Sentencia Definitiva N° 1.622/2018

Montevideo, diez de diciembre de dos mil dieciocho VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados : “DECCIA CHICO ESPINOSA, SERGIO C/ MORENA SOSA, PEDRO - COBRO DE PESOS - CASACIÓN” , individualizados con el IUE: 2-50020/2015. RESULTANDO : 1) A fs. 79/85, compareció Sergio Gabriel Deccia Chico Espinosa, oportunidad en la cual promovió demanda de cobro de pesos y daños y perjuicios, contra el Sr. Pedro Morena Sosa. El reclamo se origina en su actividad como intermediario en la venta de una fracción de campo y demás mejoras, ubicado en la quinta sección catastral del departamento de Paysandú, padrón No. 423, de propiedad del demandado. 2) A fs. 157/168, compareció la parte demandada quien abogó por la desestimatoria. 3) Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia No. 40/2017, de fecha 15 de agosto de 2017, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 9º Turno, se falló: “ Desestimando la demanda en todos sus términos. Costas y costos por el orden causado (...)” (fs. 192/194). 4) Por Sentencia Definitiva DFA 0003-000238/2018 SEF 0003-000068/2018, de fecha 25 de abril de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, falló: “Revócase la sentencia apelada y, en su lugar, condénase al demandado a pagar al actor la suma de U$S 160.000, más intereses legales con costas y costos por el orden causado (...)” (fs. 226/229). 5) A fs. 232/237, compareció la parte demandada oportunidad en la cual dedujo el recurso de casación en estudio. En síntesis, expresó los siguientes agravios: a) La sentencia de segunda instancia incurre en error de derecho, en cuanto no aplica correctamente la regla legal de valoración de la prueba (art. 140 del C.G.P.). No surge probado que las tareas del Sr. Deccia hayan determinado la concreción del negocio definitivo y por ello, no generó el derecho al cobro de la comisión. La Sala no tomó en cuenta que las partes concurrieron al estudio de la escribana Luz Pena a firmar un contrato de arrendamiento, para lo cual habían contratado los servicios del actor, y que al momento de la firma se desistió del negocio, firmando un boleto de reserva por la venta del campo. No existe prueba alguna en el expediente que acredite que el actor trabajó para la concreción de la venta del inmueble de autos. b) En el citado boleto de reserva no se entregó seña, ni los títulos de propiedad, ya que las partes no iban a suscribir dicho negocio sino la promesa de un contrato de arrendamiento. Ni siquiera se previó la participación obligatoria del Instituto de Colonización. El boleto de reserva no puede catalogarse como negocio concluido y por ende generador de la comisión, por lo cual no es razonable la conclusión probatoria a la que arriba la impugnada. Es una propuesta parcial, donde el consentimiento aún no se había formado. c) En la subexamine el actor no cumplió con la obligación asumida, que era el perfeccionamiento del contrato de arrendamiento del campo ni con el de compraventa del mismo (o al menos de su promesa), con las debidas solemnidades; la promesa de compraventa o la compraventa definitiva no se perfec-cionó. La sentencia de segundo grado tampoco valoró que el actor no demandó al otro partícipe del negocio. Conforme emerge de autos Martorano declaró que nunca se le reclamó el pago de la comisión por parte del actor. Si el actor entendía que se le debía el pago de la comisión debió reclamarlo a ambas partes. En este sentido, la sentencia de segunda instancia no tuvo en cuenta la teoría de los actos propios (art. 1301 del C.C.). d) El hecho de que el representado haya optado por retractarse, no habilita al actor a reclamarle la comisión. e) Emerge probado en autos que el actor no generó derecho alguno al cobro de la comisión, pues la misma se genera únicamente con la concreción del negocio, lo cual no ocurrió. En el caso de autos estamos frente a un boleto de reserva y su rescisión, por lo cual no puede catalogarse como un negocio concluido y por ende generador de la comisión del mediador. f) La Sala infringió lo establecido en el art. 198 del C.G.P., esto es, infringió el principio de congruencia, por cuanto condenó a su representado al pago de U$S160.000, sin fundamentar la razón de dicho monto. g) El actor solicitó en su demanda se condene al recurrente al pago de la suma de U$S80.000 por concepto de comisión y U$S80 por daños y perjuicios por la rescisión. Empero, los daños recla-mados no surgen probados y la sentencia ni siquiera los menciona. 