Sentencia Definitiva N° 1.644/2018

Montevideo, diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY C/ GARAY DUARTE, HUGO OLIVIO Y OTRA - ENTREGA DE LA COSA - EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ART. 35 DE LA LEY N° 9.723, ART. 5 DE LA LEY N° 14.846, ART. 93 DE LA LEY N° 14.219 Y ARTS. 80 Y 81 DE LA CARTA ORGÁNICA DEL BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY”, IUE: 468-653/2017 . RESULTANDO : I) A fs. 11/12 compareció el representante del Banco Hipotecario del Uruguay (en adelante también “BHU”) ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Cerro Largo de 5° Turno y promovió demanda de entrega de la cosa contra Hugo Olivio GARAY DUARTE y Evangelista NUÑEZ BARROS. Sostuvo que el 29 de mayo de 1992 su representada suscribió con los demandados una promesa de compraventa respecto del padrón urbano No. 139/1/104 de la primera sección judicial del Departamento de Cerro Largo. Los demandados incumplieron con su obligación de pagar el precio pactado, por lo cual el 12 de setiembre de 2017 el BHU resolvió declarar rescindido el contrato referido, por lo cual promovió el proceso de entrega de la cosa. II) A fs. 15/18, estando en plazo para oponer excepciones en el proceso monitorio, comparecieron Evangelista NUÑEZ, Luis Garay Núñez, Hugo Pio Gary Núñez, Fabio Garay Núñez, Virginia Garay Núñez, Elisa Nicole Garay Núñez y Juan Marcos González Cabral, quienes solicitaron, por vía de excepción, la decla-ración de inconstitucionalidad de los arts. 35 de la Ley 9.723, 5 del Decreto-Ley 14.846, 93 del Decreto-Ley 14.219 y 80 y 81 de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay. En sustento de su planteo de inconstitucionalidad, sostuvieron que: - Lo dispuesto en el art. 35 de la Ley 9.723, al habilitar al BHU a resolver unilateralmente y en vía administrativa, sin necesidad de procedimiento judicial, las promesas de compraventa en supuestos de falta de pago, es inconstitucional por violar el derecho al debido proceso y a la vivienda. - Lo dispuesto en los arts. 6 del Decreto-Ley 14.846 y 93 del Decreto-Ley 14.219 viola lo establecido en los arts. 8, 12, 18 y 45 de la Constitución de la República (derecho al debido proceso y a la vivienda). La inconstitucionalidad deriva de que se habilite al BHU a rescindir unilateral y administrativamente los compromisos de compraventa de las viviendas construidas por el sistema público de producción de viviendas, ante incumplimientos de pago del precio en cuotas. En una segunda línea argumental, señalaron que la inconstitucionalidad se verifica porque se beneficia al BHU con poder recurrir al procedimiento de entrega de la cosa para hacerse de los bienes de que se trate. Finalmente, expresaron que se viola el principio de igualdad, ya que quienes contratan con el BHU se ven sometidos a un régimen en el cual se privilegia la posición de esta entidad pública. - Lo dispuesto en los arts. 80 y 81 de la Carta Orgánica del BHU, por cuanto se habilita a tal entidad a determinar por sí y ante sí el incumplimiento de sus contrapartes contractuales, e incluso a resolver unilateral y administrativamente tales contratos viola diversas normas y principios constitucionales: el principio constitucional de igualdad (art. 8), el derecho al debido proceso (art. 12), el derecho a la estabilidad material de la familia (art. 40), el derecho a la vivienda decorosa, higiénica y económica (arts. 44 y 45) así como los arts. 72 y 332 de la Constitución de la República. III) A fs. 32/38 compareció una representante del BHU y bregó por la desestimatoria de la excepción de inconstitucionalidad planteada. IV) Oído el Sr. Fiscal de Corte (Dictamen No. 00093/2018 glosado a fs. 42/43) aconsejó desestimar la excepción de inconstitucionalidad opuesta. V) Por decreto No. 921 de fecha 25 de abril de 2018 (fs. 58), se dispuso el pasaje a estudio y autos para sentencia, citadas las partes. El 21 de agosto de 2018 el Dr. Felipe HOUNIE cesó en el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia, con lo cual, ante la desintegración de la Corporación, se señaló audiencia de sorteo (fs. 69). Realizado el sorteo, el azar designó para integrar la Corte al Sr. Ministro, Dr. Daniel TAPIÉ (fs. 74). CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, debidamente integrada y por unanimidad, desestimará la excepción de inconstitucionalidad opuesta, con costas de precepto (art. 523 del