Sentencia Definitiva N° 1.621/2018

Montevideo, diez de diciembre de dos mil dieciocho VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ AA C/ BB - LEY N° 17.514 - EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD - LEY N° 19.580”, IUE: 538-234/2018. RESULTANDO : I) En el curso de un proceso de violencia doméstica seguido ante el Juzgado Letrado de Familia Especializado de 7° Turno, compareció el denunciante y conjuntamente con la interposición de un recurso de apelación solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 19.580 (fs. 20-22). Sostuvo que dicha Ley era inconstitucional, por cuanto vulnera el art. 8 de la Constitución de la República, al tratar en forma desigual a las víctimas de violencia doméstica cuando son hombres. Afirmó que cuando una mujer denuncia una situación de violencia doméstica se rige por la Ley 19.580 y cuando quien denuncia es un hombre, debe regirse por la Ley 17.514, menos protectora y que reconoce menos formas de violencia. Al no serle aplicable la Ley 19.580 se lo discrimina, restándole las garantías de ese cuerpo normativo. Por otra parte, afirmó que lo dispuesto por la Ley 19.580 crea una suerte de presunción de su calidad de ofensor por el mero hecho de ser hombre. II) A fs. 23, la Sede Letrada de Familia Especializada de 7° Turno dispuso la suspensión de las actuaciones y su elevación para ante la Suprema Corte de Justicia. III) Una vez recibido el expediente en la Corporación, se confirió traslado a la parte denunciada del proceso de violencia doméstica de autos y se dio vista al Sr. Fiscal de Corte (providencia No. 1112/2018, fs. 27). IV) A fs. 31/36 compareció la denunciada y bregó por el rechazo de la excepción de inconstitucionalidad promovida. V) Oído el Sr. Fiscal de Corte, aconsejó rechazar el excepcionamiento (Dictamen No. 00556/2018 glosado a fs. 40-41 vta.). VI) Por decreto No. 1873/2018 de fecha 20 de julio de 2018 (fs. 44), se dispuso el pasaje a estudio y se llamaron los autos para sentencia, citadas las partes. El 21 de agosto de 2018 el Dr. Felipe HOUNIE cesó en el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia, con lo cual, ante la desintegración de la Corporación, se señaló audiencia de sorteo (fs. 53). Realizado el sorteo, el azar designó para integrar la Corte a la Sra. Ministra, Dra. Silvana GIANERO (fs. 58). CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, debidamente integrada y por unanimidad, desestimará la excepción de inconstitucionalidad opuesta en base a los siguientes fundamentos. II) Delimitación del excepcio-namiento . El planteo del excepcio-nante se basa en denunciar dos supuestos de inconsti-tucionalidad distintos: a) La Ley 19.580 sería inconstitucional, ya que excluye a los hombres víctimas de violencia doméstica de un estatuto protector más beneficioso que el de la Ley 17.514, lo cual viola el derecho constitucional a recibir igual trato por la Ley. b) La Ley 19.580 es inconstitucional, ya que establece una suerte de presunción de su calidad de ofensor por el mero hecho de ser hombre, lo cual viola el derecho constitucional a recibir igual trato por la Ley. III) En cuanto a la inconstitu-cionalidad derivada de la exclusión de los hombres del estatuto de la Ley 19.580 . III.I) La legitimación . La titularidad de un interés directo, personal y legítimo por parte del excepcionante es un punto ciertamente opinable, como se advierte con las posiciones diversas entre los Sres. Ministros que concurren al dictado del presente pronunciamiento. III.II) Por un lado, los Sres. Ministros, Dres. Jorge CHEDIAK, Elena MARTÍNEZ, Eduardo TURELL y esta redactora, consideran que quien promueve un proceso de inconstitucionalidad invocando la violación del derecho a recibir igual trato por la Ley, impugnando la norma que lo discrimina, se encuentra legitimado de acuerdo con lo previsto en el artículo 258 inciso primero de la Constitución de la República. En tal sentido, a los efectos de impugnar la regularidad constitucional