6) Sustanciado el recurso (fs. 240) fue evacuado por la parte actora a fs. 242/249 vto., quien abogó por la desestimatoria. 7) Recibidos los autos por la Corte (fs. 255), por Decreto No. 1982/2018 se dispuso el pase a estudio y autos para sentencia (fs. 256 vto.). 8) Por Providencia No. 2904/2018, en virtud del cese del Sr. Ministro Dr. Felipe Hounie, se convocó al correspondiente sorteo de integración. Este se llevó a cabo el día 24 de octubre de 2018, quedando designada la Sra. Ministra, Dra. Loreley Pera (fs. 266). CONSIDERANDO : I.- La Suprema Corte de Justicia integrada y por unanimidad, desestimará el recurso de casación interpuesto. II.- El caso de autos: Antes de ingresar al mérito y a los efectos de facilitar el análisis de la cuestión debatida, es oportuno realizar un somero repaso de las actuaciones cumplidas: a) En autos a fs. 79 y ss., compareció Sergio Gabriel Deccia Chico Espinosa, oportunidad en la cual promovió demanda de cobro de pesos y daños y perjuicios, contra el Sr. Pedro Morena Sosa. Expresó que tiene como único medio de vida la intermediación de venta de inmuebles rurales y ganados. En este marco, el demandado le comunicó su voluntad de vender una fracción de campo y demás mejoras, ubicado en la quinta sección catastral del departamento de Paysandú, padrón No. 423. Manifestó que se contactó en forma inmediata, en su condición de comisionista, con el Sr. Martorano, lindero del padrón, dado que tenía conocimiento de que le iba a interesar el negocio. Este último quedó agradecido por su gestión y sabía (y sabe) que le debía abonar la comisión por conseguirle el campo lindero para la compra. Además de ejecutar el contacto inicial, realizó la gestión desde su origen, cumpliendo diversas funciones de acercamiento entre las partes, entre otros: actos de comunicación de las condiciones del negocio, organización de reuniones, elaboró diversos proyectos y formulas, realizó propuestas y contrapropuestas, etc. Todo ello a los efectos de favorecer el éxito de la operación, lo que naturalmente importó una verdadera gestión de negocios. Como consecuencia de su labor, el día 24 de marzo de 2014 se celebró un boleto de reserva en la ciudad de Montevideo, donde comparecieron el Sr. Moreno, la Sra. Saratsola, el Sr. Martorano y el accionante. En dicho instrumento expresamente en la cláusula cuarta se estableció que intervino como intermediario y que cobraría un 2% a cada parte. A pesar del acuerdo sus-crito y de la conformidad de las partes y, luego de sucesivas llamadas al Sr. Moreno, comenzó a sospechar que algo andaba mal. En efecto, mediante la rescisión del boleto de reserva, el Sr. Moreno constituyó un artilugio a efectos de excluirlo de la operación, con la finalidad de no pagarle la comisión. Indicó que Moreno rescin-dió el boleto de reserva ya que posteriormente apareció otro interesado en adquirir el campo, quien pagaría más dinero por hectárea. En consecuencia, le abonó la multa pactada al Sr. Martorano, pero nuca le pagó la comisión por su trabajo. Reclamó el pago de la comisión equivalente al 2% (U$S80.000) más IVA del precio pactado (U$S4.000.000), así como, por concepto de daños y perjuicios, el equivalente al 2% del precio (U$S80.000), por cuanto el comprador no le abonó su parte de la comisión, ya que el boleto se rescindió única y exclusivamente por culpa del propietario. En definitiva, reclamó el pago de la suma total de U$S160.000, más intereses legales, costas y costos. b) A fs. 157 y ss., compareció el demandado Pedro Moreno Sosa, quien evacuó el traslado abogando por la desestimatoria. c) En primer grado se desestimó la demanda. En efecto, si bien el a quo consideró que emerge plenamente acreditada la actividad propia del mediador en el acercamiento de las partes (Considerando No. 2 de fs. 192-193), concluyó que no cumplió su finalidad natural, esto es, la concreción del negocio (promesa de compraventa o compraventa defini-tiva), al cual no es equiparable el boleto de reserva oportunamente suscrito (Considerando No. 3 de fs. 194). d) Finalmente, la