C.G.P.). II) En cuanto a la inconstitu-cionalidad del art. 35 de la Ley 9.723 . Los excepcionantes afirma-ron que lo dispuesto en el art. 35 de la Ley 9.723, al habilitar al BHU a resolver unilateralmente y en vía administrativa, sin necesidad de procedimiento judicial, las promesas de compraventa en supuestos de falta de pago, es inconstitucional por violar el derecho al debido proceso y a la vivienda. II.I) La legitimación . II.II) La legitimación de Hugo Garay y Evangelista Núñez . Los Sres. Ministros, Dres. Jorge CHEDIAK, Elena MARTINEZ, Eduardo TURELL y Daniel TAPIÉ consideran que los excepcionantes Hugo GARAY y Evangelista NUÑEZ carecen de un interés que pueda ser calificado como “directo” en relación a la impugnación del art. 35 de la Ley 9.723. En la norma cuestionada se establece que el BHU puede declarar resueltos los contratos por incumplimiento del promitente comprador. En el caso, en virtud de dicha norma, el BHU dictó la resolución de fecha 12 de setiembre de 2017 agregada a fojas 7/7 vta. Dicha resolución no fue impugnada por los excepcionantes, por lo que la situa-ción jurídica por ella creada ha devenido inmodificable por vía jurisdiccional. El interés lesionado que han invocado los excepcionantes no deriva de la alegada colisión entre lo que establece el art. 35 de la Ley 9.723 y la Constitución de la República, sino de la inmutabilidad de la situación jurídica derivada de su conducta, al no haber impugnado administrativamente la resolución del 12 de setiembre de 2017, lo que les hubiera habilitado al eventual contralor jurisdiccional de lo resuelto por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En cuanto a la “procesa-bilidad” del acto administrativo de rescisión de promesas de compraventa por incumplimiento, cabe tener presente lo expuesto por el TCA en Sentencia No. 382/2017. Los Sres. Ministros, Dres. Jorge CHEDIAK, Eduardo TURELL y Elena MARTINEZ, en fundamento particular entienden que la norma contenida en el art. 35 referido ha sido definitivamente aplicada. Y ello, en atención a que el acto administrativo dictado por el BHU -con asiento en dicha norma- que dispuso la resolución del contrato de compromiso de compraventa por incumplimiento no fue impugnada en vía administrativa. Se remiten –en lo pertinente- a los fundamentos expresados por la Corte en Sentencia No. 119/2016. Desde otra óptica de análisis, entiende esta redactora que, la norma no cabe entenderla, en todos los órdenes, como definitivamente aplicada, siendo trasladables –en lo pertinente- los fundamentos particulares expuestos en la Sentencia No. 1.414/2017. II.III) La legitimación de los demás excepcionantes . Corresponde, asimismo, re-levar la manifiesta falta de legitimación activa de los co-demandados Luis Garay, Hugo Pio Garay, Fabio Garay, Virginia Garay, Elisa Nicole Garay y Juan Marcos González Cabral. Los excepcionantes refe-ridos no alegaron en qué calidad comparecieron. Y, en la medida en la que no han sido demandados en estos autos, no resulta posible considerarlos como legitimados activos para pretender la declaración de inconstitu-cionalidad por vía de excepción en un proceso en el cual no son partes. III) En cuanto a la inconstitu-cionalidad de los arts. 5 del Decreto-Ley 14.846 y 93 del Decreto-Ley 14.219 . Los excepcionantes afirma-ron que lo dispuesto en los arts. 6 del Decreto-Ley 14.846 y 93 del Decreto-Ley 14.219 viola lo establecido en los arts. 8, 12, 18 y 45 de la Constitución de la República (derecho al debido proceso y a la vivienda). A su juicio, la inconstitucionalidad deriva de que se habilite al BHU a rescindir unilateral y administra-tivamente los compromisos de compraventa de las viviendas construidas por el sistema público de producción de viviendas, ante incumplimientos de pago del precio en cuotas. En una segunda línea argumental, sostuvieron que la inconstitucionalidad se verifica porque se beneficia al BHU con poder recurrir al procedimiento de entrega de la cosa para hacerse de los bienes de que se trate. Finalmente, explicitaron que se viola el principio de igualdad, ya que quienes contratan con el BHU se ven sometidos a un régimen en el cual se privilegia la posición de esta entidad pública. III.I) La legitimación . III.II) La legitimación de Hugo Garay y Evangelista Núñez . A efectos de relevar si Hugo Garay Duarte y Evangelista Núñez Barros se encuentran legitimados en autos, cabe partir de considerar que el planteo de inconstitucionalidad a estudio ha sido planteado por vía de excepción en el curso de un proceso en trámite en el cual ellos tienen la calidad de parte demandada. Por tal motivo, y habida cuenta de que, las disposiciones impugnadas son aplicables al caso planteado, quienes tienen la calidad de demandados en este proceso están legitimados para pretender la declaración de inconstitucionalidad de autos. III.III) La legitimación de los demás excepcionantes . Corresponde asimismo rele-var la manifiesta falta de legitimación activa de los co-demandados Luis Garay, Hugo Pio Garay, Fabio Garay, Virginia Garay, Elisa Nicole Garay y Juan Marcos González Cabral por las razones referidas en el CONSIDERANDO II.III). III.IV) En cuanto a la in-constitucionalidad denunciada . Corresponde desestimar la pretensión de declaración de inconstitucionalidad de lo dispuesto en los arts. 5 del Decreto-Ley 14.846 y 93 del Decreto-Ley 14.219 por ser contrarias al derecho al debido proceso. La parte impugna las normas porque considera que por el hecho de que la impongan el trámite del asunto por la estructura del proceso monitorio de entrega de la cosa se le estarían restringiendo garantías lo que supondría una violación de su derecho al debido proceso. No existen, en el caso, la alegada transgresión del derecho al debido proceso. En tal sentido, expresó la Corte en Sentencia No. 249/2001 que: “...La Constitución no tutela una forma concreta de proceso o de procedimiento, sino que vela para que el justiciable tenga ‘SU DIA EN EL TRIBUNAL’ y disponga, de esa manera, de oportunidad para ser oído, ejercitar su defensa y rendir prueba (Sentencias Nos. 22/89 y 57/92 de la Corporación). De otra manera, el proceso monitorio mismo, como cualquier otro que se apartara de las ritualidades propias del juicio ordinario, sería pasible de impugnación por esta causal...” (Cf. Sentencias Nos. 54/1990, 57/1992, 80/1993, 234/1995, 472/1995, 989/1996, 40/1997, 141/1997, 334/1997, 141/1999, 153/1999, 97/2001, 204/2001, 205/2001 y 1910/2017, entre otras). Igualmente corresponde de-sestimar la pretensión de declaración de inconstitu-cionalidad de estas normas por ser contrarias al principio de igualdad. Con relación a esta inconsti-tucionalidad, lo único que afirmó la parte fue que las normas que habilitan que el BHU obtenga la tenencia de los inmuebles por medio de un proceso sumario “inclinan la balanza en favor del BHU en perjuicio de quienes con él contratan” (fs. 16 vta.). Dado los términos en que se articuló la pretensión, y descartada la inconsti-tucionalidad de la estructura monitoria, el planteo debe ser rechazado. En efecto, el único argumento en sustento de la pretendida violación del principio de igualdad presupone que la estructura procesal monitoria supone un quiebre de tal principio, lo cual cabe descartar. En efecto, en la Sentencia No. 596/1995 señaló la Corporación al respecto en términos compartibles que: “(...) el procedimiento monitorio ni afecta la igualdad ante la Ley ni, menos aún, el que el proceso que deba seguirse sea el debido (...) Proceso en el que (...) indudablemente, no se le quita al demandado la eventualidad de plantear su defensa. Dicho de otro modo: tiene su día ante el Tribunal. En la medida en que, no se olvide, esa providencia inicial que se ha dictado, está condicionada a la no oposición de excepciones. Por cuanto lo que se ha cambiado y es esto solamente, es la oportunidad de la defensa, pero no la defensa misma; ya que, si el demandado no guarda silencio -hipótesis esta última en que sí la providencia inicial queda firme-, y se opone, la misma pierde sus efectos propios y naturales. Hay una inversión en la estructura del proceso. Aunque no por ello, el proceso deja de ser el debido (...)” , (Cf. Sentencia Nos. 92/2003, 22/2006, 275/2018, entre muchas otras). Por otra parte, tal como lo señaló la Corte en Sentencia No. 103/2008: “la alegada violación del principio de igualdad a favor del B.H.U. y en perjuicio de quienes contratan con él, no resulta de recibo porque como lo ha reiterado la Corte ‘el principio consagrado en el art. 8 de la Lex Fundamentalis importa la prohibición de imponer por vía legal un tratamiento discriminatorio, es decir, un tratamiento desigual entre aquéllos que son iguales, pero no la de adoptar, por la vía legislativa, soluciones diferentes para personas que se