Sentencia Definitiva N° 1.611/2018

Montevideo, veintiocho de noviembre del dos mil dieciocho VISTOS : Estos autos caratulados: PÉREZ, ALICIA Y OTROS C/ A.S.S.E. – COBRO DE PESOS – CASACIÓN – IUE: 2-29860/2016. RESULTANDO: 1.- En autos a fs. 42-74 comparecieron los actores, promoviendo demanda por cobro de diferencias de salarios por incorrecta liquidación de la partida extraordinaria por antigüedad, nocturnidad, asiduidad y compensación al cargo regulada por el art. 26 de la Ley No. 16.170, así como, su incidencia en el aguinaldo por el período comprendido de mayo 2010 a mayo 2015, contra la Administración de los Servicios de Salud del Estado (A.S.S.E.). Estimaron el monto reclamado en la suma de $5.963.533 y lo que se genere en el futuro hasta la efectiva regularización de la situación, con más reajustes e intereses. 2.- Por sentencia definitiva de primera instancia No. 46/2017, de fecha 14 de agosto de 2017, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 6º Turno, se falló “Desestimando la demanda en todos sus términos. Sin especial condenación. Honorarios fictos: 4 BPC. Consentida o ejecutoriada, oportunamente, archívese, previa reposición de vicésima y tributación faltante en lo pendiente” (fs. 493-497 vto.). 3.- Por sentencia definitiva DFA 3-220/2018 SEF 3-60/2018, de fecha 18 de abril de 2018, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, falló: “Confírmase la sentencia apelada, salvo en cuanto desestimó la pretensión de pago de las diferencias salariales generadas por la errónea liquidación del rubro “nocturnidad”, en cuyo aspecto se la revoca y, en su lugar, se condena a la demandada a pagar dichas diferencias, cuyo monto se determinará por el procedimiento previsto por el art. 378 del CGP y según las bases y límites establecidos en el Considerando II. Sin especial condenación en la instancia. Honorarios fictos: $25.000. Notifíquese y devuélvase” (fs. 538-542). 4.- A fs. 545-558 vto. compareció la parte actora, oportunidad en la cual dedujo el recurso de casación en estudio. En síntesis, expresó los siguientes agravios: I) Respecto de la “compensación al grado” prevista por el art. 26 de la Ley 16.170. a) A criterio de la actora, la partida referida debe calcularse sobre la base de la “tabla de sueldos de 6 horas de labor” y no sobre el sueldo básico definido por la C.G.N. en sus instructivos ni como lo hace la demandada. A la referida “la tabla de sueldos de 6 horas de labor” debieron adicionarse todos los ajustes salariales que se hicieron con posterioridad a través de diversas partidas. Sobre el resultado de la sumatoria de todas las partidas individualizadas, debe liquidarse la “compensación al grado” prevista por el art. 26 de la Ley No. 16.170. Las partidas cuya incorporación se pretende no son marginales. La adecuación de las remuneraciones corresponde a ASSE, con contralor del Tribunal de Cuentas, sin que exista competencia alguna de la CGN en este punto. b) El Tribunal no se ha pronunciado sobre la totalidad de las cuestiones debatidas. ASSE ajustó su defensa al fiel cumplimiento por su parte de los instructivos de la CGN ni con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 18.719. Hasta el año 2016 la C.G.N. publicó dos tablas: una que corresponde a los funcionarios de los incisos 02 a 15 y denomina “sueldo al grado o sueldo básico”; y otra para quienes se les aplica el artículo 26 de la Ley 16.170, con fundamento en diferencias liquidatarias en los salarios de unos y otros funcionarios. El Tribunal se limitó a señalar que el cálculo de la partida se debe realizar sobre la base del sueldo básico, pero no determinó cuál es el sueldo básico de los funcionarios de A.S.S.E. ni si el que emerge de los renglones 11.311 y 33.311 es el correcto. Considera infundada a la sentencia por entender que toma como base las interpretaciones de A.S.S.E. y la C.G.N. c) La Sala incurrió en una errónea interpretación del artículo 26 de la ley 16.170, en tanto entiende que la “compensación al grado” debe liquidarse sobre el sueldo básico definido por la C.G.N. en el SIIF. Tal interpretación viola el tenor literal de la norma (artículo 18 del Código Civil) y extravasa las competencias de la C.G.N., ya que las liquidaciones de sueldos de los funcionarios A.S.S.E. se encuentra en la órbita de control del Tribunal de Cuentas y no de la C.G.N. Por tanto, no puede conferirse valor probatorio a los instructivos de la C.G.N. La C.G.N. dejó de publicar la tabla de sueldos básicos para aquellos funcionarios que se les aplica el artículo 26 de la Ley 16.170, ya que cada uno de los organismos del artículo 220 de la Constitución debe adecuar las remuneraciones de sus funcionarios de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 18.719. El legislador no utilizó la expresión “sueldo básico”, sino, por el contrario “tabla de sueldo de 6 horas de labor”, por lo cual, no hay razón para limitar la base de cálculo a la liquidación de la C.G.N. d) La compensación no está limitada para los funcionarios de la Administración Central. El sentenciante de primer grado entendió que la compensación alcanzaba a los funcionarios de ASSE. La ley resulta aplicable a todos los funcionarios públicos, sin excepciones. En autos, el objeto de la controversia estuvo determinado en la forma de liquidar el rubro y no en su procedencia. e) La Sala incurrió en una errónea valoración de la prueba. No se ha acreditado que el sueldo básico que luce en los renglones 11.311 y 31.333.1 sea equivalente a la tabla de sueldo de 6 horas de labor de la ley ni al sueldo básico definido por la C.G.N. hasta diciembre de 2016. La tabla debe ajustarse según lo establecido por el artículo 4 de la Ley 18.719, lo que no ha sido realizado por A.S.S.E. A.S.S.E. no cumple con los instructivos de la C.G.N. II) En cuanto a la partida “antigüedad”. El Tribunal desconoce el derecho aplicable y no toma en cuenta el incumplimiento de la intimación practicada a la demandada. No se tomó en cuenta lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley 17.930, donde se ordena computar el tiempo en el cual los funcionarios permanecieron bajo las condiciones dispuestas por los artículos 410 de la Ley 16.170 y 256 de la Ley 18.834. En definitiva, solicitó que se anulara la sentencia recurrida y que, en su lugar, se acoja la demanda. 5.- A fs. 563-568 vto. la parte demandada evacuó el traslado del recurso de su contraria, postulando su rechazo. 6.- Los autos fueron recibidos por el Cuerpo el día 13 de junio de 2018 (fs. 574). 7.- Por auto No. 1635/2018, de fecha 18 de junio de 2018, se dispuso el pase a estudio y autos para sentencia (fs. 575 vto.). CONSIDERANDO: 1.- La Suprema Corte de Justicia desestimará el recurso de casación interpuesto. 2.- Con carácter liminar y, más allá de lo dificultoso que resulta la lectura del libelo impugnativo, cabe consignar que todos los agravios articulados por la parte actora refieren a la pretensión por diferencias en el pago de la partida regulada por el art. 26 de la Ley No. 16.170. 3.- El único agravio propuesto por la recurrente en sede casatoria guarda relación con el rechazo de la pretensión por diferencias en el pago de la partida regulada por el art. 26 de la Ley No. 16.170. El artículo 26 de la Ley No. 16.170 preceptúa “Establécese la tabla de sueldos para seis horas de labor, que regirá en los escalafones siguientes: A Personal Técnico Profesional; B Personal Técnico Profesional; C Personal Administrativo; D Personal Especializado, E Personal de Oficios; F Personal de Servicios Auxiliares, J Personal Docente de otros organismos, y R Personal no incluido en los escalafones anteriores. Grado Escala Compensación máxima al grado % 16 202.693 84.51 15 188.552 80.24 14 175.397 76.44 13 163.160 73.26 12 151.777 70.87 11 141.188 69.25 10 131.338 66.78 9 122.175 65.17 8 113.652 64.48 7 105.723 64.66 6 98.347 57.71 5 91.485 53.72 4 85.103 54.60 3 79.166 56.63 2 73.642 48.08 1 70.136 45.80 Los importes de la escala básica incluyen el 50% (cincuenta por ciento) complementario al incorporado por el artículo 19 de la Ley No. 15.903, de 10 de noviembre de 1987”. 4.- En el caso, la Corporación no advierte la infracción normativa denunciada por la recurrente. En la especie se trata de determinar sobre qué monto o importe salarial se aplica la compensación al grado prevista por el art. 26 de la Ley No. 16.170, partiendo de la base que la norma establece la tabla de sueldos para seis horas de labor. Pues bien, a criterio de la Corporación, la “compensación al grado” debe aplicarse o determinarse exclusivamente sobre el importe del “sueldo básico” (art. 26) fijado al 1º de enero de 1991 (fecha de entrada en vigor de la Ley No. 16.170), sin perjuicio de sus ajustes o actualizaciones al presente, sin adicionar a dicho importe el resto de las partidas y beneficios salariales dispuestos con posterioridad al 1º de enero de 1991. La normativa que invoca la parte actora claramente establece que la compensación se debe calcular sobre el sueldo básico de 30 horas (6 hrs. por 5 días de labor), a diferencia de otras referencias normativas que aluden a “sueldo nominal”, “asignaciones de los respectivos cargos”, “escala salarial o retributiva”, todas ellas en el sentido de expresión monetaria que presupuestalmente determina la ley para cada cargo. A dicha conclusión se arriba por una simple y directa aplicación de lo dispuesto por el art. 17 del Código Civil de acuerdo al cual “cuando el sentido de la ley es claro no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”, así como el art. 18 ejusdem en tanto expresa “las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general”. En este marco, no es dable concluir que la accionada ha hecho una incorrecta interpretación del dispositivo legal en su aplicación, o que no ha valorado en legal forma la prueba producida en la causa. La norma es clara: establece una determinada tabla de sueldos básicos, con circunscripción de los escalafones para los cuales habrá de regir la compensación. Es sobre la base de dicha tabla que se aplica la compensación. Como se ha señalado por la jurisprudencia, el “sueldo básico” identificado para los funcionarios presupuestados, tiene una acepción perfectamente definida, asimilable a la de “asignación presupuestal básica”, en la que no se incluye el total de las asignaciones o retribuciones, sean o no permanentes, deriven o no de leyes presupuestales. Lo referido es, por otra parte, concepto jurisprudencialmente aceptado (cf. Sentencias Nos. 52/2018 del T.A.C. 1er. Turno y 61/2012 del T.A.C. 4to. Turno). Por lo demás, no puede hacerse caudal de que la voluntad del legislador no se tradujo en el dispositivo, desde que cuando aquél ha querido que determinadas compensaciones se calculen sobre todos los rubros salariales lo ha establecido expresamente. Así, por ej., el art. 281 de la Ley No. 16.626, referido a las compensaciones por tareas nocturnas, alude a “asignaciones a los respectivos cargos”, o los arts. 22 y 23 de la Ley No. 16.736, que establecen el premio por evaluación de desempeño fijándolo en un porcentaje de la “retribución anual normal”. Cuando el Legislador instituye en general compensaciones o retribuciones o premios especiales previene con toda claridad sobre qué asignación deben calcularse. La actora tanto en la demanda como en la apelación, confunde los conceptos de sueldo base y salario, que son claramente diversos; pretendiéndose incluir dentro del concepto de sueldo todas las partidas marginales que perciben los actores en su salario. En definitiva el art. 26 de la Ley No. 16.170 es claro y hace referencia exclusivamente al ‘sueldo base’ o ‘sueldo básico’ y no al ‘sueldo nominal’, por lo que cabe concluir que la Administración demandada ha liquidado correctamente la compensación señalada y nada adeuda a los actores por concepto de diferencias salariales. Tales fundamentos para los Sres. Ministros Dres. Turell y Minvielle resultan suficientes para desestimar el recurso en examen. 5.- Por su parte los Sres. Ministros Dres. Martínez y Chediak agregan como argumento adicional, que en rigor los actores pretenden, que cada nueva partida salarial que se cree con destino al pago de retribuciones, sirva de base a fin de incrementar la compensación de marras, lo cual también resulta improcedente. Pretender que cada vez que se crea una nueva compensación deba integrar la base de cálculo de una compensación -creada hace veintiocho años- carece de racionalidad y excede el marco jurídico presupuestal en el que debe actuar el Estado en materia de administración financiera. La Corte, en un caso de aristas similares, donde funcionarios del MINISTERIO DEL INTERIOR reclamaron que en la fórmula de cálculo de determinadas partidas se considerasen aquéllas posteriores a su creación y gravadas con montepío, sostuvo: “La sentenciante de primera instancia fundó la solución desestimatoria de la demanda promovida en que la compensación reclamada es la no abonada por tratarse de rubros salariales que no existían a la época de aprobación de las mencionadas Leyes, en tanto, el art. 91 de la Ley No. 16.226 sólo pudo referirse a las retribuciones de carácter salarial existentes a la fecha de su entrada en vigencia, no a las sancionadas con posterioridad, no correspondiendo una interpretación extensiva a dicho precepto legal. Para que la compensación alcanzara las retribuciones de carácter salarial creadas con posterioridad se debió sancionar una disposición legal expresa especificando, en su caso, los recursos asignados a tales efectos, en la medida que implica un incremento de gastos del Estado que, por sus consecuencias, requiere una previsión legal expresa. En definitiva, de conformidad con la normativa reseñada, corresponde el rechazo del agravio articulado, en tanto se observa que el régimen legal vigente citado por los recurrentes, sólo resulta aplicable a las partidas laborales que existían a partir de su vigencia y no aquéllas que fueron sancionadas con posterioridad, pues no existe disposición alguna que expresamente autorice a ello” (cf. Sentencia No. 16/2017). Si bien la norma no prevé que las partidas a considerar sean las vigentes al momento de su promulgación, es obvio que las futuras partidas salariales no pueden incidir, pues ello importaría haber otorgado un aumento en la retribución, con desconocimiento de su verdadera cuantía y de su incidencia tanto en los salarios como en el presupuesto nacional (cf. Sentencia No. 171/2009 de la Corte). Por último, en otra línea argumental complementaria, los recurrentes hacen referencia a que no se sabe cuál es el sueldo básico de los funcionarios de A.S.S.E. En tal sentido, la base de cálculo que utiliza ASSE para liquidar la partida en estudio, se asienta en los renglones 11.311 y 31.311. Pues bien como se expresó, el “sueldo base” no equivale a la “totalidad de la retribución nominal” que percibe el funcionario público. Ambos conceptos son diferentes. Entonces, si lo que pretende la parte recurrente es decir que, aún cuando fuera correcto efectivizar el cálculo únicamente sobre el “sueldo base”, la Administración, igualmente, erra a la hora de determinar su alcance, el agravio tampoco puede recibir el amparo pretendido. Y no puede recibirlo porque los recurrentes no lograron probar -solo alegaron- que el “sueldo base” fijado por la Administración demandada estuviera fijado sobre criterios distintos al legalmente requerido. Dicho tópico, por su complejidad, no se resuelve con citar una o más leyes, o hacer remisiones genéricas a los recibos de sueldos, que por sí solos no resuelven el problema, sino que debió ser objeto de prueba técnica seria, que en la causa no se diligenció. En definitiva, por unos y otros fundamentos, corresponde concluir que la Administración demandada ha liquidado correctamente la compensación al cargo prevista por el art. 26 de la Ley No. 16.170 y nada adeuda a los actores por diferencias de salario (Cfme. Sentencia No. 1.542/2018). Por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia por unanimidad FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. HONORARIOS FICTOS: 20 B.P.C. Y DEVUÉLVASE.