado correctamente la compensación señalada y nada adeuda a los actores por concepto de diferencias salariales. Tales fundamentos para los Sres. Ministros Dres. Turell, Minvielle y Tosi Boeri resultan suficientes para desestimar el recurso en examen. VI) Por su parte los Dres. Martínez y Chediak, agregan como argumento adicional, que en rigor los actores pretenden, que cada nueva partida salarial que se cree con destino al pago de retribuciones, sirva de base a fin de incrementar la compensación de marras (igual tesis se postuló en la consulta jurídica referida), lo cual también resulta improcedente. Pretender que cada vez que se crea una nueva compensación deba integrar la base de cálculo de una compensación -creada hace veintiocho años- carece de racionalidad y excede el marco jurídico presupuestal en el que debe actuar el Estado en materia de administración financiera. La Corte, en un caso de aristas similares, donde funcionarios del MINISTERIO DEL INTERIOR reclamaron que en la fórmula de cálculo de determinadas partidas se considerasen aquéllas poste-riores a su creación y gravadas con montepío, sostuvo: “ La sentenciante de primera instancia fundó la solución desestimatoria de la demanda promovida en que la compensación reclamada es la no abonada por tratarse de rubros salariales que no existían a la época de aprobación de las mencionadas Leyes, en tanto, el art. 91 de la Ley No. 16.226 sólo pudo referirse a las retribuciones de carácter salarial existentes a la fecha de su entrada en vigencia, no a las sancionadas con posterioridad, no correspondiendo una interpretación extensiva a dicho precepto legal. Para que la compensación alcanzara las retribuciones de carácter salarial creadas con posterioridad se debió sancionar una disposición legal expresa especificando, en su caso, los recursos asignados a tales efectos, en la medida que implica un incremento de gastos del Estado que, por sus consecuencias, requiere una previsión legal expresa. En definitiva, de conformidad con la normativa reseñada, corresponde el rechazo del agravio articulado, en tanto se observa que el régimen legal vigente citado por los recurrentes, sólo resulta aplicable a las partidas laborales que existían a partir de su vigencia y no aquéllas que fueron sancionadas con posterioridad, pues no existe disposición alguna que expresamente autorice a ello ” (cf. Sentencia No. 16/2017). Si bien la norma no prevé que las partidas a considerar sean las vigentes al momento de su promulgación, es obvio que las futuras partidas salariales no pueden incidir, pues ello importaría haber otorgado un aumento en la retribución, con desconocimiento de su verdadera cuantía y de su incidencia tanto en los salarios como en el presupuesto nacional (cf. Sentencia No. 171/2009 de la Corte). Por último, en otra línea argumental complementaria, los recurrentes hacen referencia a que no se sabe cuál es el sueldo básico de los funcionarios de ASSE. En tal sentido, la base de cálculo que utiliza ASSE para liquidar la partida en estudio, se asienta en los renglones 11.311 y 31.311. Pues bien, como se expresó el “sueldo base” no equivale a la “totalidad de la retribución nominal” que percibe el funcionario público. Ambos conceptos son diferentes. Entonces, si lo que pretende la parte recurrente es decir que, aun cuando fuera correcto efectivizar el cálculo únicamente sobre el “sueldo base”, la Administración, igualmente, erra a la hora de determinar su alcance, el agravio tampoco puede recibir el amparo pretendido. Y no puede recibirlo porque los recurrentes no lograron probar -solo alegaron- que el “sueldo base” fijado por la Administración demandada estuviera fijado sobre criterios distintos al legalmente requerido. Dicho tópico, por su complejidad, no se resuelve con citar una o más leyes, o hacer remisiones genéricas a los recibos de sueldos, que por sí solos no resuelven el problema, sino que debió ser objeto de prueba técnica seria, que en la causa no se diligenció. En definitiva, por unos y otros fundamentos, corresponde concluir que la Administración demandada ha liquidado correctamente la compensación al cargo prevista por el art. 26 de la Ley No. 16.170 y nada adeuda a los actores por diferencias de salario. VII) En cuanto a la errónea liquidación de la prima por antigüedad, corresponde rechazar los agravios propuestos. Los agravios propuestos deben ser desestimados en mérito a lo dispuesto por el artículo 273 del C.G.P. En cuanto al referido agravio, la parte actora no cumplió con lo dispuesto por el artículo 273 del C.G.P., al no surgir individualizada la norma infringida ni haber siquiera un desarrollo al respecto; circunstancias que obstan al análisis del mismo. Es de verse que los agravios deducidos no guardan relación con los fundamentos que el Tribunal consideró para desestimar el rubro, lo cual se constituye en fundamento suficiente para desestimar los agravios sobre el particular. Básicamente, los argumentos del Tribunal refieren a defectos alegatorios del acto de proposición inicial, los cuales no son controvertidos de forma útil en el presente recurso de casación. Adicionalmente, cabe agregar que el agravio también debe ser desestimado en tanto la actora incumplió con la carga de la debida sustanciación al demandar. Analizada la demanda promovida (fs. 54 y ss.) se advierte que la actora no individualiza situación concreta alguna, simplemente se limita a efectuar una descripción normativa de la prima por antigüedad. Estas líneas son toda la referencia que contiene la demanda respecto de la pretensión ejercida. Tal proceder no cumple en lo más mínimo con la carga de la debida alegación, lo que sella la suerte del recurrente. En definitiva, corresponde desestimar el recurso en el punto, al no advertirse la errónea liquidación de la prima por antigüedad invocada (Cfme. Sentencia No. 1.542/2018). VIII) Por último los agravios reclamados por la limitación del período de condena de la prima por nocturnidad no resultan de recibo. El agravio, tal como fue estructurado, no cumple con los requisitos exigidos por el art. 273 del C.G.P., lo que resulta suficiente para su desestimatoria. IX) Costas y costos (art. 279 del C.G.P.). Sin especial condena procesal. Por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia por unanimidad, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. HONORARIOS FICTOS 40 BPC . Y DEVUÉLVASE.