de una norma que crea un régimen particular para ciertos sujetos, no solo están legitimados los sujetos regidos por esa norma, sino también aquellos que son excluidos del régimen particular de que se trata, toda vez que la inconstitucionalidad denunciada consista en la violación del derecho a recibir igual trato por la Ley. Máxime, cuando el art. 95 de la Ley 19.580 prescribe que la Ley 17.514 será aplicable ante situaciones de violencia doméstica respecto de los varones, incluso niños y adolescentes. De otro modo, sería ilusoria la tutela jurisdiccional constitucional respecto de ese derecho fundamental. En el caso, el excepcio-nante planteó la inconstitucionalidad de la norma que lo excluyó del estatuto protector creado por la Ley 19.580, lo cual impide considerar que, como se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la Ley 19.580, carece de legitimación. Por otra parte, cabe entender que de acuerdo al contenido de la causa en la cual se opuso la excepción, proceso en el cual el excepcionante tiene la calidad de parte, la norma impugnada es aplicable, lo que termina de legitimarlo para promover la inconstitucionalidad de marras. III.III) La Sra. Ministra integrante, Dra. Silvana GIANERO, en cambio, considera que el excepcionante, en este punto, carece de legitimación activa para contender contra las normas de la Ley 19.580. Señala en su voto la Dra. GIANERO que la excepción no puede articularse para suplir una omisión de la ley, porque como se ha expresado en doctrina, cuando se articula esta defensa se conjuga la Ley con la Constitución, y a la hora de determinar si procede el instituto debe seguirse el principio rector que el legislado conoció la norma primaria y legisló conforme a ella (Cf. VESCOVI, Enrique: “El Proceso de Inconstitucionalidad de la Ley”, Cuadernos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, No. 18, Montevideo, 1967, pág. 131). En tal marco, entiende la referida Ministra, que realizando una interpretación “desde” la Constitución o adecuada a los preceptos constitucionales, no advierte cuál sería el ámbito de aplicación del instituto si el legislador omite –como señala la parte- considerar a los hombres como beneficiarios de la norma. III.IV) En cuanto al cumpli-miento de la carga de la debida argumentación . En el inc. 1° del art. 512 del C.G.P. se precisa cuál es el alcance de la carga de la debida argumentación en el Proceso de Inconsti-tucionalidad de la Ley: “Requisitos del petitorio. La solicitud de declaración de inconstitucionalidad deberá formularse por escrito, indicándose, con toda precisión y claridad, los preceptos que se reputen inconstitucionales y el principio o norma constitucional que se vulnera o en qué consiste la inconstitucionalidad en razón de la forma” . Se solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 19.580, sin identificarse ninguna disposición en particular de esa Ley. Como viene de verse, la Ley 19.580, sobre violencia hacia las mujeres basada en género, estableció un régimen tuitivo y preventivo del fenómeno de la violencia hacia las mujeres por su mera calidad de tales. Se trata de una ley compuesta por 98 artículos que regulan diversas cuestiones sobre la temática involucrada. Los Sres. Ministros, Dres. Jorge CHEDIAK, Elena MARTÍNEZ, Eduardo TURELL y esta redactora –que le reconocen legitimación activa al excepcionante- consideran que el planteo de autos no puede declararse inadmisible por la falta de identificación de cuál o cuáles de los 98 artículos son los impugnados. Estiman que el excepcio-nante identificó la norma legal cuya inconstitu-cionalidad se denuncia: la que limita la aplicación de la Ley 19.580 a las personas del sexo femenino. Y ello, con independencia de la omisión de referenciar el número del artículo que contiene la formulación normativa. En general, comparten el criterio según el cual la ausencia de identificación de la disposición legal impugnada no implica la inadmisibilidad de un planteo de