Sentencia Definitiva N° 1.610/2018

Montevideo, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho VISTOS : Para Sentencia Definitiva en autos caratulados “ MANZOR, ADAN Y OTROS C/ ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO. COBRO DE PESOS. CASACIÓN”, IUE: 2–34493/2016 venidos a conocimiento de esta Corporación en mérito al recurso de casación interpuesto por la actora contra la Sentencia Definitiva SEF 3-52/2018, de 11 de Abril de 2018 dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno RESULTANDO : 1. Por Sentencia Definitiva Nº 48/2017 de 22 de Agosto de 2017, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 14º Turno Falló: “Amparando la pretensión exclusivamente en lo que refiere al reclamo por el rubro Nocturnidad, condenando a la demandada a pagar las diferencias de los haberes devengados entre lo ya percibido por el rubro nocturnidad y el cálculo de la misma partida sobre todos los rubros que compone la retribución mensual(excluidas las asignaciones personales) y las respectivas incidencias en el aguinaldo, menos los aportes legales de seguridad social e IRPF en cuanto corresponda, más el reajuste e interés legal, desde el 24 de agosto de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012, difiriéndose su cuantificación y concretos beneficiarios, al procedimiento de liquidación previsto por el art. 378 del C.G.P., todo de conformidad con lo expuesto en el ‘Considerando 3’ de la presenten decisión. Desestimando el resto de los reclamos formulados.” (fs.306 y ss.). 2. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno por Sentencia Definitiva SEF–3-52/2018, de 11 de Abril de 2018, Falló: “Confírmase la sentencia apelada, sin especial condenación en la instancia.” (fs. 358). 3. A fs. 365 y ss. la parte actora interpuso recurso de casación, manifestando en síntesis: que la Sala incurrió en graves errores de derecho respecto a la base sobre la que se apoya, asimismo, realiza una irracional, ilógica y discrecional valoración de la prueba agregada en la causa. La pretensión accionada por la actora se funda en el reclamo en el pago por diferencias de salario por la incorrecta liquidación de la compensación al cargo regulada por el art. 26 de la Ley 16.170. Los accionantes entienden que la compensación al grado debe calcularse sobre la tabla de sueldos de 6 horas de labor, según lo dispuesto por el art. 26 de la Ley nº 16.170. El punto de la controversia se centra en determinar si la base de cálculo que utiliza ASSE para la compensación al grado coincide con la tabla incorporada por la Ley oportunamente. Ese monto no es coincidente con el sueldo básico definido por la C.G.N. en sus instructivos hasta el año 2016, ya que a partir del año 2017 se dejó de establecer. Tampoco concuerda con el manejado por la demandada en los renglones 11.311 y 33.311. La pretensión de la parte actora es clara, el Estado ha realizado los ajustes de las remuneraciones de los funcionarios a través de leyes presupuestales que debieron adicionarse a la base de cálculo “tabla de sueldo para 6 horas de labor” de la compensación al grado por imperio legal. A la base de cálculo de la compensación al grado en cuestión debe adicionarse las siguientes partidas “ Renglón 48017 “ aumento mayo 2003”, Renglón 48018 “complemento”, Renglón 48018.3 “complemento aumento”, Renglón 48019 “complemento aumento”, Renglón 48021 “ Adicional decreto 2”. Renglón “ 48023 “ Incidencia recuperación salarial”, Renglón “48025 Recuperación Salarial MSP”, Renglón 48026 “ Incidencia Salarial 2007”, Renglón 48028/0 “ Recuperación Salarial MSP”, Renglón 48028/3 “Recuperación Salarial MSP”, Renglón 48025/58 “ Recuperación Salarial MSP”, Renglón 69313” Aumento Octubre 2000”, Renglón “ 83.315 “ Aumento Especial”, Renglón 83318 “ Aumento enero 1994”, Renglón 83312 “ Aumento Adicional”, Renglón 11312.2 “ Complemento Mayor Horario”, Renglón 11312.4 “ Mayor Horario”. Es sobre el resultado de la sumatoria de todos ellos que necesariamente debe la Administración realizar la liquidación de la partida regulada por la Ley 16.170. La totalidad de los renglones detallados, no son elementos marginales del salario como equivocadamente afirma