Sentencia Definitiva N° 1.643/2018

Montevideo, diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho VISTOS : Para sentencia en autos caratulados: “HERNÁNDEZ UHALDE, AMANDA AMALIA C/ CAJA NOTARIAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRA - ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ART. 119 DE LA LEY Nº 17.728 Y ART. 56 DE LA LEY Nº 17.437”, IUE: 1-104/2017. RESULTANDO : 1.- A fs. 1 y ss., compareció Amanda HERNÁNDEZ promoviendo acción de inconstituciona-lidad de los artículos 119 de la Ley No. 17.728 y 56 de la Ley No. 17.437. Sostuvo que el 22 de febrero de 1984 comenzó a ejercer como Abogada y una vez cumplidos los años de aporte respectivos a la Caja Profesional se amparó en el beneficio jubilatorio; para lo cual se le indicó que debía cesar su actividad notarial, según resolución del directorio decretada con base en el artículo 119 de la Ley No. 17.728. Alegó que la incompatibi-lidad regulada en el art. 119 es sumamente injusta y lesiva del derecho a percibir una jubilación digna. Si aportó por dos Cajas tiene derecho a percibir una pasividad por cada profesión. Si se le brinda la pasividad por una sola caja, entonces, no se contemplaría su “congruo estado de vida” y solo se compensaría por una actividad y no ambas. El 24 de agosto de 1992 juró como Escribana, comenzando a aportar a la Caja Notarial. Ante la situación plantea-da por la Caja Profesional, solicitó acumular los años aportados y se le informó que no podía acceder a una jubilación por edad avanzada. Señaló que al no haber podido continuar ejerciendo como Escribana se violenta su derecho al trabajo consagrado en la Constitución de la República y se le genera un severo perjuicio económico, ya que perdió su clientela. Asimismo, indicó que, de acuerdo al art. 56 de la Ley No. 17.437, no puede acceder a una jubilación por edad avanzada, ya que dicha prestación solamente es compatible con pasividad servida por el Banco de Previsión Social. Como normas infringidas citó los artículos 7, 8, 67 y 72 de la Constitución, el Pacto de San José de Costa Rica y los artículos 1, 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. En base a lo expuesto solicitó que se declaren inconstitucionales las normas atacadas. 2.- A fs. 24 y ss. compareció la Caja Notarial de Seguridad Social evacuando el traslado del accionamiento, abogando por su rechazo. 3.- A fs. 65 y ss. compareció la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios evacuando el traslado del accionamiento, abogando por su rechazo. 4.- Pasados los autos en vista al Fiscal de Corte, éste emitió su dictamen (fs. 98 y ss.), expresando que correspondía desestimar el accionamiento entablado. 5.- Por Decreto No. 1689 de fecha 25 de junio de 2018 (fs. 101), se dispuso el pasaje a estudio y autos para sentencia, citadas las partes. 6.- Ante el cese del Dr. Felipe Hounie, por Auto No. 2914/2018 de 8 de Octubre de 2018 se dispuso integrar la Corte mediante sorteo, recayendo la designación en el Sr. Ministro Dr. Carlos García Guaraglia (fs.118 y ss.). 7.- Culminado el estudio, se acordó el dictado de sentencia para el día de la fecha. CONSIDERANDO : I.- La Suprema Corte de Justicia, integrada y por unanimidad, desestimará la acción de inconstitucionalidad planteada, por los fundamentos que se dirán. II.- En criterio de los Sres. Ministros Dres. Chediak, Martínez, el Ministro integrante Dr. García Guaraglia y el redactor, la acción promovida no puede progresar por carencias argumentativas manifiestas, en tanto estiman que la accionante no cumplió con la carga del artículo 512 del C.G.P. La actora, en planteo sumamente confuso, pretende la declaración de inconstitucionalidad del art. 119 de la Ley No. 17.738 y el art. 56 de la Ley No. 17.437, sin explicitar en forma clara y precisa en que forma las normas impugnadas afectan las normas de orden superior invocadas. Simplemente realiza refe-rencias genéricas a la situación de injusticia en la que se ve involucrada e invoca el derecho a acceder a una jubilación digna, siendo la carencia argumentativa evidente. La accionante únicamente enumera una serie de normas presuntamente infringidas (constitucionales y convencionales) pero no justifica en modo alguno como éstas han sido vulneradas por las normas impugnadas. Debió, en tal caso el promotor, explicitar las razones o fundamentos por los que entiende que se contravienen las mencionadas normas de mayor valor y fuerza. Es claro que, no basta con identificar la norma superior presuntamente afectada, sino que debe desarrollarse con precisión y nitidez los argumentos por los que se considera que la norma impugnada es inconstitucional. En efecto, se advierte fácilmente que la accionante no indico “con toda claridad y precisión, los preceptos que se reputen inconstitucionales”. Así las cosas, corresponde reiterar lo esgrimido en Sentencia No. 847/2008: “Esta Corporación antes de ahora ha expresado que la doctrina es clara y categórica al respecto, indicando que el petitorio ha de indicar con toda precisión y claridad los preceptos de la Ley que se reputan inconstitu-cionales y el principio o norma constitucional que la Ley vulnera o en qué consiste la inconstitucionalidad en razón de forma, y en la especie no se habría cumplido con las exigencias legales de presentación del petitorio (cf. Enrique Vescovi en ‘El Proceso de Inconstitucio-nalidad de la Ley’, pág. 159; Vide Sentencias Nos. 85/87, 89/91 y 105/95, entre otras) (cf. LJU, c. 15.205, Sentencia No. 122/2005)”. En definitiva en criterio de los referidos Sres. Ministros, el incumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 512 del C.G.P., resulta razón suficiente para desestimar el accionamiento propuesto. III.- En criterio diverso, la Sra. Ministra Dra. Minvielle, si bien comparte que existen deficiencias alegatorias en el accionamiento, entiende que el mismo satisface las exigencias legales en la materia. Sin embargo considera que existen otros argumentos por los cuales la acción resulta de rechazo. Respecto del art. 56 de la Ley No. 17.437, la actora no ostenta una situación jurídica subjetiva, sencillamente, porque no cuenta con los años que prevé la normativa para acceder a la jubilación por edad avanzada. El interés no reviste la nota de directo porque la actora no se encuentra en el supuesto normativo del art. 56 por no cumplir con un requisito que, inicialmente, la coloque como destina-taria de la norma. Pero, aún considerando un criterio más amplio, en el que la nota de directo alcance también al interés “futuro”, tampoco se verifica tal supuesto. Se trata, en la especie, de un interés “eventual” por oposición a directo. Siquiera puede referirse a un interés futuro, pero de inequívoco acaecimiento. Como señala DURÁN MARTÍNEZ el calificativo “directo” por oposición a “indirecto”, rechaza así lo eventual pero no necesariamente lo futuro. Si lo futuro es inequívoco no vemos porqué no debe comprenderse. Apela al calificativo de directo para aquello que se encamina derechamente a una mira u objeto (Cf. DURÁN MARTÍNEZ, Augusto: “Contencioso Administrativo”, F.C.U., 1ª Edición, Montevideo, 2007, págs. 117/118). La pretensa inaplicación de la norma que regula la jubilación por edad avanzada supone, en definitiva, que la Corte formule un juicio hipotético y eventual de desaplicación de la norma. No existen en el caso elementos precisos que permitan proyectar –juicio firme sobre la verificación del supuesto de hecho de la disposición legal- que la norma cuestionada será indudablemente de aplicación a la actora. Y ello porque la Sra. HERNÁNDEZ, en la actualidad, tiene 65 años de edad (ver fs. 30), razón por la cual deberán pasar 5 años para que, en tal caso, verifique la condición etaria. No es un interés inequí-voco, porque en el lapso considerable que resta puede haber una modificación normativa (por decir lo menos) algo que, la normalidad y experiencia muestran que sucede en materia previsional. Sin perjuicio de ello cabe señalar que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, carece de legitimación pasiva respecto del art. 56 de la Ley No. 17.437, porque lo que regula la norma son las condiciones de acceso a la jubilación por edad avanzada en la órbita de otro Organismo Paraestatal. De modo que, en el caso, mal puede afectar dicha a la CJPPU. Por tales razones para la referida Sra. Ministra, la inconstitucionalidad del art. 56 de la Ley No. 17.437 tampoco puede progresar. IV.- En cuanto al art. 119 de la Ley No. 17.738, la norma consagró una excepción al principio general del sistema jubilatorio uruguayo según el cual la incompatibilidad se da únicamente entre actividad y pasividad de la misma afiliación (Cf. NICOLIELLO, Ariel: “Derecho de la Seguridad Social”, F.C.U. - Fundación Electra, Montevideo, 2018, págs. 195/196). La norma impugnada, a diferencia de lo que sostiene la actora, no cercena en absoluto su derecho a un retiro adecuado. (art. 67 de la Carta). Con las naturales adapta-ciones del caso, resultan trasladables al caso de marras los conceptos expresados por la Corporación en Sentencia No. 559/2012, donde se señaló “ En posición coinci- dente con la postulada por el Sr. Fiscal de Corte, no se advierte que las disposiciones impugnadas vulneren el art. 67 de la Carta como lo pretende la accionante. La Corporación ya ha tenido ocasión de pronunciarse en otros casos en los cuales se ha invocado la vulneración del art. 67 de la Carta por diversas normas legislativas. Al respecto, en Sentencia No. 197/2002, la Corporación citando anterior jurisprudencia, con relación a la pretendida lesión al art. 67 que menciona que las jubilaciones se organizarán en forma de garantizar a todos retiros adecuados, sostuvo que: ‘... el principio que consagra la referida disposición ‘... tiene que ser regulado por la Ley, la que fija las condiciones a satisfacer por quienes pretendan el amparo de la pasividad. Así como la Ley dispone cuándo y cómo se adquiere el derecho a jubilación, pensión o subsidio, en su caso, es decir, los requisitos básicos para la concesión de la pasividad, también debe establecer los modos de extinción del derecho’, para luego, concluir: ‘Las normas legales tienen que ajustarse al concepto constitucional; pero, igualmente, debe consultarse la situación de la seguridad social en el momento, los recursos disponibles, necesidades de los presuntos beneficiarios, etc... En resumen, no existe un derecho absoluto a la pasividad...’ (Cf. Sent. No. 12/81). Por lo que corresponde afirmar, como se sostuviera en S. No. 34/94: ‘... la disposición cuestionada, en modo alguno podría vulnerar el art. 67 en la forma pretendida o por la vía que se denuncia: se trata de una norma programática por excelencia, que confiere a la Ley la potestad de su regulación. No fijando un tope mínimo a la jubilación o pasividad inicial, el que queda liberado, naturalmente, a la discrecionalidad legislativa’. No resulta, en consecuen-cia, vulneratorio de ninguna disposición superior, en tanto todo derecho al retiro adecuado se encuentra sometido a las limitaciones que las propias Leyes que reglamentan el ejercicio de tal derecho impongan, siempre y cuando las mismas cumplan con la característica de ser razonables, y que contemplen el interés general; por lo que se entiende que resultan ajustadas al mandato constitucional consagrado en el art. 7, es decir razonables en cuanto al interés general, no siendo una disposición que implique irracionalidad, sino un legítimo ejercicio de la potestad legislativa’. A juicio de la Corpo-ración, trasladando tales conceptos al subexamine, cabe concluir que la solución adoptada en las disposiciones normativas impugnadas se adecua al mandato consti-tucional edictado por el art. 7 de la Carta, dado que la limitación consagrada no implica irracionalidad ni arbitrariedad y es conforme al interés general. Efectivamente, el legis-lador debe organizar el sistema de jubilaciones y pensiones de manera de hacerlo sustentable y para ello, lejos de privar o cercenar el derecho en casos como el que se plantea en el presente proceso, permite acumular la jubilación por edad avanzada con otra jubilación o retiro, pero no más que ello. En efecto, como indicó este Cuerpo en Sentencia No. 391/2009: ‘La propia Constitución deriva a la Ley fijar las condiciones para acceder a los beneficios de seguridad social en materia jubilatoria o pensionaria, al establecer el art. 86 la iniciativa del Poder Ejecutivo para el ‘... establecimiento o modificación de causales, cómputos o beneficios jubilatorios...’. Condiciones que pueden suponer una limitación personal frente al colectivo o general, en tanto el derecho a tales prestaciones no es absoluto”. Adicionalmente, cabe seña-lar que la Caja Notarial carece de legitimación pasiva respecto del art. 119 de la Ley No. 17.738, sencillamente porque dicha norma no le afecta ni atañe, ya que se trata de una incompatibilidad en el goce de una pasividad servida por otro Organismo Previsional Paraestatal. En consecuencia, como se señaló, el accionamiento resulta de rechazo. V.- Gastos procesales (art. 523 ejusdem). Costas de cargo de la promotora. Por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia integrada y por unanimidad , FALLA : DESESTÍMASE, LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD IMPETRADA CON COSTAS. HONORARIOS FICTOS 20 B.P.C. Y ARCHÍVESE.