Sentencia Definitiva N° 1.625/2018

Montevideo, diez de diciembre de dos mil dieciocho VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “AA Y OTRO - INFRACCIÓN ADUANERA DE CONTRABANDO - EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 224 A 257 DE LA LEY N° 19.276”, IUE: 578-904/2017 . RESULTANDO : I) En el curso de un proceso infraccional aduanero seguido ante el Juzgado de Paz Departamental de Paysandú de 4° Turno, el 5 de febrero de 2018, uno de los denunciados en la causa como coautor de una infracción de contrabando, BB, luego de haber sido citado a comparecer a la audiencia indagatoria prevista en el art. 242 del Código Aduanero, Ley 19.276, compareció y solicitó la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 224 a 257 de la Ley 19.580 (fs. 37/40 vta.). Sostuvo que las normas legales impugnadas vulneran la regla de la doble instancia contenida en el art. 72 de la Constitución de la República, así como el principio de igualdad consagrado en el art. 8 de la Carta. Afirmó que la infracción aduanera no tiene diferencia ontológica alguna con el delito, lo cual no es recogido por el ordenamiento procesal. En lo que respecta a la violación de lo que llamó “la regla de la doble instancia”, sostuvo que el art. 232 del Código Aduanero, al establecer que los procesos infraccionales de menor cuantía -menos de 40.000 unidades indexadas- se tramitan en instancia única, es inconstitucional por violar el principio del debido proceso consagrado en el art. 72 de la Carta y el principio de inocencia o dignidad consagrado en el art. 7. En lo que refiere a la violación del principio de igualdad, sostuvo que el Código Aduanero sigue una matriz altamente inquisitiva cuando debió tener una regulación acusatoria, como la tienen los delitos en el Código del Proceso Penal, Ley 19.293. En tal sentido, en el art. 231 del Código Aduanero se le atribuyen al Tribunal amplios poderes de instrucción; en su art. 242 se le da un protagonismo en la audiencia indagatoria que afecta su imparcialidad, habida cuenta de que es el mismo Tribunal el que recoge las pruebas y que luego resolverá el caso. Estas circunstancias violan principio constitucional de igualdad, ya que el proceso infraccional aduanero debería regularse por un sistema acusatorio como el del N.C.P.P. Por las razones referidas, violación de la regla de la doble instancia e instauración de un sistema procesal de corte inqui-sitivo, son inconstitucionales los arts. 224 a 257 del Código Aduanero. En definitiva, solicitó a la Corte que declarara inconstitucionales los artículos del Código Aduanero referidos. II) A fs. 41, la Sede de Paz Departamental de 4° Turno dispuso la suspensión de las actuaciones y su elevación para ante la Suprema Corte de Justicia. III) Recibidos los autos por la Corporación, se confirió traslado al Sr. Fiscal Letrado Departamental de Paysandú de 3er. Turno, y se dio vista al Sr. Fiscal de Corte (providencia No. 240/2018 del 26 de febrero de 2018, fs. 45). IV) A fs. 52-56 compareció el Sr. Fiscal Letrado Departamental de Paysandú de 3er. Turno y, por las razones que expuso, postuló el rechazo de la excepción de inconstitucionalidad promovida. V) Oído el Sr. Fiscal de Corte (dictamen No. 551/2018 glosado a fs. 61/62 vta.), aconsejó rechazar la excepción de inconstitucionalidad opuesta. VI) Por decreto No. 1814/2018 se dispuso el pasaje a estudio y se llamaron los autos para sentencia, citadas las partes (fs. 64). La Secretaría Letrada dio cuenta que con fecha 21 de agosto de 2018, el Sr. Ministro, Dr. Felipe HOUNIE cesó en su cargo, en virtud de lo cual la Corporación se encuentra desintegrada (fs. 73). VII) Por providencia No. 2777 de fecha 26 de setiembre de 2018 (fs. 73), atento a la dada cuenta antecedente, se dispuso integrar la Corte, señalándose audiencia para el sorteo correspondiente el 11 de octubre de 2018. VIII) Realizado el respec-tivo sorteo, el azar designó para integrar la Corporación al Sr. Ministro, Dr. Sergio TORRES. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, debidamente integrada y por unanimidad, desestimará la excepción de inconstitucionalidad opuesta, con costas de precepto a cargo del oponente. II) En cuanto a la inconsti-tucionalidad de la única instancia del proceso infraccional aduanero de menor cuantía II.I) El cumplimiento de la carga de la debida argumentación (art. 512 del CGP) En autos se impugna la regularidad constitucional del art. 232 del código Aduanero, Ley 19.276. La inconstitucionalidad denunciada ha sido articulada en términos que cumplen con la carga de la debida argumentación, lo que permite ingresar al análisis de este concreto planteo de inconstitucionalidad. En efecto, se han identificado los preceptos constitucionales que se reputan infringidos y se han dado razones precisas acerca de la infracción normativa denunciada. II.II) La legitimación La legitimación del excep-cionante es clara y no genera dificultades en el análisis. El Sr. Juan BB es titular de un interés directo, personal y legítimo en tanto tiene la calidad de denunciado en un proceso infraccional aduanero de menor cuantía. En tal calidad, se encuentra sometido a una estructura procesal en la cual el legislador excluyó la posibilidad de acceder a una segunda instancia, exclusión cuya regularidad constitucional cuestiona. El hecho de impugnar la regularidad constitucional de normas procesales no hace necesario aguardar el advenimiento de la concreta etapa procesal a la que refiere la impugnación, si ése interés es futuro e inequívoco. Tal como lo señaló la Corte al resolver diversos planteos de inconstitu-cionalidad relativos al proceso laboral regulado por la ley 18.572: “(...) no resulta razo-nable sostener que el demandado deba interponer múltiples excepciones respecto de las normas que entiende inconstitucionales, a medida que el proceso arriba a la etapa que hace aplicable cada una de las reglas que se cuestiona. Un proceder semejante, contrario a un elemental criterio de razonabilidad, supondría la admisión de planteamientos de inconstitu-cionalidad sucesivos, que distorsionarían por completo el principio de celeridad que inspiró la reforma. Otras razones coadyuvan, asimismo, para llegar a la conclusión de la legiti-mación. En efecto, el demandado –no voluntariamente- ingresó en el presente proceso laboral y, por ende, se le aplicarán todas las normas de procedimiento que contiene, incluidas las atacadas. De modo que, desde el momento que se le notificó la demanda, la única posibilidad que las normas impugnadas no lo perjudiquen (porque ya son pasibles de aplicación) es la hipótesis de comparecencia a la audiencia de ambas partes y de resultado ganancioso en el juicio” , (Sentencia No. 137/2010). II.III) La inconstitucionali-dad denunciada La inconstitucionalidad denunciada radica en que, partiendo de que la infracción aduanera y los delitos penales son fenómenos análogos, deberían recibir igual tratamiento adjetivo, lo cual tornaría inconstitucional la norma que habilita a tramitar un proceso infraccional en única instancia, como lo hace el art. 232 del Código Aduanero. El derecho a la doble instancia en materia infraccional derivaría del derecho al debido proceso y de los arts. 7 y 72 de la Constitución de la República. A juicio de la Corpora-ción, no se verifica la inconstitucionalidad denunciada. Las innegables similitudes que pueden darse entre las categorías “infracción aduanera” y “delito penal” no implican que deban recibir idéntico tratamiento procesal, ya que el derecho constitucional a la doble instancia está reservado a la materia penal. El excepcionante sostuvo que de los arts. 12 y 72 de la Constitución de la República se desprende que el derecho a la segunda instancia abarca el proceso infraccional aduanero, por constituir un elemento del debido proceso. No puede compartirse este criterio. En tal sentido, son ente-ramente trasladables los fundamentos expresados por la Corte en Sentencias Nos. 15/2008, 133/2015 y múltiples fallos allí citados, sin perjuicio de los argumentos que se expondrán a continuación. En particular, cabe rei-terar lo expresado en la primera de las sentencias nombradas, en la cual se expresó: “El régimen de la doble instancia jurisdiccional, amparado por nuestra Consti-tución, refiere a las garantías del ‘debido proceso’ que deben existir para arribar a un fallo en lo relativo a la condena y a la