Sala Civil de 1º Turno si bien comparte la posición doctrinaria y jurisprudencial que exige la concreción del negocio como consecuencia de la actividad del mediador (sin que sea suficiente la mera aproximación de las partes), revocó el fallo de primera instancia y, en su mérito, amparó la demanda en todos sus términos. En este sentido, el Tri-bunal consideró probada la labor del actor, así como, la consecuente concertación del negocio, el cual se manifestó mediante la celebración del boleto de reserva (negocio preliminar). En virtud de este contrato las partes se obligaron a celebrar un segundo negocio (promesa de compraventa) en las condiciones estable-cidas, pactándose una multa o pena por incumplimiento de U$S200.000, la cual posteriormente fue abonada por el demandado al resolver extrajudicialmente el negocio. Asimismo, en dicho documento se reconoció la interven-ción del actor como intermediario. III.- Agravios relativos a la errónea aplicación de las normas relativas a la valoración de la prueba (arts. 140 y 141 del C.G.P.) . En cuanto al mérito y, más allá de las deficiencias que presenta el libelo recursivo, casi la totalidad de los agravios articulados por la parte recurrente refieren a que la Sala incurrió en una errónea valoración de la prueba agregada en el subexamine , lo cual la condujo a concluir que se encontraba probada la base fáctica que genera derecho al cobro de la comisión: i) concreción del negocio y; ii) que ésta sea consecuencia de la labor del intermediario. Respecto de la casación fundada en errónea aplicación de las normas de admi-sibilidad o de valoración de la prueba, se reitera la Jurisprudencia de la Corte en cuanto a que dicha causal se reduce a las hipótesis en las que se violen las tasas legales en supuestos de prueba tasada; o, en el caso de que corresponda aplicar el sistema de la sana crítica, cuando se incurra en absurdo evidente, por lo grosero e infundado de la valoración realizada (Cfm. Sentencias Nos. 20 y 21/2016, 640 y 646/2017, entre otras). En el subexamine , el re-curso de casación impetrado no resulta suficiente para modificar lo resuelto en segunda instancia. La parte no cumplió con alegar cuál es el concreto motivo de agravio y en qué sentido no comparte la valoración de la prueba realizada por el Tribunal (art. 273 del C.G.P.). No imputa a éste ningún proceder arbitrario o absurdo al formular el juicio de los hechos, lo que resulta suficiente para desestimar el agravio. La deficiente alegación de la parte recurrente en su escrito de casación no resulta ser más que la manifestación de su discordancia o su desacuerdo con la valoración realizada, la cual, en ningún sentido, puede calificarse como absurda o arbi-traria. En efecto, la demandada no realiza una exposición de los medios probatorios que entiende que el Tribunal debió haber considerado, o los que valoró incorrectamente, lo cual denota lo endeble de la calificación de arbitrariedad que atribuye a la valoración ensayada en la impugnada. En definitiva, en el di-seño de la impugnación, que esencialmente se sustenta en una pretendida vulneración de la valoración de la prueba, sin cumplir con las formalidades en la materia, impide que se pueda revisar el fallo recurrido y por tanto los agravios no pueden prosperar. Sin perjuicio de lo anterior, basta con leer la recurrida (fs. 227/229) para advertir que la Sala efectuó una valoración probatoria acorde con las reglas de la sana crítica (la que se podrá compartir o no), o al menos, no violatoria de las mismas, y el razonamiento probatorio realizado no parece ilógico o equívoco, ni apartándose del canon legal de valoración establecido en los artículos 140 y 141 del C.G.P., que habilite su revisión en casación, pretendiendo el recurrente la revalorización del cúmulo probatorio. La valoración realizada por el Tribunal, y sin perjuicio de las meras discordancias realizadas por el recurrente, en forma alguna, puede calificarse como absurda, arbitraria o ilógica. Por su parte la Sra. Ministra, Dra. Bernadette Minville considera que si bien la demandada al recurrir en casación califica el agravio como valoración de la prueba, en puridad, su crítica refiere a la interpretación del contrato y, como tal, se trata de una quaestio iuris analizable en