encuentran a su vez en posición diferente’ (Cf. Sentencia S.C.J. No. 47/06, entre otras), y no se advierte que en el caso de autos se haya legislado en forma discriminatoria porque la normativa cuestionada no impone un tratamiento desigual entre todos los que se encuentran en la misma situación, en tanto quienes incumplan las obligaciones asumidas en los respectivos contratos celebrados con el B.H.U. estarán sometidos a las mismas consecuencias, encontrándose fundamentadas las potestades de la institución en los cometidos de interés general que le están encomendados (Cf. mutatis mutandi, Sent. No. 47/06 cit.) ”. IV) En cuanto a la inconstitu-cionalidad de los arts. 80 y 81 de Ley 5.343 . En el planteo de inconsti-tucionalidad de autos, se afirmó que lo dispuesto en los arts. 80 y 81 de la Carta Orgánica del BHU, al habilitar a tal entidad a determinar por sí y ante sí el incumplimiento de sus contrapartes contractuales, e incluso a resolver unilateral y administrativamente tales contratos viola diversas normas y principios constitucionales: el principio constitucional de igualdad (art. 8), el derecho al debido proceso (art. 12), el derecho a la estabilidad material de la familia (art. 40), el derecho a la vivienda decorosa, higiénica y económica (arts. 44 y 45) así como los arts. 72 y 332 de la Carta. IV.I) La legitimación . IV.II) La legitimación de Hugo Garay y Evangelista Núñez . Hugo Garay y Evangelista Núñez no están legitimadas para pretender la declaración de inconstitucionalidad de estas dos disposiciones por vía de excepción, habida cuenta de que no se encuentran en el ámbito subjetivo de aplicación de las normas cuya regularidad constitucional cuestionan. Las normas impugnadas re-gulan el procedimiento de ejecución extrajudicial de la deuda, situación que no está implicada en el caso y, por tanto, hace inaplicable las normas y priva de legi-timación a la impugnante. Es de recordar que el presente proceso tiene por objeto exclusivamente la desocupación del inmueble. La legitimación activa de quien solicita, por vía de excepción, la declaración de inconstitucionalidad de cierta norma legal no puede considerarse configurada cuando la aquélla no tiene relación con el objeto del proceso del que se trate. Como enseña CAJARVILLE PELUFFO: “¿Cuándo puede calificarse como directo un interés? En la concepción más admitida, intereses directos son aquellos que resultan inmediatamente afectados por la aplicación de la norma de que se trate, sea la norma general o particular, abstracta o concreta. La lesión al interés debe reconocerse jurídicamente como inmediata cuando el caso de que se trate esté comprendido en el supuesto de esa norma cuestionada. Si la norma es general, el interés será directo si el actor está comprendido en la categoría que define la dimensión subjetiva del supuesto normativo; dicho más simplemente, si está comprendido en los sujetos alcanzados por la norma (...); si la norma lesiva es abstracta, el interés comprometido será directo en todos los acontecimientos comprendidos en la categoría que define el supuesto normativo (...)” , (CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo: “ Conceptos constitu-cionales definitorios de la legitimación del actor: Relaciones entre derecho subjetivo, interés legítimo e interés general ”, Revista de Derecho Público, Número 43, FCU, Montevideo, 2013, pág. 153). Pues bien, bajo cualquiera de esas coordenadas conceptuales, cabe concluir que los excepcionantes no son titulares de un interés directo. No existe rastro, siquie-ra, de que la norma impugnada pueda llegar a serles inmediatamente aplicada, por cuanto eso supondría que nos encontráramos en un proceso tendiente a obtener una venta forzada, pero no es el caso de autos. IV.III) La legitimación de los demás excepcionantes . Corresponde, asimismo, re-levar la manifiesta falta de legitimación activa de los co-demandados Luis Garay, Hugo Pio Garay, Fabián Garay, Virginia Garay, Elisa Nicole Garay y Juan Marcos González Cabral por las razones referidas en el CONSIDERANDO II.III) precedente. V) En definitiva, por tales fundamentos, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : DESESTÍMASE LA EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD OPUESTA, CON COSTAS DE PRECEPTO. A LOS EFECTOS FISCALES, FÍJANSE LOS HONORARIOS PROFESIONALES EN 20 BPC. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN.