Sentencia Definitiva N° 1.626/2018

Montevideo, diez de diciembre de dos mil dieciocho VISTOS : Para sentencia estos autos caratulados: “AA C/ JUNTA NACIONAL DE DROGAS - ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 62 Y 63 DEL DECRETO LEY N° 14.294, EN LA REDACCIÓN DADA POR LA LEY N° 18.494 Y RECURSO DE REVISION”, IUE: 1-100/2017 . RESULTANDO : I) A fs. 1/8 compareció la Sra. AA, a promover por vía de acción la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 62 y 63 del Decreto-Ley 14.294 en la redacción dada por la ley 18.494 y en forma conjunta interpuso recurso de revisión contra lo actuado en el expediente IUE 467-220/2015 del Juzgado Letrado de Ciudad de la Costa de 5° Turno. Alegó, en síntesis, que era la titular del bien padrón No. 00000000 de Solymar Canelones, el cual fue rematado por la Junta Nacional de Drogas en el marco de un procedimiento que adoleció de errores. El expediente se encuentra en etapa de entrega de la cosa (IUE 467-220/2015). En dichos procedimientos, se vulneraron derechos al debido proceso, se incurrieron en gruesos errores formales y no se respetaron las condiciones establecidas en la ley para llevar a cabo la ejecución. El referido bien fue decomisado al amparo del articulado del Decreto-Ley 14.294 actualizado por la Ley 18.494, que establece un proceso sumario, sin la intervención de la Justicia común y sin que los afectados puedan oponer defensas. No está prevista la posi-bilidad de articular defensa alguna, lo cual afecta el principio del debido proceso. Los arts. 62 y 63 del Decreto-Ley 14.294 en la redacción dada por la Ley 18.494, atacan frontal y directamente el art. 7 de la Constitución de la República en cuanto protege el derecho de propiedad. Asimismo, se procedió a ejecutar un bien cuyo titular no era el condenado. Estos artículos violan también el art. 18 de la Constitución de la República, en cuanto se establece las garantías del debido proceso, en cuanto a la posibilidad de articular defensas. Complementariamente también violen-tan los principios del art. 12 de la Carta. Surge de los autos IUE 467-220/2015 y del expediente administrativo de la Junta Nacional de Drogas, que el bien subastado y que hoy se solicita su entrega, no era propiedad de la procesada sino de la compareciente. Surgirá de los obrados cuya agregación se solicitará que, el padrón 13.512, fue prometido en venta a la Sra. BB, según documento suscrito el 15 de febrero de 2008. También surgirá de esos expedientes que la promesa fue rescindida, según acuerdo homologado ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 4º Turno en autos IUE 2-31354/2009. Allí se resolvió la rescisión de la promesa antedicha, recobrando la compareciente la propiedad del bien. Dicha rescisión no fue inscripta registralmente, aunque si se acreditó en vía administrativa, por lo que la autoridad administra-tiva era consciente de la realidad y verdad de que el bien era de propiedad de la compareciente. II) Por decreto No. 2071 de fecha 1º de noviembre de 2017 se solicitó a la compareciente que aclarare que acción se pretendía deducir dado que los recursos deducidos no eran factibles de ser acumulados (fs. 10). III) A fs. 13 la compareciente optó por la acción de inconstitucionalidad. IV) Oído el Fiscal de Corte, quien consideró que correspondía desestimar la pre-tensión deducida (Dictamen No. 00030/2018 glosado a fs. 21/22) en tanto la accionante carece de interés directo al no acreditar la propiedad alegada. V) Conferido traslado a la Junta Nacional de Drogas, éste fue evacuado en los términos de fs. 26/32 y bregó por el rechazo de la inconstitucionalidad deducida. VI) Por decreto No. 1700 de fecha 25 de junio de 2018 (fs. 155) se dispuso el pasaje a estudio y autos para sentencia, citadas las partes (fs. 155). CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, debidamente integrada y por unanimidad, desestimará la declaración de inconstitucionalidad promovida por vía de acción, en base a los siguientes fundamentos. II) Los Sres. Ministros, Dres. Jorge CHEDIAK, Elena MARTÍNEZ, Eduardo TURELL y Adolfo FERNÁNDEZ DE LA VEGA, consideran del caso señalar, en primer lugar, que los arts. 62 y 63 del Decreto-Ley 14.294 (en la redacción dada por el art. 2 de la Ley 18.494) se encuentran derogados en virtud de lo dispuesto por el art. 79 de la Ley 19.574, por lo que el presente accionamiento carece de objeto. En efecto, la referida norma establece: “(Derogaciones).