casación. Si bien en la juris-prudencia uruguaya existen dos tendencias bien marcadas en cuanto a los requisitos para generar la percepción de la comisión en los contratos de mediación (por el acercamiento de las partes del negocio o por la conclusión del negocio), lo cierto es que tal discusión jurídica no tiene gravitación en el caso. No interesa, a estos efectos, si el boleto de reserva suscripto por los Sres. MORENO SOSA, SARATSOLA y MARTORANO es o no un negocio definitivo (el resultado de la operativa). No hay necesidad, en el ocurrente, de calificar el negocio jurídico para determinar si se genera o no la percepción de la comisión. Justamente, porque en el rotulado “boleto de reserva” (fs. 95) se estipuló que intervenía en este negocio como intermediario el Sr. Sergio DECCIA que cobraría el 2% a cada parte. Quiere decir que los contrayentes estipularon contractualmente el pago de la comisión en la cláusula CUARTA. Por lo tanto, en pleno ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes pactaron con el boleto de reserva el pago de la comisión del 2% por cada una de ellas, la que era plenamente exigible con independencia de la calificación negocial del negocio en el que estaba inserta la cláusula. Nada obstaba a que las partes, libremente, estipularan el pago de la comisión con independencia del perfeccionamiento o no del contrato de compraventa (aun cuando se estuviese, como pretende el demandado, en una etapa pre-contractual). Y ello, por más que luego las partes rescindieran el boleto de reserva, porque el pago se asumió con desvinculación de la instrumentación final de la operación económica. IV.- Agravios relativos al mon-to de la condena (U$S160.000) . Señala el impugnante que la Sala infringió lo establecido en el art. 198 del C.G.P., esto es, el principio de congruencia, por cuanto condenó a su representado al pago de U$S160.000, sin fundamentar la razón de dicho monto, cuando el porcentaje acordado era de un 2% (U$S80.000). Asimismo, señala que el actor solicitó en su demanda se condene al recurrente al pago de la suma de U$S80.000 por concepto de comisión y U$S80.000 por daños y perjuicios por la rescisión del boleta de reserva, empero, no emergen en autos acreditados los daños tasados por el actor. No le asiste razón en su planteo. Para los Sres. Ministros, Dres. Jorge Chediak, Bernadette Minvielle, Loreley Pera y para el redactor, en lo que respecta a la prueba de los daños y perjuicios, tratándose de un agravio relativo a la valoración de la prueba corresponde remitirse a lo expresado en el numeral anterior. En segundo término y, en lo que refiere a la alegada infracción de lo dispuesto en el art. 198 del C.G.P., cabe destacar que el propio recurrente hace alusión en su libelo impugnativo a los daños y perjuicios reclamados por su contraparte (U$S80.000), lo que demuestra la sinrazón de su planteo. En efecto la Sala resolvió con arreglo a las pretensiones deducidas. El actor reclamó en su demanda el pago de la comisión del 2% que debía el demandado y, a su vez, idéntico monto a título de daños y perjuicios por haberse frustrado el cobro del otro 2% a la otra parte. Por tanto, la totalidad de lo reclamado ascendió a U$S160.000 (fs.85), suma que se corresponde con la condena dispuesta por el órgano de mérito. Para la Sra. Ministra, Dra. Elena Martínez, en rigor técnico, el vicio jurídico de la sentencia no consiste en la violación del principio de congruencia (la Sala no condenó a más de lo pedido), sino, en todo caso, en la falta o ausencia de motivación, causal, ésta última, no desarrollada en la impugnación, sin perjuicio de la fugaz referencia que a fs. 236 in fine y vto., se hace al respecto. Dicha carencia (art. 273 del CGP) impide su revisión en casación. Para la referida Ministra, en lo específico, con un enfoque y fundamentación distinta y adecuada, otra, tal vez, podría haber sido la solución de la Corte. V.- La conducta procesal des-plegada por las partes ha sido correcta, no dando mérito a especial condenación en gastos causídicos. Por estos fundamentos, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CA-SACIÓN INTERPUESTO. SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PRO-CESAL. HONORARIOS FICTOS 40 BPC. OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.