imposición de una pena. A mayor abundamiento, cabe recordar en este sentido lo sostenido por la Corporación en anteriores pronunciamientos en cuanto a que la circunstancia de que el legislador - en ejercicio de sus facultades, artículo 18 de la Constitución Nacional - haya previsto que determinados asuntos se tramiten por instancia única no implica que se vulnere el debido proceso legal. La garantía prevista en el artículo 12 de la Constitución refiere al derecho de las partes a tener su día ante el tribunal, en relación al cual el principio de la doble instancia tiene carácter legal y no constitucional. Al respecto se ha afir-mado: ‘En cuanto a la garantía del debido proceso que se invoca, ésta impone como requisito esencial, la oportunidad de audiencia y defensa de aquél contra quien se formula una pretensión en el orden jurisdiccional. Y basta para la estricta observancia de tal garantía el otorgamiento de dicha oportunidad de audiencia, sin que la misma deba asumir una forma o ritualidad determinada, siendo suficiente la posibilidad efectiva de hacer valer sus defensas. Es irrelevante al respecto (...) la supresión de etapas, recursos o instancias y aun de oportunidades procesales (...)’. Sintetizando: ‘Lo que la Carta quiere es que todo habitante de la república tenga derecho a su día ante el tribunal’. Para concluir: ‘De modo que no se vulnera el ‘derecho a la jurisdicción’ siempre que el justiciable haya tenido oportunidad de que su asunto fuera examinado por un Tribunal imparcial’ (Cf. Sent. N° 128/06, citada en pronunciamiento N° 178/07)” . Más recientemente, la Cor-poración ha señalado en términos trasladables que: “ La no previsión del con-tralor por parte de un superior procesal en procesos no penales no constituye una violación del mentado principio, ya que la limitación de los recursos ingresa dentro del marco de las opciones legislativas válidas. No existe un derecho subjetivo perfecto a que, en todo asunto litigioso, exista una doble instancia como parece postular la excepcionante. El legislador cuenta con cierta discrecionalidad para programar la posibilidad de revisión de las decisiones jurisdiccionales. Esto, incluso, ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como precisa IBÁÑEZ RIVAS al anotar que aquélla en el caso ‘López Mendoza con Venezuela’ ha dicho que: ‘no es per se contrario a la Convención Americana que se establezca en el derecho interno de los Estados que en determinados procedimientos, ciertos actos de trámite no son objeto de impugnación’ (Cf. IBÁÑEZ RIVAS, Juana María: ‘Artículo 8. Garantías Judiciales’ en AA.VV.: ‘Convención Americana de Derechos Humanos. Comentario’, Christian STEINER-Patricia URIBE (Editores), Konrad Adenauer Stiftung, Buenos Aires, 2014, pág. 242, véase de nuestra Corte Sentencia No. 193/2005) ” (Sentencia No. 1.977/2017). Debe tenerse presente, además, la naturaleza “no penal” de los procesos infraccionales aduaneros ha sido señalada por especialistas de la talla de Luis TORELLO y Erik COLOMBO, quienes en su obra “Procesos jurisdiccionales aduaneros” categorizan a estos procesos como “civiles” (COLOMBO, Erik H. y TORELLO, Luis: “Procesos jurisdiccionales aduaneros”, Ediciones Idea, Montevideo, 1980, pág. 55). Este criterio es incluso compartido por un especialista en materia aduanera, como el Dr. Pablo LABANDERA, en su estudio sobre el Código Aduanero vigente (Ley 19.276), (LABANDERA, Pablo: “ Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay - Anotado y concordado”, La Ley Uruguay, Montevideo, 2015, pág. 499). En la misma línea de la total autonomía entre el proceso infraccional aduanero y el proceso penal, cabe tener presente la expresa independencia y diferenciación entre la “acción fiscal” y la “acción penal” regulada en el art. 263 del reciente Código Aduanero, conforme al cual: “La acción penal relativa a los delitos aduaneros, tanto en su promoción como en su ejercicio, es independiente de la acción fiscal. El conocimiento por el mismo juez en las acciones penal y fiscal, no produce causa de impedimento, recusación o excusación” . III) En cuanto a la inconsti-tucionalidad de los arts. 224 a 257 del Código Aduanero por violar el principio de igualdad III.I) El cumplimiento de la carga de la debida argumentación (art. 512 del CGP ) Se afirmó la inconstitu-cionalidad de los arts. 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 y 257. Concretamente, se afirmó que lo dispuesto en esos artículos viola el principio de igualdad, al estatuir un sistema procesal inquisitivo respecto de un fenómeno, el de la infracción aduanera, que por ser sustancialmente idéntico al del delito penal, debería ser regulado por un sistema procesal acusatorio. Sin embargo, el excepcio-nante únicamente desarrolló las razones de por qué estos artículos serían inconstitucionales respecto de los arts. 231 y 242 (fs. 39 vta.). Fuera de esas escuetas líneas (dos oraciones) respecto de esos dos artículos, nada más dijo. Es palmario, entonces, que no puede considerarse cumplida la carga de la debida argumentación exigible en el Proceso de Inconstitu-cionalidad (art. 512 del C.G.P.) respecto a la impugnación de los treinta y dos (32) artículos respecto de los cuales no se articuló argumento alguno: artículos 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 y 257. En el marco de lo dis-puesto en el art. 512 del C.G.P., la Corte tiene inveterada y pacífica jurisprudencia declarando inad-misibles los planteamientos de inconstitucionalidad en los que se omite desarrollar las razones en las que se funda el cuestionamiento (ver sentencias Nos 414/1993, 760/1994, 989/1996, 221/1997, 131/1998, 215/2000, 606/2002, 150/2003, 524/2005, 54/2006, 2419/2008, 2076/2009, 899/2010, 286/2014, entre otras). Y este es claramente el caso de autos respecto de los artículos referidos, por lo que también corresponde rechazar el excepcionamiento por inadmisible. En definitiva, seguida-mente me referiré únicamente a la impugnación de los arts. 231 y 242. III.II) La legitimación La legitimación del excep-cionante es clara, por las razones expresadas en el CONSIDERANDO II.II). III.III) La inconstitucionali-dad denunciada El excepcionante sostuvo que lo dispuesto en los arts. 231 y 242 vulneran el principio de igualdad. En tal sentido, sostuvo que el Código Aduanero sigue una matriz altamente in-quisitiva cuando debió tener una regulación acusatoria, como la tienen los delitos en el Código del Proceso Penal, Ley 19.293. Afirmó que en el art. 231 del Código Aduanero se le atribuyen al Tribunal amplios poderes de instrucción y que en su art. 242 se le da al Juez un protagonismo en la audiencia indagatoria que afecta su imparcialidad, habida cuenta de que es el mismo Tribunal el que recoge las pruebas el que resolverá el caso. Estas circunstancias violan principio constitucional de igualdad, ya que el proceso infrac-cional aduanero debería regularse por un sistema acusatorio como el del C.P.P. No se verifica la incons-titucionalidad denunciada. Como bien lo señaló el Sr. Fiscal de Corte, las diferencias entre las pretensiones tramitadas en los procesos infraccionales aduaneros y en los procesos penales son tan hondas, que postular que deban recibir igual tratamiento no resiste el menor análisis. En el caso del proceso infraccional aduanero se tutela el interés del Fisco ante la posible pérdida de tributos aduaneros y en el proceso penal se tutela la libertad humana y la paz social. Pretender equiparar ambos órdenes de regulación es pueril. Por otra parte, tal como lo ha sostenido la Corte recientemente, “(...) de la lectura armónica de los arts. 8, 12, 13, 15, 16, 19, 21 y 22 de la Carta, puede colegirse que ni el sistema inquisitivo ni el sistema acusatorio coliden con nuestro ordenamiento constitucional” (Sentencia No. 667/2018). Por ello, la opción por uno u otro sistema es de exclusivo arbitrio del legislador, no siendo compartible que la opción por u otro sistema pueda ser relevante a la hora de acoger la pretensión planteada, como parece desprenderse de la excepción deducida en este punto. IV) En definitiva, por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, FALLA: DESESTÍMASE LA EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, CON COSTAS DE PRECEPTO (ART. 523 DEL C.G.P.). A LOS EFECTOS FISCALES, FÍJANSE LOS HONORARIOS PROFESIONALES EN 30 BPC. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN.