Sentencia Definitiva N° 1.616/2018

Montevideo, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “O.S.E. C/ LUMAPARK S.A. - EXPROPIACIÓN - CASACIÓN”, IUE: 467-162/2009 , venidos a conocimiento de la Corporación en virtud de los recursos de casación interpuestos por LUMAPARK S.A. y la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.). RESULTANDO : I) Surge de autos que la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.) solicitó la toma urgente de posesión de la fracción de terreno, Padrón No. 57.168, propiedad de LUMAPARK S.A. (fs. 78/79 vto.). Por Resolución No. 1598/08 de fecha 17 de octubre de 2008, el Directorio de O.S.E., en ejercicio de las facultades otorgadas por el art. 66 de la Ley No. 18.046, designó para ser expropiada, por causa de utilidad pública, declarándose urgente su ocupación, a la fracción de terreno citada. II) A fs. 105/106 la Administración presentó la demanda de expropiación, fijando la indemnización definitiva a pagar y proceder a la escrituración del inmueble. A fs. 120/136 la demandada LUMAPARK S.A. contestó la demanda y dedujo reconvención por la reparación de los daños causados por la expropiación. III) Por Sentencia Definitiva No. 38/2017 de fecha 20 de junio de 2017, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ciudad de la Costa de 5to. Turno, desestimó el excepcionamiento y la reconvención opuestas. Asimismo, condenó a la parte actora a pagar a la demandada la suma de 34.631, 342 U.R. por concepto de justa compensación, a la que deberá descontarse la cifra depositada bajo el rubro de autos, con más reajustes e intereses desde la toma urgente de posesión (fs. 572/594). IV) Por Sentencia Definitiva de Segunda Instancia DFA-0004-000116/2018 de fecha 14 de marzo de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5to. Turno, confirmó la sentencia definitiva de primera instancia, salvo en cuanto: A) al monto de la justa indemnización el que se fija en 24.739,48 U.R. de acuerdo a lo consignado en el CONSIDERANDO IV y B) condena al pago de reajustes, lo cual se deja sin efecto (fs. 645/649). V) Contra la decisión de segundo grado, compareció el representante de LUMAPARK S.A. a interponer recurso de casación y, en síntesis, se agravió porque: La sentencia “exonera” a O.S.E. de pagar daños que fueron condenados en primera instancia y revocados, precisamente los daños ocasionados al predio remanente a consecuencia del “impacto en las vistas y en el paisaje por emanación de olores fétidos”, por entender la Sala que no correspondía indemnizarlos a tenor del art. 29 de la Ley No. 3.958. - Expresó que si a tenor del art. 29 el expropiante puede compensar los aumentos de valor al momento de fijarse la indemnización, igualmente en caso de reducirse en un 58% del valor del resto de la propiedad debe considerarse a la hora de fijar la indemnización. - La sentencia de la Sala viola el art. 198 del C.G.P., ya que el Tribunal distinguió entre daños directos o no derivados de la expropiación cuando OSE no lo hizo, por el contrario, admitió que los daños eran consecuencia directa de la expropiación. VI) Por su parte, O.S.E. interpuso recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia y expresó en apretada síntesis que: a) Pese a la reducción del monto indemnizable aún se mantienen valores por concepto de depreciación remanente de la fracción a expropiar. Basta con examinar las conclusiones del perito para advertir que los factores considerados (irregularidad del predio remanente y pérdida de potencialidad de otros dos accesos) no constituyen una consecuencia inmediata o directa de la expropiación. b) Error por la incidencia del factor de pérdida de potencialidad de otros dos accesos al predio y en la forma irregular del predio remanente ya que se trata de situaciones hipotéticas o futuras. VII) Por Decreto No. 1325/2018 se dispuso el pasaje a estudio y se llamaron los autos para sentencia (fs. 704 vto.). La Secretaría Letrada dio cuenta que con fecha 21 de agosto de 2018, el Sr. Ministro, Dr. Felipe HOUNIE cesó en su cargo, en virtud de lo cual la Corporación se encuentra desintegrada (fs. 710). VIII) Por Providencia No. 2532 de fecha 12 de setiembre de 2018 (fs. 710), atento a la dada cuenta antecedente, se dispuso integrar la Corte, señalándose audiencia para el sorteo correspondiente el 26 de setiembre de 2018. IX) Realizado el respectivo sorteo, el azar designó para integrar la Corporación a la Sra. Ministra, Dra. Martha ÁLVES DE SIMAS. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, debidamente integrada y, por unanimidad, desestimará los recursos de casación movilizados, en base a los siguientes fundamentos. II) Recurso de casación inter-puesto por LUMAPARK S.A. II.I) Sobre la admisibili-dad del recurso . En primer lugar, corresponde examinar si el recurso de casación es admisible. Sobre el punto, existen posiciones divergentes entre quienes concurren al dictado del presente pronunciamiento. Estima la Corporación que el recurso de casación resulta admisible, sin que sea aplicable el límite previsto en el art. 268 del C.G.P. En el caso, la demandada dedujo reconvención, por lo que, en puridad, la contra-pretensión ejercitada determina que nos encontremos frente a un “juicio contra el Estado” y, en tal hipótesis, corresponde aplicar el régimen de excepción previsto en la normativa citada. Como se señalara en la Sentencia No. 131/2010 en términos que resultan trasladables al ocurrente: “... en lo que respecta a la reconvención interpuesta por la parte demandada, aquí sí se trata de un juicio seguido contra el Estado, por lo que resulta aplicable, en consecuencia, lo estable-cido en el art. 268 del C.G.P. en la redacción dada por el art. 342 de la Ley No. 18.172: ‘No será procedente el recurso de casación cuando la sentencia de segunda instancia confirme en todo, y sin discordia, a la sentencia de primera instancia, excepto cuando se trate de juicios seguidos contra el Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados en general. En estos casos, aun mediando sentencia de segunda instancia que confirme en todo y sin discordias la sentencia de primera instancia, el recurso será admisible cuando se trate de asuntos cuyo monto superare el importe equivalente a 6.000 U.R.’ Por consiguiente, de conformidad con la norma que viene de transcribirse, si bien en las dos instancias se arribó a la misma solución desestimatoria, la casación resulta admisible atento a que se trata de una pretensión dirigida contra el Estado”. Por otra parte, consideran los Sres. Ministros, Dres. Elena MARTÍNEZ, Eduardo TURELL, Martha ÁLVES DE SIMAS y esta redactora, la admisibilidad del recurso debe regirse para ambas partes por las mismas normas, sin que sea posible fraccionar el régimen (Sentencia de la Suprema Corte de Justicia No. 240/2018). Como observa GUERRA PÉREZ, el sistema de garantías está dado desde el propio inicio del proceso y para ambas partes en pie de igualdad. En la medida en que inicialmente uno de los integrantes de la parte demandada es el Estado o alguno de los órganos enunciados por la disposición, queda determinado desde el inicio el estatuto de reglas y las garantías que regulará el proceso (GUERRA PÉREZ, Walter: “ Normas procesales según la Ley de Rendición de Cuentas No. 18.172. Intimación de pago, competencia de los juzgados letrados de lo contencioso administrativo y recurso de casación” , Revista Estudios Jurídicos, No. 5, UCUDAL, Montevideo, 2008, pág. 126). II.II) Análisis de mérito del recurso de casación . II.III) La demandada LUMAPARK S.A. se agravió por entender que el Tribunal se apartó del principio de congruencia (art. 198 del C.G.P.) porque discriminó los daños como directos o no cuando, en puridad, O.S.E. admitió que esos daños eran directos. No le asiste razón en su planteo. En efecto, no es cierto que O.S.E. al contestar la reconvención interpuesta por LUMAPARK no haya controvertido la existencia y valuación de los daños que son revocados por la sentencia de segunda instancia (“ impacto en las vistas y en el paisaje” y por “ emanación de olores fétidos” ) que derivan de la instalación de la planta de tratamiento de efluentes. Véase que O.S.E. al contestar la reconvención desconoció y controvirtió las afirmaciones realizadas por el actor, los rubros y montos reclamados, así como la responsabilidad de la Administración (fs. 180). Pero, además, O.S.E. en referencia a la reclamación de daños por la desvalorización del predio, expresó que se debía tener en cuenta que la ejecución de la obra que motiva la expropiación, tenía por finalidad, dotar del servicio de saneamiento a los predios de la zona. Como consecuencia directa de ello, el resto de la propiedad se vería beneficiada por el aumento del valor unitario del metro cuadrado, dotándola de saneamiento, por lo que en contraposición a lo manifestado por LUMAPARK S.A., la presente expropiación valorizaría el predio remanente (fs. 181). Quiere decir que la Sala de 5to. Turno, a diferencia de lo que sostiene la impugnante, no ingresó a la controversia hechos no articulados por las partes. Y ello porque, justamente, O.S.E. controvirtió la existencia misma del daño y redobló la apuesta sosteniendo que lejos de desvalori-zarse el remanente de la propiedad de la demandada, en su lugar, se revalorizaría fruto de la planta de efluentes a construirse. O.S.E. al apelar la sentencia de primera instancia se explayó largamente sobre la improcedencia de la consideración de factores ajenos a la presente expropiación en la determinación de la indemnización (ver fs. 600 vto./602). Lo expuesto es fundamento suficiente para desestimar el agravio. II.IV) Despejado el punto anterior, corresponde analizar el agravio articulado en torno a la interpretación del art. 29 de la Ley No. 3.958. En lo que interesa, la Sala expresó: “Si bien la indemnización establecida en el primer subitem tomando como base el dictamen de la Ing. Agrimensora resulta plenamente compartible, no ocurre lo mismo con la fijada en el restante, la que deberá ser abatida por dos órdenes de fundamentos. En primer lugar, porque comprende variables de desvalorización que carecen de conexión causal directa con la expropiación en sí, exorbitando los perjuicios indemnizables conforme a la normativa (art. 29 de la ley madre). En efecto, la depreciación del remanente por ‘impacto en las vistas y en el paisaje’ y por ‘emanación de olores fétidos’ deriva de la instalación de la planta de tratamiento de efluentes, no de la expropiación de la fracción; y por consiguiente, obedeciendo dichos perjuicios a una causa diversa, deben ser objeto de una acción independiente”. Se agravia la impugnante por cuanto entiende que la Sala aplicó erróneamente el art. 29 de la Ley No. 3.958, al no tener en cuenta el “destino que se consagra” con la expropiación a los efectos de determinar la justa compensación (inc. 3º de la citada norma). No le asiste razón en su planteo. El numeral 3º del art. 29 establece que “Si los trabajos que hayan de ejecutarse en lo que ha de ser expropiado o el destino a que se consagra, debiesen producir un aumento de valor inme-diato y especial al resto de la propiedad, ese aumento de valor compensatorio será tomado en cuenta por los tasadores y peritos y por el Juez o Tribunal para el valúo de la indemnización” . En primer lugar, la norma transcripta claramente no refiere a la hipótesis indo-cada por la recurrente, lo cual impone la desestimatoria de los agravios articulados en esta fase de cuestiona-miento. En efecto, la norma exclusivamente alude al supuesto en que, a consecuencia de los trabajos que hayan de ejecutarse en lo que ha de ser expropiado o el destino , se verifica un aumento de valor inmediato y especial al resto de la propiedad, lo cual resulta absolutamente ajeno al caso de autos. En segundo término, el art. 29 de la Ley No. 3.958 presupone que el daño indemnizable a los efectos de la justa compensación sea actual y directo, así como, que sea consecuencia inme-diata de la expropiación, aspecto en el cual la Sala sustentó la desestimatoria y respecto del cual la demandada no esgrimió agravio útil. LUMAPARK S.A. apela a un argumento interpretativo “a fortiori”, pues estima que si el art. 29 de la Ley No. 3.958 dispone que los trabajos a ejecutarse en el bien expropiado o el destino para el que se consagra y que debiesen producir aumento inmediato del valor de la propiedad, por lo que, a mayor razón, si el destino para el que se consagra el bien a expropiarse disminuye el valor, debe tenerse en cuenta a los efectos de fijar la indemnización. Pese a ello, la recurrente pretende hacer una lectura parcial del art. 29 y, por este motivo, desatiende su acápite que mandata considerar los daños que sean consecuencia forzosa de la expropiación. La indemnización deberá regularse tomando en cuenta el valor de la propiedad cuya ocupación se requiere, en la época inmediata anterior a la expropiación y también los daños y perjuicios que a su dueño resultaren y sean una consecuencia forzosa de la expropiación, no debiendo tenerse en consideración las ventajas o ganancias hipotéticas o futuras. Es decir, la propia Ley para la determinación de los daños requiere una relación de causalidad entre la actividad administrativa y el menoscabo patrimonial que sufre el sujeto expropiado. La justa compensación incluye los daños y perjuicios que la expropiación origina al propietario. Pero los daños y perjuicios han de ser ciertos, directos, actuales y de naturaleza patrimonial; no cabe indemnizar daños y perjuicios indirectos o hipotéticos. Este concepto aparece correctamente consagrado en la ley, en cuanto manda tomar en cuenta sólo los daños y perjuicios que “sean una consecuencia forzosa de la expropiación”. Es obvio que los perjuicios indemnizables son los que derivan directamente de la expropiación o de la conducta del ente público que la lleva a cabo… (Cf. SAYAGUÉS LASO, Enrique: “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo II, puesta al día a 2010 por Daniel Hugo MARTINS, F.C.U., Montevideo, 2010, págs. 328/329). El propietario a quien se le expropia un bien debe ser debidamente indemnizado, comprendiendo la indemnización el valor objetivo de ese bien y los perjuicios directos que la expropiación ocasione; pero no se puede pretender que dicha acción excepcional, tendiente a satisfacer una utilidad pública, constituya para él una fuente de ganancia (Cf. VILLEGAS, A. Walter: “Régimen jurídico de la expropia-ción”, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1973, pág. 134). En el caso, el resarci-miento de los daños por depreciación del remanente referidos por impacto en las vistas y en el paisaje y por emanación de olores fétidos refieren, en excluyente medida, de la instalación de la planta de efluentes. Sin perjuicio de ello, tal como fuera estructurado el reclamo (ver fs. 159), se peticionó por concepto de daño emergente ocasionado por la depreciación permanente del predio no sujeto a expropiación por la “ negativa incidencia de la propia planta de tratamiento de efluentes cloacales (que según se presenta habrá de ser de grandes dimensiones...)” , es decir, el reclamo fue por un daño hipotético o futuro. Por otra parte, no puede dejar de advertirse que el Tribunal no dijo que no existen daños, sino que éstos, en tal caso, obedecen a una causa diversa (fuente productora) de la actividad expropiatoria (fs. 648) y que, en consecuencia, deben ser objeto de una acción independiente. II.V) En cuanto al agravio respecto a que la Sala no acogió la solicitud de condena en costas y costos, resulta aplicable el art. 272 del C.G.P. La sentencia de primera instancia no impuso especial condenación procesal, punto respecto del cual no interpuso recurso de apelación la demandada y, en consecuencia, le está vedada la posibilidad de interponer recurso de casación. Si bien LUMAPARK S.A. refirió a este tópico en oportunidad de evacuar el traslado del recurso de apelación interpuesto por la contraria (fs. 625 vto.), no interpuso apelación por vía principal ni adhesiva, lo que sella la suerte del agravio. Debe tenerse presente que, en primera instancia, se desestimó la solicitud (extremo que le generaba agravio a LUMAPARK S.A.) y no apeló, por lo que no puede, en la actualidad, revisarse en casación. En definitiva, corresponde desestimar el recurso en examen. III) Recurso de casación de O.S.E. Básicamente, se agravia la Administración expropiante por cuanto la Sala Civil de 5to. Turno tuvo en cuenta a los efectos de fijar el monto de la justa compensación, la indemnización por concepto de depreciación del remate en relación a la denominada “forma irregular del predio” y “pérdida de potencialidad de otros dos accesos”. El Sr. Ministro, Dr. Jorge CHEDIAK, considera que el recurso de casación de O.S.E. es inadmisible. En tal sentido, entiende que el medio impugnativo es inadmisible al amparo de lo establecido en el art. 268 inc. 2º del C.G.P., ya que existen dos soluciones coincidentes en relación al punto (fs. 648 vto.). A diferencia de ello, para la mayoría integrada por los Sres. Ministros, Dres. Elena MARTÍNEZ, Eduardo TURELL, Martha ÁLVES DE SIMAS y esta redactora, el recurso de casación es admisible por los fundamentos similares a los consignados en el CONSIDERANDO II.I) del presente pronunciamiento. En cuanto al mérito del recurso, no le asiste razón a la Administración al sostener que medió errónea interpretación y aplicación de lo dispuesto en el art. 29 de la Ley No. 3.958. Contrariamente a lo mani-festado, corresponde indemnizar a la actora el porten-taje de depreciación del remanente del predio por la forma irregular del predio resultante y la pérdida de potencialidad de otros dos accesos tal como expresa el Tribunal. Tales aspectos son conse-cuencia forzosa y directa de la expropiación tal como prevé el art. 29 de la Ley No. 3.958. En efecto, tal como surge de autos, se expropió parte del Padrón rural No. 57.168, por lo que el remanente del predio se desvaloriza por la forma irregular que adquiere y la pérdida de dos accesos, lo que surge de la pericia, estimándose por estos conceptos el 15% de depreciación. Nada de lo que expresa el expropiante en su recurso fue sostenido por la Sala, ya que el órgano de mérito no tuvo en cuenta ventajas o ganancias futuras y mucho menos la posibilidad de parcelamiento o construcción de un barrio jardín, por lo que ningún error de interpretación o aplicación del art. 31 de la Ley No. 18.308 debía considerarse. En definitiva, por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, FALLA : DESESTÍMANSE LOS RECURSOS DE CASACIÓN INTERPUESTOS, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCE-SAL. A LOS EFECTOS FISCALES, FÍJANSE LOS HONORARIOS FICTOS EN 20 B.P.C. NOTIFÍQUESE Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE CON LAS FORMALIDADES DE ESTILO.