- Deróganse los artículos 54, 55, 56, 57, 62 y 63 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, en las redacciones dadas por las Leyes N° 17.016, de 22 de octubre de 1998, N° 18.494, de 05 de junio de 2009 y N° 19.149, de 24 de octubre de 2013, los artículos 4°, 5°, 13 y 20 de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, los artículos 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9° y 19 de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, en las redacciones dadas por las Leyes N° 18.494, de 05 de junio de 2009, N° 18.914, de 22 de junio de 2012 y N° 19.355, de 19 de diciembre de 2015, artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 9,° 10 y 11 de la Ley N° 18.494, de 05 de junio de 2009, los artículos 2° y 3° de la Ley N° 18.914, de 22 de junio de 2012, el artículo 49 de la Ley N° 19.149, de 24 de octubre de 2013 y todas las normas que se opongan a la presente ley” . En consecuencia, entienden los referidos Ministros que, teniendo presente el interés manifestado por la accionante de estos autos (aunque de manera confusa), no corresponde más que disponer la clausura del presente proceso, habida cuenta de que devino carente de objeto. La pretensión de declaración de inconstitucionalidad y por ende de desaplicación, se dirigió contra normas que ya no se encuentran vigentes. Como sostuviera la Corte en Sentencia No. 538/2000, en concepto aplicable al caso de autos: “... es de elemental percepción que toda cuestión de inconstitucionalidad presupone la vigencia o existencia de la norma legal impugnada por colisión con la Carta. Si ella ha sido derogada por otra de igual, no cabe plantear aquella defensa, sea por la vía que fuere (art. 258 Constitución) (Sent. No. 228/66) ”. Al respecto, esta Corpora-ción en términos compartibles ha señalado, con anterioridad, que: “ Efectivamente, en virtud de lo dispuesto por los citados artículos 256 a 258 y 260 de la Carta Magna y 508 del C.G.P., las normas susceptibles de ser declaradas inconstitucionales son las Leyes y ellas, resulta obvio, necesariamente deben encontrarse vigentes porque de lo contrario no son aplicables y no resultan idóneas para vulnerar interés legítimo ni derecho subjetivo alguno ” (Sentencia No. 171/2003). Se arribó a similar solu-ción en las Sentencias de la Corte Nos. 3.177/2008, 141/2009, 1.170/2017 y 1.779/2017, entre otras. III) Sin perjuicio de lo expuesto, la totalidad de los firmantes del presente pronunciamiento son contestes en indicar que la acción intentada no puede progresar por carencias manifiestas en el plano expositivo, incumpliéndose lo preceptuado en el art. 512 del C.G.P. La actora, en planteo su-mamente confuso, contiende contra los arts. 62 y 63 del Decreto-Ley 14.294 en la redacción dada por la ley 18.494, sin realizar, con rigor mínimo, un análisis de contraste de esas normas con las de rango constitucional supuestamente infringidas. No desciende en su razo-namiento de lo general a lo particular. Realiza, simplemente, manifestaciones grandilocuentes acerca de la vulneración de derechos del debido proceso amparados por la Constitución de la República (SIC, fs. 2) y que se ataca “ frontal y directamente ” el art. 7 en cuanto protege el derecho de propiedad (fs. 3). Sin embargo, no argumenta con suficiencia y precisión en qué consisten las inconstitucionalidades alegadas. No logra –en ningún pasaje de su escrito- “aterrizar” al caso, las vagas e imprecisas afirmaciones realizadas. Su accionamiento, en lo que interesa a estos efectos, simplemente refiere a las normas constitucionales infringidas, pero con un grado de generalidad y abstracción que revela la carencia expositiva apuntada. Debió en tal caso la promotora explicitar las razones o fundamentos por los que entiende que se contravienen las mencionadas normas de mayor valor y fuerza. Razón por la cual, no ha cumplido adecuadamente con los requisitos exigidos por el art. 512 del C.G.P., al no desarrollar con claridad y precisión las razones en las que funda el cuestio-namiento (ver Sentencias Nos. 414/1993, 760/1994, 989/1996, 221/1997, 131/1998, 215/2000, 606/2002, 150/2003, 524/2005, 54/2006, 2419/2008, 2076/2009 y 899/2010, 4/2015, 1.620/2016, 2.373/2017, entre otras). A juicio de esta redac-tora, las carencias alegatorias evidenciadas resultan fundamento suficiente para repeler la acción de inconstitucionalidad, sin necesidad de ingresar en otras consideraciones que atañen al interés de la accionante y la materia de contienda. IV) Por último, estima la Corte que la grosera orfandad explicativa revela un supuesto de malicia que revela la nota de temeridad, en atención a la manifiesta sinrazón en el ejercicio del derecho de acción (art. 688 del Código Civil y art. 523 del C.G.P.). Resulta de franco rechazo que, mediante planteos frágiles carentes de una mínima crítica razonada, se movilice a la organización de justicia con el consiguiente dispendio inútil de re-cursos materiales y humanos en la respuesta institu-cional que obstinadamente se reclama. V) En definitiva, por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia por unanimidad, FALLA : DESESTÍMASE LA ACCIÓN DE IN-CONSTITUCIONALIDAD, CON ESPECIAL CONDENA EN COSTAS Y COSTOS. A LOS EFECTOS FISCALES, FÍJANSE LOS HONORARIOS PROFESIONALES EN 20 BPC. NOTIFÍQUESE, HÁGANSE LAS DEVO-LUCIONES QUE CORRESPONDIEREN Y, OPORTUNAMENTE, ARCHÍ-VESE.