el Tribunal. Se trata de partidas dispuestas por leyes presupuestales ya sea por la propia voluntad del Estado para recuperar el poder adquisitivo de los involucrados o por convenios colectivos también recogidos en Leyes. La solución a la que arribó el Tribunal denota la falta de comprensión de la pretensión deducida. Afirmó el recurrente que el Tribunal no se ha pronunciado sobre la totalidad de las cuestiones debatidas. A.S.S.E. ajustó su defensa al fiel cumplimiento por su parte de los instructivos de la C.G.N. lo que no se ajusta a la realidad ni con lo dispuesto por el artículo 4 de la ley 18.719. Hasta el año 2016 la C.G.N. publicó dos tablas: una que corresponde a los funcionarios de los incisos 02 a 15 y denomina “sueldo al grado o sueldo básico”; y otra para quienes se les aplica el artículo 26 de la ley 16.170. La base de cálculo que maneja ASSE para cuantificar la compensación, es el sueldo básico identificado en los renglones 11311 y 31311, la que no contempla ni coincide con el sueldo básico definido por la C.G.N. El Tribunal respecto del sueldo básico que se encuentra definido en el SIIF de la Contaduría General de la Nación, no cotejó ni determinó cuál es el sueldo básico de los funcionarios de A.S.S.E., ni, si el que emerge de los renglones 11311 y 3111 sea el correcto. Considera infundada a la sentencia por entender que toma como base las interpretaciones de A.S.S.E. y la C.G.N. Existió además errónea interpretación del artículo 26 de la ley 16.170, en tanto entiende el recurrente que la “compensación al grado” debe liquidarse sobre el sueldo básico definido por la C.G.N. en el SIIF. El Tribunal se equivoca a la hora de interpretar el art. 26 de la Ley 16.170 resultando contradictorio su pronunciamiento. Existió también error en la admisión de que “la tabla de sueldos de 6 horas” de labor, es el sueldo básico anualmente definido por la C.G.N. Carece de eficacia convictica el informe que realiza la C.G.N un organismo que ni siquiera tiene el control de la demandada; incurriendo en error el Tribunal ad quem, al sostener que la escala básica es el sueldo básico, porque así lo informa la C.G.N. La C.G.N., desde el año 2017, dejó de publicar la tabla de sueldos básicos para aquellos funcionarios que se les aplica el artículo 26 de la ley 16.170, ya que cada uno de los organismos del artículo 220 de la Constitución debe adecuar las remuneraciones de sus funcionarios de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4 de la ley 18.719. El legislador no utilizó la expresión “sueldo básico”, sino, por el contrario “tabla de sueldo de 6 horas de labor”, por lo cual, no hay razón para limitar la base de cálculo a la liquidación de la C.G.N. Denunció que en el caso existió error en la valoración de la prueba por parte del Tribunal ad quem. De autos no resulta probado de manera alguna que el sueldo básico que luce en el Renglón 11.311 y 33.311 es equivalente a la tabla de sueldos de 6 horas de labor. Existió también error en la admisión de que “la tabla de sueldos de 6 horas” de labor, es el sueldo básico anualmente definido por la C.G.N. La tabla debe ajustarse según lo establecido por el artículo 4 de la ley 18.719, lo que no ha sido realizado por A.S.S.E. En cuanto a las diferencias reclamadas por la incorrecta liquidación de la partida por antigüedad el Tribunal desconoce el derecho aplicable y no releva la prueba agregada de la cual se desprende que conforme con la ley 17.930 donde el legislador dispuso el cómputo del tiempo que el funcionario permaneció bajo las condiciones de los contratos dispuestos por el art. 410 de la Ley 16.170. y art. 256 de la Ley 18.834 previo al acto presupuestario. Debe de estarse a la situación funcional agregada para corroborar la fecha de presupuestación y condiciones de contratación, de la cual surge claramente acreditadas las diferencias por antigüedad que se reclaman. En definitiva solicitó que se case la recurrida y se acoja la demanda por diferencias salariales reclamadas por errónea liquidación de la compensación al cargo regulada en el art. 26 de la ley 16.170 y la prima por antigüedad. 4. A fs. 384 y ss. evacuó el traslado la demandada, abogando por la desestimatoria. 5. Los autos fueron recibidos por el Cuerpo el día 27 de Junio de 2018 (fs. 394). 6. Por Auto 1812/2018, de fecha 16 de Julio de 2018, se dispuso el pase a estudio y autos para sentencia (fs. 395 a vto.). 7. Ante el cese del Dr. Felipe Hounie, por Auto 2548/2018 de 12 de setiembre de 2018 se dispuso integrar la Corte mediante sorteo, recayendo la designación en la Sra. Ministra Dra. Graciela Pereyra (fs.400 y ss.). 8. Culminado el estudio, se acordó el dictado de sentencia para el día de la fecha. CONSIDERANDO : I. La Suprema Corte de Justicia, integrada y por unanimidad, desestimará el recurso de casación interpuesto por la parte actora. II. El caso de autos . A fojas 104 y ss. comparecieron los actores, promoviendo demanda por cobro de diferencias de salarios por incorrecta liquidación de la partida extraordinaria por antigüedad, nocturnidad, asiduidad y compensación al cargo (art. 26 de la Ley n° 16.170), así como, su incidencia en el aguinaldo por el periodo mayo 2010 a mayo 2015, contra la Administración de los Servicios de Salud del Estado (en adelante, A.S.S.E.). Estimaron el monto reclamado en la suma de $13.076.676 y lo que se genere en el futuro hasta la efectiva regularización de la situación, con más reajustes e intereses. III. Los agravios propuestos por la recurrente en sede casatoria guardan relación con el rechazo de la pretensión por diferencias en el pago de la partida regulada por el art. 26 de la ley nº 16.170 y el rechazo de la pretensión por diferencias por la incorrecta liquidación de la prima por antigüedad. IV. Los agravios por errónea liquidación de la compensación prevista en el art. 26 de la Ley 16.170 no resultan de recibo . El artículo 26 de la Ley 16.170 preceptúa “Establécese la tabla de sueldos para seis horas de labor, que regirá en los escalafones siguientes: A Personal Técnico Profesional; B Personal Técnico Profesional; C Personal Administrativo; D Personal Especializado, E Personal de Oficios; F Personal de Servicios Auxiliares, J Personal Docente de otros organismos, y R Personal no incluido en los escalafones anteriores. Grado Escala Compensación máxima al grado % 16 202.693 84.51 15 188.552 80.24 14 175.397 76.44 13 163.160 73.26 12 151.777 70.87 11 141.188 69.25 10 131.338 66.78 9 122.175 65.17 8 113.652 64.48 7 105.723 64.66 6 98.347 57.71 5 91.485 53.72 4 85.103 54.60 3 79.166 56.63 2 73.642 48.08 1 70.136 45.80 Los importes de la escala básica incluyen el 50 % (cincuenta por ciento) complementario al incorporado por el artículo 19 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987. V. En el caso, la Corporación no advierte la infracción normativa denunciada por la recurrente. En la especie se trata de determinar sobre que monto o importe salarial se aplica la compensación al grado prevista por el art. 26 de la Ley 16.170, partiendo de la base que la norma establece la tabla de sueldos para seis horas de labor. Pues bien, a criterio de la Corporación, la “compensación al grado” debe aplicarse o determinarse exclusivamente sobre el importe del “sueldo básico” (art. 26) fijado al 1° de enero de 1991 (fecha de entrada en vigor de la ley nro. 16.170), sin perjuicio de sus ajustes o actualizaciones al presente, sin adicionar a dicho importe el resto de las partidas y beneficios salariales dispuestos con posterioridad al 1° de enero de 1991. La normativa que invoca la parte actora claramente establece que la compensación se debe calcular sobre el sueldo básico de 30 horas (6 hs. por 5 días de labor), a diferencia de otras referencias normativas que aluden a “sueldo nominal”, “asignaciones de los respectivos cargos”, “escala salarial o retributiva”, todas ellas en el sentido de expresión monetaria que presupuestalmente determina la ley para cada cargo. A dicha conclusión se arriba por una simple y directa aplicación de lo dispuesto por el art. 17 del Código Civil de acuerdo al cual “cuando el sentido de la ley es claro no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”, así como el art. 18 ejusdem en tanto expresa “las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general”. En este marco, no es dable concluir que la accionada ha hecho una incorrecta interpretación del dispositivo legal en su aplicación, o que no ha valorado en legal forma la prueba producida en la causa. La norma es clara: establece una determinada tabla de sueldos básicos, con circunscripción de los escalafones para los cuales habrá de regir la compensación. Es sobre la base de dicha tabla que se aplica la compensación. Como se ha señalado por la jurisprudencia, el “sueldo básico” identificado para los funcionarios presupuestados, tiene una acepción perfectamente definida, asimilable a la de “asignación presupuestal básica”, en la que no se incluye el total de las asignaciones o retribuciones, sean o no permanentes, deriven o no de leyes presupuestales. Lo referido es, por otra parte, concepto jurisprudencialmente aceptado (cf. sentencias nros. 52/2018 del T.A.C. 1° T. y 61/2012 del T.A.C. 4° T.). Por lo demás, no puede hacerse caudal de que la voluntad del legislador no se tradujo en el dispositivo, desde que cuando aquél ha querido que determinadas compensaciones se calculen sobre todos los rubros salariales lo ha establecido expresamente. Así, por ej., el art. 281 de la ley nro. 16.626, referido a las compensaciones por tareas nocturnas, alude a “asignaciones a los respectivos cargos”, o los arts. 22 y 23 de la ley nro. 16.736, que establecen el premio por evaluación de desempeño fijándolo en un porcentaje de la “retribución anual normal”. Cuando el Legislador instituye en general compensaciones o retribuciones o premios especiales previene con toda claridad sobre qué asignación deben calcularse. La actora, tanto en la demanda como en la apelación, confunde los conceptos de sueldo base y salario, que son claramente supuestos diversos; pretendiéndose incluir dentro del concepto de sueldo todas las partidas marginales que perciben los actores en su salario. En definitiva el art. 26 de la Ley 16.170 es claro y hace referencia exclusivamente al ‘sueldo base’ o ‘sueldo básico’ y no al ‘sueldo nominal’, por lo que cabe concluir que la Administración demandada ha liquidado correctamente la compensación señalada y nada adeuda a los actores por concepto de diferencias salariales. Tales fundamentos para el redactor y la Dra. Minvielle, resultan suficientes para desestimar el recurso en examen. VI. Por su parte los Dres. Chediak, Martínez y la Dra. Pereyra agregan como argumento adicional, que en rigor los actores pretenden, que cada nueva partida salarial que se cree con destino al pago de retribuciones, sirva de base a fin de incrementar la compensación de marras (igual tesis se postuló en la consulta jurídica referida), lo cual también resulta improcedente. Pretender que cada vez que se crea una nueva compensación deba integrar la base de cálculo de una compensación -creada hace veintiocho años- carece de racionalidad y excede el marco jurídico presupuestal en el que debe actuar el Estado en materia de administración financiera. La Corte, en un caso de aristas similares, donde funcionarios del MINISTERIO DEL INTERIOR reclamaron que en la fórmula de cálculo de determinadas partidas se considerasen aquéllas posteriores a su creación y gravadas con montepío, sostuvo: “ La sentenciante de primera instancia fundó la solución desestimatoria de la demanda promovida en que la compensación reclamada es la no abonada por tratarse de rubros salariales que no existían a la época de aprobación de las mencionadas Leyes, en tanto, el art. 91 de la Ley No. 16.226 sólo pudo referirse a las retribuciones de carácter salarial existentes a la fecha de su entrada en vigencia, no a las sancionadas con posterioridad, no correspondiendo una interpretación extensiva a dicho precepto legal. Para que la compensación alcanzara las retribuciones de carácter salarial creadas con posterioridad se debió sancionar una disposición legal expresa especificando, en su caso, los recursos asignados a tales efectos, en la medida que implica un incremento de gastos del Estado que, por sus consecuencias, requiere una previsión legal expresa. En definitiva, de conformidad con la normativa reseñada, corresponde el rechazo del agravio articulado, en tanto se observa que el régimen legal vigente citado por los recurrentes, sólo resulta aplicable a las partidas laborales que existían a partir de su vigencia y no aquéllas que fueron sancionadas con posterioridad, pues no existe disposición alguna que expresamente autorice a ello ” (cf. sentencia nro. 16/2017). Si bien la norma no prevé que las partidas a considerar sean las vigentes al momento de su promulgación, es obvio que las futuras partidas salariales no pueden incidir, pues ello importaría haber otorgado un aumento en la retribución, con desconocimiento de su verdadera cuantía y de su incidencia tanto en los salarios como en el presupuesto nacional (cf. sentencia nro. 171/2009 de la Corte). Por último, en otra línea argumental complementaria, los recurrentes hacen referencia a que no se sabe cuál es el sueldo básico de los funcionarios de ASSE. En tal sentido, la base de cálculo que utiliza ASSE para liquidar la partida en estudio, se asienta en los renglones 11311 y 31311. Pues bien, como se expresó el “sueldo base” no equivale a la “totalidad de la retribución nominal” que percibe el funcionario público. Ambos conceptos son diferentes. Entonces, si lo que pretende la parte recurrente es decir que, aun cuando fuera correcto efectivizar el cálculo únicamente sobre el “sueldo base”, la Administración, igualmente, erra a la hora de determinar su alcance, el agravio tampoco puede recibir el amparo pretendido. Y no puede recibirlo porque los recurrentes no lograron probar -solo alegaron- que el “sueldo base” fijado por la Administración demandada estuviera fijado sobre criterios distintos al legalmente requerido. Dicho tópico, por su complejidad, no se resuelve con citar una o más leyes, o hacer remisiones genéricas a los recibos de sueldos, que por sí solos no resuelven el problema, sino que debió ser objeto de prueba técnica seria, que en la causa no se diligenció. En definitiva, por unos y otros fundamentos, corresponde concluir que la Administración demandada ha liquidado correctamente la compensación al cargo prevista por el art. 26 de la Ley 16.170 y nada adeuda a los actores por diferencias de salario. VII. En cuanto a la errónea liquidación de la prima por antigüedad, corresponde rechazar los agravios propuestos . Los agravios deben ser desestimados en mérito a lo dispuesto por el artículo 273 del C.G.P. En cuanto al referido agravio, la parte actora no cumplió con lo dispuesto por el artículo 273 del C.G.P., al no surgir individualizada la norma infringida ni haber siquiera un desarrollo al respecto; circunstancias que obstan al análisis del mismo. Es de verse que los agravios deducidos no guardan relación con los fundamentos que el Tribunal consideró para desestimar el rubro, lo cual se constituye en fundamento suficiente para desestimar los agravios sobre el particular. Básicamente, los argumentos del Tribunal refieren a defectos alegatorios del acto de proposición inicial, los cuales no son controvertidos de forma útil en el presente recurso de casación. Adicionalmente, cabe agregar que el agravio también debe ser desestimado en tanto la actora incumplió con la carga de la debida sustanciación al demandar. Analizada la demanda, se advierte que la actora no individualiza ninguna situación concreta, simplemente se limita a efectuar una descripción normativa de la prima por antigüedad. En efecto se sostuvo por los actores “la prima por antigüedad se liquida como el 2% sobre la B.P.C. en el año 2014 da 56.38 y en el año 2015 da 61.08. Surgen errores en la liquidación de dicho rubro como surge de los recibos adjuntos” (fs. 117). Estas líneas son toda la referencia que contiene la demanda respecto de la pretensión ejercida. Tal proceder no cumple en lo más mínimo con la carga de la debida alegación, lo que sella la suerte del recurrente. En definitiva, corresponde desestimar el recurso en el punto, al no advertirse la errónea liquidación de la prima por antigüedad invocada. VIII. Costas y costos (art. 279 del C.G.P.). Sin especial condena procesal. Por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia integrada, por unanimidad, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. HONORARIOS FICTOS 40 BPC . Y DEVUÉLVASE.