inconstitucionalidad toda vez que sí se identifique la norma legal que se reputa inconstitucional. En efecto, habida cuenta de que lo requerido en el art. 512 del C.G.P. es identificar “los preceptos que se reputen inconstitucionales”, se considera que basta con identificar la norma de derecho que se reputa inconstitucional, sin ser necesario identificar la concreta disposición legal de que se trate. Y en la medida que la aplicación de este criterio no suponga la vulneración de otras normas o garantías, es el que más se apega al texto de la Carta y a la garantía de la tutela jurisdiccional en el plano constitucional que la Carta ha confiado a la Suprema Corte. Sin embargo, aun cuando la ausencia de la identificación de cuál o cuáles concretos artículos de la Ley impugnada no importe por sí la inadmisibilidad del planteo, el excepcionante no cumplió en explicar por qué el estatuto del que fue excluido sería más beneficioso que el de la Ley “madre” de violencia doméstica 17.514. En efecto, el excepcio-nante se limitó a afirmar que el estatuto de la Ley 19.580 tenía disposiciones más protectoras que las de la Ley 17.514, así como que contemplaba más formas de violencia (fs. 21vta.). No es suficiente con la alegación de una mera exclusión del alcance subjetivo (art. 95 de la Ley 19.580) de la norma para considerar cumplida la carga de la alegación en un proceso de inconstitucionalidad de las leyes. Para cumplir con la carga de la alegación respecto de la presunta transgresión del principio de igualdad, la impugnante debió fundar la existencia de diferencias en la regulación que deriva en la concreta situación lesiva que invoca. La Ley 19.580 regula diversos aspectos (de organización del Estado, políticas públicas, civiles, laborales, penales, procesales, etc.) pero, en la excepción o defensa no se individualiza, ni siquiera en forma concisa, cuáles de todas esas normas, son las que le generan agravios. Tal argumentación es manifiestamente insuficiente, en la medida que no corresponde a la Corte suplir las graves deficiencias argumentativas del impugnante. En definitiva, consideran los Sres. Ministros, Dres. Jorge CHEDIAK, Elena MARTÍNEZ, Eduardo TURELL y esta redactora, que por estos fundamentos la excepción planteada es inadmisible por ausencia de la debida argumentación, razón suficiente para desestimar este planteo. IV) En cuanto a la inconstitu-cionalidad derivada de imponerse una presunción en contra de los hombres en la Ley 19.580 . En forma por demás escueta, el excepcionante sostuvo también que la Ley 19.580 viola el art. 8 de la Carta cuando establece: “una suerte de presunción de ‘presunto ofensor’ por el mero hecho de ser hombre” (fs. 21vta.). El planteo ha sido articulado con una debilidad argumentativa manifiesta que se impone su rechazo por esa sola circunstancia, sin otras consideraciones adicionales. En primer lugar, ni siquiera es posible identificar cuál es la concreta norma legal impugnada. No puede identificarse cuál es la norma violada sin agredir el principio dispositivo y el deber de imparcialidad inherente a todo órgano jurisdiccional. En el marco de lo dispuesto en el art. 512 del C.G.P., la Corte tiene inveterada y pacífica jurisprudencia declarando inadmisibles los planteamientos de inconstitucionalidad en los que se omite desarrollar las razones en las que se funda el cuestionamiento (ver sentencias Nos. 414/1993, 760/1994, 989/1996, 221/1997, 131/1998, 215/2000, 606/2002, 150/2003, 524/2005, 54/2006, 2419/2008, 2076/2009, 899/2010, 286/2014, entre otras). Y este es claramente el caso de autos en este punto objeto de pronunciamiento. En definitiva, por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, FALLA : DESESTÍMASE LA EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD OPUESTA, CON COSTAS DE PRECEPTO A CARGO DEL PERDIDOSO (ART. 523 DEL C.G.P.). A LOS EFECTOS FISCALES, FÍJANSE HONORARIOS FICTOS EN 20 BPC. NOTIFÍQUESE Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN.